El gremio muestra su poder en el país del mundo que más depende de sus carreteras con una huelga que ha dejado desabastecidos supermercados, gasolineras y aeropuertos

Es viernes al mediodía en el centro de Recife, una ciudad de más de millón y medio de habitantes en Pernambuco, al nordeste de Brasil, pero podría ser primera hora de un domingo a juzgar por lo desértico del ambiente. En lo que debería ser el apogeo del horario comercial, las calles están casi desiertas, por las calzadas apenas pasan coches y hay varias tiendas cerradas. Claudenilson Carlos da Silva, de 34 años, cuenta las mesas vacías del restaurante en el que trabaja. “Si sigue así vamos a tener a que cerrar más pronto hoy”, calcula. “Es hora de comer, esto tenía que estar lleno”.

La experiencia de Claudenilson se repite en distintas ciudades de Brasil estos días. El país entero está inmerso en una huelga de camioneros que hoy cumple una semana y que ha paralizado buena parte de su vida pública, cuando no convertido el día a día en sus 26 Estados en una pesadilla logística. Gasolineras, supermercados, hospitales y aeropuertos han ido quedando desabastecidos con el paso de los días y han retirado algunos de sus servicios; los puertos se van quedando sin nada que exportar y ciudadanos y gobiernos locales buscan desesperadamente fórmulas para salir del paso. Y, como banda sonora de todo este caos, el runrún de soluciones temporales que el Gobierno central de Michel Temer ha ido anunciando y que poco han hecho por cambiar la situación en las calles.

Cuando comenzó la huelga, el lunes pasado, nada apuntaba que iba a cobrar estas dimensiones. Los camioneros protestaban por el precio del combustible, lo cual no parecía descabellado. El valor no ha hecho más que subir desde junio de 2017, cuando la petrolera estatal, Petrobras, empezó a basarse en la oscilación internacional. Pero si Petrobras ha cambiado de política de precios es porque Temer se lo permitió en mayo de 2016, por lo que, en esos primeros días, el Ejecutivo poco pudo —o quiso— hacer. Solo que esa respuesta encerraba un fallo de cálculo: Brasil es el país que más depende de sus autopistas en el mundo. El 58% de su mercancía —y, sobre todo, el 90% de su petróleo—, se entrega por ellas (en Estados Unidos, un país de menor tamaño, solo el 43% del petróleo se mueve así). Los camioneros son el único gremio capaz de convertir al primer país latino en un rehén del tamaño de un continente.

La alarma sonó el miércoles, cuando varias ciudades empezaron a vivir la misma escena: coches agolpados en gasolineras que estaban despachando sus últimas gotas de combustible. El jueves ya se hablaba de crisis. La central de abastos de Río de Janeiro no recibió el 90% de los camiones que esperaba y todas las grandes ciudades recortaron el transporte público a la mitad. En Paraná, al sur, dos universidades cerraron sus puertas. El viernes la crisis se había convertido en un caos nacional. Los aeropuertos ya cancelaban los vuelos por docenas, incluyendo algunos internacionales. São Paulo, la megalópolis más rica del país y hogar de 12 millones de personas, se declaró en estado de emergencia: horas después, el 99% de sus gasolineras se quedaban vacías. Por sus calzadas se empezó a ver repartidores de comida a domicilio a lomos de caballos. Los Estados de Pernambuco y Sergipe también se declararían en emergencia al poco. El aeropuerto de Brasilia canceló 40 vuelos. Una asociación de exportadores de carne anunció que, con la falta de alimentos, morirían 20.000 millones de pollos y 20 de cerdos.

Mientras tanto, en autopistas de todo el país se veían piquetes de camiones con los conductores dentro. El viernes había 534. En uno de ellos, a las afueras de São Paulo, estaba Ademir Wagenknecht, de 43 años, 25 al volante de un camión. “A veces trabajo 10 horas y a veces son 20, y veo a mis hijos tres o cuatro días al mes”, explica. “Un solo neumático ya es absurdamente caro: está a 1.800 reales [490 dólares), que es lo yo cobro por llevar unas cebollas a Santa Catarina [un Estado al sur de Brasil]. ¿Qué me queda si pago tanto diésel? Tengo que pagarlo de mi bolsillo. Yo seguía la profesión de mi padre, que me pasó el testigo. Pero entonces había muchas menos dificultades”.

Durante no pocos momentos de la crisis, el Gobierno ha proyectado la imagen de que sencillamente no sabía qué hacer. No hay precedente en la historia de Brasil para este tipo de problema. La flota de camioneros nunca ha sido tan grande, el Ejecutivo nunca ha sido tan impopular (solo el 5% de la población ve con buenos ojos a Temer) y, sobre todo, el país no tiene práctica alguna tasando el petróleo de forma libre. La norma era que Petrobras modificase artificialmente su valor siguiendo indicaciones políticas, pero cuando Temer llegó al poder, en mayo de 2016, renovó a la cúpula directiva de la petrolera y les dio libertad para cambiar el sistema de precios. Ellos decidieron basarse en la oscilación internacional, la cual no está precisamente a la baja últimamente.

La respuesta del Gobierno

Hace dos semanas el barril de Brent alcanzó los 80 dólares por primera vez desde 2014. Mientras, en el resto del mundo, las economías emergentes como la brasileña sufren los vaivenes del dólar y el real está cada vez más lejos de la moneda estadounidense. O sea, el precio ha subido un 50% en un año y la moneda ha perdido un 4,3% en el último mes. La cerilla y la mecha para la bomba.

Temer intentó ser conciliador al principio. El miércoles se vanaglorió de haber convencido a Petrobras de que bajase el precio del diésel un 10% con respecto al valor internacional, y lo dejase así durante 15 días como gesto de buena voluntad para negociar. Con esto, disparó el miedo a que la política volviese a controlar Petrobras y las acciones de la petrolera se desplomaron al menos un 14%. Solo aquel gesto ya había bajado el valor de la mayor empresa brasileña en 47.000 millones de reales (unos 12.800 millones de dólares). El jueves Temer volvió a la carga. Se comprometió a pagar a Petrobras la diferencia entre el valor internacional del diésel y el precio en las calles brasileñas. Así, el precio no se movería hasta diciembre. No bastó. El viernes el presidente volvió a comparecer y, cuando apareció en televisión, en las calles de Brasilia se escuchó un bocinazo colectivo. Su solución esta vez fue más drástica: amenazó con llamar al Ejército para que despejase las carreteras.

Los piquetes se fueron disolviendo a lo largo del fin de semana. Mientras, el Gobierno aumentó aún más la tensión en su enfrentamiento con los camioneros al acusarlos de hacer locaute, o sea, cierre patronal (en Brasil se adapta el término inglés, lockout), que es ilegal; y de estar asociados con mafias y criminales para presionar a la clase política. Si la idea era enfrentar al gremio con la ira de la población, no le salió del todo bien, al menos de momento. Las pistas dadas hasta ahora indican que, por ahora, el apoyo a los camioneros es algo generalizado. Incluso Claudenilson les manda ánimos desde su restaurante vacío de Recife. “Por mí, que los camioneros sigan, hasta el fin”, dice. “Hasta que les bajen el precio del combustible”.

El País
Tom C. Avendaño
Felipe Betim
Marina Rossi
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia
Domingo 27 mayo de 2018.


Tras una intensa votación, el exmandatario de Brasil fue condenado por el Tribunal Supremo de ese país a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción leve, lavado de activos y tráfico de influencias.

La presidenta del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Carmen Lúcia, fue la encargada de sentenciar con su voto la condena a prisión del expresidente Lula da Silva. Al final, una votación de 6 sufragios contra 5 negó el recurso de habeas corpus que demandaba al defensa del exmandatario para salvarse de ir a prisión por delitos derivados de corrupción durante su mandato. Lula cumplirá una sentencia de 12 años en la cárcel, y no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del país previstas para octubre de 2018 en las que figuraba como favorito.

Tras más de 10 horas de juicio, la corte suprema de Brasil rechazó un recurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para apelar en libertad ante las máximas instancias judiciales. Según juristas, Lula podría ser arrestado la semana próxima, cuando el tribunal de segunda instancia que lo condenó en enero analice las últimas objeciones de su defensa.

Lula ya había sido hallado culpable por dos tribunales y, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación de este miércoles, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena.

Durante la tarde del miércoles hubo tensiones en el país sudamericano por un posible intento de golpe de Estado. El comandante del ejército brasileño, Eduardo Villas Boas, fue el encargado de elevar la tensión en el país al declarar que “compartía el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y respeto a la Constitución”.

Muchos congresistas entendieron sus palabras como una amenaza de golpe y catalogaron su intervención como una indebida presión a los miembros de la Corte Suprema que juzgaban al expresidente Lula da Silva. No fue el único. Horas antes del juicio, el general en retiro Luiz Gonzaga Schroeder fue más explícito al señalar que si el líder del Partido de los Trabajadores se presentaba a las elecciones presidenciales este año, el único recurso que quedaba era la “reacción armada”. Amnistía Internacional (AI) rechazó las polémicas declaraciones.

El comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, teniente brigadier del aire Nivaldo Luiz Rossato, el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, teniente brigadier del aire Nivaldo Luiz Rossato, también entró al debate: aseguró: “En estos días críticos para el país, nuestro pueblo está polarizado, influenciado por diversos factores. Por eso es muy importante que todos nosotros, militares activos o de la reserva, integrantes de las Fuerzas Armadas, sigamos fielmente la Constitución”, aseguró el oficial.

Luiz Inácio Lula da Silva gestó su carrera como político en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo. En ese mismo lugar, cuarenta años después, el líder más carismático de Brasil comenzó a digerir que en las próximas semanas podría perder la libertad.

Resguardado de la atención mediática, Lula no prestó mucha atención al juicio del Tribunal Supremo, se mostró "tranquilo" e incluso comentó el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo en el partido del Real Madrid contra el Juventus, según contaba un miembro del Partido de los Trabajadores.

Pero lejos de la versión "oficial", en uno de los ascensores del sindicato, una mujer comentaba que nunca había visto a Lula tan "afectado" desde la muerte de su mujer, Marisa Leticia. Alejado de los palcos y las multitudes, el tornero mecánico recibió un nuevo mazazo, uno de los más importantes de su vida, después de conocer que el Supremo rechazó el habeas corpus intentado por su defensa para postergar la cárcel tras la condena por corrupción.

Mientras la justicia estrechaba su cerco, el exlíder sindical pasó el día reunido con los suyos, recibiendo visitas de conocidos y aliados políticos, entre ellas la de expresidenta Dilma Rousseff, de quien Lula fue hombro amigo durante el juicio político que la destituyó en 2016. Mientras, unas trescientas personas, la mayoría del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), siguieron la votación entre el desconcierto de los términos jurídicos empleados por los magistrados de la máxima corte, que analizaron el habeas corpus durante más de diez horas.

Con pancartas de "Lula es inocente" y "Lula es el pueblo", los simpatizantes del exmandatario llegaron a primera de la mañana al sindicato y, entre bailes y cánticos, acompañaron parte de la sesión del Supremo, aplaudiendo los votos favorables al exmandatario.

El más celebrado fue el del juez Gilmar Mendes, históricamente rechazado por la izquierda, pero que hoy se posicionó a favor de que Lula pudiera recurrir a instancias superiores en libertad, no sin antes deslizar sus críticas al Partido de los Trabajadores y a la prensa brasileña.

La decisión de Mendes supuso un alivio, pero la tranquilidad duró poco tiempo. La jueza Rosa Weber, fiel en la balanza en la votación, denegó el habeas corpus, aunque no hubo desolación, y contadas caras largas.

"Ella en el fondo contribuyó para que pueda ser decretada la prisión de Lula, lo que es una fase más del golpe de Estado", dijo en declaraciones a Efe Eloi Pietá, miembro de la directiva regional del Partido de los Trabajadores.

De a poco, la militancia concentrada desde primeras horas de la mañana fue dejando el edificio, anticipando un final desfavorable para Lula, quien lidera todas las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.

Momentos antes, el presidente del sindicato de los metalúrgicos de la región metropolitana de Sao Paulo, Wagner Santana, mandó un mensaje a los congregados: "Lula pasó la vida entera luchando por nosotros y ahora espera eso de cada compañero y compañera".

Vestida con una camiseta con el rostro estampado del exmandatario, Marinalva Araujo aseguró casi entre lágrimas que siempre acompañó a Lula y ahora lo seguirá haciendo, esté él dentro o fuera de la cárcel.

"Con él yo he aprendido lo que es luchar por derechos. Representa mucho más que un sueño, es un proyecto que está ahí", sostiene.

Con los sindicatos y el Partido de los Trabajadores en horas bajas, el político de izquierdas, de 72 años, fue recibido por algunas centenas de manifestantes a las puertas de su casa, en la localidad de Sao Bernardo de Campo, donde tejió su meteórica carrera en la que pasó de obrero a presidente de Brasil en dos mandatos consecutivos, del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2010.

Poco antes del fin del juicio del Supremo, una mujer gritó desde su ventana "Lula en la cárcel". Fue contestada duramente por algunos sindicalistas, en una escena que refleja la polarización entorno al líder más querido y odiado de Brasil.

Agencias
El Espectador
Sao Paulo, Brasil
Miércoles 4 abril 2018.


•    La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse

•    Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas


México.- Los recientes escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht es una muestra de que América Latina aún afronta grandes desafíos de la corrupción sistemática.

"Es una pena escuchar cada semana un nuevo escándalo en algún país latinoamericano por algún político relacionado con Odebrecht", sostuvo el investigador Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), un centro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En entrevista con Xinhua, el experto dijo que los sobornos de Odebrecht en una decena de países de América Latina, un caso originalmente destapado en Brasil por una pesquisa anticorrupción llamada "Lava Jato", exhibieron que la región carece de un Estado de derecho robusto.

En Perú, el mayor escándalo de corrupción en la región de los últimos años ya derivó en una orden de arresto contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), y llevó a la cárcel preventiva al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por imputaciones de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.

La semana pasada el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel luego de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de sectores estratégicos, mientras hay pesquisas en curso en Colombia, Venezuela y México, entre otros.

"Esto se debe justamente a que en América Latina no se ha construido el Estado de derecho, es la principal causa", expresó Sánchez Tello.

"América Latina ha tenido gobiernos de izquierda, derecha, centro, populistas, tecnócratas, pero la corrupción sigue porque no ha existido alguien en los últimos 50 años que realmente quiera crear instituciones para aplicar la ley", lamentó.

El investigador consideró que la debilidad institucional abre la puerta a que políticos o funcionarios aprovechen su cargo para beneficiarse con negocios ilícitos, una situación que en México ha quedado demostrada con varios casos de ex gobernadores encarcelados o buscados por presuntamente desviar recursos públicos.

La constructora brasileña contaba incluso con un departamento especializado en los sobornos a funcionarios de los países a cambio de obtener negocios en infraestructura, recordó.

Sánchez Tello expuso que es común que empresas accedan e incluso estén acostumbradas a pagar dádivas en los países de la región para trámites o permisos, como licencias para construcción, porque es algo que piden funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse, además de que a la par dificulta la recaudación debido a que la población desconfía que sus impuestos sean destinados a servicios, subrayó.

Al respecto, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones es fundamental para un desarrollo de la economía.

Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, por lo que los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas, agregó en entrevista con Xinhua.

"Las instituciones de combate a la corrupción son fundamentales para la inversión, para el crecimiento y para el funcionamiento y la sostenibilidad social de las políticas", expuso Beteta.

En tanto, para el investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Guo Cunhai, la "corrupción en América Latina ya no es un fenómeno esporádico, sino sistemático".

"La serie de escándalos de corrupción en América Latina agudizará las perturbaciones políticas de la región, lo cual dificultará la configuración de nuevas políticas económicas destinadas a estimular el desarrollo latinoamericano y seguramente dejará un impacto negativo a la economía de América Latina", expresó a Xinhua.

Guo agregó que "si bien muchos países latinoamericanos cuentan con un marco jurídico relativamente completo, la aplicación de la ley todavía es bastante débil en algunos países".

Por su parte, el analista argentino Rosendo Fraga dijo a Xinhua que la lentitud de la Justicia argentina para abordar los casos de corrupción, con procesos que demoran en promedio 14 años, genera escepticismo en la opinión pública, la que termina relegando la importancia de ese tema por detrás de cuestiones "urgentes", como la economía y la inseguridad.

Algo similar ocurre en Perú, donde la justicia ha procesado desde 2012 a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, según informó recientemente el contralor general del país, Nelson Shack Yalta.

"En el período 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó el funcionario.

Xinhua
Luis Brito, Pei Jianrong y Juan Manuel
Ciudad de México
Viernes 22 de diciembre de 2017.


El expresidente de Odebrecht, la empresa que protagonizó la trama de corrupción más grande de Brasil, con ramificaciones en América Latina, salió de la cárcel.

Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht condenado en el mayor escándalo de corrupción en Brasil, seguirá purgando su condena en una mansión de 3.000 metros cuadrados en Sao Paulo tras haber abandonado hoy la celda de 12 metros cuadrados en Curitiba en la que estuvo recluido dos años y medio.

El otrora todopoderoso presidente de la mayor constructora brasileña, una gigante multinacional con negocios en decenas de países, seguirá cumpliendo su condena en prisión domiciliaria gracias al acuerdo de colaboración judicial por el que se comprometió a confesar todas las corruptelas de su empresa.

El heredero de una de las mayores empresas de América Latina ha sido condenado hasta ahora a 31 años y 6 meses de prisión en dos de los siete procesos abiertos en su contra, pero el acuerdo de colaboración redujo esa condena a 10 años.

Tras dos años y medio en unas estrechas celdas de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, pasará los próximos dos años y medio en prisión domiciliaria, otros dos años y medio en régimen semi abierto (puede salir de día a trabajar) y los últimos dos años y medio en régimen abierto (sólo tendrá que estar los fines de semana en casa).

Los siete años y medio que le quedan de pena los pasará en su residencia en Sao Paulo, una mansión con piscina, gimnasio y varias comodidades en el exclusivo barrio de Morumbí, controlado por una tobillera electrónica que oficiales de Justicia le pusieron este martes.

El empresario, de 49 años y apodado "Príncipe", abandonó las celdas de la Policía Federal en Curitiba y fue trasladado a un foro de justicia donde fue informado por un juez de las reglas que tendrá que cumplir durante la prisión domiciliaria.

Tres horas después, ya con la tobillera electrónica, salió del foro judicial en un vehículo particular escoltado por dos patrullas de policía hasta un aeropuerto privado en Curitiba, en donde abordó un avión particular que lo trasladó hasta Sao Paulo.

Su abogado, Nabor Bulhoes, el único que habló con la prensa al final de la audiencia, aseguró que la definición de la mansión que queda en un condominio de lujo a pocos metros de la gobernación de Sao Paulo como la nueva prisión es un "asunto que sólo incumbe a Odebrecht y al juez de ejecuciones penales".

Marcelo Odebrecht en prisión domiciliaria

Agregó que el empresario sólo tendrá derecho a recibir visitas de sus familiares, sus abogados y de 15 personas incluidas en una lista que le entregó este martes al juez y que sólo tendrá autorización para abandonar la casa en dos oportunidades, con fechas aún no definidas y que serían para asistir a ceremonias de graduación universitaria de sus hijas.

"El único compromiso que tiene Marcelo Odebrecht en adelante es seguir colaborando con la Justicia en los términos del acuerdo de colaboración que firmó con la Fiscalía y como reconocidamente lo viene haciendo", dijo su abogado.

"Reiteró que su gran objetivo es volver a la convivencia familiar, algo muy importante para él", agregó.

Las penas iniciales a las que fue condenado por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita fueron reducidas tras el acuerdo que la Fiscalía firmó con 76 ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht para que revelaran todas las corruptelas cometidas por la empresa en Brasil y otros países.

Además de ser uno de las principales implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras, Odebrecht es investigada por sobornos pagados a dirigentes públicos en decenas de países para adjudicarse contratos.

Las revelaciones han provocado terremotos políticos en países como Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Solo en Brasil, la divulgación de los testimonios de los ex directivos hizo que la Corte Suprema autorizara la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos aforados citados en las delaciones, entre ellos varios ministros del Gobierno del presidente Michel Temer.

Cuando cumpla su pena, Odebrecht todavía tendrá restricciones en el ámbito profesional, pues hasta 2025 estará impedido de ejercer cualquier función ejecutiva en las empresas de su familia, según el acuerdo que firmó con la Justicia.

Su padre, Emilio Odebrecht, ha anunciado que dejará la presidencia del Consejo de Administración el próximo abril, además de afirmar que ningún miembro de la familia volverá a presidir el grupo, en medio de un programa de reestructuración para "pasar página" de los escándalos de corrupción.

EFE
Curitiba, Brasil
Martes 19 diciembre 2019.


Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016, habría recibido de Odebrecht sobornos por 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones


El escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht toca al gobierno mexicano en altos niveles al involucrar a Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, lo que podría acarrear consecuencias políticas y económicas.

Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016 y quien este jueves debe comparecer ante fiscalía general, habría recibido de Odebrecht sobornos por 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, según el diario brasileño O Globo que cita un testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la firma en México.

Este escándalo amenaza con acentuar la percepción de que el gobierno mexicano está infestado de corrupción en la antesala de la elección presidencial de 2018, en la que el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, cuyo discurso está orientado en el lema "honestidad vs corrupción", aventaja en las encuestas anticipadas.

"La acusación contra Lozoya refuerza el descontento contra la administración, que está impulsado por la percepción de que la corrupción es rampante", dijo en un reporte la firma de investigación Eurasia Group.

Según el testimonio de Weyll, en marzo de 2012, en plena campaña electoral de Peña Nieto, tuvo su primer contacto con Lozoya, quien era titular de vinculación internacional del entonces candidato.

Lozoya rechazó las imputaciones en Twitter al tacharlas de "una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente" y sostuvo que no conoce al ejecutivo de Odebrecht.

Pero en su testimonio Weyll detalla incluso un café de Ciudad de México en el que se encontró con Lozoya, quien habría recibido un primer pago de cuatro millones de dólares.

"Constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI (Partido Revolucionario Institucional, hoy en el poder) ... cuyo candidato era favorito", Weyll dijo a procuradores, según documentos de la investigación brasileña vistos por O Globo.

"Lozoya era uno de los líderes del comité de la campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública", dijo.

Ahora, la oposición reclama a la procuradora que investigue si los sobornos de Odebrecht terminaron en la campaña presidencial de Peña Nieto.

De antemano, la presidencia mexicana tacha eso de "absurdo, irresponsable" y sostiene que los gastos de campaña fueron auditados en su momento sin que se encontrara irregularidad alguna.

Amenaza a las inversiones
Más allá de las consecuencias políticas se corre el riesgo de que entre los inversionistas extranjeros se extienda la idea de que para tener negocios en México se requiere tener una cercanía con los altos funcionarios.

"Este caso, lo que le dice al mundo es 'si yo soy una empresa y quiero invertir en México, la única manera de hacerlo y ser eficaz es si tengo el teléfono de un alto funcionario", dijo Max Kayser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, privado).

El experto dijo que esta percepción hasta puede pesar en las negociaciones actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Sin castigo en México
México se ha visto sacudido por escándalos de corrupción entre los que se incluyen presuntos desvíos de fondos de varios exgobernadores estatales, entre ellos Javier Duarte, de Veracruz (este), ex-miembro del PRI y actualmente preso.

Uno de los casos más sonados fue un presunto conflicto de interés entre la esposa del presidente Peña Nieto y un importante contratista del gobierno por la compra de una lujosa vivienda.

La investigación oficial determinó que no existió ese conflicto, aunque el propio Peña Nieto pidió perdón públicamente a la población.

El escándalo global de corrupción de Odebrecht ha sacudido los círculos del poder y la política de Latinoamérica, llevando incluso a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.

Pero los mexicanos tienen la percepción de que aquí no hay ni habrá castigos a los responsables.

"La percepción es por experiencia, un caso tras otro en donde lo único que la autoridad dice es 'ya abrimos una investigación' y después de ahí parece que nunca acaba en nada", concluye Kayser.

AFP EFE
El Mundo
Ciudad de México
Jueves 17 de agosto de 2017.


En declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Ahí aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

Cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia, confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes, se produjo un ligero terremoto: presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en ese momento muchas veces el nombre de un hombre modelo de la tecnocracia: Emilio Lozoya Austin.

Se escucharon rumores, el rechazo de Lozoya Austin a cualquier imputación y especulaciones de varios tipos y calibres. Rumores y especulaciones.

Hoy, en declaraciones juramentadas, altos ex ejecutivos de Odebrecht colocan fechas, nombres, cantidades, cuentas bancarias. Y ahí aparece, de nuevo, Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el político al que la dirección de la constructora brasileña asegura haber sobornado y entregado “propinas” por 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública.

Eso es lo que sostienen los testimonios de tres inculpados por la justicia brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. Y dicen mucho más, según las delaciones secretas de esos altos funcionarios de Odebrecht contenidas en el proceso penal 6655, radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, y obtenidas por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las delaciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos.

Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del “Departamento de Sobornos”, como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo siguiente:

Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7.

Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares.

Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente.

Que ese grado de comunicación se armó tan sólidamente que acordaron hacerle otros pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, garantizados plenamente; y cuatro millones adicionales si llegaban a ganar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.

Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de nuevo. Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan SA —otra empresa instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas— mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein.

Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares.
Y delataron muchas más cosas, según se aprecia en el expediente judicial 6655. Pero retrocedamos y contemos las cosas como las escucharon los fiscales.

* * *

El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll acudió a la cita pactada para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en México. Si quería participar en el programa debería contar todo lo que sabía sobre cómo Odebrecht había logrado insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tenía ya mucho que perder. Los fiscales brasileños habían ido deshebrando esa compleja trama de corrupción y se encontraba acorralado. Muchos hilos llevaban a él y a sus compañeros.

Así que De Meneses se presentó una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría en el municipio de Guarulhos. Aún vivía en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.

Durante unos 50 minutos ratificó lo que había declarado por escrito y aclaró algunas dudas de los fiscales. Lo acompañaban sus cuatro abogados. Estaba a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas” (así les dicen en Brasil) para “agentes políticos”.

De Meneses se descargó: contó que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, en una época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectivas de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.

Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.

Tapia, según la versión del brasileño, era un empresario que en opinión de Lozoya poseía un “buen tránsito” en los tres niveles de gobierno y muy buenos contactos con PRI, PAN y PRD.

Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa empresa mexicana, con la perspectiva de ganar contratos en Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían en mente una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.

Construcciones Industriales Tapia confirmó a Quinto Elemento Lab que participó como subcontratista de Odebrecht, pero rechazó que haya tenido conocimiento de los presuntos sobornos y que “tiene 20 años de operación y no requiere facilitadores u otra interpósita persona para ese tipo de efectos”.

Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta.

De hecho, para algunos ya lo estaba. Era entonces miembro del Consejo de Administración de OHL, la enorme firma española que obtuvo la concesión para construir las carreteras de peaje en el Estado de México durante el gobierno de Peña Nieto y que hoy es investigada en España por financiamiento ilegal a políticos.

Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado antes al primer círculo. Por ello no fue extraño que el 11 de enero de 2012 fuera designado como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.

De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.

Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.

Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Lozoya, ese hombre de facciones angulosas y cabello marcado por ligeras ondas. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México (el cual, dice De Meneses, podría indicar, pero que en el testimonio jurado no es mencionado) y conversaron sobre la posición política de Lozoya, quien le aseguró que, si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.

En esa ocasión, recordó De Meneses ante los fiscales, Lozoya hizo un movimiento que el brasileño esperaba ya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”.

De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.

No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.

Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención dedicada en los últimos años”, contó De Meneses al fiscal André Bueno esa tarde del 16 de diciembre de 2016.

Le proporcionó más detalles: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.

Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalló ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas empresas registradas en Tortola, una de las Islas Vírgenes Británicas.

Luis de Meneses sabía entonces qué hacer. Contactó a Hilberto da Silva, el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma, el eufemismo con que Marcelo Odebrecht bautizó a la oficina encargada de concretar y armar los sobornos para los políticos brasileños y extranjeros.

Da Silva, poseedor de una mente financiera estratégica, apretó los botones adecuados y dio las órdenes precisas para que las transferencias llegaran a las empresas mencionadas por Lozoya, aunque el destino final no le consta a Meneses. “No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya”, comentó a los fiscales.

Era marzo de 2012 y Lozoya Austin se preparaba para el primer minuto del último día de ese mes, cuando Enrique Peña Nieto, acompañado de su familia y de la dirigencia nacional del PRI, se subió a un templete y comenzó su campaña rumbo a la Presidencia.

Era marzo de 2012 y la danza de dinero comenzaba. De los recursos que Innovation Research Engineering and Development Ltd –empresa fachada usada por Odebrecht para distribuir los sobornos– mantenía en el banco Meinl Bank salieron ráfagas de dólares a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding, la firma a la que Lozoya pidió que le enviaran su dinero, según los documentos judiciales en los que quedó registrada la delación,

Apenas un mes después de que Lozoya visitó a De Meneses en Las Lomas, llegó el primer vendaval de billetes: el 20 de abril se transfirió un cuarto de millón de dólares a esa cuenta; cinco días después una transferencia de doble intensidad: casi medio millón de dólares. Veinticuatro horas después, una nueva sacudida en el balance de Latin American Asia Capital Holding: otro medio millón de dólares.

Y no era todo. Pasó alrededor de un mes para que esa cuenta registrara un nuevo incremento: el 23 de mayo le llegó otro medio millón de dólares. Una semana exacta después, 490 mil dólares más.

Los altos ejecutivos de Odebrecht cumplían su palabra porque decían tener la certeza de que con Lozoya colocado en lugares clave del nuevo gobierno el horizonte de la firma brasileña en México estaría afianzado. Así que el 8 de junio de 2012, de la misma cuenta de origen y a la misma de destino, llegó otro medio millón de dólares. Esta primera feria millonaria acabaría con otra transferencia hecha el 18 de junio: ahora sería de 400 mil dólares.

Sólo escribir el total de la “propina” asombra. Porque no es común que, si las imputaciones de los colaboradores de la justicia brasileña se corroboran, como hasta ahora ha ocurrido en países como en Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú y Panamá, el director de Pemex hubiera recibido una cifra así en sólo dos meses: 4 millones 100 mil dólares.

* * *

Cuando los fiscales brasileños André Bueno y Daniel Sampaio tomaron la declaración de Luis de Meneses le advirtieron sobre las condiciones que debía cumplir para concederle el beneficio de la “colaboración premiada” y, así, reducir los años en prisión.

De Meneses expresó, como han hecho todos los 78 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que estaba consciente de que los beneficios de la colaboración dependían de que se obtuvieran uno o más de los siguientes resultados: 1) La identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y las violaciones a la ley que cometieron, 2) la revelación de la estructura jerárquica y de división de tareas dentro de la organización criminal, 3) la prevención de las infracciones penales derivadas de las actividades criminales, y 4) la recuperación total o parcial del producto de las actividades de la organización criminal.

Ingeniero civil que cumplirá 60 años en unos días, De Meneses accedió y además entregó información para corroborar sus dichos. Por ejemplo, y sólo como muestra, el jefe de Odebrecht en México proporcionó a los fiscales los registros que comprueban las 15 transferencias hechas a las cuentas que, según afirma, le fueron indicadas por Lozoya.

* * *

Llegó el 1 de diciembre de 2012 y se iluminaron los rostros de los brasileños a cargo de las operaciones en México y de la máquina global de sobornos. Lozoya Austin, licenciado por el ITAM y maestro por la Universidad de Harvard, llegaba a una posición muy relevante: la Dirección General de Pemex, una empresa que en 2013 contó con un presupuesto tan grande como su importancia en la economía nacional: poco más de 326 mil millones de pesos, unos 25 mil millones de dólares de esa época.

Luego de las vacaciones de fin de año, y al empezar a correr 2013, De Meneses dice que creyó oportuno hacer una visita a Lozoya en sus nuevas oficinas de Pemex. Llegó a la sede central y se registró, por lo que su presencia ahí puede ser corroborada.

Al estar con Lozoya, según contó a los fiscales, le informó que en asociación con Juan Carlos Tapia, el constructor con el que el propio Lozoya le había recomendado trabajar, la compañía buscaba contratos en Pemex, por lo que “le gustaría su apoyo para conquistar nuevos negocios con la petrolera”.

Lozoya fue receptivo. Le confirmó su disposición a buscar que el Consejo de Administración de Pemex “reconociera la actuación” de Odebrecht, no sin antes advertirle algo: que la constructora brasileña debía ser competitiva tanto en términos técnicos y comerciales para tener una oportunidad.

El jefe de Odebrecht aprovechó y reviró: “Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, se lee en la tercera de las cuatro páginas que resumen las delaciones del brasileño, incluidas en el anexo 4 del “Termo de Colaboração No. 5”, término empleado por el sistema judicial de Brasil para referirse a los testimonios penales acordados.

Los siguientes meses fueron de trabajo y planeación entre De Meneses y su socio local. Estaban cazando la oportunidad de ganar uno de los contratos que Pemex otorgaría en los trabajos de readecuación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo.

Para octubre de 2013 ya estaban listos. Un hecho renovaba la confianza de los funcionarios sudamericanos: Marcelo Odebrecht, su máximo jefe, hoy en prisión, se reunió en privado con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos el 1 de octubre. Un comunicado de la Presidencia de la República dio cuenta de ello en 20 líneas.

Luis de Meneses buscó de nueva cuenta a Lozoya. Abiertamente, le solicitó “su apoyo para influir sobre los miembros del Consejo de Administración y le asignaran contratos” a Odebrecht.

El alto ejecutivo de la firma brasileña partía de una premisa: “Dado el poder de influencia que tenía en el consejo… Emilio Lozoya se colocaría en favor de los proyectos que buscábamos, influenciando a los demás miembros para que ratificaran nuestra contratación”.

De Meneses sabía lo que hacía, en qué momento actuar. Ya había desarrollado esa capacidad para corromper a altos funcionarios públicos en Perú, en donde había ocupado en Odebrecht un cargo similar.

El poderoso vicepresidente de la constructora, Luiz Mameri, recordó ante los fiscales ese momento: “En 2013, Luis de Meneses me informó que estaba participando en la licitación de un proyecto para ampliar la refinería Miguel Hidalgo, promovida por Pemex, cuyo presidente (sic) era Emilio Lozoya. Me dijo que a petición de Emilio Lozoya se fijó un pago de seis millones de dólares para apoyar a la compañía a ganar el concurso. Autoricé los pagos”.

Así que De Meneses no esperó más. Le soltó, según su testimonio, un caramelo a Lozoya: le daría seis millones de dólares. Dos de esos millones estarían garantizados. Se los entregaría, independientemente del resultado de la licitación. Y los otros cuatro millones estarían condicionados a que les asignara el contrato.

Luis Alberto de Meneses se retiró de la Torre Ejecutiva ubicada en la calle de Marina Nacional. Un mes más tarde, en noviembre de ese 2013, Odebrecht presentó a Pemex Refinación una propuesta con costo de 115 millones de dólares para “el acondicionamiento y movimiento de tierras para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo”.

Al arranque de diciembre le dieron una buena nueva: Odebrecht había ganado la licitación de mil 364 millones de pesos. “La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de seis millones de dólares”.

La muestra de agradecimiento por haber ganado el contrato no tardó demasiado. El 3 de diciembre se hizo la primera transferencia. Un millón de dólares. Clinc. Una semana después, otra transferencia. Ahora de un millón 350 mil dólares. Clinc. Buen cierre de año.

* * *

Cómo no tener un buen arranque de año, sin cuestas de enero que agobien. El día 15 de febrero de 2014 se hizo una reunión protocolaria para oficializar la firma del contrato buscado por la constructora brasileña.

Por Pemex Refinación dos funcionarios firmaron las 61 páginas: Jesús Lozano Peña y Armando García Espinosa, subdirectores de Proyectos y de Administración, respectivamente. Por la Constructora Norberto Odebrecht, lo hicieron el ya conocido Luis Alberto de Meneses Weyll y Gleiber José de Faria, ambos apoderados legales de la empresa.

Tuvieron que estampar su firma en hojas y hojas saturadas de detalles administrativos y técnicos, de puntualizaciones sobre los mecanismos de conciliación y de solución de controversias, la recepción de los trabajos y un número largo de aspectos bastante aburridos.

Sin embargo, la página 5 del contrato es peculiar. Aparte de unos pequeños garabatos al margen del texto, llaman la atención unos párrafos que se agrupan bajo el subtítulo de “declaración conjunta”.

Dice a la letra: “Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; y sus empleados, proveedores y filiales se encuentran sujetos a dicha política y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del presente contrato se han conducido cumpliendo con la Ley Federal Anticorrupción…”.

Manifestaron expresamente, además, que tenían conocimiento de que el Estado mexicano ha suscrito y es parte de instrumentos internacionales en materia de anticorrupción, como los de la OCDE, la OEA, la ONU y otros.

“Expresan que conocen los ordenamientos legales en materia administrativa y penal en México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia y la simulación…”.

* * *

El contrato ya había quedado en firme, así que había que continuar con el envío de recursos a las empresas offshore que fueron designadas por Lozoya Austin, de acuerdo con las delaciones. Y el Departamento de Operaciones Estructuradas encabezado por Hilberto da Silva hizo lo suyo.

Una semana después de la firma del contrato con Pemex, del Meinl Bank, localizado en Antigua, salieron un millón 350 mil dólares hacia la cuenta que la empresa Zecapan SA tenía en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de Liechtenstein. La operación quedó registrada con el número 394652. Y la cuenta era la 1001.560.103.

Habría otros dos pagos más, ambos autorizados en marzo de 2014, aunque su entrega se demoró más de lo debido a un factor inesperado: las cuentas tenían mucho dinero. “En un momento determinado, Lozoya solicitó cambiar el procedimiento de transferencia… A mediados de 2014 se cambió la forma de pago por el recelo de que se rebasaran los límites de capacidad de las cuentas en que se hacían los depósitos”, explicó Luis de Meneses.

La experiencia de Hilberto da Silva entró en acción entonces para encontrar una salida. Creó una estructura para hacer viables los pagos restantes “y se utilizó a un operador para hacer posibles las transferencias”. La razón: Emilio Lozoya ya no quería recibir más dinero en cuentas a partir de las cuales podría vincularse su nombre, argumentó Da Silva ante los fiscales un día antes que De Meneses.

Ahí es donde aparece el nombre de Rodrigo Tacla Durán, hoy en libertad provisional en España. “Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor, manteniendo el dinero en estructuras en las cuales el propio Rodrigo era el ultimate beneficial owner”, explicó el ex jefe del departamento encargado de los sobornos.

Eso es lo que hizo Rodrigo en México. La operación se armó los primeros días de noviembre de 2014. “Le presenté a Emilio Lozoya a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre”, detalló Da Silva durante una comparecencia en la que no dejaba de gesticular y mover la quijada, lo que hacía que los lunares que bordean su boca subieran y bajaran rítmicamente, según el video en el que se registró la misma y que forma parte del expediente armado por el equipo del procurador Rodrigo Janot Monteiro.

“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco. Esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex. Luis (de Meneses), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”.

El testimonio de Hilberto da Silva es inusual porque, por lo general, él nunca se enteraba de quiénes recibían los pagos indebidos. “Aunque la estructura de mi área estaba diseñada para que yo no tuviese conocimiento de quién era el destinatario final de los pagos, en situaciones excepcionales sí supe quiénes eran”.

Una de esas situaciones fue la de Lozoya. Da Silva tuvo que visitar México porque Luis de Meneses le solicitó que le ayudara a “operacionalizar el pago de la propina al presidente (sic) de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no quería recibir dinero en sus cuentas bancarias”, se lee en una declaración escrita entregada por Da Silva a la Procuraduría General de Brasil, documento que es parte del proceso penal llevado en el Supremo Tribunal Federal.

La carta, de unos tres párrafos con mucho contenido, sigue: “Tuve una reunión con Emilio Austin (sic) en su casa, ocasión en que le presenté a Rodrigo Durán para que Rodrigo recibiese el dinero en su nombre, como laranja [un agente que trabaja en una empresa “non related”, proveedores independientes residentes fuera de Brasil que eran parte de la red financiera para lavar los sobornos montada por Da Silva.)

Esa visita a México tuvo un buen final, según la carta: “En ese encuentro (con Lozoya) quedó acordado un pago de dos millones de dólares para la semana siguiente y otros pagos por tres millones para semanas después, totalizando cinco millones de dólares”.

* * *
Un cuarto como el de cualquier edificio burocrático promedio de cualquier país latinoamericano. Un hombre escucha con atención, la mirada hacia abajo. Se bambolea ligeramente cada tanto. Se nota preocupado. Resignado, en realidad, a enfrentar su suerte de la mejor manera posible. La actitud de alguien que tuvo la fortuna de su lado y ahora entiende la gravedad del momento en que es protagonista. Es el semblante de alguien que sabe que de lo que ocurra en ese pequeño cuarto dependerá vivir más o menos años en una cárcel.
Luis de Meneses Weill lo sabe. Por eso está ahí

–¿En qué tiempo y cuántos pagos le hizo a Lozoya? –pregunta uno de los fiscales.

–En 2012 como miembro de la campaña, y en 2013 y 2014 ya como director general de Pemex –responde y “corta” con las manos el aire, para mostrar cómo se iban sucediendo los momentos.

–¿Él recibía los favores ya como director general de Pemex?

–Seis millones –asiente Meneses.

–¿Cómo sabía que efectivamente los recibió? –quiere averiguar el fiscal, sentado a un par de metros del ex funcionario de Odebrecht.

–El me indicaba las cuentas y después me confirmaba (que se había recibido el depósito).

–¿Entonces recibió seis millones de dólares ya como director general de Pemex? –repregunta el fiscal. Lo hará en varias ocasiones. Desea entender con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Meneses endurece ligeramente el rostro. Se balancea y sus dos pequeños mechones de cabello blanco brincan sobre el pelo negro y rebotan en la frente. Muestra fastidio.

–Sí –murmura y su mano muestra en un primer plano un reloj de acero inoxidable. Las manecillas marcan unos minutos antes de las seis.

Es el minuto 41 de la audiencia. Aún faltan unos 10 minutos de grabación, de la cual está consciente Meneses y a la cual ha accedido después de renunciar, en presencia de sus abogados, a su derecho a permanecer en silencio y ha autorizado el registro audiovisual de su colaboración premiada.

–¿Esas negociaciones, las del dinero, se dieron dentro de Pemex?

–No. Las reuniones para tratar la presentación de la empresa, nuestra cualificación, la elaboración de un proyecto para Pemex, eran en su escritorio. Las negociaciones más específicas, de nuestro ofrecimiento, eran afuera… en unas dos o tres veces en mi casa, en Polanco… –se detiene y bebe agua. Se hace un larguísimo silencio–. O en la casa de él también, en Santa Fe. También en restaurantes. Éramos él y yo. Nadie más.

–¿Tiene algún comprobante de los depósitos que se hicieron en las cuentas? –desea saber el fiscal, quien luego recibirá los documentos aportados por Meneses.

–Las cuentas no sé de quién eran. Él me las daba y después me confirmaba que había recibido los pagos.

–¿Hubo otros funcionarios públicos (implicados)?
–Era sólo con él. Si él dividía el pago, no tengo conocimiento.

—-

* Este reportaje es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.info en Venezuela; La Nación de Argentina; La Prensa de Panamá; Sudestada de Uruguay; Quinto Elemento Lab de México, e IDL-Reporteros de Perú.

Aristegui Noticias
Ignacio Rodríguez Reyna
y Alejandra Xanic
Reportaje Especial
Quinto Elemento Lab*
Ciudad de México
Lunes 14 de agosto de 2017.


Aldemir Bendine, el ejecutivo que estuvo al frente de las dos mayores empresas estatales de Brasil durante el Gobierno de Dilma Rousseff, se convirtió hoy en el primer ex presidente de Petrobras preso por el escándalo de corrupción en la petrolera relacionada con varios políticos.

Bendine, quien también presidió el estatal Banco do Brasil, fue arrestado hoy por agentes de la Policía Federal en el marco de un proceso en el que se le acusa de haber pedido y recibido un soborno de cerca de 93 mil dólares a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht en negocios de Petrobras.

Su detención fue una nueva fase en la investigación por los desvíos en Petrobras iniciada hace tres años, misma que ya mandó a la cárcel a los ejecutivos de las principales constructoras brasileñas, a decenas de ex dirigentes de la petrolera y a importantes políticos que favorecían las corruptelas.

De acuerdo con la Fiscalía, las constructoras interesadas en adjudicarse contratos con Petrobras pagaban millonarios sobornos que eran repartidos entre los dirigentes de la estatal y los políticos que amparaban las corruptelas.

Gracias a las investigaciones, una gran parte de los dirigentes de la estatal en los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff han sido encarcelados, como los ex directores de Abastecimiento, Paulo Roberto Costa; Servicios, Renato Duque; Gas y Energía, Delcidio Amaral; e Ingeniería, Pedro Barusco; así como dos ex titulares de la dirección Internacional, Jorge Zelada y Néstor Cerveró.

Pese a que casi todos los directores presos, quienes acordaron confesar sus delitos a cambio de reducciones en la condena, dijeron que la corrupción era institucionalizada y de conocimiento del comando de Petrobras y hasta de los Jefes de Estado, hasta ahora ningún Presidente de la estatal había terminado en prisión.

Los dos inmediatos antecesores de Bendine en la presidencia de Petrobras, Sergio Gabrielli (2005-2012) y Graza Foster (2012-2015), sólo han sido citados a tribunales como testigos pero no como acusados.

Lo más grave en el caso de Bendine, según la Fiscalía, es que recibió sobornos cuando el escándalo fue destapado y numerosas personas estaban presas.

"Es increíble encontrar evidencias de que, cuando la investigación ya estaba avanzada, los criminales tuvieron la audacia de seguir asaltando a Petrobras y a la sociedad brasileña", aseguró el Fiscal Athayde Ribeiro Costa en una rueda de prensa.

El funcionario, quien comandó el Banco do Brasil (mayor institución financiera del país) entre 2009 y 2015, fue nombrado presidente de Petrobras precisamente para acabar con las corruptelas en la mayor estatal brasileña.

Pero Bendine, según la Fiscalía, ya había solicitado sobornos cuando era presidente del Banco do Brasil.

El ex presidente de Petrobras fue detenido con base en la confesión que el ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, presentó ante la Fiscalía en un acuerdo de cooperación judicial.

Odebrecht reveló que Bendine solicitaba sobornos como presidente del Banco do Brasil y que en 2014 llegó a pedir cerca de 5.3 millones de dólares para autorizar la renegociación de una deuda de la constructora con el banco público, lo cual no fue atendido.

Pero las peticiones ilegales, según Odebrecht, sí fueron escuchadas cuando el ejecutivo asumió Petrobras y satisfechas con maletas de dinero entregadas en residencias particulares y hoteles.

Según la Fiscalía, existen pruebas de que, antes de asumir la presidencia de Petrobras, el 6 de febrero de 2015, Aldemir Bendine y uno de sus operadores financieros le exigieron un soborno a Marcelo Odebrecht.

La petición fue hecha para que el grupo empresarial Odebrecht no fuese perjudicado en Petrobras, incluso en relación a las investigaciones de corruptelas en la estatal.

Pese a que la denuncia era conocida varios meses antes, la Fiscalía sólo solicitó la detención del ex funcionario cuando descubrió que planeaba viajar el viernes a Portugal.

Los fiscales aclararon que hasta ahora no han localizado su boleto de vuelta, lo que encendió las alarmas debido a que Bendine también tiene nacionalidad italiana.

EFE
Reforma
Río de Janeiro, Brasil
Jueves 27 de julio de 2017.


•    Consejeros dicen al mandatario que presentar su renuncia es el camino menos traumático

•    Partidos de la alianza gubernamental amenazan con no aprobar reformas que exige la banca

La semana termina con Brasil a las puertas del colapso absoluto. El jueves pasado la fiscalía general de la unión solicitó al Supremo Tribunal Federal, por conducto del procurador general, Rodrigo Janot, que se abran investigaciones contra el presidente Michel Temer. Edson Fachin, ministro de la Corte Suprema encargado de deliberar, lo autorizó.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó formalmente ayer a Temer de corrupción y obstrucción de la justicia, de acuerdo con una investigación difundida el viernes por el Supremo Tribunal Federal. En un acuerdo con la fiscalía dado a conocer como parte de varios documentos que dicho tribunal dio a conocer, un importante empresario ofreció pruebas grabadas de una conversación con Temer, en la que se constata que el gobernante recibió sobornos por 1.5 millones de dólares.

Con eso Brasil es, desde ayer, gobernado por un presidente surgido a raíz de un golpe institucional, que llegó al poder atropellando los 54 millones 500 mil votos de la destituida presidenta Dilma Rousseff. Ahora es investigado por la instancia máxima de justicia del país.

Pesan contra Temer acusaciones de intentar obstruir la justicia, corrupción pasiva e integrar una organización criminal. Además, filtrar información confidencial y otras pesadísimas cositas más.

Empieza a terminar de esa manera lo que quizá no debió haber iniciado jamás: su gobierno. Hasta aliados cercanos, quienes participaron activa y decisivamente para derrocar al gobierno electo y la consecuente asunción de Temer, comenzaron a abandonar un barco que está a la deriva y da muestras de un naufragio inminente.

Todo empezó de la manera menos esperada, a través de una voluntaria y ultrasigilosa propuesta de delación premiada, iniciativa que permite, acorde con la legislación brasileña, que un investigado negocie reducciones o hasta anulación de sentencia a cambio de confesiones. Esta acción partió de los hermanos Batista, del grupo JBS.

Los dos tienen nombres raros: Joesley Batista y Wesley Batista. Controlan JBS, empresa que nació en 1953 como un pequeño frigorífico de carne de res y creció de manera sólida y bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y su política de fomentar las gigantes nacionales. Recibió gordísimas inyecciones de recursos públicos, lo que le permitió transformarse en la segunda mayor productora y la más grande exportadora de carnes del planeta, además de extender sus tentáculos a sectores que no tenían nada que ver con su objetivo inicial, como ingresar en el mercado de energía eléctrica.

Informado de que estaban bajo investigación de la Policía Federal y de la fiscalía, Joesley Batista, hermano mayor y controlador del grupo, decidió tomar la iniciativa. Grabó conversaciones con altísimas personalidades del gobierno de Temer, pidió apoyo a la Policía Federal para pinchar teléfonos de elevadas autoridades y grabar imágenes de entrega de robustísimas cantidades de dinero, lo que incluyó a emisarios de Temer, con chips en las valijas y números de serie de billetes anotados y controlados. Además, grabó conversaciones telefónicas con el principal cabecilla del golpe, ejecutado por el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual prisionero Eduardo Cunha, el senador Aécio Neves, del mismo Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y un número todavía desconocido de políticos que controlan el gobierno surgido con el golpe.

El resultado fue positivo para los hermanos Batista, quienes obtuvieron garantía de inmunidad –lo cual significa que no serán recluidos, pero están en espera de grandes multas, que ahora son negociadas– y permiso para salir de Brasil y residir en cualquier parte del mundo.

Al mismo tiempo, ese resultado ha sido irremediablemente devastador no sólo para Michel Temer, sino para el grueso de sus aliados.

Neves, por ejemplo, fue alejado de su escaño. No perdió, por ahora, el mandato, lo que le asegura un foro jurídico privilegiado. Pero no puede salir del país ni reunirse con ningún otro investigado (lo que, en su caso, significa un aislamiento casi total), vio liquidada su carrera política y, peor, cómo su hermana Andrea, verdadero cerebro detrás de cada uno de sus pasos, era conducida a una celda.

La devastación del terreno habitado por Temer recién empezó. Para que se tenga una muestra de lo que Joesley Batista entregó a la Policía Federal y, al mismo tiempo, a la justicia, vale mencionar que un emisario de Temer, debidamente autorizado por el presidente, negoció una semanada, que es como en Brasil se llama al pago que los padres suelen dar a sus hijos adolescentes, de 500 mil reales –unos 160 mil dólares– por semana a lo largo de 20 años (eso: unos 160 millones de dólares, que seguramente serían compartidos con aliados de diversos partidos), a cambio de irregularidades que favorecerían al grupo JBS.

El jueves, día siguiente a la noticia bomba, un Michel Temer visiblemente furioso hizo una breve declaración –cuatro minutos, 54 segundos– a la prensa y a los brasileños y brasileñas. Aseguró que no presentaría su renuncia, que estaba indignado, e instó a los responsables de la fiscalía general y de la Corte Suprema a que aceleren las investigaciones para que pueda comprobar su inocencia.

Al día siguiente apareció un artículo del columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, voz disonante en un periódico que respaldó enfáticamente el golpe contra Dilma Rousseff, trazando un paralelo concreto entre sus indignadas palabras y las de un igualmente indignado Richard Nixon meses antes de verse forzado a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Y pasó el día viendo cómo se acumulaban golpes y más golpes, casi cada dos horas, ahora con la divulgación del contenido de la delación premiada del más joven de los hermanos: Wesley Batista.

Basada en las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía Federal, la fiscalía general de la unión denunció indicios estridentes de que Neves y Temer maniobraban para retrasar avances de la operación Lavado rápido que afectaran a sus respectivos partidos.

Pero hay más elementos, muchos más, para complicar no sólo a Temer. También el mismo proceso parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff: en su delación, los hermanos Batista dicen haber distribuido unos 5 millones de dólares a diputados para que votaran en contra de la mandataria.

La semana termina con un país envuelto en nubes de profunda incógnita. Al menos dos partidos de la alianza gubernamental han saltado del barco, dejando dudas concretas sobre la posibilidad de aprobar, en el Congreso, las tan mencionadas reformas exigidas por la banca y el empresariado, que son, en última instancia, el único sostén de Temer.

Al mismo tiempo, aliados y consejeros tratan de convencer a Temer de que la renuncia sería el camino menos traumático. Dos de los sostenes básicos de su gobierno, la revista semanal Veja y, principalmente, las organizaciones Globo (revistas, emisoras de radio, televisión por cable y especialmente Tv Globo) piden su dimisión.

Sondeos de opinión pública, cuyos resultados fueron divulgados este viernes, revelan que 98 por ciento de entrevistados piden elecciones inmediatas.

Michel Temer no está en la más absoluta soledad, porque lo acompaña un nutrido batallón de denunciados.

La Jornada
Eric Nepomuceno /Especial
Río de Janeiro, Brasil
Sábado 20 de mayo de 2017.


Hace casi un año, los legisladores brasileños votaron para suspender a la presidenta Dilma Rousseff del cargo, lo que desencadenó una caída dramática para la primera mujer en liderar Brasil. Rousseff, exguerrillera que fue torturada durante la dictadura militar de los setenta, fue expulsada formalmente en septiembre.

Su remoción marcó también el fin de trece años de mandato de la izquierda con el Partido de los Trabajadores (PT) y un cambio de nivel sísmico en la trayectoria política del país. Entrevisté a Rousseff el fin de semana pasado durante la conferencia sobre Brasil organizada por Harvard y MIT, en la cual dio un discurso desafiante en el que advirtió que la democracia brasileña está en peligro. A continuación, un fragmento de la conversación, con ediciones ligeras.

¿Cómo ha sido su rutina diaria desde que fue enjuiciada?

He leído mucho. También me ejercito diario, practico ciclismo y levantamiento pesas. Es bueno para el cuerpo y para la mente. Hago, en promedio, 50 minutos de ciclismo al día.

¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído desde su destitución?

¿Puedo decir varios? Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business de Hana Foroohar. También me gustó Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, por Yuval Noah Harari. Leo muchos géneros literarios, de otro modo me canso. Estoy en una edad en la que también releo algunos libros. He releído El evangelio según Jesucristo de José Saramago y Gran sertón: veredas (Grande sertão: veredas) por João Guimarães Rosa. Es verdaderamente hermoso.

Y ¿qué ha aprendido de sí misma durante este periodo?

Lo que la vida nos exige es tener coraje. Con coraje uno puede enfrentar la adversidad. Obviamente, estoy lidiando con dificultades. Durante mi vida, tuve que enfrentar dos golpes: uno militar y el otro por parte del congreso. Ambos fueron extremadamente difíciles. En uno estaba la amenaza física de ser arrestada y torturada; en el otro, una amenaza todavía mayor para toda la población brasileña, para los derechos de sus ciudadanos y la democracia.

Si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué haría distinto?

Esa no es una pregunta que me haga a mí misma normalmente. Desafortunadamente, no podemos regresar las manecillas del reloj. Pero puedo responder de manera hipotética. Una cosa que no habría hecho es avalar recortes extensos a los impuestos. Lo hice creyendo que las empresas invertirían más y generarían más empleos. Pero eso no es lo que sucedió: las compañías aumentaron sus ganancias sin invertir más. Tampoco me di cuenta lo suficiente de que el “centro”, esa parte crucial del cuerpo democrático que fue esencial para la lucha contra la dictadura militar, se estaba moviendo hacia la derecha. Se convirtió en una oposición a mi gobierno. Es como la historia del caballo de Troya, que así entra el enemigo a la ciudad. No darme cuenta de ello fue un error.

Eduardo Cunha, el legislador que impulsó el proceso en su contra, fue condenado recientemente a 15 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. ¿Eso le provoca un cierto sentimiento de vindicación?

No creo que la condena de Eduardo Cunha deba considerarse una venganza personal. Antes de ser sentenciado había un movimiento en varios sectores del gobierno para salvarlo. La condena de Cunha no repara el hecho de que esta persona corrupta lideró el juicio político en mi contra. Es la persona detrás de la escena dantesca que sucedió el 17 de abril del año pasado.

Después de ser destituida, su sucesor, el presidente Michel Temer, nombró a un gabinete compuesto exclusivamente de hombres blancos. ¿Qué le pareció esto?

Hombres blancos, viejos y ricos. Es un gobierno sumamente antimujeres. Me entristece, me desanima. Primero que nada, hubo un elemento muy misógino en el golpe en mi contra. Había dobles estándares para los hombres y para las mujeres. Me acusaron de ser dura y severa; a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte. O decían que era muy emocional y frágil, pero a un hombre lo habrían considerado sensible. Fui vista como alguien obsesionada con el trabajo y un hombre habría sido visto como muy trabajador. También se usaron palabras muy groseras. Me llamaron vaca como seiscientas mil veces.

En algunos meses, cuando la presidenta chilena Michelle Bachelet deje su cargo, todos los jefes de Estado del hemisferio occidental serán hombres. ¿Qué dice eso sobre el empoderamiento político de las mujeres?

No es coincidencia. En la política, las mujeres no son tratadas del mismo modo que los hombres. Las mujeres enfrentan una discriminación desproporcionada. Eso no significa que las mujeres sean débiles. Al contrario, son muy resilientes y capaces.

¿Cree que el PT pueda regresar al poder en las elecciones presidenciales del año siguiente?

Tenemos una reunión con la democracia en 2018. No importa quién gane con tal de que el juego sea limpio y de que esta persona traiga estabilidad política y económica, así como el regreso del crecimiento. Pero tiene que haber una elección. No es vergonzoso perder una elección; lo que sí lo es es una persona que no sabe cómo perder una elección y aceptarlo. No puedes cambiar las reglas del juego mientras estás jugando.

Cuando escriban su obituario, ¿qué aspecto de su legado espera que sea destacado?

Seremos recordados por las políticas sociales que creamos. Fue durante mi gobierno que vencimos la pobreza. Fue durante mi mandato que consolidamos la red de protección social. Todas estas políticas sociales fueron establecidas para reducir la desigualdad. Ahora, la población sabe que “ellos pueden”. Comprobamos que una de las mayores fuentes de riqueza brasileña es su pueblo.

The New York Times
Ernesto Londoño
Cambridge, Massachusetts
Viernes 14 de abril de 2017.


Se investiga un soborno de esa empresa a una "paraestatal" mexicana por más de 10 millones de dólares

Petróleos Mexicanos informó que hace públicos cuatro contratos con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por dar sobornos en gran parte del continente, incluidos México y una empresa estatal.

Según la investigación en los Estados Unidos, esta empresa dio sobornos a una paraestatal mexicana por más de 10 millones de dólares. Aunque el nombre de Pemex no aparece explícitamente en la indagatoria, la propia Pemex ha inciado denuncias ante PGR por este tema.

Mediante un comunicado, la empresa productiva del Estado informó que pone a disposición versiones públicas de los contratos con la constructora.

Se trata de:

a) Un contrato de suministro de Etano del 19 de febrero de 2010,

b) Otro por acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I, del 15 de febrero de 2014

c) Uno más por un proyecto conversión de residuales de la Refinería de Salamanca del 6 de noviembre de 2014 y

d) Otro por Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo, Tula II del 12 de noviembre de 2015

Dijo además la empresa que el lunes pasado la PGR notificó a Petróleos Mexicanos el requerimiento para que comparezcan diversos funcionarios y ex funcionarios de Pemex en calidad de testigos, a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones.

"Dada la naturaleza de la investigación que se sigue y en atención al debido proceso, los nombres de las personas no podrán ser revelados por ahora", refiere.

El Universal
Mario Dorantes
Ciudad de México
Miércoles 5 de abril de 2017.

Página 1 de 2

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Información reciente

Síguenos en Twitter