La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitó al Congreso local la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano.

El subcontralor de la casa de estudios, José Ubaldo Ramírez, dijo que este jueves entregarían al Legislativo estatal la denuncia formal contra el auditor, donde se hace una relatoría de las irregularidades en las que incurrió al pretender auditar los recursos del ejercicio 2019 de la BUAP, que en su mayoría son de origen federal.

Ello, luego de que la casa de estudios pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realizara la revisión, además de que se negó a entregar documentos a la ASE, que desde diciembre inició una visita domiciliaria para dar comienzo a una auditoría “preventiva” de 2019, cuando el ejercicio fiscal aún no cierra.

Ayer, Romero Serrano notificó que a principios de semana se dio por cerrada la revisión, ya que no se pudo llevar a cabo porque los directivos de la BUAP se negaron a entregar la documentación requerida.

Desde el año pasado, la rectoría de la BUAP, a cargo de Alfonso Esparza Ortiz, y el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa, han estado confrontados.

En octubre, en el marco de una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta entidad, la BUAP publicó un desplegado en el que acusó una campaña de hostigamiento en su contra por parte del gobierno estatal.

Proceso
Gabriela Hernández
Puebla, México
Viernes 24 de enero de 2020.


La BUAP solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar el procedimiento iniciado por el organismo estatal el pasado 5 de diciembre
 

Al asentar que el derecho a la educación, la autonomía y la legalidad no están sujetos a negociación, como representante legal de la BUAP, el rector Alfonso Esparza declinó la invitación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) para realizar una reunión de trabajo en torno a la revisión que esta instancia inició el pasado 5 de diciembre, pues de aceptarla se convalidaría “un acto que es anticonstitucional y atenta contra la autonomía de esta casa de estudios”.

En rueda de prensa, el subcontralor de la BUAP, José Ubaldo Ramírez, dio lectura al oficio 193/2020 que con fecha 13 de enero envío el rector Alfonso Esparza Ortiz al titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, en el cual estableció lo anterior e informó que, para garantizar una revisión imparcial, profesional y apegada a Derecho, el pasado 17 de diciembre la Universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atraer para sí la revisión de referencia.

En respuesta al oficio de la ASE, fechado el 10 de enero pasado, el rector Alfonso Esparza reiteró la posición del Consejo Universitario: “La BUAP no se opone a ningún proceso relacionado con la rendición de cuentas, siempre se ha encontrado abierta a cualquier procedimiento de revisión y permanentemente ha sido auditada en todos sus recursos por las instancias correspondientes”. Sin embargo, es la primera vez que se violan los derechos de la Universidad plasmados en la Constitución Política del país y en otros ordenamientos legales, ya que la ASE carece de facultades para fiscalizar recursos federales.

En su respuesta, el rector de la BUAP precisó que además de las violaciones formales, “la auditoría preventiva prevista en una ley secundaria local es espuria, susceptible de depuración constitucional”, lo mismo que el propósito de fiscalizar toda la gestión de un ejercicio en tiempo real, pues anula la actividad de los órganos de control y precipita un ejercicio de revisión para el cual la Constitución establece plazos y derechos de los auditados que no deben omitirse.

Tras recordar que la constitución mexicana reconoce plenamente la autonomía de las universidades, garante del derecho a la educación superior, señaló que, si bien las universidades son susceptibles de ser fiscalizadas, ya que reciben recursos públicos, este procedimiento debe llevarse a cabo por la autoridad facultada, siempre y cuando no se atente contra el principio de autonomía universitaria.

“Cuando la autoridad se entromete en lo que no le corresponde, se viola la autonomía. Cuando la fiscalización se utiliza para violar la autonomía, es inconstitucional. Cuando la auditoría del Estado nos audita recursos que no son de su competencia, viola la legalidad y la autonomía”.

En compañía de los consejeros directores Iván Aguilar Enríquez, Luis Ochoa Bilbao y Francisco Tenorio Martínez, de las facultades de Cultura Física, Derecho y Contaduría Pública, respectivamente, el subcontralor Ubaldo Ramírez afirmó que la Institución se conducirá por los cauces legales y no descartó recurrir al amparo contra la inconstitucionalidad de la auditoría preventiva iniciada por la ASE el pasado 5 de diciembre.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Lunes 13 de enero de 2020.


En su informe de labores, la SFP informó que en seis años sólo hizo observaciones por 86.5 millones, mientras que la Auditoría Superior cuestiona el gasto de 9 mil 564 millones



Mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo observaciones y solicitó la devolución de 86.5 millones de pesos de dinero federal enviado a Puebla entre 2013 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuestionó el gasto de 9 mil 564.1 millones de pesos en el mismo periodo.

La cifra que la ASF puso en tela de juicio es hasta 110 veces más alta que la cuestionada por la SFP, que es una dependencia de la administración federal.

Ambas, instancias auditan la aplicación de recursos federales en el país, pero la ASF es un ente autónomo.

En el periodo de análisis que coincide con los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Puebla recibió solo por el Ramo 23 más de 30 mil 375 millones de pesos, por lo que los recursos ubicados por la SFP equivalen al 0.2 por ciento de esa cantidad.

Suma la SFP observaciones por 86.5 mdp

De acuerdo con el primer informe de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SFP -que actualmente dirige Irma Eréndira Sandoval, hizo observaciones en 86.5 millones de pesos entre 2013 y 2018.

De esa cantidad, 68 millones corresponden a reintegros producto de 43 observaciones hechas sobre el manejo de dinero federal, que fue devuelto a la Tesorería de la Federación por el gobierno del estado, pues no pudo justificar su uso.

Otros 2.6 millones de pesos corresponden a presuntas faltas administrativas que fueron ubicadas a través de observaciones al gasto.

Por procedimientos administrativos ya establecidos en contra de funcionarios públicos, la SFP también reclamó 15.9 millones de pesos que tuvieron origen en 34 distintos cuestionamientos.

Adicionalmente, la dependencia aún tiene en análisis 31 observaciones cuyo monto no se revela.

Y la ASF observa más de 9 mil millones

En el mismo periodo, en contaste la ASF cuestionó el destino de 9 mil 564.1 millones de pesos, cifra que es 110 veces más alta que la reportada por la SFP en el primer informe de labores del gobierno lopezobradorista.

Según el desglose de la cantidad observada, 1 mil 103 millones de pesos fueron recuperados por el organismo fiscalizador. Otros 2 mil 765.2 millones fueron aclarados, es decir, el gobierno del estado justificó su destino.

Adicionalmente, la Auditoría ubica como pendiente por justificar el gasto de 5 mil 722.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 59.8 por ciento del total. Esto implica que el gobierno estatal no ha solventado cuatro de cada 10 pesos, en promedio.

La ASF no reportó ninguna cantidad en procedimiento resarcitorio, es decir, que sea objeto de sanciones establecida.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México.
Miércoles 4 de septiembre 2019.


Mientras el juez Jesús Delgadillo Padierna leía los cargos que imputó a Rosrio Robles Berlanga, ex funcionaria federal del Gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó claro que el posible delito cometido por ella fue el de omisión, no el de ser autora material del desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, pero también advirtió que, en consecuencia, hay una red de personas que pueden ser llamadas ya como las orquestadoras de ese presunto desfalco contra el erario público del país.

“Determino emitir el auto de vinculación a proceso contra María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además de un segundo auto de vinculación a proceso más un probable daño al patrimonio del Estado mexicano valorado en 5 mil millones de pesos”. Esas fueron las palabras del Juez Jesús Delgadillo Padierna que dictaron el destino de Rosario Robles Berlanga en la madrugada del pasado martes.

No se le acusó a Robles de orquestar el desvío, sino de dejar que ocurriera o de poner en riesgo el dinero público, lo que abre más interrogantes; una de éstas es: dónde quedó el dinero desviado.

La Fiscalía General de la República (FGR), dijo en las dos audiencias, realizadas el jueves 8 y el lunes 12 de este mes, que tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) operó una estructura organizada para bajar recursos federales a través de convenios con entes públicos, en su mayoría con universidades públicas autónomas.

En el documento de auto de vinculación a proceso quedó asentada esa hipótesis en varios puntos:

“Como se ha expuesto, [Robles Berlanga] no evitó que las personas a su cargo hayan cesado en sus conductas, al contrario, tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; con independencia de que eran personas a su cargo, también se advierte que fueron las mismas personas en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa como oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares”.

En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Sedatu, continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Sedesol, a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esa parte del equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.

En el auto de vinculación se refuerza la idea:

-“[Conducta] Cometida por sí misma o a título de autora material (forma de participación). De manera continua porque con: 1. Unidad de propósito delictivo: Malversación de fondos públicos o darles un destino distinto para el cual se habían otorgado y autorizado por el Congreso de la Unión (combate a la pobreza y reordenamiento del territorio nacional)”.

-“María del Rosario como titular de dos Secretarías de Estado, debió informar a su superior, o bien, evitar que continuara la celebración de convenios. La conducta esperada, deriva de la obligación que tuvo por su encargo de administrar los recursos con honradez para cumplir los objetivos a que estaban destinados. En la Secretaría de Desarrollo Social para destinarlos al combate a la pobreza y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el ordenamiento del territorio nacional, lo que no ocurrió; por ello, su falta de acción es ahora relevante para el derecho penal. Esa evitación, además, fue reiterada porque se operó en las mismas condiciones en las dos Secretarías de Estado que presidió, es decir durante todo un sexenio”.

Y más directamente:

-“[Rosario] No quiso actuar porque los directamente señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de trabajo y, en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a pesar de que ella, era la única que podía indicarles que actuaran en forma distinta”.

De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, serían nueve los funcionarios y políticos que están en esta estructura: los ya citados Emilio Zebadúa, Mauricio Razo, Juan Carlos Lastiri, María Villalpando, quien prestó su testimonio para ir en contra de la ex funcionaria, y Enrique González Tiburcio, que fueron con ella a la Sedatu, luego de la Sedesol y además, Ramón Sosamontes, Juan Francisco Martínez Lavín, María Eugenia Romero Martínez y Gustavo Rodríguez González, este último el único inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

EL EQUIPO ROBLES

Desde que se empezaron a publicar los informes de la ASF, el nombre del principal operador de Robles fue más que evidente: Emilio Zebadúa, quien fungió como el Oficial Mayor de ambas secretarías. En ese puesto, de acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.

El Juez Delgadillo Padierna dijo durante la audiencia que resultaba evidente su papel principal en los casos que se le imputaron a Robles. Incluso la defensa de Robles presentó un oficio que ella le envió para atender las observaciones de la ASF para abonar a la idea de que estaba interesada en los procesos con la Auditoría, pero como fue enviado en 2017, se tomaron como tardíos.

Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.

También está Mauricio Razo Sánchez, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por las dos secretarías.

A pesar de los insistentes llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo les dio carpetazo argumentando falta de elementos.

En la Sedatu, en la Cuenta Pública 2016 se archivaron más señalamientos. Ya en conjunto, el posible daño al erario público de 2013 a 2016 se estimó en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas dependencias.

En el caso de Juan Carlos Lastiri, este fue en Sedesol, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y tuvo el mismo puesto en la Sedatu.

María Evangélica Villalpando fue primero Abogada General y luego titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, luego

Otro caso es el de Enrique González Tiburcio, quien pasó de Coordinador de Asesores a Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Ramón Sosamontes, es un caso aparte. Por el momento, quien fue ex jefe de oficina de Rosario Robles durante su estancia en las dos secretarías, solicitó un amparo ante cualquier orden de captura en su contra.

Sosamontes es un político que hizo su carrera, al igual que Rosario, en la izquierda. Se trata de un político con una larga, larguísima carrera dentro de la izquierda.

Su carrera política se enlazó en el comité ejecutivo nacional perredista y así estuvieron durante 20 años.

Juan Francisco Martínez Lavín, es un abogado que trabajó en la Sedesol con Heriberto Félix Guerra y luego con Rosario; también fue coordinador de asesores de Emilio Zebadúa. Él era el enlace con la ASF y prestó su testimonio a favor de Rosario a través de una entrevista que fue presentada en la audiencia de seguimiento. Ahí explicó los procedimientos y en qué consistían los pliegos de observación.

Él tuvo conocimiento de los dictámenes técnicos, realizó labores de solventación y atendió observaciones.

Quien también dio su testimonio a favor de Robles fue María Eugenia Romero Martínez, que prestó servicios a Rosario en Sedatu como Secretaria Particular y la auxilió en Sedesol.

Ella giró instrucciones al Oficial Mayor para acatar las medidas ante todas las observaciones de la ASF; su función era auxiliar a una secretaria de Estado con el Ejecutivo federal.

En la entrevista que Robles prestó como testimonio de lo que hizo como funcionaria dijo que ella había informado al Presidente Enrique Peña Nieto de las observaciones que estaba haciendo la ASF a sus secretarías, que lo hizo en giras, a través de la línea roja y en reuniones de gabinete, pero que cuando ella no estaba, la encargada de la comunicación era justo María Eugenia.

Finalmente, el único que hasta el momento ya tiene encima un cargo, es Gustavo Rodríguez González, que vocero también de las dos secretarías. Él avaló las multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos resultados de los programas sociales a cargo de su jefa y se encargó de difundir los “logros” combate al hambre en México con miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales y autobuses.

En septiembre de 2018, fue destituido e inhabilitado después de que se le señalara por haber presuntamente autorizado un pago millonario a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), uno de los casos que tiene hoy a Robles en el penal de Santa Martha Acatitla.

Sin Embargo
Daniela Barragán
Ciudad de México
Lunes 19 de agosto de 2019.


Investigan a ex líder sindical de la agencia Notimex por corrupción y conflicto de intereses
    
 
La directora de Notimex, Sanjuana Martínez, señaló al líder sindical de la agencia del Estado, Conrado García Velasco, por encabezar una trama de corrupción y uso indebido de recursos, ya que el sindicato que controlaba era como "una mafia" que recibió en tres años más de 4 millones de pesos de los que se desconocen su paradero.

Incluso, el líder sindical investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -según la información presentada en conferencia de prensa en Palacio Nacional por la directora de Notimex-, tenía a familiares en la nómina de la agencia, incluidos a dos parejas sentimentales, su esposa, sus tres hijos, dos hermanos, sobrino y un tío.

Sanjuana Martínez ordenó una serie de auditorías donde se encontró que había una mafia que tenía secuestrada a la agencia.

"Nos encontramos con un panorama sombrío, había el peligro de que la agencia se fuera al borde del abismo", afirmó.

Presentó un esquema de la trama de corrupción que encabeza Conrado García en la que se encontraron 28 viajes del líder sindical nacionales e internacionales para él y su familia que se encontraba en la nómina de la agencia.

También recibió alrededor de 500 mil pesos en viáticos, además de otros gastos, así como componendas económicas, tal como un concepto de apoyos de alrededor de un millón y medio de pesos.

De 2015 a 2017 se entregó al sindicato la cantidad de 4 millones 50 mil pesos por concepto de apoyos, sí que se desconozca su destino, dijo Sanjuana Martínez.

Afirmó que en la agencia había censura porque no se podía hablar de fosas, desaparecidos o críticas a funcionarios o el gobierno en turno.

La principal investigación que se realiza es que se encontró, según la directora de Notimex, un "huachicoleo" de noticias y se encontró que había una agencia alterna donde se recibía publicidad y pagos.

"El chayote estaba normalizado por trabajadores, había lista de aviadores", dijo.

Sostuvo que la mafia era integrada por cercanos al líder sindical que tenía a sus familiares en la nómina de Notimex, desde esposa hasta sobrinos.

"Solo el líder sindical contrataba y despedía personal, lo cual disminuyó la calidad informativa", afirmó.

Incluso, Conrado García sumaba un permiso de 18 años y no pisaba la agencia.

Aclaró que no todos los trabajadores de Notimex que fueron despedidos han tenido problemas.

Incluso habló de las críticas en Twitter y por lo cual tuvo que cerrar su cuenta personal.

"Antes que funcionaría, soy ser humano y tengo que defenderme", sostuvo.

Aclaró que dirigir la agencia de noticias del Estado no es un concurso de popularidad, pero llegó hace cuatro meses a hacer su trabajo.

Investigan a ex líder sindical por corrupción y conflicto de intereses

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a través de tres expedientes a Conrado García Velasco, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) desde hace 17 años, por presunto uso indebido de recursos públicos, conflicto de interés y tráfico de influencias.

La SFP indicó que el líder sindical es investigado desde hace meses por malos manejos de recursos que la agencia depositó en sexenios pasados a cuentas del gremio, con base en el contrato colectivo de trabajo, y que nunca llegaron a los trabajadores, además de viajes al extranjero.

Detallaron que otra de las vías que se indagan es la tráfico de influencias dentro de la nómina en la Agencia de Noticias Estatal de México (Notimex), debido a que en ésta se encuentran familiares del líder sindical, como su esposa, hija, hermanos, sobrinos y amistades, quienes han llegado a laborar a la agencia de noticias por orden de él.

Tras la llegada de la nueva administración federal, Conrado García Velasco solicitó su renuncia como trabajador y su jubilación; sin embargo, su baja no ha sido aceptada precisamente para que pueda enfrentar las acusaciones en su contra.

Al consultar el portal Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, de la SFP, se indica que Conrado García cuenta con la plaza de reportero AAA, cuyo sueldo mensual neto es de solo 16 mil 228 pesos, lo que contrasta con los montos millonarios que se calcula ha desviado a su beneficio.

Su esposa, Irene Rodríguez, corresponsal en Chicago, Illinois, está contratada bajo el régimen de honorarios por servicios profesionales y recibe un pago mensual de más de 2 mil 400 dólares (alrededor de 46 mil pesos).

También se indaga la forma en que su hija Angélica Atzin García, quien funge como reportera, entre otros.

Agencias
El Universal
Ciudad de México
Viernes 19 de julio de 2019.

 

Sedena no tenía capacidad para realizar la Barda Perimetral y encareció productos sin ninguna justificación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó seis revisiones a contratos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que aún se construye en Texcoco, en las que destacan irregularidades por 328 millones 259 mil pesos.

En los contratos en los que participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los auditores encontraron irregularidades por 222 millones: 135 millones en la construcción de la barda perimetral y 86 millones más en la nivelación de la pista seis.

Las irregularidades coinciden con las encontradas en el reportaje “Sedena encareció 89% barda de Nuevo Aeropuerto y utilizó empresas fantasma”, que publicó este medio en marzo de este año.

También revisaron contratos por el hincado de pilotes, trabajos preliminares, de recarga en las pistas y por erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura.

Las auditorías corresponden a la segunda entrega de la Cuenta Pública 2017 que presentó la ASF ante la Cámara de Diputados.

Sedena está bajo la lupa

La auditoría más robusta de esta entrega corresponde a la construcción de la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto.

Los auditores detectaron que Sedena no tuvo la capacidad técnica, material ni humana para realizar la obra, toda vez que cotizó el 79.6 por ciento de los bienes utilizados. El Ejército obtuvo el contrato mediante un mecanismo que no le permitía rebasar el 51 por ciento.

Además, los auditores encontraron sobrecostos en conceptos como la carpeta asfáltica, los muretes de la barda y las bases de las luminarias. Durante las obras, Sedena y Grupo Aeroportuario aprobaron métodos de construcción que resultaron más caros, con el pretexto de agilizar la entrega de los trabajos, indica la auditoría.

Otra irregularidad es que Grupo Aeroportuario aceptó pagar a Sedena 9 millones 600 mil pesos por reparaciones al camino perimetral por supuestos daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, cuando las obras estaban dentro de las obligaciones ya pagadas al ejército.

Además, los auditores encontraron que las últimas obras se realizaron sin formalizar convenios ni contar con los programas de ejecución.

Pista Seis

GACM entregó a Sedena un contrato por 2 mil 346 millones de pesos para la Limpieza, Nivelación e Instrumentación Geotécnica de la Pista 6.

Los auditores encontraron que Sedena presentó sobrecostos por 86 millones 828 mil pesos en la limpieza y deshierbe del terreno, extracción, carga y acarreo de materiales y el tezontle para la primera capa.

Pilotes: la raíz de la terminal aérea

La empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones recibió un contrato por 999 millones para colocar pilotes en el subsuelo del terreno de Texcoco, diseñados para darle estabilidad a las estructuras del aeropuerto.

Los auditores determinaron recuperaciones probables por 78 millones 580 mil pesos, toda vez que las autoridades permitieron un proceso de construcción para acelerar la entrega de los trabajos, lo cual ya se había solicitado desde la solicitud original y no logró su objetivo.

CFE, El Mismo Patrón

La auditoría por la “Instalación y Medición de la Instrumentación Geotécnica en la Precarga de las Pistas 2 y 3…” arrojó recuperaciones por 19 millones 307 mil pesos. En este caso los contratos se entregaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este cuadro puedes revisar las auditorías completas:

Recuperaciones probables

Obra

135 millones 678 mil 427 pesos.

Construcción de la Barda Perimetral

78 millones 580 mil 002 pesos.

Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte

7 millones 602 mil 686 pesos.

Trabajos Preliminares

86 millones 957 mil 298 pesos.

Pista 6 y Pavimentos

19 millones 307 mil 012 pesos.

Instalación y Medición de la Instrumentación Geotécnica e…

133 mil 677 pesos.

Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura

328 millones 259 mil 103 pesos.

Total

 

Aristegui Noticias
Sebastián Barragán
Ciudad de México
Jueves 1  noviembre 2018.


Un total de 72 personas y empresas involucradas en los esquemas de desvíos de recursos federales que se realizaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto -conocido como “La Estafa Maestra”- deberán devolver mil 88 millones de pesos al erario, informó Víctor Andrade Martínez, director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ello, sólo para resarcir los daños que el órgano fiscalizador detectó en la cuenta pública 2013, en los esquemas de “simulación de servicios” que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -entonces dirigida por Rosario Robles Berlanga- realizó con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

Entre las 72 personas y empresas contra las que la ASF interpuso procedimientos de sanción, destacan 63 funcionarios y exfuncionarios de la Sedesol, así como las dos universidades mencionadas.

La ASF detectó esquemas de desvíos idénticos en las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, en las gestiones de Robles al frente de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero también en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Pemex o Banobras, entre otros.

De acuerdo con el portal Animal Político, Víctor Andrade anunció que la ASF interpondrá los mismos procedimientos “en contra de todos los que resulten responsables por los convenios irregularidades firmados entre dependencias federales y universidades u otros organismos públicos de 2014 a 2016”.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, anunció que en el octubre próximo se darán a conocer dos nuevas auditorías, en las que se documentarán nuevos desvíos realizados en 2017 a través de esquemas de “simulaciones de servicios”.

Además, la ASF publicará auditorias sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM), el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca, los contratos celebrados con la empresa brasileña Odebrecht o la adquisición de plantas de Pemex.

Sancionan a primeros funcionarios por La Estafa Maestra; dos vinculados al PRI

José Reyes Baeza, extitular del ISSSTE y actual aspirante al Senado por el PRI habría logrado la firma de convenios fraudulentos entre el FOVISSSTE y la UAEM con al menos cuatro funcionarios. Su amigo y empresario, Francisco Ramírez, sería el más beneficiado tras la firma de los contratos, sus empresas habrían recibido más de mil millones de pesos.

El empresario Francisco Javier Ramírez Lares (segundo por la izquierda) junto a Héctor Valles (tercero por la izquierda), funcionario sancionado por convenios de La Estafa Maestra. Juntos participaron en un torneo de golf el 14 de mayo pasado que organizó una de las compañías de Ramírez Lares. Especial

Héctor Valles Alvelais, colaborador cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien ahora es candidato a senador por el PRI, es uno de los cuatro funcionarios sancionados por cinco convenios de La Estafa Maestra.

A partir de esos convenios fraudulentos, 129 millones de pesos del Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) fueron desviados a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a empresas irregulares y sociedades fantasma.

Otro ex colaborador sancionado y que es cercano a Reyes Baeza es Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo. Fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información en el gobierno de Reyes Baeza en Chihuahua, cargo que repitió en FOVISSSTE en 2013, de nuevo con el actual candidato del PRI.

La compañía más beneficiada gracias esos cinco convenios presuntamente fraudulentos fue Nubaj y Nubaj Consulting (Nubaj), del empresario Francisco Javier Ramírez Lares, quien es amigo tanto de Reyes Baeza, el entonces titular de la dependencia de donde salieron los 63 millones que beneficiaron a su empresa, como de Héctor Valles, el funcionario sancionado que debía vigilar el cumplimiento de esos contratos millonarios.

Por esos cinco convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe forense e interpuso el 15 de mayo de 2017 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a Nubaj como ‘empresa fantasma’, aunque la compañía rechaza que lo sea.

Sin embargo, nada de esto frenó los contratos con los que el FOVISSSTE y también ISSSTE, en ambos casos bajo la dirección de José Reyes Baeza, continuó beneficiando a las compañías de su amigo el empresario Francisco Javier Ramírez Lares: mil millones de pesos en tan solo cuatro años, de 2013 a 2017. Contratos que, en algunos casos, se obtuvieron gracias a que compañías ligadas a Ramírez Lares incurrieron, presuntamente, en una simulación de competencia.

Golf y negocios

Es un lunes a media mañana en el Club Bellavista; un exclusivo resort ubicado en el Estado de México, que cuenta con hotel, gimnasio, albercas olímpicas, canchas de tenis, y la joya de la corona: un majestuoso campo de golf de 18 hoyos y 7 mil yardas de extensión.

El pasto está fresco y recién rasurado. Ideal para pasar unas horas rodeado de lagunas naturales y compañeros de negocios. Bajo las palmeras, aprovechando la generosa sombra que apacigua el calor, los empresarios invitados al torneo conviven tomándose fotografías.

En una de las imágenes, un grupo de esos empresarios que visten polos y pantalones de colores estridentes se abraza. Una fotografía más, aparentemente. Salvo por un detalle: en el retrato aparece un funcionario que acaba de ser sancionado por un desvío de 129 millones de pesos a empresas fantasma. Y junto a él, sonriente, el dueño de una de las compañías beneficiadas gracias a ese desvío millonario.

El funcionario es Héctor Valles Alvelais y la fotografía se tomó el 14 de mayo pasado, apenas un mes después de que entrara en vigor el 10 de abril la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública debido a que no supervisó los convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, a partir de los cuales la empresa de su compañero de golf ganó millones del erario público.

De acuerdo con información corroborada por Animal Político, los otros funcionarios sancionados son: Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la información. Todos, salvo Roa Diosdado que recibió una sanción por 10 años y una multa de 346 mil pesos, fueron inhabilitados por un año.

Un quinto funcionario investigado por los cinco convenios fraudulentos fue Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se archivó debido a que falleció durante el periodo de investigación.

El sello de La Estafa Maestra

Las sanciones contra los cuatro funcionarios derivan de una investigación forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2014, y que puedes leer aquí.

El FOVISSSTE y la UAEM firmaron entre enero y agosto de 2014 cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos. La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.

Pero según la ASF, la UAEM no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas y a personas físicas, y se quedó con 19 millones solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.

La empresa más beneficiada con este esquema de fraude fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del empresario chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares, que ganó 63 millones 330 mil pesos del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública, y gracias a que la UAEM violó la ley de adquisiciones para entregarle ese dinero.

La ASF denunció que esta empresa recibió esa suma millonaria de la UAEM a pesar de múltiples irregularidades. Por ejemplo, los contratos no establecían los conceptos de los servicios, el objeto, los plazos de ejecución, ni la supervisión de los mismos. Asimismo, la UAEM no presentó documentos de la recepción de los supuestos servicios.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Nubaj en su ‘lista negra’ de empresas fantasma, debido a que determinó que no tenía infraestructura, ni personal, ni activos reales. Por lo que en febrero de este 2018 la reportó como sociedad que simula operaciones comerciales.

No obstante, el dueño de Nubaj rechazó que sean una empresa ‘fantasma’, ya que, dijo, tienen una nómina de 400 empleados y una cartera de más de 50 clientes en cuatro países.

Se le cuestionó entonces por qué el SAT ‘boletinó’ a Nubaj, a lo que el abogado de la empresa contestó que se debió a que no presentaron toda la documentación requerida. “De alguna manera, se tomó a la ligera (el requerimiento del SAT) y por eso siguió el proceso”.

De acuerdo con el abogado, tras presentar de nuevo la documentación solicitada, el SAT revocó el 26 de abril la condición de ‘empresa fantasma’ a Nubaj. Pero hasta el último corte del 18 de junio, esta compañía aún aparecía en el listado de sociedades fantasma.

Lee aquí el comunicado íntegro de Nubaj y Nubaj donde la compañía rechaza que sea una empresa fantasma.

La zapatería que asesora en tecnologías de la información

Nubaj no fue la única compañía vinculada al empresario Ramírez Lares que se benefició a partir de esos cinco convenios de La Estafa Maestra entre el FOVISSSTE y la UAEM.

Interamericana de Negocios y Comercio S.A de C.V, es una empresa que según su acta constitutiva se dedica a múltiples giros: desde comercializar artículos para el hogar, rentar espacios publicitarios, hasta registrar patentes. Incluso, si se hace una búsqueda en internet, los resultados arrojan que también se dedica a vender zapatos.

A pesar de este perfil, Interamericana ganó 12 millones 488 mil pesos, por los que debía dar asesorías especializadas en tecnologías de la información. Animal Político cuestionó a Ramírez Lares por esta empresa, y por los supuestos servicios que prestó, pero la desconoció.

“No ubico a Interamericana”, aseguró.

Sin embargo, en las actas constitutivas de Nubaj y de Interamericana, cuyas copias Animal Político obtuvo en el Registro Público de Comercio, puede comprobarse que ambas sociedades están vinculadas entre sí. María del Rosario Ramírez Escobedo y Carlos Ramírez Escobedo aparecen como comisaria y apoderado, respectivamente, de Nubaj, y también como representante legal y administrador de Interamericana de Negocios. Aun así, Ramírez Lares aseguró que tampoco conoce a María del Rosario Ramírez Escobedo.

En los documentos del Registro Público de Comercio también consta que Ramírez Lares y el dueño de Interamericana, Abraham Montoya González, son socios de otra empresa en común: Zapatería Muzza.

Otro cercano a Reyes Baeza, sancionado por La Estafa

Además de Nubaj e Interamericana, la ASF denunció que por los cinco convenios entre el FOVSISSSTE y la UAEM otros 47 millones 976 mil pesos fueron desviados a las cuentas de 27 personas físicas para hacer los mismos servicios que, precisamente, debía hacer Nubaj.

Entre esas personas, la ASF señaló al funcionario sancionados Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo del propio FOVISSSTE. Su madre, Carolina Juana Diosdado, también recibió recursos públicos del FOVISSSTE de manera fraudulenta.

Roa Diosdado es otro personaje sancionado por La Estafa Maestra que es cercano a José Reyes Baeza. De acuerdo al portal Declaranet, Roa Diosdado trabajó con Reyes Baeza en el gobierno de Chihuahua, donde fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información hasta octubre de 2010. Y en mayo de 2013, se fue al FOVISSSTE con Reyes Baeza, como jefe de Servicios de Tecnología de la Información.

Parte de esos 47 millones 976 mil pesos también fueron desviados a las cuentas de Evyena Servicios, Icalma Servicios y Administración y Desarrollo Empresarial Mega; sociedades que ya están catalogadas oficialmente por el SAT como ‘empresas fantasma’.

“La sanción a funcionarios es un exceso”
Animal Político buscó a Héctor Valles, funcionario sancionado por los cinco convenios con la UAEM. Valles rechazó haber cometido alguna irregularidad, y dijo que interpuso una demanda de juicio de nulidad, para que le sea retirada la sanción de la Función Pública.

“Me fincan de manera discrecional una sanción por no haber supervisado que la universidad subcontratara a empresas. Me parece absurdo, porque yo no tengo facultad para auditar a una universidad. Lo que sí supervisé cabalmente fue que el entregable, o sea, que el servicio contratado, lo recibimos en tiempo, calidad y cantidad, a satisfacción del FOVISSSTE”, se defendió Valles.

Sobre su relación personal con el dueño de la empresa beneficiada Nubaj y Nubaj, Héctor Valles admitió que Javier Ramírez Lares es su amigo, aunque rechazó que eso influyera en algún trato preferencial, puesto que él, aseguró, no firmó ni otorgó contratos.

En cuanto a su otro amigo, José Reyes Baeza, Héctor Valles dijo que apoya en redes sociales y públicamente la candidatura al Senado de su exjefe en el gobierno de Chihuahua y en el FOVISSSTE. “Conozco su trayectoria desde hace muchos años, y me consta la calidad humana y la honestidad con la que se conduce”, subrayó.

José Reyes Baeza, por su parte, criticó que le parece “un exceso” la sanción a los servidores públicos de la dependencia que dirigió cuando se produjeron los desvíos por 129 millones de pesos.

“Los funcionarios del FOVISSSTE acreditaron tener todos los entregables por parte de la universidad, mismos que respaldan que los trabajos contratados fueron realizados”, apuntó el hoy candidato a senador, quien también insistió en los servidores públicos “no están obligados a supervisar” si la universidad subcontrató a empresas violando la ley de adquisiciones.

Sobre su relación con Francisco Javier Ramírez Lares, Reyes Baeza también admitió que es su amigo. Aunque rechazó que eso influyera en un trato preferencial hacia el empresario y sus múltiples compañías.

Empresas de Ramírez Lares ganan mil millones del ISSSTE
Ahora bien, al margen del ‘triángulo de amistad’ entre Reyes Baeza, Ramírez Lares, y Valles Alvelais, lo cierto es que las compañías ligadas a Ramírez Lares recibieron durante la gestión de Reyes Baeza en el FOVISSSTE y el ISSSTE contratos por mil millones de pesos.

Nubaj y Nubaj Consulting, por ejemplo, continuó ganando contratos millonarios del ISSSTE en 2015 y 2016, a pesar del informe de la ASF. Según Contratobook, una herramienta para buscar contratos hospedados en Compranet, el 22 de julio de 2016, siete meses después de que la ASF publicara su informe forense el 28 de enero de ese mismo año denunciando las irregularidades en los convenios a partir de los que se benefició a Nubaj con recursos del FOVISSSTE, esta empresa recibió un contrato por otros 236 millones 865 mil pesos del ISSSTE.

Nubaj incluso fue beneficiada en licitaciones restringidas a tres empresas en las que ‘compitió’ contra compañías vinculadas a ella, por lo que presuntamente hubo una simulación de competencia.

Así consta, por ejemplo, en la invitación a tres del FOVISSSTE con fecha del 6 de junio de 2014, donde Nubaj ganó el contrato por un millón 975 mil pesos tras ‘competir’ con Neixar Systems SA de CV.

Según el acta constitutiva de esta empresa, cuya copia guarda Animal Político, el apoderado de Neixar es el propio Francisco Javier Ramírez Lares, el dueño de Nubaj y Nubaj Consulting SA de CV. Incluso, Neixar se encuentra ubicada en la misma dirección que Nubaj y Nubaj.

Sobre esta presunta simulación, Ramírez Lares dijo primero que ambas compañías son “competencia amiga” y que no forman parte de un mismo corporativo. Aunque finalmente acabó admitiendo que es apoderado de Neixar y dueño de Nubaj.

En total, entre 2014 y 2017, Nubaj y Nubaj ganó al menos diez contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE por 311 millones de pesos.

Precisamente, Neixar Systems SA de CV, la “competencia amiga” de Nubaj, es otra de las favoritas del FOVISSSTE y del ISSSTE. Con José Reyes Baeza al frente de estas dos dependencias, esta compañía ganó al menos siete contratos por 698 millones de pesos.

Uno de los contratos, con fecha de 17 de julio de 2013, fue también por invitación a restringida a tres empresas. Según consta en el documento del fallo de la licitación, Neixar compitió contra Quitze SA de CV; sociedad que también recibió recursos públicos a través de La Estafa Maestra. Y Nexo IT SA de CV, otra empresa del corporativo de Ramírez Lares, ganó tres contratos más del ISSSTE por 55 millones de pesos.

En tan solo cuatro años, de 2013 a 2017, las empresas de Francisco Ramírez Lares ganaron un total de mil millones 078 mil pesos en contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE. Dependencias que dirigía su amigo José Reyes Baeza.

Proceso
Animal Político
Manu Ureste
Nayeli Roldán
Francisco Sandoval
Ciudad de México
Miércoles 4 de julio 2018.


 Al frente de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn sacó a la luz los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, a través de los cuales dependencias federales desaparecieron más de siete mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que exhibió uno de los casos más sonados de corrupción del sexenio, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn fue notificada de su despido en condiciones “tan sorpresivas como improcedentes”: la única explicación fue que la orden vino de David Rogelio Colmenares Páramo, el recién nombrado titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI.

En una carta dirigida al mismo Colmenares, la doctora, quien lleva 13 años en la ASF, pidió su derecho a “saber con precisión sus razones para separarme del cargo” y señaló que ella queda ahora en estado de vulnerabilidad, pues encabezó “investigaciones que afectan intereses que podrían poner en riesgo mi integridad”.

Fechada el 30 de mayo, en la misiva que dio a conocer hoy el portal Aristegui Noticias, Buchahin Abulhosn informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias “documentadas” que advierten de nuevos desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga.

Esta aparente maniobra para frenar las investigaciones, que salpican a prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto, parece confirmar los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil, según los cuales la ASF fue “capturada” por el gobierno federal.

Dichas agrupaciones denunciaron la cercanía de Colmenares -nombrado al frente de la ASF en diciembre pasado- con José Antonio Meade Kuribreña: ambos coincidieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, fue asesor de Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las auditorías forenses que encabezó Buchahin Abulhosn a los convenios celebrados por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante los mandatos de Rosario Robles Berlanga determinaron que cinco mil 251 millones de pesos fueron desviados entre 2013 y 2015, mediante esquemas de “simulación de servicios” que involucraron universidades públicas y empresas fantasmas.

La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces, señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. José Antonio Meade Kuribreña tomó el control de la Sedesol ocho meses después y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

Robles Berlanga no fue la única integrante del primer círculo del gabinete de Peña Nieto señalada en prácticas de desvío: también lo fueron Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin –vinculado con el escándalo de sobornos de Odebrecht–, Alfredo Del Mazo Maza –ahora gobernador del Estado de México– y Enrique Martínez y Martínez.

En su carta la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn le recordó a Colmenares Páramo, titular de la ASF, que él mismo le había expresado su reconocimiento por su conducta e insistió en que sus investigaciones fueron “premiadas incluso a nivel internacional”.

Luego, añadió: “Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”.

Y advirtió: “Las consecuencias de este tipo de actuaciones deberían ser motivo de preocupación y foco de atención prioritaria para la ASF al ir en contra de las mejores prácticas internacionales y los principios de legalidad y transparencia que la institución representa, afectando de esta manera su credibilidad”.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Viernes 1 de junio de 2018.


José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos.

Entrevistado luego de reunirse con agentes aduanales, el ex Secretario de Hacienda se pronunció por dar seguimiento al proceso de aclaraciones que se registra tras la presentación de los informes del órgano fiscalizador.

"En todos los casos y en el 100 por ciento de los casos que se rindan cuentas y que se asuman consecuencias", respondió.

"La Auditoría todos los años presenta informes, todos los años se abre un espacio de diálogo para que se vayan aclarando, una vez aclarados se presentan en su caso denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o la PGR".

Cuestionado directamente sobre su responsabilidad y de la Secretaría de Hacienda en estos desvíos, Meade sostuvo que la dependencia ha participado de manera activa en la presentación de denuncias ante la detección de lavado de dinero o evasión fiscal.

"En todo este proceso en estos últimos años no habido un solo proceso de deslinde de responsabilidades del que Hacienda esté ausente", expresó.

"Siempre que media una querella en materia de evasión fiscal o de lavado de dinero la Secretaría de Hacienda se presenta como denunciante en el caso de evasión fiscal y como opinión de delito en todos los casos".

El ex funcionario aseguró que la Secretaría de Hacienda trabaja con cinco años de rezago, por lo que fue necesario implementar un proceso de modernización para avanzar.

"En su interacción con todas las entidades lo que hace es revisar a cinco años pasados cuál es esta consistencia entre las declaraciones fiscales y la realidad", afirmó.

Meade detalló que, durante su gestión, la Secretaría aprovechó la digitalización para realizar auditorías en tiempo real.

"Esta posibilidad de auditoría en tiempo real es la que permite que Hacienda juegue un papel mucho más importante en materia de combate a la corrupción, en materia de generar mejores condiciones de seguridad", sostuvo.

Al preguntarle si no le parecían preocupantes los montos de observaciones detectados por la ASF, Meade se limitó a responder que gracias a las reformas constitucionales el órgano fiscalizador puede hacer mejor su trabajo.

"Cambiamos la Constitución para que la Auditoría pueda revisar lo que quiera, cuando quiera, en el tiempo que quiera, no hay principio de anualidad, no hay objeción para que se pueda revisar en tiempo real", mencionó.

"Esto abre un proceso de deslinde, hay que dejar que termine este proceso de deslinde y una vez terminado hay que asegurar que se deslinden el 100 por ciento de las responsabilidades".

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018.


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aumentó el monto de los recursos desviados desde la Sedesol y la Sedatu durante la administración de Rosario Robles.

Al dar a conocer ayer tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, en la que, desde la Sedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el órgano fiscalizador indicó que el presunto quebranto se incrementó a 2 mil 130.9 millones de pesos.

REFORMA publicó que de acuerdo con tres auditorías forenses practicados a recursos ejercidos en 2014 y 2015, la ASF había detectado un presunto desvío de mil 311 millones de pesos.

El desvió, de acuerdo con la ASF, se hizo a través de convenios suscritos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), entidades que a su vez subcontrataron empresas, algunas de ellas fantasmas, y éstas a su vez transfirieron recursos a otras firmas y cuentas bancarias domiciliadas en el extranjero.

Ayer, al entregar el tercer y último paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2016, la ASF dio conocer que también en ese año, desde la Sedatu se realizó el mismo esquema de simulación, sólo que esta vez se utilizó, además del SQCS, a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

A través de un flujograma contenido en el reporte de la Auditoría, la ASF explica que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015.

En tanto que desde la Sedatu, el presunto desvío asciende a mil 175 millones 675.6 miles de pesos, esto durante los años 2015 y 2016.

En la Sedesol, Robles estuvo al frente de la dependencia de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Sedatu a partir del 27 de agosto de 2015 a la fecha.

El esquema de simulación, conforme a lo detectado por la ASF, consistió que las dependencias firmaron convenios con las diferentes entidades públicas para obtener servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales.

Sin embargo, los servicios solicitados no se presentaron y, pese a ello, la Sedesol y la Sedatu, pagaron a los entes públicos y estos a su vez dispersaron los recursos, a diferentes empresas, la mayoría de las cuales tienen relación entre sí, ya sea porque tienen el mismo apoderado legal o declararon tener el mismo domicilio fiscal.

"Del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un total de mil 901 millones 927.6 mil pesos, que representó el 94.6 por ciento del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron recursos a 43 empresas, por la cantidad de mil 501 millones 74 mil pesos, sin la justificación que acredite los pagos realizados", reportó la ASF.

Reforma
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 21 febrero 2018).

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