El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró hoy gráficas de montos contratados a Letras Libres, editorial Clío y Nexos, para luego afirmar que, como ahora no los reciben, los intelectuales al frente de dichos grupos editoriales “están enojados”.

La pregunta era sobre la salida de 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y de repente, el presidente López Obrador pidió mostrar lo que recibían grupos como Nexos, identificando a su líder, Héctor Aguilar Camín, así como Letras Libres-Editorial Clío, de Enrique Krauze.

Una larga disertación del presidente sobre el porfirismo, el neoliberalismo, la corrupción y su idea de cambio, enmarcó los señalamientos, que incluyeron críticas al Instituto Nacional de Transparencia, a los medios de comunicación en general y, de manera destacada, al otorgamiento de un crédito al diario El Financiero que fue mencionado en la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya sobre delitos del sexenio pasado, y hoy el mandatario dijo haber confirmado.

“Hace poco yo me quedé sorprendido. Soy el presidente del país, leo la declaración del señor Lozoya y hay una parte donde dice que por instrucciones de arriba le dan un crédito a un periódico de 100 millones de dólares. Ahí está en la declaración de Lozoya: El Financiero.

“La banca de desarrollo, que es pública, le otorga un crédito de 100 millones de dólares ¡no lo creía! Hablé con el director de Nacional Financiera y le digo, por favor ve en los archivos si esto es cierto, lo que dice el señor Lozoya. Y sí, es un crédito de 100 millones de dólares”.

Hasta ahora, la confirmación de ese crédito al mencionado diario es el primero en darse a conocer pues la información es confidencial por secreto bancario.

La información referente a Letras Libres-Clío y Nexos, fueron planteadas como una revelación por el mandatario, quien dijo antes no se conocía, no obstante que el seguimiento de ese tipo de contratos y montos ha sido documentado por organizaciones ciudadanas como Fundar-Artículo 19, y publicadas cada año en el semanario Proceso añadiendo búsquedas al sistema Compranet.

Los datos fueron ofrecidos por el vocero presidencial, para un acumulado en la suma de los egresos a favor de Letras Libres Clío por 90.4 millones de pesos en contratos de diversos servicios, así como 74.5 millones en publicidad, entre 2006 y 2018.

En el caso de Nexos, sus ingresos suman 140 millones de pesos en el mismo período, de los cuales 87 millones corresponden a publicidad.

Aun cuando las cifras expuestas por el mandatario son millonarias, resultan inferiores en comparación con diversos medios. Por ejemplo, en el caso de Televisa y sus diferentes servicios (televisión, editorial e internet) la empresa obtuvo contratos por seis mil 929 millones de pesos. En tanto, Televisión Azteca tuvo ingresos cercanos a los cinco mil 320 millones de pesos, mientras que Grupo Imagen, consiguió cerca de cuatro mil millones, sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, conforme a los datos abiertos que, contra lo dicho por el mandatario, sí ha sido pública.

Proceso
Ciudad de México
Arturo Rofríguez García
Martes 8 septiembre 2020.


Chihuahua.- La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, confirmó que Salinas de Gortari es señalado y podría ser citado a declarar ante tribunales locales, para que rinda información por los hechos que se le atribuyen, pero lo tendrá que valorar el Ministerio Público.

De acuerdo con la declaración del testigo de identidad reservada FOB57RA/2019, a finales de 2012 Duarte Jáquez recibió a Salinas de Gortari y a Collado en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, para pactar el apoyo del ex presidente en la aspiración de dirigir el tricolor.

Juan Collado compareció ante el tribunal en Chihuahua por videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y la jueza María Guadalupe Hernández le dictó prisión preventiva y fijó el próximo 6 de septiembre como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.

La diligencia inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó a las seis de la mañana de ayer; ahí, Collado, acompañado de dos abogados, escuchó los cargos que le formuló la fiscalía de Chihuahua, y ejerció su derecho a no declarar.

Según el testigo, César Duarte pidió a Carlos Salinas que lo apoyara para ocupar la dirigencia nacional priísta y ordenó el desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos, que fueron entregados a Juan Collado con la justificación de asesorías jurídicas, las cuales no proporcionó.

Entre 2013 y 2014 Collado recibió cinco transferencias bancarias que sumaron 13 millones 780 mil pesos, por instrucción de Duarte Jáquez debido al compromiso que asumió con Salinas a cambio de recibir su respaldo.

La FGE presentó como evidencias los comprobantes de las transferencias bancarias desde dos cuentas del gobierno de Chihuahua a una perteneciente al imputado, la número 0451218506, de BBVA Bancomer.

Según el Ministerio Público, Juan Collado, junto a distintos servidores públicos y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno del estado, a cargo del panista Javier Corral Jurado, informó que Juan Collado es acusado de peculado agravado, según la causa penal 778/200.

El miércoles, Corral Jurado afirmó que los 13.7 millones de pesos fueron para cumplir un compromiso de César Duarte con Carlos Salinas para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República.

En contubernio con el ex presidente, el entonces gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses; convinieron sacar recursos por la vía de este abogado (Juan Collado) y el modelo operó en otros estados.

Señaló que Collado habría operado el desvío de recursos públicos en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, un método de simulación con el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico.

Juan Collado fue detenido el 9 de julio del año 2019 por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

César Duarte está preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditado a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción.

La Jornada
Jesús Estrada
Rubén Villlapando
Corresponsales
Chihuahua, México
Viernes 4 de septiembre de 2020.


Las empresas públicas (63%) que remató Carlos Salinas hicieron a 23 familias súper ricas hasta hoy


En el año de 1993 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) con la finalidad de que la iniciativa privada también administrara los puertos de México. Para lograrlo, despojó a los trabajadores de sindicatos de la operación de los puertos y esto significó para ellos “uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas al amparo del negocio portuario”, refiere el analista Ricardo Ravelo.


Ciudad de México. – Su intención era privatizar los puertos como hizo con Teléfonos de México, bancos y una televisora, pero Carlos Salinas de Gortari sólo consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), una figura estatal que tiene facultades para administrar el puerto, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de empresas mediante contratos de cesión parcial de derechos. Casi tres décadas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como “una simulación” y cuestionó la concesión que se otorgó en el puerto de Veracruz bajo esta figura.

“En el caso de Veracruz es un engaño, una simulación”, dijo el Presidente al referirse a la prórroga de 100 años para administrar el Puerto de Veracruz que se le dio a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). “Si es público y si pertenece al Estado, para qué se concesiona, no tendría ningún caso. Es privatización”.

El Mandatario mexicano aseguró que ni Porfirio Díaz se atrevió a hacer un contrato de este tipo. Sin embargo, la concesión de la APIVER se replica en 11 estados donde operan las Administraciones Portuarias Integrales federales y fue gracias a esta figura creada por el expresidente Carlos Salinas que la iniciativa privada participa en la administración de los puertos mexicanos.

“El Gobierno de Carlos Salinas no quería invertir en los puertos y por eso crearon la figura de las APIs”, explicó el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz. “Su intención era privatizar los puertos”.

México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, detalló el Capitán Rodríguez.

El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. “Uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas descomunales al amparo del negocio portuario”, escribió el analista Ricardo Ravelo en su columna “Veracruz: El atraco de Carlos Salinas”, publicada en SinEmbargo.

De acuerdo con el Capitán Rodríguez, el 1 de julio de 1991 ingresaron al Puerto de Veracruz militares armados y policías federales. Se dirigieron a los barcos y se llevaron a los trabajadores portuarios. “Prácticamente los secuestraron porque se los llevaron sin una orden de aprehensión. Los amenazaron de que si no aceptaban que el Gobierno se quedara con todo (operación portuaria), los iban a desaparecer y a meter a la cárcel por falta de pago de impuestos”.

Tomar el control del Puerto de Veracruz era una prioridad para el Gobierno de Carlos Salinas. Es el principal abastecedor de servicios y de bienes intermediarios y de consumo para la zona centro del país, por lo que es donde converge la mayor diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios.

“El gobierno promulgó una figura que se llama requisa, que es un precepto que está en la Constitución por medio del cual el Gobierno puede apropiarse de alguna empresa o industria, pero tiene que ser en periodo de guerra. Por lo tanto, siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto, se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.

Esta requisa ilegal que promulgó Salinas para detentar el control y manejo de toda la actividad portuaria se realizó con ayuda de empresas extranjeras, agencias navieras y agentes aduanales, según consigna el analista Ricardo Ravelo.

“Los golpes del Gobierno Federal fueron contundentes para consumar el despojo”, escribió Ravelo. “Mediante presiones políticas y otras argucias legales e ilegales convocaron a los socios del sindicato de maniobristas y les pidieron que se debía conformar una comisión liquidadora del sindicato, sin asamblea de por medio. Luego, los socios otorgaron un poder general a los miembros de la comisión en la que detectaron hasta firmas falsas”.

Cuando esto sucedió en el Puerto de Veracruz, Salinas de Gortari amenazó a los sindicatos de otros puertos que haría lo mismo y les infundió temor.

“Cuando vieron lo que pasó en Veracruz, con sindicatos de más de 100 años y afiliados al PRI, pues todo el mundo comenzó a firmar lo que sin darse cuenta sería el fin de los sindicatos de los puertos y la concesión de servicios dentro del puerto”, evocó el Capitán Antonio Rodríguez.

Aspectos del Puerto de Veracruz, el cual labora con normalidad luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la concesión otorgada por 50 años más a la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro.

Es así como el 19 de julio de 1993 se publica en el DOF la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias. Con esta nueva ley, el 15 de diciembre de ese mismo año nacieron las Administraciones Portuarias Integrales, las cuales abrieron la puerta para que la iniciativa privada también se hiciera cargo de los puertos y supliera la falta de inversión del Gobierno.

“Por ejemplo, llegaba un barco al puerto y se tenía que meter gente para cargar y descargar en contenedores. Entonces se promueve la creación de empresas que dieran servicios de estiba (acomodar la carga en la bodega de un barco), entonces aparecen tres empresas estibadoras en el Puerto Veracruz: CTV; Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE); y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE)”, dijo el Capitán Antonio Rodríguez.

Con el paso del tiempo las APIs comenzaron a dejar en manos de privados operaciones especializadas como las cargas que son liquidas (aceites) y cargas a granel (las que no van en empaque, por ejemplo, el clínker, que es una materia para construir el cemento).

“Cada una de estas cargas específicas requieren de una terminal especial porque no puedes meter en la misma terminal polvo para cemento y carros. Entonces, la terminal de carros requiere rampas, zonas de acceso y la de clínker requiere bandas transportadoras. Es cuando el Gobierno empieza a subconcesionar diferentes terminales y la más famosa en su momento fue en la terminal de contenedores”, recordó el Capitán.

Veracruz: El atraco de Carlos Salinas

 Actualmente, la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, se encarga de desarrollar los sistemas portuarios integrales. En México operan 16 APIs federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La APIVER, a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia, obtuvo la concesión desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa con vigencia de 50 años y en julio de 2018, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, decidió ampliar este plazo hasta 2094.

De acuerdo con el reporte de julio de la API, hay al menos 13 cesionarios en el puerto de Veracruz además de Pemex. Ahora el Ejecutivo federal busca revocar la concesión hecha el último año de la administración anterior.

En el Presupuesto de la Federación 2019 se contemplaron un poco más de 6.850 millones de pesos para solo 10 de las 16 APIs federales, de los cuales, el 80.4 por ciento fue otorgado a la API Veracruz, con casi 5.513 millones.

Las empresas que operan en los puertos manejados por las APIs pagan una contraprestación directa. De acuerdo con el Capitán Antonio Rodríguez, es normal que las concesiones se otorguen a 100 años, pues las inversiones que realizan las empresas son en millones de dólares y necesitan recuperar su dinero.

“Cuando el Presidente dice que en ninguna parte del mundo sucede eso (de la concesión a 100 años) es mentira porque en muchos puertos cuando la inversión es tan alta, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, las concesiones las dan por largos periodos de tiempo, inclusive a 100 años”, explicó.

SinEmbargo
Ciudad de México
Guadalupe Fuentes López
Miércoles 26 de agosto de 2020.


Maestro del periodismo y de periodistas, don Julio Scherer García (QPD) se interesó aquella mañana del 9 de febrero de 2001 en una nota de la primera plana de El Universal: “Favoreció Salinas a Aguilar Camín”, que daba cuenta de los beneficios económicos que significaba para el escritor y articulista de Proceso Héctor Aguilar Camín, su cercanía con la pluma y la “amistad” del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Su reportero Antonio Jáquez (QPD) me llamó en esos días para preguntarme sobre los documentos que soportaban el reportaje en donde se confirmaba algo que todos ya sabían, los pagos con dinero público de la “partida secreta” que se hacía en Los Pinos por instrucciones de Salinas al intelectual Aguilar Camín. La verdadera revelación era entonces la publicación de las cartas, los mensajes, los contratos, los cheques y la sumisión al poder del periodista-escritor que ese día se hacían públicos.

El fundador de la revista Proceso dejó constancia en uno de sus muchos libros, La terca memoria, editorial Random House Mondadori, del desencuentro que tuvo el propio Scherer y el director Rafael Rodríguez Castañeda con su colaborador Héctor Aguilar Camín, cuando le informaron que tenían listo un reportaje para publicar sobre su relación perversa con el presidente Salinas. Fiel a sus principios periodísticos, don Julio ordenó la publicación del trabajo de Jáquez, aunque ello significó la ruptura y la renuncia de su amigo el articulista de Proceso.

En su libro, Scherer detalla así lo sucedido en aquel año de 2001: “Rafael Rodríguez Castañeda había participado en un desencuentro con Aguilar Camín que describe el tráfico de influencias del que se valía el escritor en su relación con su amigo, el presidente Salinas de Gortari. Le pedí al director de Proceso que buscara en su propio pasado para incluir la pequeña historia en estas páginas. Optó por la narración escrita…”.

La nota de los contratos y cheques que recibía Aguilar Camín de Los Pinos se publicó en El Universal el 9 de febrero. En parte de su narración reproducida en el libro de Scherer, Rodríguez Castañeda escribe: “En las primeras horas de la noche del viernes 16 de febrero de 2001 el reportaje estaba listo para su publicación, bajo la firma de Antonio Jáquez. El tema –la relaciones soterradas o vergonzantes entre los intelectuales y el poder– derivó de manera natural en las revelaciones sobre los tratos financieros que, como presidente de la república, tuvo Carlos Salinas de Gortari con el equipo de escritores y académicos de la revista Nexos, encabezados por Héctor Aguilar Camín.

“Días antes, El Universal había resaltado en su primera plana: ‘Favoreció Salinas a Aguilar Camín. Durante el sexenio del expresidente el intelectual gozó de privilegios. Revelan documentos la rapidez con que pagaban las facturas para resolver los apuros del historiador’.

“Firmada por Miguel Badillo, la nota golpeaba desde el lead: ‘Una serie de cheques por una suma total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 pesos de la era de Salinas (poco más de 3 millones 424 mil pesos de hoy), con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito, documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, quien llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario’.

“El presidente Salinas –documenta Badillo– admitía sin objeción las tarifas de Aguilar Camín, pagaba con diligencia anticipos y facturas complementarias, aprobaba costos adicionales causados por retrasos en el trabajo del historiador y extendía la ayuda ‘solidaria’ cuando la solicitaba el entonces director de Nexos.

“Un relámpago en la nota de Badillo:

“El 3 de septiembre de 1993 escribía Aguilar Camín a Salinas, a máquina: ‘presidente, sé que no hemos terminado pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras adelantarnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda (solidaria)’. Agregaba, de su puño y letra: ‘Un abrazo’. Salinas accede con prontitud, como en otros casos.”

El desencuentro

Publicado en La terca memoria, el periodista Rodríguez Castañeda narra su charla telefónica con el furibundo Aguilar Camín:

“Al filo del cierre, aquel viernes 16 de febrero, Ángeles Morales, mi secretaria, me anunció de pronto la llamada telefónica de Aguilar Camín.

-Rafael, no lo publiques (…).

- ¿Qué Héctor?

-No lo publiques… Jáquez me pidió una entrevista, pero ya está aclarado todo, Rafael.

-Porque no está aclarado todo, Héctor, por eso lo vamos a publicar (…).

-Entonces hablo con Julio (…).

-Háblale, si quieres. Pero no te equivoques. El reportaje está redactado.

-En definitiva, ¿lo vas a publicar?

-Lo vamos a publicar, Héctor (…).

-Órale, publícalo… Ponle ventilador a la mierda (…). Y vaya que el ventilador de Proceso es poderoso (…).

-Adiós, Héctor.”.

Después de la llamada con Rodríguez Castañeda, Aguilar Camín hace un último intento por frenar la publicación de Proceso para no ser más exhibido, ahora en las páginas de la propia revista en donde colaboraba, y don Julio Scherer lo narra así en su libro:

“Héctor Aguilar Camín me llamó por teléfono. En su brevedad, repetimos el diálogo que había sostenido con Rafael Rodríguez Castañeda. En su esencia, así transcurrió:

-Ya no te ocupes del asunto, todo está aclarado.

-A mí no me lo parece.

-Somos amigos.

-Éste es un asunto que nada tiene que ver con la amistad. La amistad tiene sus propios caminos.

-Por eso.

-No, Héctor.

-Me perjudicas.

-Yo, no.

“Hubo al final un tono seco: me arrepentiría.

“Ahí terminó el diálogo, ‘yo diría que violento’, según la conversación de esa misma noche con el director de Proceso.

“En su edición 1268, con fecha 18 de febrero de 2001, Proceso publicó el reportaje de Jáquez, decían los encabezados: ‘Dolorosa situación de Aguilar Camín. La ronda al príncipe, degradante y a veces mortal: Poniatowska’. Al texto lo ilustraban copias de facturas y cheques obtenidos, en su momento, por el reportero Badillo. Lo remataba un fragmento de la entrevista con Elena Poniatowska”.

Contralínea
Miguel Badillo
Ciudad de México
Domingo 21 de junio de 2020.


La empresa minorista y de servicios financieros Grupo Elektra sostiene 7 litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

México.- Grupo Elektra, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, pelea en tribunales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el pago de 32 mil 460 millones de pesos de impuestos.

La compañía minorista y de servicios financieros reveló en su último informe financiero ante la Bolsa Mexicana de Valores que en estos momentos mantiene 7 litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una nota publicada en el diario Reforma, el juicio principal corresponde a un crédito fiscal por Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2013, equivalente a 18 mil 455 millones de pesos.

Asimismo, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que la compañía de Salinas Pliego dedujo de manera incorrecta pérdidas por ventas de acciones entre los años 2006 y 2011, y ahora le exige que cubra dichos créditos fiscales.

Cuestiona AMLO a empresarios mexicanos que no pagan impuestos

Los adeudos de las grandes compañías mexicanas se ha vuelto un tema de coyuntura ante la exigencia de incentivos fiscales para enfrentar la Emergencia Sanitaria que han expresado organismos empresariales y partidos de oposición.

El plan de reactivación económica presentado el 5 de abril pasado por el presidente Andrés Mariel López Obrador (AMLO) contempla medidas para rescatar la economía popular, pero ninguna condonación o posibilidad de diferir el pago de impuestos para las grandes empresas.

Con este contexto, el mandatorio acusó este 8 de abril que un grupo de 15 empresas adeudan alrededor de 50 mil millones de pesos a Hacienda, incluyendo multas y recargos.

Además, señaló que enviaría una carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, para que, en su calidad de representante de los industriales, los inste a cubrir sus adeudos con el SAT.

“Al momento que (el CCE) solicita que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se corre el riesgo -y así lo dice la historia- de que se vayan ahí todos”. Andrés Manuel López Obrador.

SDP Noticias
Alberto Rodríguez
Ciudad de México
Lunes 20 de abril de 2020.


Quien fuera encarcelado baja la acusación de ser el segundo tirador en el asesinato del entonces candidato presidencial falleció ayer por un infarto


Ayer por la mañana falleció Othón Cortez Vázquez, quien fuera señalado como el segundo tirador en el asesinato del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Cortez Vázquez tenía 54 años de edad y padecía diabetes, y la víspera hizo su última publicación en su perfil de Facebook donde escribió: "Deseo que el Dios todopoderoso nos bendiga y cuide mucho, descansen temprano; voy a mi hemodiálisis, gracias por su cariño y amistad".

El hombre oriundo de Oaxaca denunció en diversas ocasiones que cuando fue señalado de haber participado en el homicidio del Colosio Murrieta sufrió tortura por parte de las autoridades, incluso estando recluido en el penal del Altiplano, donde pasó cerca de dos años encerrado para luego ser absuelto.

En 1994 laboraba como chofer del PRI en Tijuana y estuvo en el mitin del donde Mario Aburto Martínez disparó contra el candidato priista, quien tras investigaciones posteriores fue considerado como el único asesino de Luis Donaldo.

De acuerdo a familiares, perdió la vida cerca de las 05:00 horas de este martes a causa de un infarto, ya que la diabetes le causó insuficiencia renal, por lo que necesitaba de realizarse diálisis.

Othón Cortez trabajaba en el Sistema Municipal de Parques Temáticos, en el Parque Morelos, pero le dieron incapacidad por sus problemas de salud.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 15 de abril de 2020.


Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –a la cual Proceso accedió–, arroja detalles sobre el entramado que el brasileño Marcelo Odebrecht construyó en México. También da cuenta de cómo fueron usadas empresas, cuentas bancarias y firmas fantasma para pasear el dinero por diversas partes del mundo y que al final fue usado para concretar sobornos.

El entramado financiero que Marcelo Odebrecht montó en México no sólo se usó para presuntamente transferirle millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, también sirvió para inyectarle recursos a las empresas del brasileño que están relacionadas con casos de sobornos en diversas partes del mundo.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Emilio Lozoya se le depositaron 5 millones de dólares vía una empresa offshore que Odebrecht creó, y a la cual Altos Hornos de México (AHMSA) depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

AHMSA también depositó 2.1 millones de dólares a la Constructora Norberto Odebrecht SA en 2014.

Hay más en el entramado: de una de las cuentas de ESEASA Construcciones, empresa mexicana vinculada comercialmente a Odebrecht, “salieron recursos en diversas divisas” hacia AHMSA y a una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, creada en Suiza y en la cual el beneficiario es Emilio Lozoya.

Los documentos de los cuales Proceso tiene copia aclaran que “se desconoce” el monto de las transferencias en moneda extranjera; no obstante más adelante se detalla cuánto tiene la cuenta donde Lozoya habría sido el beneficiado y que se trata de dólares, francos suizos y euros.

Lo presuntamente entregado por Odebrecht a Lozoya no se compara con los recursos que la empresa brasileña movió en México y que tuvieron como destino final compañías creadas en otras partes del mundo y que fueron usadas para los sobornos. ((Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2237).

Proceso
Jesusa Cervantes
Ciudad de México
Sábado 14 de septiembre de 2019.


Empresario que acusa a Juan Collado denunció que quienes son los verdaderos dueños de Caja Libertad son los expresidentes

Ciudad de México— Sergio Hugo Bustamante Figueroa, empresario y socio de "Libertad Servicios Financieros" acusó que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son parte de una red de lavado y accionistas y dueños de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

"Es una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran", declaró ante la FGR.

Bustamante acusó al abogado Juan Collado, presidente de "Libertad" de operaciones ilegales y lavado de dinero en la compra de inmuebles en Querétaro. Collado está encarcelado y vinculado a proceso desde ayer.

"Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de José Antonio Rico (ex presidente del consejo de administración) y Collado estaba gente muy pesada.

"Que en realidad eran los verdaderos propietarios, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién (Gobernador de Querétaro), Mauricio Kuri (líder del PAN en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros".

"Libertad" tiene hoy 193 sucursales en todo el país y más de 2 millones de clientes.

En diciembre de 2018 poseía activos por 11 mil 757 millones de pesos.

El denunciante afirma que Jesús Beltrán González, ex director de "Libertad", confirmó que los verdaderos dueños eran políticos y el polémico empresario casinero Javier Rodríguez Borgio.

Además, aseguró que en noviembre de 2014 presenció la llegada de una camioneta de valores al edificio corporativo de "Libertad" con varias cajas de efectivo y que le informaron que era dinero de Peña Nieto.

Ayer se informó que el abogado Juan Collado renunció a la presidencia del consejo administración de "Caja Libertad".

Según Bustamante, la empresa financió campañas políticas (PAN en Querétaro), la compra del equipo de Gallos del Querétaro y otorgó préstamos irregulares a sus directivos.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 11 de julio de 2019.

 
Un juez federal habría ordenado suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de lavado de dinero y quien está prófugo de la justicia.

De acuerdo con diversos medios, el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El amparo se refiere únicamente a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca, con lo que el funcionario federal en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto podría hacer uso de esos recursos.

El juez habría tenido que aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente desde el 31 de mayo, que ordena a los jueces suspender los bloqueos dictados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.

Ello toda vez que desde 2018, las dos Salas de la Corte declararon inconstitucional la facultad de la citada Unidad para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso.

Asimismo, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, informó que la próxima semana dará a conocer "información valiosa" que demostrará la situación en la que su cliente dejó la petrolera, y que debido a "una cosa mediática", a su cliente se le han adjudicado situaciones en las que él no tuvo nada que ver.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 23 de junio de 2019.


Prácticamente desde que dejó la Presidencia de la República, en 1994, Carlos Salinas de Gortari emigró al Reino Unido y estableció su residencia entre Londres y Dublín (Irlanda), tiempo que le ha reconocido el gobierno inglés para otorgarle la residencia y con ella el exmandatario mexicano podrá salir, entrar y, sobre todo, refugiarse en el viejo continente ante cualquier contingencia legal, sobre todo ahora que el gobierno de la cuarta transformación analiza realizar consultas y foros para que la población decida si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe investigar a los expresidentes.

Salinas de Gortari, señalado por el presidente López Obrador como el Jefe de la Mafia del Poder, fue interrogado (1996) en la embajada de México en Dublín por fiscales de la Procuraduría General de la República, cuando el entonces mandatario Ernesto Zedillo permitió que se abrieran sendas investigaciones penales en contra de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, por los delitos del asesinato del entonces candidato priísta Luis Donaldo Colosio, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Desde aquel año de 1996, el exmandatario mexicano decidió refugiarse en los países de Irlanda y Reino Unido, lo que ahora le ha valido para que en Londres le entreguen su documento de residencia para poder entrar y salir cuando se le antoje, pero sobre todo para poder huir en cuanto lo necesite.

Contralinea
Ciudad de México
Viernes 20 de junio de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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