La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitó al Congreso local la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano.

El subcontralor de la casa de estudios, José Ubaldo Ramírez, dijo que este jueves entregarían al Legislativo estatal la denuncia formal contra el auditor, donde se hace una relatoría de las irregularidades en las que incurrió al pretender auditar los recursos del ejercicio 2019 de la BUAP, que en su mayoría son de origen federal.

Ello, luego de que la casa de estudios pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realizara la revisión, además de que se negó a entregar documentos a la ASE, que desde diciembre inició una visita domiciliaria para dar comienzo a una auditoría “preventiva” de 2019, cuando el ejercicio fiscal aún no cierra.

Ayer, Romero Serrano notificó que a principios de semana se dio por cerrada la revisión, ya que no se pudo llevar a cabo porque los directivos de la BUAP se negaron a entregar la documentación requerida.

Desde el año pasado, la rectoría de la BUAP, a cargo de Alfonso Esparza Ortiz, y el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa, han estado confrontados.

En octubre, en el marco de una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta entidad, la BUAP publicó un desplegado en el que acusó una campaña de hostigamiento en su contra por parte del gobierno estatal.

Proceso
Gabriela Hernández
Puebla, México
Viernes 24 de enero de 2020.


La Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió un centenar de denuncias de actos de corrupción que pesan sobre los gobiernos del PAN que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, principalmente por compras que se soportaron en facturas apócrifas.

El nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, anunció una auditoría especial de ambas gestiones y de constatar las irregularidades propondrá al Congreso de Puebla la imposición de sanciones contra los funcionarios responsables, aunque ya no formen parte de la administración pública estatal.  

En entrevista, explicó que existe un periodo de prescripción de cinco años, por lo que todavía son sancionables conductas cometidas a partir de 2015.

El responsable de la fiscalización de recursos públicos en el estado abundó que la ASE también revisará el costo de la infraestructura detonada por los gobiernos albiazules bajo el esquema de proyectos para la prestación de servicios, para verificar si se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables.

De acuerdo con el auditor, en la mira se encuentra el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas Audi y el Centro Integral de Servicios que se erigió en la zona de Angelópolis.

Remueven a 20 aviadores de la ASE

A tres semanas de rendir protesta de cargo, Francisco Romero Serrano dio a conocer que encontró 20 aviadores en la estructura administrativa de la ASE que le heredó su antecesor en el cargo, David Villanueva Lomelí.

Detalló que los trabajadores se encontraban asignados a áreas para las cuales carecían de perfil, por lo que ordenó su cese.

La existencia de aviadores la adelantó Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, en entrevista el 22 de noviembre pasado.

La representante popular, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el chofer de Villanueva Lomelí se encontraría entre ellos, según versiones extraoficiales.

David Villanueva dejó el órgano fiscalizador del estado el 30 de abril pasado para rendir protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posición en la que se mantendrá hasta 2023.

Encabezó la ASE desde 2011 y en los ocho años que estuvo en el cargo enfrentó acusaciones de la oposición de proteger a los gobiernos del PAN en la fiscalización de recursos públicos.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 diciembre 2019.


El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impugnará el nombramiento de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el período 2019-2026, porque además de ser cercano al gobernador Miguel Barbosa Huerta, no alcanzó la mayoría calificada que dicta la Constitución de Puebla para ocupar el cargo.

En rueda de prensa, los dirigentes y diputados locales albiazules afirmaron que analizarán las vías legales para anular la designación del nuevo auditor, a quien se tomó protesta la misma noche de ayer, luego de que obtuvo 27 votos de los 41 diputados que integran el Congreso local.

De acuerdo con la líder de la fracción panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Morena impuso a Romero Serrano pese a que la votación que alcanzó representa el 65.85% de la composición del Congreso local, y como mínimo debió haber logrado 28 votos para tener las dos terceras partes.

Por su parte, el diputado Oswaldo Jiménez López refirió que entre los votos que obtuvo Romero Serrano se tomó en cuenta a los diputados Guadalupe Muciño Muñoz, del Partido del Trabajo (PT), así como Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodríguez Sandoval, de Morena, quienes estaban impedidos para participar en la votación por conflicto de intereses.

El empresario, dijo, registró su aspiración a ocupar el cargo de auditor superior del estado precisamente con cartas de apoyo de esos tres legisladores, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso local debieron haberse abstenido en la votación.

Sin los votos de esos legisladores, que tendrían que anularse, Romero Serrano apenas habría alcanzado 24, muy por debajo de la mayoría calificada, puntualizó.

En tanto, el secretario general del PAN, Francisco Fraile, criticó que se designara como auditor a un “cuate” del gobernador.

En la sesión de ayer, José Juan Espinosa, del PT, recordó que Romero Serrano participó en apoyo de Miguel Barbosa Huerta en las campañas de 2018 y 2019, además de que contendió en un proceso interno de Morena para buscar la candidatura a diputado federal.

En un comunicado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, también calificó de ilegal la elección de Romero Serrano. “Morena de nueva cuenta violó la ley y sus diputados pasaron por encima de la Constitución del estado, que claramente expone que este nombramiento requiere una mayoría calificada”, aseguró.

“…con total descaro y siguiendo el ejemplo nacional del Senado, abusando del poder, Morena se impuso para conseguir su objetivo de acaparar, dominar y dar un nuevo golpe a las instituciones del país y a sus órganos autónomos”, agregó el panista al equiparar ese hecho con la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“El nombramiento del titular de la Auditoría contraviene lo dispuesto en la Constitución local y viola una vez más el proceso de aprobar el nombramiento de un organismo autónomo con la debida mayoría calificada.

“A un año del gobierno de Morena, comprobamos una y otra vez que no les interesa cuidar al país, sus instituciones y la ley, sino todo lo contrario, solamente están buscando controlarlo todo, velando por sus intereses y los de sus afiliados, y tratan de replicar un modelo que termine con la independencia y autonomía de organismos que le dan equilibrio al poder”, soltó.

Por su lado, Barbosa rechazó que tuviera algo que ver con el nombramiento de Romero Serrano. “No sé a qué se refieren con eso, ya tiene mucho tiempo que no hablo con Francisco Romero. Esta dinámica se dio en el Congreso local y no tengo más que opinar, respeto los procedimientos del Congreso local. Acción Nacional está dedicado a querer boicotear todos los procedimientos que se hacen a nivel público”, expresó el mandatario poblano.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 28 noviembre 2019.


El Congreso local con mayoría de Morena perfila al empresario Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pese a su cercanía con el gobernador Luis Miguel Barbosa.


La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) acordó este martes la terna de los aspirantes a ocupar la ASE, integrada por Romero Serrano, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.

Desde hace semanas los legisladores señalan como favorito a Romero Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), quien forma parte del padrón de auditores externos del órgano que pretende presidir.

Corina Ramírez, exasperante, denunció que el proceso para elegir al auditor favorece a Romero Serrano, quien colaboró activamente en la campaña de Barbosa Huerta, por lo que se convertiría en un auditor “carnal” y, por tanto, no garantizaría el profesionalismo e independencia que reclama el cargo.

De igual manera, recordó que durante las campañas para la gubernatura de 2018 y 2019, Romero Serrano organizó reuniones con empresarios para que Barbosa Huerta promocionara su candidatura.

El empresario presentó su registro como candidato a auditor con cartas de los diputados locales Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, de Movimiento Ciudadano, y de Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodríguez Sandoval, ambos de Morena.

Otra de las críticas que hizo Ramírez es que quien se perfila para ocupar la titularidad de la ASE está enlistado en el padrón de despachos de auditores externos, lo que representaría un conflicto de intereses.

Máxime porque –explicó– la Comisión Inspectora del propio Congreso local acordó recientemente solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que practique una revisión a las actuaciones de la ASE, por las inconsistencias que presentan sus informes en el período morenovallista, cuando el órgano estatal estuvo a cargo de David Villanueva Lomelí.

De 2011 a 2018, la ASE de Puebla sólo auditó menos de 30% de las obras realizadas durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y fue señalada de actuar más bien como “garrote político” contra los alcaldes poblanos.

La propia ASF ha ubicado a la Autoría poblana como la peor evaluada del país, dado que es a la que más observaciones hizo sobre su trabajo. Esto estaría relacionado con el hecho de que desde hace siete años el 100% de las auditorías son ejecutadas precisamente por los despachos de auditores externos.

De acuerdo con reportes publicados por la ASE, de 2014 a 2018 se realizaron 1 mil 534 auditorías a los entes públicos de Puebla, y el 100% de éstas fueron practicadas por despachos externos, que reciben un pago por sus servicios de parte de los propios ayuntamientos que auditan.

Fuentes del Congreso señalaron que esta forma de trabajar, instaurada desde el gobierno de Moreno Valle, ha generado que la fiscalización de recursos a los municipios de Puebla se convierta en un negocio para muchos de esos despachos.

De hecho, el otro aspirante a la ASE, Salvador Sánchez Ruanova, está en el padrón de auditores externos, en tanto que el tercero, Juan Carlos Díaz Carranza, ha sido cuestionado por su residencia en Puebla, dado que ocupa una notaría en Oaxaca.

El pasado miércoles 6, la mayoría legislativa de Morena fue acusada de recurrir a las mismas prácticas que criticó a Moreno Valle, al designar a José Félix Cerezo Vélez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el candidato peor evaluado durante su comparecencia, pero cercano al gobernador.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 26 noviembre 2019.


La Comisión Inspectora detectó en la Auditoría Superior del Estado (ASE), durante el periodo de David Villanueva Lomelí, una incorrecta fiscalización de los recursos públicos, ya que incumplió de manera sistemática con el porcentaje de muestreo mínimo en las revisiones, dejando sin auditar miles de millones de pesos.

Lo anterior consta en un estudio que elaboró la Comisión Inspectora, la cual propuso al Congreso de Puebla la aprobación de un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie una revisión integral de la actuación de la ASE en el periodo de 2011 a 2019, correspondiente al mandato de Villanueva.

En entrevista, Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente del órgano legislativo, aseguró que una auditoría de la ASF comprobaría las inconsistencias detectadas y tendría que derivar en la imposición de sanciones contra los responsables, entre quienes podría encontrarse su extitular, aunque éste dejó el cargo en abril pasado.

David Villanueva encabezó el órgano fiscalizador del estado durante los gobiernos del PAN y dejó el cargo en abril para incorporarse a la Cámara de Diputados como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

El exhorto que aprobó la Comisión Inspectora para solicitar la auditoría integral se turnó al pleno del Congreso para que autorice,en sesión pública, el envío del documento a la Auditoría Superior de la Federación.

No hubo control sobre la autoridad

El estudio que elaboró la Comisión Inspectora señaló que existe poca efectividad en las funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos hacia las dependencias estatales, paraestatales, ayuntamientos y paramunicipales, e inclusive de los titulares del Poder Ejecutivo de los años recientes, en alusión a las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

Responsabiliza de los errores y deficiencias al quien fue titular de la ASE entre 2011 y 2019, a los auditores especiales y a los integrantes de la estructura de fiscalización denominados auditores externos.

Sobre los auditores externos se añade que los recursos que destinan las administraciones estatales y municipales a su contratación es mayor al presupuesto anual de la ASE, pese a que no les ayuda a arrojar mejores resultados.

En el documento también se critica que el proceso de fiscalización en muchas ocasiones abarca más de una década de trabajos de los servidores públicos de las distintas áreas de la auditoría y, por regla general, termina sin recuperar ni resarcir los recursos que han sido mal aplicados, desviados, e incluso sustraídos del erario.

“Es una generalidad que cada involucrado (en una auditoría) lo que obtiene es ser absuelto por la misma, con la consecuente aprobación, en ocasiones en tiempos récord y totalmente irreales, de las cuentas públicas, sobre todo en el caso del ayuntamiento de la capital, y del Poder Ejecutivo y sus dependencias”, se señala.

Sobre el porcentaje de muestreo mínimo en las revisiones, Olga Lucía Romero explicó que los lineamientos establecen la obligación de auditar más de 70 por ciento de las obras públicas, cuando lo máximo que cumplió la ASE fue 30 por ciento.

Además, consideró alarmante que los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades se han resuelto sin contar con la documentación y evidencias suficientes que soporten las irregularidades detectadas, y cuando se propone la aprobación de cuentas públicas tampoco se tienen pruebas de que los sujetos obligados subsanaron las observaciones.

La Comisión Inspectora concluyó que “ésta evidente falta de transparencia y de actuar oportuno no se le puede permitir a un ente fiscalizador ni a ninguna dependencia de carácter público”.

La Jornada
de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Viernes 15 de noviembre 2019.


Los imputados deberán solventar las observaciones para evitar un proceso administrativo

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en 136 cuentas públicas de 2017 correspondientes a ayuntamientos, organismos y universidades, cuyos titulares deberán aclararlas para evitar procesos administrativos y sanciones.

Los informes de fiscalización de cada cuenta pública fueron aprobados por el Congreso del estado en la sesión ordinaria del pleno de este miércoles.

Por mayoría, con abstenciones del PRI y PAN en la votación, se validaron los informes cuatro meses después de que los envió la ASE, pues llegaron desde mayo y la Comisión Inspectora no les había dado trámite.

Con la aprobación, los sujetos obligados podrán comenzar a aclarar las anomalías en el ejercicio de recursos públicos reportadas por el organismo.

Entre los ayuntamientos con observaciones se encuentran Acatlán, Chietla, Cuautlancingo, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Nopalucan, Oriental, Pahuatlán, Quecholac, Pantepec, San Nicolás de los Ranchos y Santa Isabel Cholula.

También Tepeaca, Tepexi, Tlaola, Tlatlauquitepec, Tochimilco, Tulcingo, Vicente Guerrero, Xicotepec, Xochiltepec, Yehualtepec y Zacapoaxtla.

En cuanto a los organismos estatales con observaciones se encuentran el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Itaipue), aunque ambos solventaron la mayoría de sus observaciones antes de que se concluyera el informe de fiscalización.

El Instituto Poblano de las Mujeres y el Instituto de la Juventud fueron objeto de observaciones, el Instituto de Administración Pública del Estado, así como los institutos tecnológicos de Huauchinango, Sierra Norte, Ajalpan y Libres.

Legan iniciativas de Barbosa

En otro punto de la sesión ingresaron dos iniciativas del gobernador Miguel Barbosa Huerta, para reformar el decreto de creación de Ciudad Modelo y para pasar el Servicio Médico Forense a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera contempla retirar al organismo público descentralizado (OPD) la facultad de administrar los servicios públicos y se la devolverá a los cinco municipios en que se encuentra.

Con ella se busca suprimir los artículos que se consideran violatorios de la autonomía municipal de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec.

Con la otra se pretende retirar el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y adherirlo gradualmente a la FGE.

Los proyectos de ley no se leyeron y únicamente se turnaron a comisiones para su análisis y posterior aprobación.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 18 de septiembre de 2019.


•    Moreno Valle saqueó Puebla sin límites; se desconoce el endeudamiento real del estado


•    El 100 % de proyectos de infraestructura realizados de 2011 a 2018 serán auditados por la Auditoría Superior del Estado (ASE)

La Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciará auditorías a las obras de infraestructura ejecutadas por los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

A petición de la Comisión Inspectora del Congreso del estado, se examinará el 100 por ciento de los proyectos llevados a cabo por el gobierno estatal en los años de 2011 a 2018.

En sesión de la Inspectora se aprobó este jueves por unanimidad (seis votos) un punto de acuerdo para abrir las auditorías y el organismo se comprometió a darle cumplimiento.

Alberto Segovia Blumenkron, encargado de despacho de la ASE, se dijo comprometido a “hacer lo conducente” para dar cumplimiento a la solicitud de los diputados.

“(…) esperamos el acuerdo fundado y motivado para realizar lo conducente”, fue lo único que expresó el titular interino del organismo, quien sustituyó el pasado 6 de mayo al exauditor David Villanueva Lomelí.

Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la Inspectora, señaló en su intervención que el motivo de las auditorías es para “tener claridad” de la realización de obras y uso de recursos públicos.

Agregó que han recibido “diversos ocursos ciudadanos” en los que se denuncian anomalías en las obras de los exmandatarios.

En campaña, los diputados de Morena, PT y PES denunciaron que los proyectos de infraestructura de los gobiernos panistas se caracterizaron por la corrupción, sobrecostos y deficiente calidad.

La revisión a las obras es adicional a la reapertura de cuentas públicas de ambos exgobernadores, que aprobaron los diputados desde el año pasado.

Van por “elefantes blancos”

Romero Garci Crespo anunció que las auditorías son para conocer todo lo referente a las obras consideradas como “elefantes blancos” de la administración morenovallista.

El Museo Internacional del Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS), las ciclopistas y la Estrella de Puebla son algunas de las que dijo que podrían estar plagadas de corrupción.

En rueda prensa al concluir la sesión de la Inspectora, la diputada de Morena afirmó que también se revisarán los Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSAs), los hospitales y hasta las obras que contaron con recursos federales, como el segundo piso de la autopista México-Puebla.

La representante del distrito 24 de Tehuacán sostuvo que las auditorías incluirán el proceso de licitación, la adjudicación de contratos, la construcción y las evaluaciones que el gobierno estatal debió hacer al concluirse las obras.

Aunque no mencionó las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA); el Teleférico; los museos de La Constancia; el Tren Turístico; la remodelación del Estadio Cuauhtémoc; los puentes vehiculares; las ciclopistas elevadas o la plataforma de la armadora de Audi, también son obras que han sido cuestionadas por su costo excesivo, así como por la reserva de los contratos y su costo real.

Por lo anterior Romero Garci Crespo afirmó que con las auditorías también se busca conocer la “deuda oculta” que se ha denunciado que existe gracias a que varias obras se financiaron bajo la modalidad de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y por Asociación Público-Privada (APP).

Al no considerarse estos formatos como pasivos del estado, sino como “obligaciones financieras”, denunció que se desconoce el endeudamiento real del estado.

Villanueva perdonó auditorías

La presidenta de la Inspectora acusó además que el extitular de la ASE, David Villanueva Lomelí, no auditó por lo menos el 40 por ciento de las obras de Moreno Valle y Gali Fayad con el argumento de que la ley permite no hacerlo cuando se trata de entes con “una gran carga” de expedientes por revisar.

Sin precisar en qué ley se fundó para justificar la falta de auditorías, sostuvo que también se revisará si fue legal la actuación del exauditor, que ahora encabeza la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.

De hallarse anomalías en la conducción de la ASE, afirmó que se procederá por la vía legal, igual que en lo que respecta a las obras del gobierno estatal, aunque no calculó cuánto tiempo tardarán las auditorías.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Jueves 25 de julio de 2019.


Un diputado, ediles ligados al crimen y uno asesinado, entre los imputados


El Congreso de Puebla sometería a proceso a 37 exalcaldes por supuestas anomalías en sus cuentas públicas 2016, entre ellos a los de San Pedro Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Ajalpan.

La Comisión Inspectora recibió en su sesión de este jueves 58 informes de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien detectó irregularidades en 37.

Es así que propuso a los diputados que sean aprobados 21 y que en el resto se impongan Inicios de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr).

De forma unánime (seis votos), la comisión que preside Olga Lucía Romero Garci Crespo, de Morena, aprobó iniciar las investigaciones y turnó el dictamen al pleno para que sea avalado en la sesión ordinaria del miércoles.

Los procesados

Entre los sujetos obligados que serían sometidos a procedimiento destaca el diputado local del PT (que milita en Morena), José Juan Espinosa Torres, a quien se le imputa un quebranto de 18 millones de pesos en su tercer año como alcalde de San Pedro Cholula.

Este será el segundo Ipadr que enfrentará, ya que apenas el 15 de marzo le fue abierto uno por un supuesto daño patrimonial de 33 millones de pesos en el 2015.

La medida será aplicada apenas unos días después de que fue destituido de la presidencia de la Mesa Directiva, expulsado de todas las comisiones en las que participaba y de la coordinación parlamentaria del Partido del Trabajo (PT).

Por la tarde, el ex alcalde negó a través de sus redes sociales que tenga observaciones pendientes de solventar de la cuenta pública 2016 en San Pedro Cholula, por lo que acudirá a tribunales para demostrar que la actuación del Congreso es ilegal.

José Juan Espinosa
@JoseJuanEsp
 Contamos con todos los documentos certificados que demuestran la dictaminación en POSITIVO de la cuenta pública 2016 de @GobiernoCholula, además causaron estado en términos de ley. ¡Basta de mentiras!

También sería procesada la priísta Ernestina Fernández Méndez, exalcaldesa de Tehuacán que ya ha recibido Ipadr e incluso libró un proceso de revocación de mandato iniciado por la LIX Legislatura, con mayoría panista.

A Rafael Núñez Ramírez (del PT) se les investigaría un presunto quebranto a las arcas de San Martín Texmelucan, municipio que dejó de gobernar en junio de 2018 (cuatro meses antes de concluir su gestión) luego de que se le vinculó con el crimen y el estado asumió el control de la seguridad.

Por Chignahuapan se perfila procesar a Enrique Rivera Reyes (del PRI), quien buscó una diputación federal y pidió licencia en enero del año pasado, dejando su cargo a Laureano García Domínguez.

Van por edil difunto y ligados a huachicol

El expresidente municipal de Huehuetlán el Grande asesinado el 2 de agosto del 2016, José Santamaría Zavala, también le sería abierto un procedimiento por anomalías en el ejercicio de recursos.

Lo mismo con Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), exalcalde de Palmar de Bravo aprehendido el 5 de julio del 2017 por supuestos nexos con el robo de combustible y liberado el 10 de octubre del 2018.

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) lo indagarían por sus finanzas como edil de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

A los priístas Gustavo Salomón Lara Torres y Carlos Alejandro Valdez Tenorio se les imputa un quebranto como munícipes de Ajalpan y Acatzingo respectivamente, aunque el segundo ya enfrenta otro procedimiento por su cuenta pública 2015.

Los Ipadr serán aprobados en la sesión del pleno del próximo miércoles, cuando también se dará entrada a 45 recursos de revocación, con los cuales varios funcionarios buscan echar abajo las sanciones que les fueron impuestas por la pasada legislatura.

Las penas son multas e inhabilitaciones por irregularidades detectadas en cuentas públicas que datan desde 2007, es decir, que después de 12 años no han podido acreditar su inocencia.

Niegan “garrote político”

En entrevista al concluir la sesión de la Inspectora, Romero Garci Crespo negó que los procedimientos que se van a iniciar representen un “garrote político”.

Señaló que “en legislaturas pasadas” se solía a usar las cuentas públicas para amedrentar a opositores políticos, pero aseguró que ya no se conduce así la comisión y las investigaciones que se abrirán están apegadas a derecho.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Jueves 27 de junio de 2019.


El ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, inició un litigo por la cuenta pública de 2013, con el que obliga al Congreso estatal y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a emitir el estatus de su procedimiento.

Manifestó que los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la ASE debieron sesionar y emitir un dictamen a partir de las pruebas documentales que entregó, pero mantuvieron su caso sin ningún avance.

Rivera señaló que a través del expediente 553/2017-IV, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil Administrativo de Trabajo y Juicios Federales, ordenó al Poder Legislativo que presente un informe acerca del estado del procedimiento y, en segundo término, lo convoca a una audiencia para el 25 de abril.

Rivera explicó que la autoridad competente no cumplió con el plazo de 30 días que establece el artículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para resolver en definitiva este tipo de casos.

Por eso, dijo, recurrió a la justicia federal, que admitió su juicio de amparo para conocer el estado del análisis de la información contable que presentó.

"Lo que ha indicado la autoridad federal al Congreso y a la Auditoría es que tiene un plazo de 15 días hábiles para acudir ante el juez federal y contestar la demanda de amparo a través de un informe, y el 25 de abril a la audiencia de pruebas y alegatos", explicó Rivera.

"Son ellos (los diputados y la Auditoría) los que se brincaron la ley, son ellos los que tenían 30 días para resolver conforme a la ley y no lo hicieron, vamos a ver qué resuelven, pero, reitero, he solventado absolutamente todo por lo que el congreso debiera darme la razón".

El ex Alcalde advirtió que no se va a quedar callado y reprobó que el Congreso estatal y la ASE usen los tiempos legales a su conveniencia.

El 6 de enero, el Congreso local aprobó el inicio de un procedimiento de responsabilidades en contra del Ex edil por presunto daño patrimonial por 400 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública del 2013.

El 20 de enero, un par de semanas después, se llevó a cabo una audiencia en las instalaciones de la ASE, en la que Rivera entregó documentos para comprobar el destino de los recursos.

Ahora, mencionó Rivera, el Congreso estatal estará obligado a sesionar de manera extraordinaria para avanzar en su caso y resolver, en definitiva, para responder al juzgado federal.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Viernes 17 de marzo de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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