La organización Artículo 19 acusó que con las siete demandas por daño moral presentadas por el gobierno de Miguel Barbosa contra el portal e-consulta, lo que se pretende es "asfixiar" a ese medio local.

 

La organización Artículo 19 denunció que funcionarios y allegados al gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentaron otras tres demandas por daño moral en contra del portal informativo e-consulta y de su director Rodolfo Ruiz, con lo cual ya suman siete juicios que, asegura, pretenden “asfixiar” financieramente a ese medio que mantenido una postura crítica.

En un comunicado, Artículo 19 refiere que dos de estas nuevas denuncias fueron presentadas por Rosa de la Paz Urtuzúaztegui Carrillo e Igor Emilio Ferrer Acuña, Secretaria de Administración y Director General de Bienes Muebles e Inmuebles de la misma Secretaría de Administración del Estado de Puebla, respectivamente.

En tanto que una tercera denuncia fue interpuesta por Luz María Acuña Rojas, Vicepresidenta de la Organización no Gubernamental de Derechos Humanos “Centinelas Civiles A.C.”.

En los tres casos, expone la organización, los abogados que interpusieron los juicios son los mismos que en las otras cuatro denuncias por daño moral que ya hay contra e-consulta y el periodista Rodolfo Ruiz.

Las primeras demandas contra este medio fueron presentadas por el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla; por el Subsecretario de Transporte, Seth Yassir Vázquez Hernández, por el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y por el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova.

En éstas, cada uno de los supuestos afectados reclama el pago de 5 millones de pesos por reparación del daño moral, en tanto que las últimas tres cada una exige pagar 7 millones, lo que suma 41 millones de pesos el reclamo total por indemnizaciones.

Además, piden la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de archivos electrónicos respecto de las columnas de opinión y el pago de gastos y costas.

“…es importante notar nuevamente que las demandas han tenido en común un mismo cuerpo de abogados y misma argumentación”, detalla Artículo 19.

“En este contexto, es importante recordar que dicho medio y su director continúan siendo víctimas de diversas agresiones, las cuales han ido desde bloqueos informativos, descalificaciones, hasta agresiones digitales, amenazas de acciones legales y este tipo de demandas”, agrega.

La organización, que defiende la libertad de expresión, aclara que nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación por haber expresado una opinión y menos cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por multo propio se exponen al escrutinio público.

“La exigencia constante de indemnizaciones millonarias, no tienen otro fin que crear la asfixia financiera del demandado, obligándolo a cubrir un monto que crearía un efecto inhibidor para él y otros colegas llevándolos irremediablemente a la autocensura”, menciona.

Recuerda que la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su visita a México en 2017, advirtieron que la falta de regulación sobre el uso de este tipo de demandas, genera un efecto negativo en los periodistas expuestos a esa amenaza por lo que llamaron al legislativo y judicial para adoptar nuevos criterios.

“Por lo anterior, ARTICLE 19 exige al gobierno del estado de Puebla el cumplimiento de su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico en el estado, debiendo generar las condiciones para que esta labor sea realizada de manera segura y libre, sin obstáculos ni cualquier tipo de coacción”, reclama.

Asimismo, exhorta al Poder Judicial del Estado de Puebla para que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico en el estudio y resolución de los procesos civiles que por supuesto daño moral se encuentran abiertos en contra el Rodolfo Ruiz y el medio e-consulta.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 3 de diciembre de 2020.


Pidió además a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión


El gobierno de Puebla restringe la libertad de expresión al impedir a medios de comunicación locales el ingreso a las ruedas de prensa virtuales que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, realiza diariamente a través de la plataforma Zoom, evidenció este jueves la organización Article 19.

A través de un comunicado, Article 19 expuso que ha tenido conocimiento que el gobierno de Puebla, a través de su área de comunicación social, ha restringido el acceso a periodistas a las sesiones dejándoles en la sala de espera, permitiéndoles el acceso al final de la conferencia o sencillamente negándoles el uso del micrófono para que puedan realizar preguntas al gobernador.

En el caso del portal informativo Lado B, los días 20, 23, 24 y 25 de noviembre se impidió el acceso a la conferencia de prensa del director del medio, sin que se ofreciera una justificación al respecto. Como ha documentado este mismo portal, el 26 de marzo el gobernador interrumpió al reportero de El Sol de Puebla cuando éste realizaba una pregunta durante la rueda de prensa, todavía presencial, y le señaló de forma directa: “No voy a tener opinión, y menos a El Sol de Puebla, ¿vale?. ¿Otra?”.

El 31 de marzo, Article 19 emitió una alerta enfatizando la responsabilidad del gobierno de Puebla de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz, para combatir rumores, prejuicios y miedo. Además, en dicha alerta se exhorta a evitar bloqueos informativos a medios de comunicación, tal como se había documentado con el medio digital “Antena 21”.

En ese mismo sentido, el portal informativo e-consulta también ha enfrentado bloqueo informativo de manera sistemática por parte de la oficina del gobernador.

Según testimonios recabados, durante los meses de julio y agosto no se permitió en ninguna ocasión el uso de la voz para realizar preguntas durante dicha conferencia de prensa, si bien se dio acceso a la sesión, es decir, pese a haber levantado la mano para realizar preguntas, considerando el periodo señalado, a e-consulta se le negó durante 40 ocasiones la palabra durante la conferencia de prensa del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Incluso e-consulta ha creado un micrositio https://acoso.e-consulta.com/ sobre bloqueo informativo y acoso por parte del gobierno estatal.

Article 19 recuerda al Gobernador de Puebla que la participación de periodistas en sus ruedas de prensa no puede estar condicionada por la línea editorial del medio de comunicación en el que trabajan.

“Es una obligación del gobierno el permitir el acceso a las ruedas de prensa a los distintos medios de comunicación que quieran cubrirlas. El gobierno no puede usar su posición de administrador de la sala de Zoom para premiar o castigar el cubriendo que periodistas o medios estén haciendo de su administración”, expuso.

En este sentido, Article 19 exigió al gobierno de Puebla que permita el libre flujo de información facilitando el acceso a las conferencias de prensa y otorgando el uso de la voz durante éstas, especialmente en el contexto actual de la pandemia del COVID-19.

Solicitó se hagan públicos los lineamientos, protocolos o directrices que se siguen para permitir el acceso o asignar el uso de la palabra durante las conferencias de prensa, como una manera de favorecer las buenas prácticas en materia de libertad de expresión.

Pidió además a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión cometidas por el gobernador del estado y por su equipo de comunicación social, con la intención de establecer un plan de medidas de no repetición.

e-consulta
Puebla, México
Jueves 26 noviembre 2020.


Llama al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a evitar inhibir la crítica


Al denunciar acoso judicial contra tres medios de comunicación poblanos, la organización defensora de periodistas Artículo 19 llamó al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a evitar que esos actos se cometan durante su mandato y que funcionarios públicos a su cargo no utilicen el aparato estatal para inhibir la crítica y la libertad de expresión.

La agrupación señaló que los periodistas afectados enfrentan demandas por daño moral, que es un tipo de estrategia utilizada por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar con la intención de que los afectados abandonen su postura crítica.

“Es por ello que este tipo de demandas se consideran como una agresión a la libertad de expresión y una forma de acoso judicial”, señaló Artículo 19 en un comunicado difundido este jueves y el cual también firman las organizaciones Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI), la Red Puebla de Periodistas y el Nodo de Transparencia.

Según expuso Artículo 19, desde el 20 de enero de 2020 los directores de los medios de información e-consulta, El Popular y Datamos, Rodolfo Ruíz Rodríguez, Carolina Fernández Galindo e Israel Velázquez García, han sido víctimas de acoso judicial a través de demandas civiles por daño moral.

Los recursos fueron presentados por el diputado Gabriel Biestro Medinilla; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas; y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, en Puebla.

En las cuatro demandas está señalado Rodolfo Ruíz Rodríguez y el medio digital e-consulta, en el caso de El Popular está señalada en las demandas interpuestas por Seth Yassir y Juan Pablo Cortés, y en el caso de Datamos se le señala en la demanda interpuesta por Jesús de la Luz Sánchez Cuevas.

Los funcionarios y el legislador local, postulado por Morena, acusan a Ruiz de ocasionarles un daño moral por publicaciones que ha realizado en su columna periodística “La Corte de los Milagros”, así como a El Popular a Datamos por replicar esas publicaciones.

A los acusados, se les solicita el pago de 5 millones de pesos por cada demanda –lo que suma 20 millones de pesos-, así como la publicación de un extracto de la sentencia en los medios demandados, abstenerse de realizar conductas ilícitas, la destrucción de los archivos electrónicos que contienen las columnas de opinión y el pago de gastos y costas. Además, como medida precautoria para garantizar el pago de la indemnización, se solicitan embargos precautorios a las propiedades de la y los demandados.

La agrupación hizo énfasis en que los demandantes son representados por el mismo cuerpo de abogados y que en su texto se advierten los mismos argumentos, en los que reclaman supuestos actos delictivos y ser sujetos de información dolosa y falsa.

Es una estrategia para inhibir la crítica en Puebla

La agrupación consideró que los hechos forman parte de una estrategia para desaparecer la crítica en Puebla, pues inhiben la libertad de expresión no solo para los periodistas demandados, sino para todos aquellos que cuestionan las acciones de la administración estatal o de cualquier político o funcionario público.

Artículo 19 hace énfasis en que, de acuerdo con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nadie debe estar expuesto a procesos judiciales por daños a la reputación, por haber expresado una opinión y menos aún cuando se trata de una opinión sobre la actividad y gestión de funcionarios públicos o personas que por voluntad propia se exponen al escrutinio público.

Incluso aún en los casos en los que se ha demostrado que en una declaración de hecho sobre un asunto de interés público es falsa o imprecisa, se trata de una publicación legítima, pues el demandante tiene que probar que efectivamente existió una malicia efectiva.

Como lo dictó la SCJN en el amparo directo 6175/2018 respecto al caso Aristegui y el prólogo de la Casa Blanca, continúa la agrupación, cuando las opiniones impacten en asuntos de interés público se justifica que el derecho a la libertad de expresión prevalezca frente a los “derechos de la personalidad”.

Exigen detener las demandas

Ante el caso, Artículo 19, Nodo de Transparencia, Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la información (AMEDI) y la Red Puebla de Periodistas, instaron a los funcionarios públicos Gabriel Biestro, Seth Yassir Vázquez, Jesús de la Luz Sánchez y Juan Pablo Cortés, a respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y de información y les exigieron se abstengan de proseguir con dichas demandas.

En tanto, llamaron al gobernador para prevenir que estos actos se sigan cometiendo durante su mandato y que los funcionarios públicos a su cargo dejen de utilizar el aparato estatal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y de acceso a la información.

Por otra parte, pidieron al Congreso local que armonice la legislación poblana con los principios de libertad de expresión para que, a la par de garantizar el derecho a la honra, deje de ser utilizado como mecanismo de censura contra la prensa.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Jueves 28 de febrero de 2020.


Artículo 19 denuncia amenazas del gobierno de Puebla contra el portal e-consulta


La organización Artículo 19 denunció que en las últimas semanas el portal de noticias e-consulta y su director, Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal.

A menos de dos meses de haber asumido el poder, Luis Miguel Barbosa Huerta es señalado como sospechoso de borrar información periodística que lo comprometía.

De acuerdo con la denuncia, el pasado miércoles 4 e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web, mediante el cual se eliminó un video donde se observaba al gobernador morenista ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital.

“El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video”, expone la organización, que defiende el respeto al derecho de libertad de expresión y de acceso a la información de todas las personas.

“Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo”, precisa Artículo 19.

También acusa que este medio de comunicación poblano y algunos de sus reporteros han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla, quien arrancó su administración el 1 de agosto.

“El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador le contestó: ‘No me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta, pero yo no me dejo’”, relata.

De igual manera, señala que hubo otras situaciones similares las campañas por la gubernatura.

Y cita lo ocurrido el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, cuando el entonces candidato de Morena calificó de “panista” al reportero de e-consulta Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña.

A partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio, e igual lo han hecho otros miembros de su gabinete actual por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.

Por otra parte, como ocurrió en el sexenio de Rafael Moreno Valle, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, denunció que ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.

En una de las cartas firmada por Vélez Macuil y en poder de Artículo 19 se acusa que las publicaciones de Ruiz Rodríguez están “impregnadas de insidia” y tienen un claro interés de “desestabilizar”, al descalificar toda acción que el gobierno inicia.

“…acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionadas, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones”, dice la carta firmada por Vélez Macuil.

“Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso”, agrega.

Para dar otro ejemplo se reproduce otra carta que fue enviada por uno de los hombres cercanos a Barbosa Huerta, el exdiputado local Eric Cotoñeto Carmona.

“…debo de decirle”, advierte el escrito, “que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque”.

“…Sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena”, agrega, “así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”.

Además, se hace referencia a las supuestas conversaciones de WhatsApp que fueron publicadas el pasado lunes 23 en el periódico Diario Cambio entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; supuestamente para fraguar “un complot” en contra de Vélez Macuil para que fuera destituida del área de Comunicación Social.

Artículo 19 detalla que, a decir de Ruiz Rodríguez, esto constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona, pues niega haber tenido esa conversación, y que más bien la publicación de la conversación de WhatsApp se trató de un armado de imágenes falsas y trucadas.

La organización refiere que las expresiones citadas en las cartas son riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas.

“En este sentido, los funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico”, expone.

Artículo 19 indica que esto no significa que las funcionarias y funcionarios públicos dejen de ejercer su derecho de réplica, pero cuando en sus respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, añade, no se abona a una relación democrática con los medios de comunicación y, por el contrario, se nutre la hostilidad contra la labor periodística, que ya en México se encuentra bajo asedio.

“ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental”, reclama la organización.

Y pide al mandatario no desvirtuar el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, “no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables”.

Contra e-consulta, campaña de desprestigio y ataques: Article 19

Funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, señala la organización de derechos humanos

El portal de noticias e-consulta de Puebla y su director Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas en las últimas semanas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal. De igual forma, desconocidos borraron información periodística que presuntamente comprometía al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Así se establece en una Nota de Alerta que publica el portal de ARTICLE 19, organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión.

La Nota de Alerta se reproduce a continuación:

“El 4 de septiembre de 2019, el medio e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web. Como consecuencia, fue eliminado un video en donde se daba cuenta de una transmisión en vivo en la cual se observa al gobernador Barbosa ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital. El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video.

Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo.

De igual forma, el medio de comunicación y algunos de sus reporteros, han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla.

El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador Barbosa le contestó: “no me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta pero yo no me dejo”.

Lo anterior también se mostró cuando el ahora gobernador de Puebla, era candidato a la gubernatura.  Fue así que el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, el entonces candidato del partido Morena, calificó de “panista” al reportero de e-consulta, Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña.

De igual forma, el periodista refirió a ARTICLE 19 que, a partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa, dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era Senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio. Sin embargo, esto se relaciona con el hecho de que algunos miembros de su gabinete actual, quienes también publicaban artículos en el portal, desde tiempo antes de que fueran parte de dicho gabinete, también dejaron de hacerlo por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.

Por otra parte, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, también ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que él realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.

Una de estas cartas, proporcionadas a ARTICLE 19, proviene de Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, fechada el 3 de septiembre de 2019, en la cual la servidora pública realiza aseveraciones tales como que las publicaciones del periodista:

“Están impregnadas de insidia. Es claro su interés de intentar desestabilizar al pretender, en reiteradas ocasiones, descalificar toda acción de este gobierno de inicia, acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia”. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionada, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones. Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso."

En este sentido, Ruiz Rodríguez también recibió una carta, a manera de réplica, suscrita por Eric Cotoñeto Carmona, ex diputado estatal y una figura política en el estado de Puebla, fechada el 12 de septiembre de 2019, en donde manifestó al periodista:

“Usted se dirige a mi persona sin respeto violando la consideración que alguien que se dice periodista debe de tener en la redacción de sus artículos, permanentemente confabula y miente; debo de decirle que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque; sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena, así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”.

En otro evento, el pasado lunes 23 de septiembre, se publicaron unas supuestas conversaciones en la aplicación WhatsApp, entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; en donde presuntamente se encuentran fraguando “un complot” en contra de Verónica Vélez Macuil, que como se ha referido, es titular del área de Comunicación Social del gobierno de Puebla, para dejarla fuera de ese cargo.

Lo cual, a decir de Ruiz Rodríguez, constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona. Al respecto, el periodista mencionó:

“Por lo que a mí concierne ratifico que nunca he tenido una conversación en persona o vía WhatsApp con el director de Puebla Comunicaciones para dañar a la coordinadora de Comunicación Social del gobernador Barbosa y que las capturas de pantalla que hoy se publicaron son una mentira, a partir del armado de imágenes falsas y trucadas, de una conversación que jamás he sostenido con Pedro Gómez sobre este punto en particular.”

Al respecto, es importante recordar la posición y el papel que deben desempeñar los servidores públicos como garantes de derechos humanos. Expresiones como las citadas líneas arriba, son particularmente riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas. En este sentido, los funcionarios del Estado, tienen el deber de garantizar la libertad de expresión por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.

Lo anterior no implica que las funcionarias y funcionarios públicos o personas con proyección pública se abstengan de participar en el debate sobre temas de interés público; ni mucho menos que se inhiban de ejercer su derecho de réplica. Al contrario, necesitamos que desde el poder público se nutra dicho debate, aportando datos e información que ayuden a robustecer el derecho a saber de las personas.

Sin embargo, cuando en esas respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, no se construye una relación democrática con los medios de comunicación y se nutre un clima de hostilidad contra la labor periodística, que en nuestro país se encuentra bajo asedio. Su participación no debe consistir en descalificar ni estigmatizar a los medios de comunicación que emiten opiniones críticas o informaciones que no resulten favorables a las y los gobernantes.

Asimismo, ARTICLE 19 reitera la importancia de observar y cumplir con el sistema dual de protección a la libertad de expresión, el cual consiste en que las personas con proyección pública, así como servidores públicos, se encuentran expuestos a un mayor escrutinio respecto a sus actividades y manifestaciones relacionadas con su naturaleza pública, por lo que los límites de crítica hacia este tipo de personas son más amplios. Así, quienes detentan el poder público, deben tener mayor tolerancia a expresiones que incluso resulten chocantes, precisamente por quedar sujetos al escrutinio social, y no esperar solamente discursos favorables, ya que la apuesta democrática es por una pluralidad informativa y no por expresiones unánimes que sean bien recibidas por los gobiernos.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en donde “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar» [1] a medios de comunicación y periodistas. La Resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes [2]

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que los agentes estatales podrían ser responsables por los ataques sufridos por periodistas a manos de particulares, si con sus declaraciones en contextos de tensión social contribuyen a aumentar el riesgo de que tales ataques ocurran. En este sentido se debe cuidar que ciertos discursos “puedan ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas» [3]

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha encontrado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas “por razón de su línea editorial” pueden -en contextos de polarización política- conducir a aumentar el riesgo de la actividad del periodismo [4]. De igual modo los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las campañas de desacreditación son una de las formas de violencia institucional ejercidas por funcionarios públicos [5].

Por lo anterior, ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental, y velar porque todas las expresiones confluyan en el espacio público, sin denostaciones o estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo a quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto de por sí adverso que existe en México, y no desvirtúen el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables.”

[1] Human Right Council, Resolution 36/9, September 27th, 2018, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/296/43/PDF/G1829643.pdf?OpenElement

[2]Article 19, UN resolution condemns political leaders’ denigration of journalists and calls for action to prevent attacks https://www.article19.org/resources/un-resolution-condemns-political-leaders-denigration-of-journalists-and-calls-for-action-to-prevent-attacks/

[3] Corte idh. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 143; Corte idh. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 155.

[4] Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos, Marco Jurídico Interamericano de Libertad de Expresión, 2009. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html

[5] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Informe Especial Sobre la Situación de Libertad de Expresión en México, 19 de junio de 2018. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF

Proceso
e-consulta
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Viernes 27 septiembre 2019.


En 15 días, nada contra Mario Marín y Kamel Nacif; ni siquiera se ha avisado a Interpol: Artículo 19


La organización Artículo 19 denunció que ya pasaron más de dos semanas desde que se giraron las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del delito de tortura cometido en contra de la periodista Lydia Cacho, y éstas aún no se han ejecutado.

Las órdenes contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif y otros involucrados deben cumplirse para garantizar justicia a la autora del libro Los demonios del edén, sostuvo la organización.

ARTICLE 19 MX-CA

@article19mex
 ? Han pasado 15 días desde que se giraron las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del delito de tortura cometido en contra de @lydiacachosi . Estas aún no se han ejecutado.

Aquí toda la información: ⬇️ https://articulo19.org/ordenes-contra-mario-marin-kamel-nacif-y-funcionarios-deben-cumplirse-para-garantizar-justicia-a-lydia-cacho/ …

“Como ya es del conocimiento público, el pasado 11 de abril fueron giradas órdenes de aprehensión en contra Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, debido a su probable responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro. Hasta el momento, a 15 días de su libramiento, éstas siguen sin ejecutarse”, expuso Artículo 19 en un comunicado.

“La posible detención de Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam obedece a los esfuerzos por esclarecer y  sancionar los hechos del 16 y 17 de diciembre de 2005 contra Lydia Cacho; hechos que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, constituyeron tortura sexual, vulnerando los derechos de la periodista a la libertad personal, seguridad,  integridad personal, libertad de expresión y acceso a la justicia”, recordó la organización.

Consideró que 13 años de búsqueda de justicia pueden verse opacados ante la falta de eficacia para ejecutar las órdenes contra quienes fraguaron y ordenaron la  detención y tortura contra Lydia Cacho.

“En primer lugar, la información sobre la existencia de las órdenes fue filtrada a distintas personas, situación que rompió la confidencialidad y sigilo que debe imperar en esta etapa del procedimiento. Esta circunstancia que notoriamente dificulta la captura de las personas mencionadas”, advirtió.

“Segundo, después de 15 días no existe evidencia fehaciente de que la Agencia de Investigación Criminal, adscrita a la Fiscalía General de la República y encargada de llevar a cabo las detenciones, haya avisado a Interpol para la emisión de notificaciones o fichas rojas internacionales. Tampoco se tienen pruebas de la emisión de alertas migratorias.

“Hasta el momento de la publicación de este comunicado, no se habían publicado en la página de Interpol las notificaciones rojas; ni la FGR ha allegado a la víctima y sus representantes documentación que acredite el cumplimiento de los procedimientos para evitar la fuga a otros países de los probables responsables”, denunció Artículo 19.

La propia Lydia Cacho ya había denunciado en Twiter la ausencia de alertas.

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Lydia Cacho

@lydiacachosi
 La @FGRMexico dejó pasar 15 días para que Mario Marín, Kamel Nacif y cómplices escaparan.Nunca sacaron la #AlertaRoja de Interpol.Debió salir el 13 de abril,hoy es 25. La @PGR_AIC es la responsable de hacer pública la búsqueda ¡No hay alerta! . C.c @lopezobrador_

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18:49 - 25 abr. 2019
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Lydia Cacho

@lydiacachosi
 · 25 abr. 2019
 Así voy yo a los tribunales hoy. Por las amenazas de muerte de los tratantes de personas. Me seguiré cuidando,nada de martirio.Lo que toca es exigir que @FGRMexico @SEGOB_mx e @INTERPOL_HQ hagan su trabajo para detener a los criminales que investigamos #NoMásPornografíaInfantil

 Video insertado

Lydia Cacho

@lydiacachosi
http://Www.interpol.int  La Policia internacional con oficinas en México, debió recibir la solicitud de Notificación Roja o Alerta Roja por posarse de @FGRMexico en el caso de Mario Marín, Kamel Nacif y otros. Ya pasaron 15 días de la orden de arresto.??? pic.twitter.com/YJX4C90ntM

551
21:04 - 25 abr. 2019
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Hasta el momento solamente se han cumplimentado dos de las diez órdenes de captura emitidas desde 2014 a la fecha, subrayó la organización.

Artículo 19, organización que acompaña legalmente a Lydia Cacho, planteó que no basta con la emisión de las órdenes de captura contra los presuntos torturadores.

“Este caso ha cimbrado a la sociedad mexicana por la visibilización de redes de pederastia que cuentan con protección política y el subsecuente uso del aparato estatal para perseguir y castigar a quienes exhiben desde el periodismo y activismo a dichas redes criminales.

“La justicia plena y completa se garantizará hasta que los responsables sean procesados y sancionados en proporción con los hechos delictivos que se les imputan”, estableció.

La ausencia de debida diligencia en la detención de los hoy prófugos, no solamente  pone en riesgo el proceso judicial, sino a la propia víctima, alertó Artículo 19. En ese contexto, exigió que se actúe con celeridad y eficacia para la ejecución de las órdenes de aprehensión y se garantice de manera plena el acceso a la justicia para la periodista, así como su seguridad personal.

   YouTube ‎@YouTube

ARTICLE 19 MX-CA

@article19mex
 ? Trece años de búsqueda de justicia, pueden verse opacados ante la falta de eficacia para ejecutar las órdenes contra quienes fraguaron y ordenaron la detención y tortura contra @lydiacachosi.

Aquí las palabras de la periodista:

⬇️⬇️https://www.youtube.com/watch?v=J2lj59_deZE …

46
17:49 - 26 abr. 2019
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Proceso
Ciudad de México
Sábado 27 de abril de 2019.


La asociación de periodistas Artículo 19 llevará a los tribunales la ley mexicana que regula el uso de la publicidad oficial, conocida como Ley Chayote, porque "legaliza las malas prácticas llevadas a cabo" hasta ahora e incumple una sentencia de la Suprema Corte, informó hoy su directora a EFE.

El Senado mexicano aprobó la noche de este miércoles con 60 votos en favor y 46 en contra el texto de la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia sea eficiente y transparente.

Sin embargo, Artículo 19 avisa de que la ley incumple los criterios de una sentencia emitida el año pasado por la Suprema Corte, que establecía que antes del 30 de abril de 2018 debía regularse un mecanismo transparente y equitativo de adjudicación de publicidad oficial para los medios.

Por ello, la asociación, que forzó la sentencia de la Corte, llevará a cabo "un proceso de inconformidad" para que el poder judicial estime si existe un "cumplimiento cabal de la sentencia", contó a EFE la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

De acuerdo con Ruelas, esta ley "no prevé contratos claros para la publicidad oficial" y establece la Secretaría de Gobernación como órgano adjudicatario de la propaganda, convirtiéndose así en un "instrumento de control político" de los medios de comunicación.

Además, considera que la norma "no limita el uso proselitista" de la publicidad gubernamental, a pesar de que una reforma constitucional de 2007 estableció que la propaganda oficial debía ser educativa e institucional, y no ensalzar a ninguna persona.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019, por lo que no se aplicará durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales, parlamentarias, estatales y locales del 1 de julio.

La falta de regulación de la publicidad gubernamental es un tema de polémica recurrente en México, dado que muchos lo ven como una manera de condicionar la línea editorial de los medios de comunicación por parte de las autoridades.

De acuerdo con Artículo 19, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto gastó entre 2012 y 2017 más de 40.000 millones de pesos (2.125 millones de dólares) en publicidad oficial que fueron a parar a grandes grupos de televisión, prensa y radio.

En noviembre de 2017, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Congreso a aprobar una legislación que regulara "el gasto en publicidad oficial en aras de proteger el ejercicio de la libertad de expresión".

La misma Oficina calificó de "oportunidad pérdida" la decisión tomada por los legisladores al aprobar la Ley de Comunicación Social sin escuchar a las organizaciones civiles ni realizar los cambios propuestos.

@ONUDHmexico
 #OportunidadPerdida Al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de #DDHH, se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la #PublicidadOficial en México.

EFE
Ciudad de México
Viernes 27 de abril de 2018.


El fiscal de Tamaulipas anuncia la aprehensión de seis hombres por la ejecución de Carlos Domínguez en enero

La fiscalía mexicana anunció ayer la detención de seis hombres por el asesinato del periodista Carlos Domínguez el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país. Tres de los seis son o han sido periodistas. Ningún caso ilustra mejor la podredumbre de las relaciones entre el poder y la prensa en México. Periodistas asesinos y periodistas víctimas.

Irving Barrios, fiscal del Estado de Tamaulipas, informó de las detenciones en la sede de la Procuraduría General de la República, en Ciudad de México. Lo hizo acompañado del titular de la Fiscalía Especial en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez. Ambas dependencias colaboran en la investigación. Barrios dijo que dos de los seis, presentados como Adrián y David, fueron los autores materiales del asesinato. Los otros cuatro, entre ellos los tres periodistas, se encargaron de planearlo.

Una fuente de la investigación consultada por EL PAÍS explica que el sexto detenido es Rodolfo Alfredo Cantú García, sobrino del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal. Canturosas estuvo a cargo del ayuntamiento de 2013 a 2016 bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, PAN, de derecha. El político dejó recientemente el PAN y se incorporó a Morena, la formación de izquierda del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Canturosas es la apuesta de Morena a la alcaldía de la ciudad.

El fiscal Barrios ha indicado que los investigadores revisaron el último año de trabajo de Domínguez, 120 textos donde aparecen numerosas críticas al exalcalde Canturosas. Sin mencionarlo directamente, el jefe de los investigadores ha sugerido que la revisión del trabajo de Domínguez ha sido esencial en las pesquisas.

De los periodistas involucrados, la fuente consultada por este diario ha explicado que todos habían trabajado en medios locales. Actualmente, dos laboran juntos en su propia página. El tercero "realiza labores de asesoría en materia de periodismo, relación con medios".

Las autoridades detuvieron a los sospechosos entre Tamaulipas y el Estado de Zacatecas, en el centro del país. La investigación sigue abierta.

Carlos Domínguez fue el primer periodista asesinado en México en 2018. Tenía 69 años. El sábado 13 de enero, a eso de las tres de la tarde, el reportero conducía su carro por Nuevo Laredo en compañía de su hija. Llegó a la avenida Morelos y en un stop, un alto, se detuvo. Fue entonces cuando dos o más personas se le acercaron, abrieron la puerta del vehículo y le acuchillaron hasta en 24 ocasiones. Domínguez murió poco después.

Al saber de su muerte, la organización Artículo 19, que denuncia y documenta ataques a la libertad de expresión, recordó en un comunicado que Domínguez había desarrollado su carrera en el Diario de Nuevo Laredo y más tarde en El Horizonte de Matamoros. "Ahí abordó durante los meses recientes la pugna política en Tamaulipas de cara a las elecciones de las 43 cabeceras municipales", reza el comunicado.

Artículo insistía en que Tamaulipas es una zona silenciada, una región en que el ejercicio del periodismo supone un riesgo muy alto. De 2000 a la fecha, 14 periodistas han sido asesinados en el estado, sólo por debajo de Veracruz, con 25 casos.

Solo este año, tres periodistas han sido asesinados en México. El año pasado fueron 12 y el anterior 11.

Condena por el asesinato de Moisés Sánchez

La fiscalía de Veracruz informó ayer también de la condena a 25 años de dos de los asesinos del periodista Moisés Sánchez en Medellín, Veracruz, en enero de 2015. Sánchez fue uno de los reporteros asesinados durante el mandato de Javier Duarte, gobernador priista, actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada.

El 2 de enero de 2015, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Sánchez y se lo llevaron a la fuerza. Dos semanas después, el 25 de enero, las autoridades encontraron el cuerpo a unos kilómetros de allí, muy lastimado, degollado.

Desde el principio se señaló a la policía municipal y al alcalde del municipio, Omar Cruz, del PAN. Los dos condenados ahora eran justamente policías municipales.

Sánchez era un periodista artesanal. Editaba su propio medio, La Unión, muy crítico con el alcalde Cruz. Su hijo, que estos años ha ejercido de portavoz de la familia, siempre apuntó la venganza del alcalde como móvil de la desaparición de su padre y posterior asesinato.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 31 marzo 2018.


El equipo de trabajo del precandidato a la presidencia por el PRI, señaló que valoraría emprender acciones legales contra el portal web Animal Político

El pasado 11 de enero el equipo de trabajo del precandidato a la presidencia por el PRI señaló que valoraría emprender acciones legales contra Animal Político

La organización Artículo 19 denunció hoy que el candidato a la Presidencia de México por el oficialista PRI busca inhibir la prensa, al amenazar con acciones legales contra el portal Animal Político por un artículo donde se le relaciona con un desvío de dinero.

"El 11 de enero, el equipo del precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, José Antonio Meade, señaló que valorarán emprender acciones legales contra el portal Animal Político", apuntó Artículo 19 en un boletín.

El pasado 10 de enero, este medio digital publicó un reportaje según el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigaba que durante los periodos de Rosario Robles y de José Antonio Meade al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, 2012-2015 y 2015-2016, respectivamente, se establecieron convenios con dos universidades.

Los centros educativos recibieron en conjunto 540 millones de pesos para identificar a personas en condiciones de pobreza extrema. No obstante, según el artículo, los auditores descubrieron que "buena parte del dinero simplemente desapareció".

Un día después, el equipo de Meade envió una carta a este medio en respuesta a estas acusaciones, que también fue publicada en el portal.

El tono de la misiva, consideró Artículo 19, "evidencia el interés de inhibir el libre ejercicio periodístico materializado en la búsqueda, recopilación y difusión de información de interés público como lo son presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de los funcionarios".

La respuesta del portavoz de Meade expresa textualmente que "lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma", apuntó Artículo 19.

Para la ONG, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, el destino de recursos públicos es "objeto de interés para la sociedad".

"El equipo del precandidato presidencial del PRI pierde de vista que, debido a las funciones públicas que ha realizado en los últimos años, su labor está sujeta a un mayor escrutinio público, por lo que resulta justificado que la sociedad conozca las investigaciones", agregó.

Además, el oficialismo "pierde de vista la necesidad de robustecer el debate público en torno a la gestión gubernamental de quienes aspiran a ocupar altos cargos públicos", agregó.

Por lo anterior, Artículo 19 consideró que la anunciada intención de emprender acciones legales contra Animal Político responde a una estrategia de inhibición del discurso público.

"En un país asolado por múltiples actos de corrupción y el mantenimiento de la impunidad, el trabajo periodístico de investigación llevado a cabo por Animal Político resulta no solamente pertinente, sino necesario para la construcción de una verdadera sociedad democrática", subraya el texto.

Por todo lo anterior, la ONG exige a Meade y su equipo desistir de realizar cualquier tipo de amago de emprender acciones legales y, por el contrario, se muestren garantes de un "ejercicio robusto de transparencia y acceso".

México, uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, vivió este 2017 su año más negro con el asesinato de doce reporteros.

EFE
Ciudad de México
Viernes 12 de enero 2018.


El regreso del PRI a Los Pinos ha significado la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información, advirtió la organización Artículo 19 en su informe anual "Libertades en Resistencia".

Además, indicó que con 11 periodistas asesinados, 2016 fue el año más letal para la prensa en México, en que también se contabilizaron 426 agresiones contra comunicadores.

De acuerdo con el documento, las violencias contra la libertad de expresión en el País son generadas principalmente por funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno.

"Por el medio que sea, las agresiones, las leyes, las malas prácticas, y a costa de lo que sea, nos quieren privar de cualquier información que dé cuenta de una mala gestión gubernamental, de todas las instancias y en todos los niveles de Gobierno", aseguró Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México y Centroamérica.

El año pasado, 226 agresiones contra periodistas fueron cometidas por agentes del Estado, lo que equivale a 53 por ciento del total.

De estos ataques, 40 por ciento provino de estatales, 35 por ciento de municipales y 25 por ciento de federales.

Únicamente cuatro por ciento de las agresiones que documentó la organización identificó al crimen organizado como fuente.

Artículo 19 indicó que 99.75 por ciento de los casos de agresiones a periodistas que atiende la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión permanece en la impunidad.

Mencionó que, en total, esa dependencia inició 118 averiguaciones previas y carpetas de investigación en 2016 y únicamente atrajo dos casos de periodistas asesinados.

El informe también cuestionó la relación entre Gobierno y medios de comunicación.

Puntualizó que en la mayoría de los casos, los ingresos de los medios dependen del dinero público, y por lo tanto, el Gobierno incide en las líneas editoriales y trunca los alcances de una expresión plural, objetiva e independiente.

En ese sentido, detalló que el Gobierno de Peña Nieto mantiene un gasto histórico en materia de publicidad oficial, de 34 mil millones de pesos, tendencia que también tiene en los estados, sobre todo en Tamaulipas, Coahuila y Oaxaca.

La ex Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, aplaudió la seriedad del informe y que éste vincule la vulneración del derecho a la libertad de expresión con una transición a la democracia inacabada en México.

Asimismo, refirió que en sus recomendaciones, Artículo 19 pide cosas absolutamente razonables a un Estado, que se ufana en todos los foros internacionales, por ejemplo, de ser el primer país en promulgar una ley de transparencia en la región.

"El informe se limita a pedirle al Estado aquello a lo que el Estado se comprometió en su Constitución Política y en los tratados internacionales que ha firmado, ¿dónde está lo subversivo?", comentó.

Asimismo, dijo que no queda duda de que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América Latina, una región que no es nada fácil.

Reforma
Silvia Garduño
Ciudad de México
Viernes 7 de abril de 2017.

Artículo 19 y Fundar destacan en ese gasto la promoción de la figura de RMV

El gobierno de Puebla gastó en publicidad oficial 627.4 millones de pesos, durante los años 2010, 2011 y 2013 (no hay datos del 2012), de acuerdo con el informe “Libertad de expresión en venta", elaborado por las organizaciones Artículo 19 y Fundar.

Los 627.4 millones de pesos (aún sin datos de 2012), colocan a la entidad en el lugar número 12 a nivel nacional con más inversión en publicidad oficial.

En el informe, que se presenta este miércoles, también se indica que buena parte del presupuesto de publicidad oficial se empleó para promocionar los informes de labores de Rafael Moreno Valle Rosas, pero no sólo en Puebla sino en otros 25 estados de la República violando el artículo 134 Constitucional.

Puebla informa poco

Año con año las organizaciones Artículo 19 y Fundar dan a conocer el Índice de acceso al gasto en las entidades federativas, donde se analizan la publicidad oficial en los estados.

Para cada índice se toman en cuenta los datos del año fiscal anterior, es decir, que el informe 2014 hace referencia a los gastos de 2013.

La información que se pidió a las entidades vía transparencia fue: documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

También documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Esta evaluación toma en cuenta cinco puntos: presupuesto aprobado, presupuesto ejercido, montos por tipo de medio de comunicación, montos por proveedor y montos por campaña pagada.

Puebla resultó con tres puntos de cinco, ya que no dio a conocer los montos por tipo de medio y los montos por campaña.

A diferencia de los índices 2011, 2012 y 2013 en los cuales no se proporcionó información, para 2014 Puebla dio información suficiente sobre el período fiscal anterior

Gasto millonario en publicidad

Los resultados del índice revelan que el gasto en publicidad oficial decreció, puesto que en 2010 fue de 288.9 millones de pesos, en 2011 de 202.8 millones y en 2013 de 134.7 millones, lo cual representa una baja de 53.3 por ciento en 2013 respecto a 2010.

En total suman 627.4 millones de pesos (aunque no se tiene en dato de 2012), lo cual coloca a la entidad en el lugar número 12 a nivel nacional con más inversión en publicidad oficial.

En Puebla gran parte del presupuesto en publicidad oficial va para televisión (45%), después radio (20%), luego otros (15%) y medios impresos (15%), al final una mínima parte en internet (5%).

Promoción fuera de la ley

En el apartado del informe "La publicidad oficial en los informes del gobernador de Puebla" se menciona que al menos la promoción en los años 2012 y 2013 fue extraterritorial e inconstitucional, sin embargo la sanción para los responsables fue nula.

En 2012 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) documentó la transmisión de 3 mil 266 spots cinematográficos o “cine minutos”. El costo de dicha campaña superó los 14 millones pesos.

Los promocionales fueron reproducidos en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.

Por tal acción el IFE pidió al Congreso estatal una sanción, que consistió en una amonestación privada en contra de Sergio Ramírez Robles, entonces encargado de Comunicación Social.

Por el informe de 2013, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia ante el INE por la transmisión de 2 mil 758 spots de radio y televisión en 25 estados del país, además de los 5 mil 341 que se transmitieron en Puebla

Las entidades federativas con el mayor número de impactos, más allá de Puebla, fueron el Distrito Federal (383), Sonora (350), Nayarit (313), Guanajuato (319) y Jalisco (290).

De nueva cuenta al ahora INE pidió una sanción, la Contraloría sólo aplicó una “amonestación privada” a Marcelo García Almaguer, según reconoció la dependencia a una solicitud de información, tras una colecta de periodistas y ciudadanos.

Puebla ejemplo de impunidad

Artículo 9 y Fundar señalan que desde 2007 en México está constitucionalmente prohibido que cualquier servidor público difunda su nombre, imagen, voz y símbolos a través de la publicidad oficial, a excepción de los informes de labores.

El abuso de ésta excepción se ejemplifica en el caso de Puebla, pues su actual gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha recurrido a una importante promoción personal en el marco de sus informes.

"Puebla es un claro ejemplo de impunidad ante el abuso de la publicidad oficial y su excepción electoral. Muy a pesar de que el mandatario fue declarado responsable de infringir la Constitución y el código electoral, de manera reiterada en 2012 y 2014, las autoridades correspondientes no han aplicado las debidas sanciones", dice el informe “Libertad de expresión en venta".

Aplican censura indirecta

En 2013, el gobierno federal y 27 entidades federativas gastaron más de 13 mil 640 millones de pesos en la difusión de sus políticas, programas y servicios; pero también en elogios mediáticos a sus logros e imágenes.

Sin embargo lejos de informar a la sociedad, la publicidad oficial puede servir como una herramienta de censura indirecta, que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, la información que transmiten, y las opiniones que estos construyen y difunden.

Las cinco entidades federativas que ejercieron –en términos absolutos– la mayor cantidad de recursos públicos en publicitarse son, en orden descendente: Coahuila con mil 113 millones, Nuevo León con 718 millones, Chihuahua con 674 millones, Morelos con 440 millones y Campeche con 313 millones.

De las quince entidades que excedieron lo presupuestado para 2013, siete lo hicieron en más del doble de los recursos aprobados al inicio del periodo: Chihuahua, Morelos, Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Zacatecas y Colima.

e-consulta
Samantha Páez
Ciudad de Puebla
Jueves 27 de agosto de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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