Exdirectores de la CIA y otra media docena de exjefes de los espías más importantes de Estados Unidos emitieron una condena sin precedentes contra el presidente Donald Trump, luego de su decisión de poner en la lista negra a su colega John Brennan.

En una declaración, los exjefes de la agencia de inteligencia CIA nombrados por presidentes republicanos y demócratas, incluidos Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta y David Petraeus, denunciaron la decisión de Trump de despojar a Brennan de su autorización de acceso a información confidencial.

"La acción del presidente con respecto a John Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros exfuncionarios no tienen nada que ver con quién debe y no debe tener autorizaciones de seguridad, y todo tiene que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión", señala el comunicado.

Al describir la decisión de Trump como "inapropiada y profundamente lamentable", señalaron: "Nunca antes habíamos visto la aprobación o la eliminación de autorizaciones de seguridad utilizadas como herramienta política, como se hizo en este caso".

Dos de los firmantes del comunicado -el exdirector de inteligencia nacional James Clapper y el exdirector de la CIA Michael Hayden- están, según Trump, en una lista de personas que podrían perder su autorización.

Esta semana, Trump resolvió que se le retire al exdirector de la CIA Brennan -un firme crítico del presidente- la autorización de acceso a información clasificada. Ese beneficio ahora revocado es históricamente otorgado a altos funcionarios para acceder a información delicada y confidencial, incluso después de que dejan el cargo.

El jueves, en una columna publicada en el diario The New York Times, Brennan -que hasta enero de 2017 era el guardián de los secretos estadounidenses- dijo que Trump "está desesperado por protegerse a sí mismo y a otros allegados a él" en el marco de la investigación oficial sobre los vínculos de su equipo de campaña y Rusia.

El fiscal especial Robert Mueller investiga la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y una posible colusión entre Moscú y el equipo de campaña de Trump, un tema que se discute persistentemente en el ambiente político y mediático de Estados Unidos.

Trump admitió en una entrevista con The Wall Street Journal que su decisión se debió a la postura crítica de Brennan y sus comentarios sobre los vínculos de su equipo de campaña electoral con Rusia.

El respetado exalmirante William McRaven, quien comandó el ataque del grupo SEAL de la Armada estadounidense que mató a Osama bin Laden, criticó duramente al presidente.

"Con sus acciones, nos ha avergonzado a los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado en el escenario mundial y, lo peor de todo, nos ha dividido como nación", dijo.

Pero la mayoría de los aliados republicanos de Trump han defendido la medida o se han negado a condenarla públicamente.

El viernes, Trump dijo que probablemente eliminaría la autorización de seguridad al funcionario del Departamento de Justicia Bruce Ohr, quien ha sido blanco de los partidarios del magnate republicano, en parte porque su esposa trabajó para una compañía que produjo un dossier alegando que Rusia tenía pruebas incriminatorias contra el ahora presidente.

"Bruce Ohr es una desgracia. Sospecho que me lo quitaré de encima muy rápido", declaró Trump a la prensa.

AFP
Washinton, EU.
Sábado 18 agosto 2018.


Diez años después del regreso a la democracia, los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura de Pinochet fueron quemados en las afueras de Santiago. Mientras, el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces que investigaban causas de derechos humanos.


Santiago – Un caluroso día de comienzos del año 2000, una mujer y dos hombres ingresaron a la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos, en la orilla sur de Santiago.

Llevaban bolsas con películas de microfilme arrancadas de sus cartuchos. En silencio comenzaron a desenrollar las cintas y arrojarlas a un horno encendido. Repitieron la rutina hasta que no quedó nada.

Eran decenas de miles de imágenes de documentos: los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes durante su régimen.

Con el retorno a la democracia y la disolución de la CNI en 1990, sus agentes, bienes y archivos pasaron a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Los cartuchos de microfilme quedaron bajo la custodia de su Departamento de Contrainteligencia, en una bóveda especialmente climatizada en el subterráneo. Allí permanecieron durante una década, mientras el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces o detectives que investigaban causas de derechos humanos.

“Para mí ha sido un misterio lo que pasó con esos archivos”, dijo el exministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien investigó casos de derechos humanos y hoy es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “Preguntaba a los militares dónde habían quedado y nadie sabía. Esa siempre fue su posición oficial”.

En 2015, citados a declarar ante la justicia en la causa por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, algunos oficiales y empleados civiles del Ejército comenzaron a revelar lo sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos. The New York Times tuvo acceso a estas declaraciones, enterradas en los sesenta tomos del expediente Frei.

Por muchos años se especuló que el director de la DINA, el general Manuel Contreras —fallecido en 2015—, había hecho copias de la documentación y la había enviado fuera del país o la había guardado en alguna otra parte en Chile. Las Fuerzas Armadas siempre han alegado que no tenían información porque había sido quemada, legalmente, antes de que Pinochet abandonara el poder. Al disolverse en 1977, la DINA traspasó sus bienes y la mayoría de sus agentes a la CNI. Exigentes de la CNI han dicho a la justicia que recibieron los archivos de la DINA y procedieron a microfilmarlos.

Varios testigos coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar ‘fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción’.
La CNI contrató a la subsidiaria en Chile de la empresa multinacional Kodak, una de las tres compañías que ofrecía servicios de microfilmación en el país. Kodak Chile tenía el monopolio de la cartera CNI y, paradójicamente, también de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la principal organización de defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

Kodak les vendió equipos de microfilmación e insumos, hizo la mantención y reparación de los equipos, capacitó a los agentes sobre cómo usarlos y les dio charlas sobre cómo resguardar la información. Según el exejecutivo de ventas de Kodak Chile a cargo de ambas carteras, Willy Surrey, los equipos que tenía la CNI eran de alta velocidad, capaces de procesar grandes volúmenes de documentos y permitían búsquedas automáticas. Comenzaron a microfilmar en 1977.

La quema de los microfilmes a inicios de 2000 se produjo antes del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera de un procedimiento de extradición a España. Credit Reuters
“Nunca vi los documentos originales que microfilmaban”, aseguró Surrey en una entrevista telefónica. “Cuando hacíamos capacitación, usaban fotocopias de los documentos donde tachaban en negro los nombres u otra información sensible”.

Entre los documentos que Surrey recuerda que la CNI microfilmaba había carpetas con fichas de personas, cédulas de identidad, fotografías, planos y recortes de diarios. Cada carpeta correspondía a una persona o hecho de relevancia, dijo.

El suboficial Raúl Otárola, del departamento de Microfilm de la División de Informática de la CNI, atestiguó que luego de la microfilmación los originales en papel eran devueltos a sus unidades para su destrucción.

Cuando llegó a ese departamento en 1983, agregó, escuchó de parte del empleado civil Juan Crisóstomo, encargado de codificar la documentación, que años antes el exdirector de la DINA había retirado los “únicos tres rollos de microfilmación relativos al caso de Orlando Letelier”, el ex canciller chileno asesinado en un atentado con auto bomba en Washington en 1976. Otárola no aceptó una solicitud para entrevista.

En una conversación telefónica, Crisóstomo negó haber dicho eso y aseguró que lo único que se microfilmaba en la CNI eran archivos administrativos. “No tengo idea de qué pasó con la información de inteligencia o de operaciones”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones judiciales, a fines de 1999 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, le ordenó a la entonces jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteligencia de la DINE, la mayor Mercedes Rojas, revisar los microfilmes por si contenían información relacionada con derechos humanos.

Meses antes, en agosto, el gobierno había convocado a una mesa de diálogo con las Fuerzas Armadas para ver la manera en que entregaran información sobre el destino de los desaparecidos. Los resultados de la mesa, que se prolongó durante diez meses, fueron un fiasco, pero dentro del Ejército ya sonaban las alarmas.

Rojas dijo haber pasado un par de horas al día durante dos meses mirando los aproximadamente cincuenta rollos. El material era irrelevante, estaba ocupando espacio en la bóveda y no servía para nada, le informó a su superior.

Jara le instruyó, verbalmente, incinerarlo todo. Fue entonces que Rojas pidió ayuda a dos de sus subalternos, el suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Les ordenó sacar los rollos de celuloide de sus cartuchos y meterlos en bolsas, y los tres partieron a Nos. Fue escogido ese lugar en las afueras de la capital, señaló Ramírez al tribunal, “más que nada para no contaminar el aire de Santiago”.

Rojas dijo que no quedaron duplicados y según Ramírez también se quemaron las copias de seguridad. Tampoco se dejó acta de incineración.

Varios testigos de la CNI y la DINE interrogados por la justicia coinciden en que cada rollo de microfilme contenía unas 2500 imágenes. Sin embargo, según Surrey, cada cartucho de microfilme podía guardar “fácilmente hasta 10.000 documentos, dependiendo de su tamaño o grado de reducción”.

Jara, el exdirector de inteligencia —quien rechazó una entrevista—, declaró ante la justicia que rindió cuenta del hecho al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Patricio Chacón. No se ha podido confirmar desde dónde provino la orden de destruir los rollos de microfilme y, más allá de su responsabilidad de mando, cuál fue el grado de participación del entonces comandante en jefe del Ejército, ya fallecido, general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet.

La quema a inicios de 2000 se produjo a las puertas del regreso a Chile del exdictador desde Londres, donde llevaba más de un año bajo arresto domiciliario a la espera del procedimiento de extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España. En ese lapso, en Chile se habían acumulado más de 300 querellas criminales en su contra.

Tal vez lo único que quedaría de los archivos de la represión, además de lo que, hipotéticamente, se habrían llevado algunos oficiales a la casa, son las fichas resumen de cada expediente que era microfilmado.

Según explicó a la justicia el coronel retirado Ricardo Yáñez, exjefe del Departamento de Computación de la CNI, antes de que las carpetas fueran microfilmadas se elaboraban fichas resúmenes digitalizadas de sus contenidos. Estas fichas se guardaban en un “computador central” antes de que los expedientes fueran microfilmados. Al menos hasta 1987, cuando Yáñez dejó la CNI, dijo, las fichas resúmenes aún estaban en ese computador central, cuyo destino se desconoce.

“Sería extraordinario contar con esos documentos porque podríamos aclarar el destino de los cerca de mil detenidos-desaparecidos y resolver muchos crímenes”, afirma Luis Henríquez, exjefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones y jefe de primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos. “Pero, lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”.

The New York Times
Por Pascale Bonnefoy
Martes 31 de octubre 2017.

Raymundo Riva Palacio
     
Esta semana se dio una de esas noticias que suelen pasar desapercibidas pese a lo importante que son. Un juez federal en el estado de México sentenció a 20 años de prisión a Juan José Escandón Paz, acusado de ser el principal distribuidor de pseudoefedrina –utilizado para la fabricación de las metanfetaminas–, de la organización criminal que encabezaba Zhenli Ye Gon, un empresario que nació en Shanghai, que se encuentra en Estados Unidos en espera de ser deportado a México, donde adquirió la nacionalidad.

Importante en su momento, hoy se recuerda poco de ese caso que comenzó en 2006, cuando se decomisaron 20 toneladas de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya investigación llevó a la casa de Ye Gon en la ciudad de México al año siguiente. No estaba ahí, pero encontraron en un cuarto 250 millones de dólares y 18 millones de pesos, en efectivo. Ye Gon fue detenido por la DEA, según la versión oficial, en un restaurante en Silver Spring, Maryland, un suburbio al norte de Washington, a finales de julio de 2007. La captura, sin embargo, no fue ahí.

Hasta hoy no se sabe con precisión dónde y cómo fue detenido Ye Gon, pero antes de que reapareciera en Silver Spring, estuvo dos meses en una casa de seguridad en Vancouver, Canadá, donde lo interrogó la CIA, según ex funcionarios mexicanos. El entonces subprocurador José Luis Vasconcelos, viajó a esa ciudad para hablar con Ye Gon y ampliar la investigación mexicana, pero lo encontró inservible como testigo. La CIA lo había secado, dijo Vasconcelos poco antes de morir en un accidente de aviación. Mucha de la especulación en México del porqué no lo extraditaban se centraba en la información que podía estar dando sobre sus relaciones con funcionarios. En realidad, lo que buscaba la CIA era la red de contactos en China, que le permitían importar desde Hong Kong la pseudoefedrina.

Aquella fue la primera vez que apareció China en el radar del narcotráfico en México. Ye Gon trabajaba con el Cártel del Pacífico –antes de Sinaloa–, y de manera directa con el Cártel del Milenio y el grupo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que recogía el precursor en Lázaro Cárdenas y lo llevaba por tierra hacia los laboratorios de Jalisco por Tepalcaltepec, la zona donde empezaron los grupos de autodefensa civil en Michoacán, con la ayuda de los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez, “El Abuelo” y “El Paisa”, fundadores de los paramilitares.

Una de las vertientes investigadas por la CIA era la red de contactos dentro del aparato militar y político chino, sin cuyo involucramiento era imposible que fluyera el negocio criminal. Ye Gon y el Cártel de los Valencia fueron los pioneros de esa ruta asiática, retomada por Los Caballeros Templarios años después. Hasta ahora se sabía que el cártel michoacano exportaba hierro a China, que obtenía de las minas bajo su control en ese estado, y generadora de envidias por sus altos márgenes de utilidad. Una de las motivaciones de los paramilitares, en especial del ex líder José Manuel Mireles, era quitarle ese negocio a Los Caballeros Templarios. Fuera de ese, no se sabía de otro tipo de negocio templario en China.

Documentos decomisados a los líderes Templarios en el último año, revelan que los negocios con los chinos eran mucho más amplios de lo que jamás se habían imaginado las autoridades mexicanas. Las áreas de inteligencia de la Policía Federal continúan analizando toda la documentación en su poder, que muestra a un cártel que se expandió y abrió mercado para sus drogas en otras partes de China. No está claro aún cuáles fueron los mercados que abrieron los Templarios, pero un funcionario federal dijo que no era Hong Kong –donde se encuentra una de las mejores policías asiáticas, y que enfatiza al mismo tiempo el nivel de contactos de Ye Gon–, sino que buscaron otras grandes ciudades chinas.

Se conoce poco en México que el consumo de drogas en China ha crecido de manera importante en los últimos años, principalmente en las regiones costeras y fronterizas alrededor, precisamente, de Hong Kong. Las áreas de mayor consumo y negocio de droga, según la Oficina de Drogas de Naciones Unidas, son Cantón (Guangdong), que es vecina de ese puerto, Guangxi, que hace frontera con Cantón y Vietnam, y Yunnan, que tiene puentes fronterizos con Laos, Mianmar y Vietnam –el viejo Triángulo Dorado del opio–, además de Tíbet.

Un funcionario federal con acceso a la documentación, dice haber quedado muy sorprendido por la diversificación de Los Caballeros Templarios y la forma como estaban expandiendo su negocio en Asia. Los cárteles mexicanos controlan el mercado en Estados Unidos, pelean el centroamericano y han abierto rutas hacia África occidental. En China sólo se tenía el registro de la adquisición de los precursores para las metanfetaminas por parte de la organización de Ye Gon, compras de piratería de Los Zetas, y los precarios intentos del Cártel de Sinaloa desde 2011 para entrar al mercado asiático con su cocaína a través de Hong Kong. Pero en ningún caso, de acuerdo con funcionarios federales, se había nadie percatado de la visión empresarial y criminal de Los Caballeros Templarios, frustrada inopinadamente, por su cacería y desmantelamiento durante 2014.

Eje Central
Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo de 2015.

Lo revela reporte dado a conocer hoy por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Senadores

Washington.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a la práctica técnicas de tortura inhumanas contra ciudadanos extranjeros y le oculto esa información a la Casa Blanca y al Congreso federal, revela un reporte dado a conocer hoy por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Senadores.

El reporte destaca siete aspectos de las mentiras de la CIA sobre las prácticas de tortura en las que incurrió baja la cortina de la lucha internacional contra el terrorismo durante la presidencia de George W. Bush, como parte de la guerra de venganza por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La investigación legislativa que analizó más de seis millones de documentos en un periodo de cinco años establece que la CIA aplicó técnicas inhumanas de manera sistemática.

El primer punto indica que “la CIA sometió a más de tres prisioneros, como había admitido, a las técnicas de asfixia durante los interrogatorios”, los torturó “con la técnica del ahogamiento”, los mantenía despiertos hasta una semana, y “los alimentaba por el recto y los amenazaba con ejecutarlos”.

Todos estos interrogatorios, dice el reporte, fueron realizados por agentes de la CIA en “prisiones clandestinas”, con detenidos acusados de presuntos integrantes de células terroristas. Incluso, indica que un prisionero murió como consecuencia de las torturas practicadas por agentes estadunidenses.

En el segundo punto, el Comité senatorial subraya que el programa de interrogatorios de la CIA carecía de la supervisión adecuada. Además, destaca que “los agentes de la CIA se sentían insatisfechos con la capacidad y los métodos de entrenamiento que tenían los agentes encargados de los interrogatorios a los detenidos”.

“La CIA en muy pocas ocasiones fincó responsabilidades a los responsables de los interrogatorios”, dice el reporte.
Asimismo añade que la misma CIA obstruyó el trabajo de investigación que realizó el Inspector General de la dependencia.

En el tercer punto, el documento revela que la CIA “engaño” a la Casa Blanca y al Congreso federal sobre la efectividad e instrumentación de las técnicas utilizadas en los interrogatorios a presuntos terroristas.

Es más, dice que la CIA aceptó que obtuvo información relevante por medio de las torturas, con la cual, arguyó, se evitaron otros ataques terroristas, pero nunca aportó pruebas de ello.

“Personal de la CIA expresó sus preocupaciones sobre la legalidad de las técnicas de interrogatorio utilizadas con los detenidos, como la simulación de asfixia, pero los mandos de la dependencia los callaron diciendo que todo había sido autorizado”, dice el cuarto punto del reporte.

En el quinto punto, el Comité de Inteligencia del Senado destaca que la CIA “nunca reportó un número preciso de los detenidos que tenía en prisiones clandestinas”, a quienes sometió a prácticas inhumanas en los interrogatorios.
Por ejemplo, en un reporte informó que tenía detenidos a menos de 100 personas, cuando en realidad eran 119.

Incluso, hace notar que la CIA arrestó, acusó de terroristas y torturó a 26 personas inocentes.

En el sexto y último punto, el reporte del Comité de Inteligencia del Senado acusa a la CIA de “filtrar información a la prensa, en la cual exageró el éxito” de los métodos utilizados en sus interrogatorios, como parte de una campaña impostada para ganarse la simpatía y el respaldo de la población estadunidense.

Ante las exigencias del partido Republicano y de varios exfuncionarios que trabajaron en la presidencia de Bush de que no se desclasificara el reporte, el presidente Barack Obama dijo en una declaración por escrito que aun cuando la información sustenta graves acusaciones contra la CIA ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra el terrorismo.

Además, recordó que nunca aprobó el uso de la tortura en las cárceles clandestinas y que por ello las elimino al llegar a la presidencia.

“Como lo he señalado en otras ocasiones, nuestra nación hizo muchas cosas correctas en esos años tan difíciles, pero al mismo tiempo algunas acciones contrapuntearon nuestros valores”, admitió el mandatario.

El trabajo de las agencias de inteligencia (espionaje) de Estados Unidos, agregó, ayudó a evitar que el grupo terrorista al-Qaeda, comandado por el saudita Osama Bin-Laden, llevaran a cabo más atentados contra los Estados Unidos, aunque aclaró que eso no justifica la práctica de la tortura, prohibida por las leyes estadunidenses.

Obama destacó que el uso de la tortura fue contraproducente en el combate internacional contra el terrorismo y dañó la posición moral que Estados Unidos representaba ante la comunidad de las naciones. “Esas técnicas hicieron una daño significativo a la posición de Estados Unidos ante la comunidad internacional, y crearon más problemas en la búsqueda de nuestros objetivos y para los intereses con nuestros aliados. Es por eso que sugiero, usando mi autoridad como presidente, que nunca más se vuelvan a utilizar estos métodos”, enfatizó.

Tras las revelaciones del reporte, los departamentos de Estado y de Defensa ordenaron al personal diplomático y militar comisionado en el extranjero reforzar las medidas de seguridad ante la posibilidad de que surjan reacciones belicosas o actos de terrorismo por parte de agrupaciones fundamentalistas, sobre todo, en la región del Oriente Medio.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ordenó al Departamento de Seguridad Interior fortalecer la vigilancia en las fronteras y dentro del propio territorio. Asimismo se dio la orden al FBI y a las demás agencia de inteligencia de estar vigilantes para evitar que presuntos sospechosos puedan llevar a cabo algunas acciones, en represalia por las ilegalidades cometidas por la CIA bajo el cobijo de la lucha contra el terrorismo.

Proceso
J. Jesús Esquivel
Washington. DC, EU
Martes 9 de diciembre de 2014.

Agentes del FBI y la DEA juegan un papel de apoyo, según estas mismas fuentes.

Ciudad de México.- Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, disfrazados como militares de la Marina y armados, participan en operativos antinarcóticos en México, reporta el Wall Street Journal.

Los agentes estadounidenses participan en estas misiones armadas de la Marina unas cuatro veces al año, en las cuales visten uniformes mexicanos y portan armas militares locales, para ocultar su papel.

Estos especialistas son del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, agencia del Departamento de Justicia, según fuentes con conocimiento citadas por el Journal.

Agentes del FBI y la DEA juegan un papel de apoyo, según estas mismas fuentes.

Ambos gobiernos han reconocido la participación de agencias estadounidenses en aportar inteligencia a sus contrapartes mexicanas en operaciones antinarcóticos, pero aseguran que su papel se limita a la asistencia y no a la participación directa en estos operativos.

Las misiones secretas son aprobadas por altos funcionarios del Servicio de Alguaciles y por líderes dentro de la Marina mexicana.

No queda claro quién más en el Gobierno ha otorgado autorización, señala el Journal.

Un alto oficial estadounidense informó que las misiones son aprobadas por altos niveles del Gobierno mexicano.

Sin embargo, la embajada de México en Washington negó que el gobierno de México otorgue permiso a las agencias estadounidenses para participar en operativos armados.

El Wall Street Journal dice que es probable que las nuevas revelaciones provocarán preocupación en México, ya que la presencia de agentes estadounidenses armados en su territorio siempre ha sido un tema controversial.

Las operaciones del Servicio de Alguaciles en México se llevan a cabo por un pequeño grupo de agentes en misiones breves y específicas, con el objetivo de ayudar a México a encontrar y capturar a objetivos de alto valor de los cárteles.

Una de estas operaciones brindó un gran éxito: la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, aunque no queda claro si los alguaciles estaban disfrazados de militares mexicanos el día en que fue capturado.

En julio de este año, integrantes del Servicio de Alguaciles, junto con miembros del FBI y la DEA, se reunieron en Sinaloa para preparar un operativo contra el cártel de Beltrán Leyva.

Un grupo de especialistas alguaciles se vistieron como integrantes de la Marina mexicana y portaron armas militares nacionales.

Pero un agente de los alguaciles fue herido. Fue transportado a Culiacán, para después ser trasladado a Texas.

Funcionarios estadunidenses buscaron cómo mantener en secreto el incidente, y un alto funcionario estadounidense en México instruyó a los otros agentes estadunidenses que “se olvidaran que habían estado aquí”.

El enfrentamiento de julio no ha modificado la postura de la agencia respecto a estas operaciones, según gente con conocimiento del tema.

En semanas recientes, el Servicio de Alguaciles ha estado planeando otra misión encubierta en México, informaron.

La Jornada
Ciudad de México
Sábado 22 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter