Administración peñista hizo de todo “por obstaculizar” la creación de una comisión sobre los 43: AI

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) se sumó al repudio por la resolución del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito en contra de la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, que esclarecería la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un breve comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la resolución donde se considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR), lo que –subrayó– demuestra que existe “una decisión política de ocultar la verdad” sobre el caso.

De acuerdo con la defensora, el gobierno federal hizo “todo lo posible por obstaculizar” la creación del mecanismo especial de investigación que había sido ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Y sostuvo que haber impugnado la sentencia del Tribunal Colegiado “muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

Para Guevara Rosas, la creación de esa comisión “era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”, como lo demostró el propio Tribunal Colegiado en su sentencia que se suponía inatacable.

De igual manera, recordó que el gobierno federal “tomó más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”.

Finalmente, emplazó al gobierno federal “a dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente con esa medida”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa se mantiene en un limbo jurídico, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto logró que un tribunal unitario resolviera que existe imposibilidad jurídica y material para la creación de este ente ordenada por un tribunal colegiado.

El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió un fallo a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en un recurso en el que el Ministerio Público Federal reclamó como exclusiva la facultad constitucional de investigación de los delitos federales.

“Fue un incidente excepcional” el promovido por la PGR para tratar de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a Apro el académico y litigante constitucional Sergio Charbel Herrera.

La SCJN podría atraer el caso, pero no para revisar el fondo de la sentencia del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, sino para ver si en efecto se puede o no cumplir ese fallo, añadió.

La PGR alega que, por mandato constitucional, a ella le corresponde la investigación de los delitos federales, por lo que no pueden ser delegados a una Comisión de la Verdad integrada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de la PGR, ese fallo fue combatido como imposible de cumplir por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, así como por la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Víctimas.

El martes 17, la SCJN pidió al tribunal unitario que le enviara las solicitudes de revisión extraordinaria promovidos por la PGR.

Antes, el lunes 9, el máximo tribunal de justicia del país informó a la PGR que en ese momento carecía de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión.

Si ese fallo no se cumple, la SCJN podría intervenir para revisar si en efecto hay imposibilidad constitucional para su incumplimiento.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 18 julio de 2018.


Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron aquí que no permitirán que el presidente Enrique Peña Nieto ordene a la PGR dar carpetazo a la investigación sobre la desaparición de los jóvenes.

Cristina Bautista, madre de Salvador, quien participa en la caravana “Rompiendo Silencio y Olvido”, dijo que, a 41 meses de los hechos, no han sido agotadas las cuatro líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Tenemos fuerza, fe y esperanza para dar con la verdad y con nuestros hijos, y para ello debemos unirnos y no descansar hasta lograrlo”, manifestó la mujer en una rueda de prensa en la que recibieron el apoyo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, de la Agrupación Francisco Villa y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No vamos a permitir que el caso quede impune, que la PGR dé carpetazo cuando Enrique Peña Nieto esté por dejar la Presidencia, merecen estar en la cárcel”, agregó.

Luego mencionó el caso del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, de quien aseguró debería estar en la cárcel a consecuencia de lo ocurrido con los estudiantes.

También afirmó que tanto el Ejército Mexicano, como la Policía Federal, ministeriales y agentes municipales, de manera coordinada, son los responsables de la desaparición de los jóvenes y que, hasta ahora, no se les ha sometido a las investigaciones que correspondían para el caso.

Bautista reconoció que difícilmente el actual gobierno va a avanzar en las investigaciones, debido a que “los resultados no les convienen y quedarían evidenciados que fueron ellos los que se los llevaron”.

Igual mencionó que en la gira que llevan a cabo por el país han confirmado que las desapariciones no han cesado en el país, por lo que pidió a los familiares de esas personas a que se unan en una causa común para conformar un frente nacional.

Los padres de los 43 también pidieron que el caso de los normalistas no sea utilizado “de manera oportunista” por los candidatos en los comicios que se realizan este año en el país.

Enseguida recordaron que, ni en los momentos más ríspidos, ninguno de los actuales candidatos presidenciales, incluido Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en respaldo a los normalistas y sus familias. Y que hasta ahora tampoco se han acercado a ellos para ofrecerles que las investigaciones se agotarán para dar con los jóvenes y castigar a los responsables de su desaparición.

Igual, los padres de los normalistas denunciaron que, durante la caravana, que salió de tres distintas partes del país, han sido objeto de hostigamiento por parte de autoridades federales y locales que los mantienen vigilados con patrullas.

Por último, anunciaron que el 17 de marzo las caravanas confluirán en la Ciudad de México donde llevarán a cabo una convención multisectorial.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 22 febrero de 2018.


Querétaro.- Rosaura Martínez Ruiz, ganadora del Premio en Ciencia y Tecnología exigió al Presidente Enrique Peña aclarar la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

La investigadora de la UNAM subió al presidium a recibir su premio de manos del Mandatario vistiendo una playera blanca con la leyenda "Nos faltan 43" en la espalda, y al frente, con letras más pequeñas, la misma frase.

Más tarde, Peña bajó al área de galardonados para platicar con ella.

"Él considera que la investigación está cerrada y que desgraciadamente los 43 estudiantes de Ayotzinapa fallecieron", dijo.

Sin embargo, ella le insistió que el Grupo de Expertos mostró irregularidades en la investigación de la PGR, por lo que le demandó que el Estado aclare qué fue lo qué pasó con los alumnos.

"Le comenté que ojalá que antes de irse pueda hacer que el Estado aclare todas las irregularidades que el Grupo de Expertos ha denunciado en la investigación", agregó.

Rosaura ganó el premio por su trabajo: "Teoría psicoanalítica, eje central para la filosofía política del siglo 20 y 21", y junto con otros investigadores pronto publicarán un libro sobre la visión filosófica de la desaparición de los 43.

Reforma
Querétaro, Querétaro
Sábado 13 de enero de 2018.


Una investigación periodística señaló que miembros del Ejército de México que trabajaban para un cártel del narcotráfico estuvieron involucrados en la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Una nueva investigación periodística divulgada el viernes señaló que miembros del Ejército de México que trabajaban para un cártel del narcotráfico estuvieron involucrados en la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes, uno de los crímenes más sonados de los últimos tiempos en el país.

En un adelanto de un libro de próxima aparición, la periodista Anabel Hernández asegura que militares estaban encargados de recuperar heroína por un valor de dos millones de dólares que iba en dos autobuses que fueron tomados por un centenar de estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014.

La periodista se basa en varias entrevistas con un narcotraficante de la ciudad de Iguala, en el empobrecido estado de Guerrero, donde esa noche desaparecieron los 43 estudiantes de magisterio, parte del centenar que llegó a Iguala y tomó los autobuses para llevárselos a una protesta en la Ciudad de México.

"Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército", señaló la periodista citando a su fuente en un adelanto de los primeros capítulos del libro "La verdadera noche de Iguala", publicados en el sitio de Internet Aristegui Noticias.

"En el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas (estudiantes) a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos", señala el relato.

La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió de inmediato ningún comentario sobre la acusación contenida en el adelanto del libro. Tampoco ninguna otra entidad del Gobierno mexicano.

El capo narco, al ser notificado de la pérdida de la heroína, pidió al coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón del Ejército en la zona, que recuperara la droga a como diera lugar, señaló la publicación.

Los narcos de la zona, conocidos como Guerreros Unidos, habrían contado con la complicidad además de policías municipales de Iguala y localidades vecinas, así como policías estatales de Guerrero y federales, según la investigación.

Todas estas corporaciones policíacas, así como miembros del Ejército, han sido llamados a declarar este año, luego de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara serias fallas en la investigación y que a su juicio existían varias instancias de seguridad involucradas en la desaparición de los muchachos.

Sin embargo, la fiscalía federal aún no ha emitido ninguna conclusión sobre el caso y sólo se ha identificado un pequeño fragmento de hueso de uno de los estudiantes.

Reuters
Ciudad de México
Viernes 25 de noviembre de 2016.

Expertos alertaron "del riesgo que supone para la investigación" no poder tomar, por ejemplo, declaración a los militares.

Filtraciones de testimonios, incluso con declaraciones falsas, y fragmentaciones del expediente en el seno de la Fiscalía mexicana, así como el amparo de 22 policías de Iguala implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa obstaculizan el avance de las investigaciones, alertó hoy la CIDH.

Ello ante una Fiscalía general que insiste en realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y que sigue negando a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistar a los militares del 27 batallón, señalaron en rueda de prensa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei).

La experta guatemalteca Claudia Paz señaló que la filtración de declaraciones "genera confusión" y advirtió que son "informaciones no contrastadas" que en ocasiones "no responden a la verdad de lo que se dijo".

Además, tal y como agregó la colombiana Ángela Buitrago, también miembro del grupo, se "han modificado o cambiado versiones" de las que ellos tienen constancia.

Algo que podría deberse a una manipulación de la información filtrada o a que, debido a la fragmentación del caso en distintas dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), existan declaraciones distintas y contempladas en otros expedientes, explicó.

Señaló que existe una "desatención" en el caso Iguala por una fragmentación interna del expediente de, al menos, 12 averiguaciones previas a cargo de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (Seido), cuando la investigación del caso está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Ello "ha supuesto la práctica imposibilidad de acceder a informaciones relevantes", denunciaron los expertos desde la Ciudad de México.

Entre otros elementos que impiden el correcto estudio, el Giei -quien colabora con la PGR desde octubre de 2015 tras la creación de una unidad especial para el caso- alertó de la aceptación parcial de un recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados de participar en la tragedia.

"Este es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso debido a las deficiencias en la investigación", señaló el colombiano Alejandro Valencia, quien reiteró a la fiscalía sobre la necesidad de aportar nuevas pruebas para "fortalecer las consignaciones".

Aunado a ello, el Giei reiteró su petición de entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, presentes en varios escenarios del suceso.

Los expertos alertaron "del riesgo que supone para la investigación" no poder tomar declaración a los militares y advirtió también que la Fiscalía no les ha entregado "los originales de material fotográfico y de vídeo tomados" por el 27 Batallón en la noche de los hechos.

Aunado a ello, en un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el Giei concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, tal y como sustenta la fiscalía en su cuestionada versión oficial.

Posteriormente, afirmaron que nuevas evidencias fotográficas e imágenes satelitales descartaban la presencia de un incendio en esta zona de Guerrero, y a esta afirmación se le sumó un peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentado este mes, que niega evidencias científicas y biológicas de que los 43 jóvenes fueran incinerados en Cocula.

Por ello, hoy el Giei dijo que no consideraba "necesario" el nuevo peritaje encargado por la fiscalía.

Buitrago recordó que el basurero de Cocula solamente lo citan cinco de los presuntos inculpados, mientras que hay once responsables que hablan de "sitios diferentes y lejanos" al mismo.

Todo ello, desde la fragmentación del expediente, la falta de acceso a declaraciones de testimonios tan relevantes como el de Gildardo López Astudillo "el Gil", presunto autor material de la desaparición, o la insistencia de un nuevo peritaje de Cocula, lleva a la creación de "nuevas versiones", señalaron los expertos.

Entre ellas que fueron 17 los normalistas -u otras cifras- incinerados en el basurero, lo que añade más incertidumbre al caso.

En su informe del pasado septiembre, el Giei pidió continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.

Entre ellos informaron de un quinto autobús tomado por los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y que se cree estaba cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.

El Giei informó hoy que la PGR solicitó el 15 de febrero a su petición asistencia técnica para investigar un caso judicial anterior sobre tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.

"Para nosotros es fundamental contar con la información que se realiza por la Fiscalía de Chicago", sostuvo Paz.

En la rueda de prensa, el Giei también reconoció avances en la investigación y valoró positivamente el reinicio de la búsqueda de los 43 desaparecidos en diversos lugares de Iguala y Cocula en el marco de esta unidad especial creada por la PGR y en la que colaboran junto con el EAAF y la Policía Federal.

El Giei dijo esperar que se "superen los obstáculos señalados" y se logre combatir la impunidad en el país, que acumula más de 26.000 desaparecidos desde 2007.

El grupo fue creado "como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla", zanjó el experto español Carlos Beristain.

EFE
Ciudad de México
Domingo 21 de febrero de 2016.

Ciudad de México.- Al cumplirse este sábado un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorto al gobierno federal a dar respuesta puntual a los planteamientos que presentaron los padres de los estudiantes, sus representantes y diversas organizaciones sociales, al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 24 de septiembre.

En un comunicado, dijo que la voluntad política expresada a favor de la verdad y de la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación.

Sería pertinente efectuar una revisión integral del expediente integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), a efecto de detectar omisiones o irregularidades que en todo caso tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho, puntualizó.

Consideró necesario impedir el uso político de los hechos de Iguala y evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los mismos y que contamine las pesquisas. “Nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con las víctimas y con la memoria de aquellos que perdieron la vida, nos impone asumir lo anterior como una premisa”, expuso.

La CNDH estimó también que es momento de dejar de lado descalificaciones y sumar esfuerzos para avanzar en la realización de la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere.

Para ello, es preciso que se continúen atendiendo las observaciones contenidas en el documento denominado “Estado de la Investigación del Caso iguala”, que presentó en julio pasado, y se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Resaltó que el esclarecimiento de este caso sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos. Los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propician la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes.

También expuso que es necesario dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas que para el mejor trámite de la misma se tomen, las cuales, en modo alguno deben ocasionar dilación o afectar el debido curso de la misma.

La comisión reiteró su apoyo a las víctimas y se solidarizó con las preocupaciones que han expresados diversas organizaciones sociales y sectores de la sociedad sobre la falta de esclarecimiento de los hechos.

La Jornada
Ciudad de Mexico
Sábado 26 de septiembre de 2015.

Los fiscales de la PGR le hicieron 40 preguntas al ex Gobernador Ángel Aguirre sobre los sucesos de Iguala.

A casi un año de los hechos ocurridos en Iguala, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró ante la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus vínculos con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de esa ciudad.

De acuerdo con funcionarios federales y allegados, el ex Mandatario se presentó en calidad de testigo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el pasado 27 de agosto.

Los fiscales prepararon un cuestionario de 40 preguntas relacionadas principalmente con los hechos del 26 de septiembre del año pasado, cuando los estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala.

Según lo informado, a Aguirre le cuestionaron cómo y a qué hora se enteró de lo que estaba ocurriendo en Iguala aquel día, quién le informó de los hechos, cuáles fueron las instrucciones que giró y a quiénes, tras conocer los acontecimientos.

El presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, declaró a la PGR que en el 2010 su organización criminal financió la campaña a gobernador de Aguirre, a través de Pineda Villa, la esposa de Abarca. Incluso, habla de una supuesta relación sentimental de Aguirre con Pineda.

Los datos proporcionados refieren que estos señalamientos fueron materia del interrogatorio al ex Gobernador, a quien le preguntaron desde cuándo conocía a Pineda y el tipo de vínculo que tenía con ella.

Los funcionarios de la PGR consultados precisaron que Aguirre rindió su testimonio únicamente por el caso de los 43 normalistas y no por el caso de los presuntos desvíos por los que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera y que tienen en la cárcel a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero.

La PGR asumió la investigación del caso Iguala 10 días después del ataque a los normalistas, lo que implica que tardó casi 11 meses en tomarle su declaración ministerial.

Una de las primeras declaraciones públicas que hizo el ex Gobernador, tras la desaparición de los estudiantes, fue para descartar que los cuerpos hallados en 10 fosas, a principios de octubre, correspondieran a los jóvenes.

La manifestación tuvo una respuesta del entonces Procurador Jesús Murillo Karam, quien dijo que no podían descartar nada en ese momento porque las investigaciones no habían terminado.

Después de casi un mes de protestas, Aguirre pidió licencia como Gobernador, misma que fue aprobada el 25 de octubre por el Congreso de Guerrero. Desde entonces, no ha tenido apariciones públicas.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 23 de septiembre de 2015.

Juan Villoro

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones

¿De qué manera circula la verdad? En las sociedades autoritarias anteriores a Internet había que ir al extranjero para saber lo que pasaba. Durante décadas las noticias sobre el franquismo circularon mejor en Francia que en España.

Terreno de las paradojas, México cuenta con numerosas instituciones para indagar sucesos, pero suelen pactar con el secreto. Casi siempre, los hechos se conocen a través de los evanescentes recursos del rumor. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, es un ejemplo de laboratorio sobre las dificultades para acceder a la verdad.

Ignorar lo que pasó es grave; aún más grave es que la indagación haya sido sustituida por hipótesis incomprobables. El procurador Jesús Murillo Karam, responsable de la investigación, presentó una tesis inverificable que llamó “verdad histórica”. De acuerdo con su suposición, los estudiantes habrían sido llevados por miembros del crimen organizado al basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero, para ser cremados a la intemperie. Varios expertos consideraron imposible calcinar tantos cuerpos en esas condiciones y el gobierno respondió con evasivas: el presidente Peña Nieto invitó a “pasar la página” y el procurador hizo la más célebre de sus declaraciones, que dio lugar a un instantáneo hashtag: “Ya me cansé”.

En febrero de 2015, Murillo Karam dejó su cargo para asumir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (teatro de ambivalencias, México cuenta con un ministerio donde lo “territorial” se distingue de lo rural y lo citadino: el limbo para un creador de simulacros).

El 6 de septiembre asistí a la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. A las 11 de la mañana, en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los padres de los desaparecidos gritaron la consigna: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”. Luego se hizo un silencio reverente. La campana de una iglesia sonó a lo lejos, pero la revelación del domingo no tenía que ver con el misterio de la fe, sino con algo más esquivo: la verdad.

Me concentro en un solo punto del informe: las noticias de la lumbre. La hipótesis de que los cuerpos ardieron en una pira al aire libre fue analizada por José Torero, especialista en Seguridad de Fuego de origen peruano, doctorado en Berkeley, quien ha enseñado en la Universidad de Edimburgo y actualmente trabaja en la de Queensland, Australia. De acuerdo con su peritaje, para calcinar 43 cuerpos en un claro habrían sido necesarios más de 30.000 kilogramos de madera y más de 13.000 kilogramos de neumáticos. La hoguera debería haber durado al menos 60 horas, con llamas de siete metros de altura y un penacho de humo de 300 metros, incidente difícil de ocultar a los habitantes de la zona. Tomando en cuenta los vientos y la proximidad del bosque, se habría provocado un incendio forestal. Las plantas en derredor deberían mostrar marcadas deformaciones. Nada de eso ocurrió: “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo el relator de los hechos.

Los exiguos restos de los que hasta ahora se dispone (enviados a expertos forenses de Austria) son el saldo de una cremación. Si todos los cuerpos corrieron ese destino, la clave está en hornos crematorios de funerarias, hospitales o el ejército.

Quien habla en nombre de la “verdad histórica” pretende cancelar otras explicaciones. A un año de los hechos, una comisión independiente ofrece el estudio que la Procuraduría no quiso hacer.

Lo que el Gobierno calló, lo ha dicho el fuego.

El País
Juan Villoro
Ciudad de México
Viernes 11 de septiembre de 2015.

Fiscalía de Guerrero: se informó a PGR sobre quinto autobús

Los expertos nombrados por la OEA para revisar la investigación del caso Ayotzinapa sostienen que el negocio de la heroína podría estar detrás del ataque a los 43 estudiantes. En uno de los cinco autobuses de los que se apropiaron los jóvenes para desplazarse a una manifestación en México DF podría haber ido oculto un alijo sin que los jóvenes fueran conscientes.

"Según las informaciones recogidas", dice el informe de los expertos, "Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de autobuses que esconden la droga camuflada".

La conjetura, que los especialistas consideran "la más consistente", sería que sin percatarse los estudiantes se llevaron un cargamento escondido en uno de los buses y los narcos emprendieron un ataque feroz a los cinco autobuses para recuperarlo. "El negocio que se mueve en Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque", plantean.

Ninguna otra de las hipótesis, consideran los especialistas, explica "el modus operandi ni el nivel de coordinación y violencia". La explicación del Gobierno, basada en la confesión de los detenidos, es que los sicarios de la banda Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de la banda rival de Los Rojos. En los medios también han trascendido conjeturas como que el ataque se debió a la tradición de activismo político de los alumnos de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos y cuna en los años sesenta de guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, u otra similar: que el alcalde de Iguala José Luis Abarca había sido hostigado por los estudiantes de Ayotzinapa y se cobró venganza.

Los expertos de la OEA creen que se debe investigar en detalle la pista de la heroína. "Es un aspecto que no ha sido suficientemente considerado". "Algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y dinero entre Iguala y Chicago". Las montañas de Guerrero son desde hace medio siglo un centro de cultivo de amapola, actualmente el mayor de México. La heroína es una droga al alza en Estados Unidos y, en correspondencia, de creciente importancia para los narcotraficantes mexicanos. Iguala es un enclave importante.

Las pesquisas del grupo de investigadores indican que el autobús que podría haber transportado droga es, "específicamente", uno que no se mencionaba en el expediente de la Fiscalía. En la documentación oficial sólo se aludía a cuatro autobuses en el relato de los hechos, pero hubo un quinto que se omitió hasta que los especialistas detectaron su existencia y preguntaron por él a las autoridades. La respuesta fue que sí había un quinto vehículo pero no había sido objeto de ataques sino "inutilizado" por los estudiantes. Los investigadores solicitaron verlo. Cuando se lo mostraron, y contando los expertos con imágenes del quinto bus en la noche del crimen, no pudieron certificar que ese vehículo fuese el mismo que el que captaron cámaras de vigilancia. "Dicho autobús es un elemento central del caso", reiteran en su informe.

Fiscalía de Guerrero: se informó a PGR sobre quinto autobús

Asegura el fiscal Miguel Ángel Godínez que envió un expediente con información sobre el vehículo tomado por normalistas, y que dio a conocer el grupo de expertos de la CIDH

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Angel Godínez Muñoz, dio a conocer que su dependencia sí dio a conocer a la PGR, sobre la existencia de un quinto autobús, que tomaron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sin saber que supuestamente estaba cargado de droga o contenía dinero de un grupo delincuencial que opera en Iguala.

Agregó que la FGE a su cargo, envió un expediente a la PGR, que contenía la información sobre ese quinto autobús de la empresa Estrella Roja, que según el 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los hechos violentos en Iguala, tomaron los normalistas de Ayotzinapa, sin saber que era utilizado por un grupo delincuencial para transportar droga o dinero en efectivo.

El fiscal se negó a proporcionar más información sobre el contenido de las investigaciones que fueron plasmadas en el documento que enviaron a la PGR, porque alegó que el caso de ese quinto autobús, lo lleva la dependencia federal y cuya existencia la dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, en su informe sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que científicamente demostró que no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

También se negó a dar su opinión en torno al informe que dio a conocer el GIEI de la CIDH, por tratarse de algo sumamente delicado y se limitó a sostener que la FGE a su cargo, sí envió ese informe a la PGR sobre la existencia de ese quinto autobús.

El País
El Universal
Pablo de Llano y
Juan Cervantes, Corresponsal.
Martes 8 de septiembre de 2015.

El grupo de expertos independientes acusaron que las autoridades han dificultado que realicen entrevistas a elementos del Ejército.

A mes y medio de que un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaran una investigación independiente sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, este lunes 11 de mayo acusaron que las autoridades mexicanas ha obstaculizado las entrevistas a miembros del Ejército mexicano para conocer y contrastar su participación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasado.

En conferencia de prensa, integrantes del grupo interdisciplinar de expertos independientes informó que continúa gestionando las entrevistas con el personal militar de Batallón 27. “Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través dela PGR, posteriormente se informó que esto no era posible a través de la Procuraduría, y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa”, indicaron.

Carlos Beristain, integrantes del grupo, informó que entrevistará a María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a final de este mes, toda vez que su testimonio aportará elementos para continuar con la búsqueda de la “verdad histórica”.

Claudia Paz, integrante del GEI exhortó a las autoridades mexicanas a investigar los delitos de desaparición forzada, no de secuestro, pero también otros como la tortura, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; así como uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.

Entre las recomendaciones de los expertos para continuar con la investigación está “evitar la fragmentación de la investigación”, toda vez que existe “una dispersión tato de los procesos de la consignación de presuntos responsables con el caso”, por lo que sugieren que se unifique la investigación para que no se pierda una visión integral de los hechos.

Animal Político
Nayeli Roldán
(@nayaroldan
Ciudad de México
Lunes, 11 de mayo de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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