La participación protagónica de Vargas Fosado generó polémica en la entidad, en virtud de que fue uno de los funcionarios del sexenio morenovallista más cuestionado.


Ardelio Vargas Fosado, asesor del gobernador Miguel Barbosa Huerta, encabezó este jueves las negociaciones con los policías estatales que desde hace tres días se mantienen en paro.

Desde el arranque del sexenio se ha asegurado que el exsecretario de Seguridad en el morenovallismo y extitular del Instituto Nacional de Migración en el sexenio de Enrique Peña Nieto es quien realmente toma las decisiones en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Vargas Fosado se presentó este jueves en las instalaciones de la 9 Oriente y 16 Sur, donde se concentran los uniformados que demandan aumento salarial y quienes, además, exigieron la salida de mandos chiapanecos que llegaron a Puebla con el actual titular de la SSP, Raciel López, originario de esa entidad.

El asesor de Barbosa, también cercano a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, encabezó dos mesas de diálogo con los policías, a quienes propuso 20% de incremento en la compensación. Los paristas acordaron que aceptarían ese incremento, pero aplicado directo al salario, por lo que las conversaciones aún se mantienen pendientes.

La participación protagónica de Vargas Fosado generó polémica en la entidad, en virtud de que fue uno de los funcionarios del sexenio morenovallista más cuestionado.

Y es que, durante los más de dos años que se mantuvo al frente de la SSP, fue acusado de lanzar operativos para reprimir movilizaciones sociales y violentar los derechos humanos.

El asesor en Seguridad de Barbosa Huerta se presentó acompañado de la coordinadora del C5, Carla Morales Aguilar, quien fue nombrada por el gobernador como delegada de Seguridad en el municipio de Puebla, pero a la fecha no ha podido ejercer el cargo, dado que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se negó a reconocerla por su cercanía con Vargas Fosado, cuya presencia en el equipo del gobernador ha generado protestas entre los seguidores y militantes de Morena.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 5 de junio de 2020.


Vargas Fosado dejará el gobierno de Puebla sólo si hay una determinación judicial: Barbosa


El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que mantendrá como su asesor a Ardelio Vargas Fosado y como delegada de Seguridad en Puebla capital a Carla Morales Aguilar, pese a los señalamientos públicos de la cercanía de ambos con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el crimen organizado.

Al preguntarle si tomaría en cuenta la orden –emitida por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador– de suspender de sus cargos a todos los funcionarios de la administración federal que estén relacionados con el ex colaborador de Felipe Calderón, para reconsiderar sus propuestas para la seguridad municipal, Barbosa respondió:

 “Eso se publicó en la revista Proceso, yo respeto mucho lo que se publique en la revista Proceso. El día que haya una determinación judicial, ministerial de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno”.

Al insistirle sobre su empecinamiento para mantener esos perfiles que han sido criticados por su actuación en el pasado, el mandatario interrumpió: “Esa es mi respuesta ¿sale? Ya te di mi respuesta”.

Ayer, Proceso publicó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, envió un oficio a todas las dependencias y organismos del gobierno federal para informarles que por instrucciones presidenciales deberán separar de su cargo a todos los funcionarios que hayan estado vinculados con García Luna.

Además de la participación de Vargas Fosado como asesor de Barbosa Huerta, en Puebla también se ha cuestionado la confirmación que hizo el Congreso de local de Gilberto Higuera Bernal como fiscal general del estado, pese a que fungió como coordinador jurídico en los seis años que García Luna fue secretario de Seguridad Pública del expresidente Calderón.

En un video difundido ayer, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco pidió al gobernador desistirse de nombrar en Seguridad Pública de Puebla capital a gente relacionada con García Luna.

“Gobernador: no vulnere la seguridad de las y los poblanos con estos perfiles que está trayendo y que están relacionados con Genaro García Luna”, reclamó la edil morenista.

En el mismo video, Rivera Vivanco acusó al mandatario estatal de haber emprendido una campaña de desprestigio, amedrentamiento y persecución en su contra y de sus colaboradores.

Sostuvo que Barbosa Huerta ha usado sus ruedas de prensa para descalificar y arremeter diariamente contra la administración municipal, a la que acusa de cometer múltiples irregularidades y de proteger a la delincuencia.

También ayer, el gobernador aseguró que el gobierno capitalino cuenta con una estructura alterna que cobra cuotas a giros negros y protege a 84 policías que no aprobaron controles de confianza.

Afirmó que en 13 ocasiones se le ha notificado a la alcaldesa para que proceda contra los elementos policíacos que incurren en irregularidades y no ha actuado. También ha dicho que la corporación municipal no participa en operativos porque los filtran a la delincuencia.

El secretario del ayuntamiento, René Sánchez Galindo, rechazó que la autoridad municipal solape la delincuencia. Afirmó que han presentado cerca de 50 denuncias penales y que la Fiscalía General del estado ha hecho caso omiso.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 28 de marzo de 2020.


El asesor de seguridad del gobierno de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, estuvo a las órdenes de quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos


Aunque el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción de separar de sus cargos a todos los funcionarios que estuvieran ligados al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que exista una orden judicial de por medio para cumplir con esta orden, que impactaría directamente a su asesor en seguridad, Ardelio Vargas Fosado.

Yo respeto mucho lo que se publicó en la Revista Proceso, pediría que haya una determinación judicial, ministerial, de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno

Aunque la reportera de este medio nacional buscó profundizar en el tema, el gobernador dio carpetazo al decir “ya te di mi respuesta”.

Fue a través de un documento firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, como se formalizó la instrucción de suspender a todos los funcionarios de la administración federal ligados a García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por los delitos de conspiración, tráfico de drogas y falsear declaraciones.

En Puebla, el asesor de seguridad de Barbosa Huerta es Ardelio Vargas Fosado, quien estuvo bajo las órdenes de García Luna en 2007-2008, cuando este último fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal del entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Vargas Fosado también fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) durante el sexenio del exgobernador, Rafael Moreno Valle, hoy fallecido, lo que fue criticado también por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien mantiene un conflicto con Barbosa Huerta por el control de la seguridad en la capital poblana.

El Sol de Puebla
Víctor Hugo Juárez
Ciudad de Puebla, México
Sábado 28 de marzo de 2020.


La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco insistió en su rechazo al perfil recomendado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esta capital, por los nexos con Ardelio Vargas Fosado, exsecretario de Seguridad en el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

En un mensaje grabado, la alcaldesa poblana destacó que incluso ya planteó el asunto ante el gobierno federal y hubo un pronunciamiento para dejar fuera de las fuerzas municipales al grupo del también extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), cercano a Genaro García Luna –colaborador del expresidente Felipe Calderón–, preso en Estados Unidos por sus presuntas ligas con el narcotráfico.

Con ese mensaje, Rivera Vivanco mantiene firme su postura contra la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad en Puebla capital, para sustituir a la actual encargada, Lourdes Rosales Martínez. El cambio fue decidido por el gobernador.

Con ello, continúa la confrontación entre Rivera Vivanco y Barbosa Huerta, ambos procedentes de Morena. Éste adelantó que recurrirá a acciones legales para definir la situación.

“Es evidente que ella no va a acatar voluntariamente la decisión que tomé como gobernador, con base en las atribuciones constitucionales que tengo, entonces los procedimientos legales son los que tomarán el curso para que esto se resuelva. No voy a entrar en un ping-pong”, soltó Barbosa ante la postura de Rivera, e insistió que, pese a la oposición de la alcaldesa, Carla Morales va a asumir la delegación de la Seguridad Pública en Puebla.

En su mensaje, Rivera Vivanco aclaró que no rompió ningún acuerdo con el mandatario respecto del nombramiento del encargado de Seguridad en el municipio, y que en todo momento manifestó su preocupación por los perfiles recomendados.

“…solicité opinión a algunas instancias federales y de ello informé al gobernador. La opinión federal la recibimos telefónicamente, tanto el gobernador como su servidora. La posición fue clara: mantener la seguridad, preservar la autonomía del municipio y dejar fuera de las fuerzas municipales a los grupos de funcionarios mencionados”.

Sin mencionarlos por su nombre, la alcaldesa recordó que Morales Aguilar fue secretaria particular de Vargas Fosado cuando éste fungió como secretario de Seguridad del estado en el gobierno de Moreno Valle, y ahora –subrayó– “pretenden tomar el mando de la policía municipal”.

“Estos personajes pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo, no pasarán por la 4T”, recalcó.

Prosiguió: “Colaboración total, apertura irrestricta, pero nada que violente la autonomía municipal. Escucho recomendaciones, mi responsabilidad es dar soluciones, no acatar instrucciones de las que no estoy convencida”.

Luego preguntó: “¿Qué es la Cuarta Transformación si avanzamos en la sana división de poderes? ¿Qué es la Cuarta Transformación si no respetamos las autonomías? ¿Qué es la Cuarta Transformación si permitimos que regresen los mismos personajes que vulneraron la paz y la seguridad de Puebla?”.

Sobre los señalamientos que hizo Barbosa, en el sentido de que la policía municipal a su cargo estaba infiltrada por la delincuencia, Rivera Vivanco indicó que en diversas ocasiones consultó al mandatario y a la Fiscalía para saber si había sospechas o denuncias en contra de la titular de Seguridad de su administración, Lourdes Rosales, y siempre le respondieron que no.

Su gobierno, abundó, ha realizado operativos en lugares donde “nunca antes había entrado la fuerza policial, por temor o complicidad”, como el Mercado Unión, el Morelos y la 46 Poniente.

Oscuro pasado

Barbosa ha reconocido que Ardelio Vargas es su asesor en seguridad y, según elementos policíacos, el extitular de INM despacha en la oficina principal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), donde Morales Aguilar es la coordinadora general.

A su paso por la Secretaría de Seguridad estatal, en los primeros años del sexenio de Moreno Valle, fue acusado de reprimir movilizaciones sociales, incluso se hizo acreedor a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documentó el uso de balas de goma en contra de campesinos en Chignahuapan.

Además, organismos defensores de derechos humanos lo acusaron de haber dirigido, como comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), los operativos contra movilizaciones sociales en el municipio mexiquense de Atenco, así como en Oaxaca.

También es pública su cercanía con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Sus carreras estuvieron ligadas por muchos años en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Cuando el ahora fichado en Estados Unidos dejó la titularidad de la AFI para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, Vargas Fosado lo sustituyó en el cargo.

En 2013, el Nodo de Derechos Humanos-Puebla emitió un boletín en el que resumió que Vargas Fosado se dedicó en su periodo como titular de Seguridad Pública de Puebla a “golpear movimientos sociales bajo las órdenes del gobernador”, mientras permitía el “avance y asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla”.

En los comicios de 2019, el exsecretario de Seguridad estatal reapareció en Puebla durante actos de campaña del ahora gobernador Barbosa Huerta. Éste justificó la presencia del priista por el lema principal de su campaña: “la reconciliación” de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 20 de marzo de 2020.



A la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaró Carla Morales Aguilar, ex titular del C5 en Puebla y la coordinación general de Seguridad llegará el ex delegado de Migración en Jalisco trata de Ricardo Ariel Vera Lira. Ambos perfiles cercanos a Ardelio Vargas Fosado, el primer secretario de Seguridad Pública Estatal de Rafael Moreno Valle Rosas


La estructura de Ardelio Vargas Fosado, el primer secretario de Seguridad Pública Estatal con Rafael Moreno Valle Rosas, llegará a instalarse como titulares del la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco.

A María de Lourdes Rosales Martínez, la suplirá la directora Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), Carla Morales Aguilar, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Carla Morales es una de las principales operadoras de Ardelio Vargas Fosado quien, cuando fue titular del Instituto Nacional de Migración con Enrique Peña Nieto la nombró delegada para el estado de Puebla. También Vargas Fosado la recomendó para llegar al gobierno del estado en tiempos de Guillermo Pacheco Pulido y cabildeó a favor de ella para que continuara con Miguel Barbosa Huerta quien la mantuvo en el C5.

A la Coordinación General de Seguridad Pública, en donde todavía se encuentra José Tlachi Meneses, también llegará un alfil de Vargas Fosado. Se trata de Ricardo Ariel Vera Lira, quien en tiempos de Enrique Peña Nieto pasó por la delegación de Jalisco del Instituto Nacional de Migración.

Vera Lira también estuvo al frente de la Policía Estatal Preventiva de Puebla cuando Vargas Fosado fue secretario de Seguridad Pública durante los primeros años de Rafael Moreno Valle Rosas en el gobierno del estado de Puebla.

Como este diario digital informó, ayer el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta confirmó que Lourdes Rosales Martínez dejará la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital poblana, adelantando que será otra mujer quien ocupe el cargo.

En entrevista, el mandatario informó que su administración terminó la evaluación de los mandos de seguridad de la Zona Metropolitana de Puebla, por ello el próximo viernes 13 de marzo se anunciarán los nuevos nombramientos.

Esta edición adelantó que Carla Morales Aguilar, sería el perfil para sustituir a María de Lourdes Rosales Martínez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a su cercanía con Ardelio Vargas Fosado, quien se ha vuelto uno de los asesores en la materia para el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa.

Hasta el momento aún no se barajean nombres para las áreas de dirección de Policía, Tránsito e Inteligencia Municipal aunque se prevé que los perfiles también serán afines al grupo de Ardelio Vargas Fosado.

Periódico Central
Edmundo Velázquez
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 13 de marzo de 2020.


Barbosa confirma remoción de 4 de 8 jefes policiacos en la zona metropolitana; dos están pendientes

Seis de los ocho jefes policiacos en sendos municipios de la zona metropolitana de Puebla serán removidos en los próximos días, confirmó ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien también asintió, a pregunta expresa, que entre los altos mandos que se irán se encuentra Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital.

En una entrevista que concedió ayer el mandatario estatal, tras encabezar una reunión de trabajo con presidentes municipales, síndicos y sistemas municipales del DIF, el mandatario precisó a pregunta expresa, que además de la Angelópolis, serán dados de baja los actuales titulares de Seguridad Pública en Huejotzingo, Coronango y Juan C Bonilla.

Explicó que en el caso de Amozoc y Cuautlancingo aún no se determina si habrá cambios o no, mientras que en San Pedro Cholula y San Andrés Cholula no se harán relevos de los mandos de seguridad.

Precisó que en lo que compete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento presidido por Claudia Rivera Vivanco, que encabeza Lourdes Rosales Martínez desde octubre de 2018, se mantendrá el cargo para una mujer.

El morenista indicó que los cambios son resultado del análisis que se hizo a las policías luego del convenio de seguridad que se firmó con ayuntamientos de la zona metropolitana, por lo que será en los siguientes días cuando se den los movimientos en las cuatro demarcaciones antes señaladas.

“Ya terminamos con esa evaluación, en esta semana cerramos este tema de los relevos en los responsables de las áreas de seguridad, se mantienen las posiciones para quienes ocupan los cargos, en Puebla será una mujer la que asuma la función”, expresó.

Ante la pregunta sobre el trascendido de que Carla Morales Aguilar, exdelegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio pasado, será quien releve a Rosales Martínez, Barbosa Huerta lo rechazó, pero reiteró que será respetado el cargo para una mujer.

Por último, el mandatario se pronunció a favor del mando coordinado y no por un mando único, a la par de descartar que Ardelio Vargas Fosado vaya estar al frente de dicha área, aunque confirmó que es su asesor en seguridad pública.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Jueves 12 de marzo de 2020.


Puebla, Pue. - A Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, se le atribuye haber recomendado a sus cercanos Ardelio Vargas Fosado y a Facundo Rosas Rosas para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Rafael Moreno Valle, período en el que se asientan en Puebla las bandas que operan el robo de combustible, narcomenudeo, secuestros y asaltos a trenes y vehículos de carga.

Igual, estos dos funcionarios morenovallistas son señalados por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de haber sido los ejecutores de la peor crisis represiva contra activistas y críticos del gobierno en la historia de esta entidad.

El poblano Ardelio Vargas Fosado presumió en una entrevista concedida en 2010 al periodista Álvaro Ramírez su cercanía con García Luna, a quien dijo haber conocido cuando ambos fueron “orejas” en Chiapas durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sus carreras estuvieron ligadas por muchos años en el Centro Investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); en la Policía Federal Preventiva (PFP) y en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuando el ahora fichado en Estados Unidos dejó la titularidad de la AFI para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, fue Vargas Fosado quien lo sustituyó en el cargo.

“Es mi amigo, mi cuate… Nos llamamos de manera permanente para las cuestiones familiares y profesionales… Nuestro trato es de amigos, ni siquiera de funcionarios”, confió el poblano al describir su relación con García Luna en la entrevista de diciembre de 2010.

Dos meses después, en febrero de 2011, al asumir la gubernatura Moreno Valle, Vargas Fosado, en ese momento diputado federal por el PRI, fue nombrado Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Violentos operativos contra comerciantes y ahorradores defraudados; el desalojo de campesinos en Chignahuapan y contra pobladores de Francisco Z. Mena, con 31 y 26 detenidos, respectivamente, marcaron su paso por la SSP de Puebla.

En enero de 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla hizo pública la recomendación 60/2011, en la cual se dio cuenta de la brutalidad con la que actuaron los elementos policiacos bajo el mando de Vargas Fosado para desalojar a los campesinos que tenía tomado un predio de la hacienda de Atlamaxac, en la junta auxiliar de Ciénega Larga, Chignahuapan,

La CEDHP documentó en ese momento el uso de balas de goma contra civiles que eran en su mayoría mujeres, niños y personas de la tercera edad.

En enero de 2013, Vargas Fosado dejó la SSP para ser titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El Nodo de Derechos Humanos-Puebla emitió un boletín en el que resumió que Vargas Fosado se dedicó en su periodo como titular de Seguridad Pública de Puebla a “golpear movimientos sociales bajo las órdenes del gobernador”, mientras permitía el “avance y asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla”.

En febrero de este año, el ex Secretario se sumó a la campaña del entonces candidato Miguel Barbosa Huerta. “Son tiempos de reconciliación y unidad”, justificó el hoy mandatario.

Facundo Rosas

Otro recomendado de García Luna llegó entonces a hacerse cargo de la seguridad de Puebla: el también poblano Facundo Rosas Rosas. Fue bajo su actuación que, de acuerdo a organizaciones civiles, se vivió la peor crisis de derechos humanos en esta entidad, a la vez que surgió el “boom” del llamado huachicol en la región de Tepeaca-Tecamachalco.

Rosas Rosas estuvo al frente del operativo de desalojo del 9 de julio de 2014 contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco, el cual derivó en la muerte del niño de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie Tamayo.

Sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014, en la que documenta que se dispararon cartuchos de gas lacrimógeno directo contra los pobladores.

La CNDH pidió iniciar “procedimientos de responsabilidad” contra Rosas Rosas por estos hechos, pero el poblano siguió en el cargo y sólo se emitió un boletín donde se aseguraba que había recibido una amonestación y una multa, sin que se revelara el monto de la misma.

Elia Tamayo, madre del niño asesinado, ha insistido en reabrir el caso y ha señalado a Rosas Rosas como uno de los principales responsables por haber estado al frente del operativo.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla documentó que durante esos años hubo 350 presos políticos y más de 400 personas reprimidas y perseguidas en esta entidad.

También fue en esos años que se disparó la presencia de las bandas delictivas en el llamado “Triángulo Rojo”. De acuerdo a las estadísticas difundidas por Pemex, de 49 tomas clandestinas que se detectaron en 2010, último año de Mario Marín Torres, la cifra se disparó a 815 en 2015 y a 1, 533 en 2016, lo que representó un alza de más de 3 mil por ciento en el sexenio morenovallista.

En el libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, el periodista Sergio Mastretta y la académica María Eugenia Silva, señalan que la “explosión del huachicol” en Puebla tuvo su arranque durante 2013-2014, en el marco de la instalación de la armadora alemana en el municipio de San José Chiapa.

Con impunidad, los huachicoleros surtieron combustible barato -a 4 pesos el litro- a los 1, 800 camiones materialistas de la CTM que tuvo el contrato para mover más de 20 millones de toneladas de tierra que se requirieron para construir la plataforma en la que se instaló Audi.

“Lo que se le vino a Puebla es una violencia sin par en la historia del crimen en el estado. Involucra al cártel de los Zetas, en una primera etapa, y al Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos tiempos. Se han involucrado policías estatal y municipales, y difícilmente puede pensarse sin la participación de las autoridades en los ayuntamientos y en el propio gobierno estatal”, señalan los autores de la Trama Audi.

El 8 de julio del 2015, Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, en ese entonces director y jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva respectivamente, fueron detenidos en Felipe Tenextepec, Tepeaca, cuando custodiaban 31 camionetas cargadas de combustible robado.

Ambos fueron ubicados como mandos de confianza designados por Rosas Rosas, que le rendían cuentas de manera directa. Sin embargo, al entonces Secretario le bastó con renunciar al cargo, sin que se conociera investigación en su contra. Incluso, hay versiones de que continuó como asesor de Moreno Valle en lo que restó del sexenio.

A la fecha, el hombre de confianza de García Luna publica en medios locales su columna “El Jaguar y el Águila”, donde aborda precisamente temas sobre seguridad de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 21 de diciembre de 2019.


Bajo el lema de campaña “Ya encarrerado el Gato…” Barbosa suma a funestos caciques políticos de la Sierra Norte…

 El priista Ardelio Vargas Fosado, quien fue el primer secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle y fue acusado reiteradas veces como represor, se sumó hoy en respaldo al precandidato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta.

En un acto de precampaña de Barbosa por el municipio de Xicotepec de Juárez, donde el también titular del Instituto Nacional de Migración en el sexenio de Enrique Peña Nieto es considerado un cacique, fue presentado ante seguidores de Morena.

Desde el templete, el precandidato a la gubernatura justificó el respaldo del priista al señalar que son tiempos de reconciliación y de unidad para Puebla.

Sin embargo, Vargas Fosado ha sido un personaje polémico, acusado en distintos momentos por sus operativos represores contra movimientos sociales.

El priista fue Director de Investigación y de Seguridad del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y Comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) en donde estuvo al frente de los operativos en Atenco y contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Fue secretario de Seguridad Pública en los primeros años del sexenio de Moreno Valle, cuando igual se llevaron a cabo diversas represiones contra grupos que participaron en protestas, así como el desalojo violento de campesinos en Chignahuapan.

Cuando fue nombrado director del INM, el Nodo de Derechos Humanos-Puebla AC advirtió en su pronunciamiento que además de “golpear movimientos”, Vargas Fosado “permitió el avance y el asentamiento del crimen organizado en el norte de Puebla”.

La ley del garrote, el sello morenovallista

En lo que va del actual sexenio la represión policiaca ha sido una constante. Primero fue Ardelio Vargas y ahora Facundo Rosas

Las represiones contra manifestaciones no cambian a lo largo del actual sexenio, incluso se disuaden casi de la misma manera: con violencia, gases lacrimógenos y balas de goma.

La misma estrategia se utilizó en dos manifestaciones con tres años de diferencia, inclusive con titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal distintos, pero con fama de represores: Ardelio Vargas Fosado y Facundo Rosas Rosas.

Manifestantes contra el gasoducto, mototaxistas, maestros disidentes, defraudados de cajas de ahorro e inconformes con el Registro Civil engrosan las filas de las cárceles poblanas, luego de ser reprimidos durante los tres últimos años, la mayoría en manifestaciones.

Según organizaciones no gubernamentales (ONG), desde la llegada de Ardelio Vargas Fosado —al inicio del sexenio— a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) iniciaron los ataques a las manifestaciones con la utilización de gases lacrimógenos y violencia excesiva para disolverlas.

Pero, a pesar de la salida de Vargas Fosado este 2014, ya al mando Facundo Rosas Rosas al frente de la SSPE se ha agudizado la respuesta de las autoridades a manifestaciones.

No sólo se siguen atacando las protestas por medio de la fuerza pública, sino ahora se detiene al mayor número de personas posible para procesarlos penalmente por distintos motivos, uno de ellos el de motín.

Según contabilizaciones de las ONG existen 31 procesados, 25 de ellos aún en prisiones poblanas debido a las altas fianzas fijadas por jueces penales solo por protestar en distintos puntos de Puebla y por distintas causas.

Incluso la diputada federal Roxana Luna Porquillo, en entrevista para Intolerancia Diario, señaló tajante que en Puebla no se están protegiendo los derechos humanos de los poblanos.

Las similitudes
A finales de 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) emitió la que hasta ahora es la única recomendación en contra de la SSPE por violencia en una manifestación en Chignahuapan.

Y eso que se han registrado más hechos similares, como los ocurridos en mayo del 2011, cuando se disolvió con gases lacrimógenos una manifestación de comerciantes de autopartes en la Secretaría de Finanzas.

El saldo fue de 11 niños atendidos por paramédicos, una menor hospitalizada y siete detenidos. Y es que a los policías estatales no les importó que hubiera una escuela al lado de la manifestación, pero sin respuesta de la CDHEP.

La única recomendación contra manifestaciones se emitió luego de que ejidatarios que protestaban por el despojo de tierras de parte de un particular, fueron desalojados por la fuerza y uso excesivo de la fuerza el 23 de agosto de 2011.

Estos hechos fueron similares en a los ocurridos apenas hace unos días en Tehuacán, donde se disolvió una manifestación por medio de la fuerza e incluso se atacaron a representantes de medios de comunicación o reporteros como hace tres años.

En ese entonces, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, fue recomendado por la CDHEP por la violación de garantías y lesiones en contra de 31 campesinos de Chignahuapan, de acuerdo a los hechos constatados en 97 diferentes evidencias.

Policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.

En aquel entonces Intolerancia Diario reveló una grabación en la que se escucha a Ardelio Vargas Fosado ordenar reprimir a un grupo de reporteros que cubrían el violento desalojo.

Las voces son del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado (Ardelio), del subdirector Segismundo Doguin Garay (Doguin), del director de la Policía Estatal Preventiva, Ricardo Ariel Vera Lira (Vera), además de un elemento de la Policía Estatal (PE).

PE: Líder, líder; son del pueblo, de aquí de Chignahuapan.

Ardelio: Pues no creo.

Doguin: Está bueno, al rato le regresas sus cámaras, nada más sin video.

Doguin: Sí, van a echar pedos, pero ni modo.

Doguin: Se identificaron como prensa o nomás andaban por ahí, nosotros no sabíamos ni quiénes eran.

Vera: Jefe, no sabíamos quiénes eran, pero todo mundo nos atacaba, no sabíamos si eran buenos o malos, haciéndole al “politichino” escondiéndose entre los matorrales.

Doguin: ¿Y nosotros no los filmamos a ellos?

Vera: No, jefe, no hubo tiempo, hubiera visto, estuvo muy grueso.

Vera: Jefe a los carros los coyotes, este problema ya se acabó.

Ardelio: Líder.

Vera: Adelante, señor.

Ardelio: A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórreles toda la imagen que tienen; de tontos nos van a acusar si se las devolvemos, ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo.

Vera: Sí, señor.

Caso Tehuacán

Las últimas ocho personas aprehendidas, apenas este lunes perdieron su libertad durante un operativo policiaco para disolver una manifestación en el Centro Integral de Servicios (CIS) en Tehuacán, las que se suman a otras 19 aprehendidas en solo un mes.

Los manifestantes bloquearon las instalaciones del Centro Integral de Servicios, impidiendo el ingreso y la salida de funcionarios estatales, como de los ciudadanos que diariamente acuden a realizar un trámite.

Cientos de habitantes de la Sierra Negra, así como por los 12 presidentes auxiliares de Tehuacán, se apostaron frente a las instalaciones, además de cerrar la carretera federal a este municipio de la Sierra Negra.

Los elementos de la Policía Estatal disuadieron la protesta mediante el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, por lo que los manifestantes optaron por retirarse.

El saldo fue de seis detenidos y una treintena de heridos. La demanda de los pobladores de la Sierra Negra fue una: la reapertura de las oficinas del Registro Civil en sus comunidades.

Al igual que en el caso de Chignahuapan en 2011, de acuerdo con el portal Periodistas en riesgo, en el operativo se agredieron a periodistas.

Los agredidos por los policías fueron José Aurelio García e Iván González, fotógrafo y reportero del diario El mundo de Tehuacán; Yomara Pacheco, reportera del periódico El Sol de Puebla, y Alondra Tehuacanero Limón, reportera de la estación de radio La mejor.

Pero hay dos diferencias del caso Tehuacán de 2014 al de Chignahuapan de 2011: La CDHEP no ha emitido ninguna postura en la última y no hay un audio como el de Vargas Fosado.

Sin derechos humanos

En entrevista, la diputada federal Roxana Luna Porquillo sentenció que en Puebla no se están protegiendo los derechos humanos, al no haber pronunciamientos sobre hechos notorios.

“Lo que está pasando en 2014 es una ola más fuerte de criminalización a la lucha social y a la violación de los derechos humanos de los poblanos, pues no ha habido una recomendación de manera urgente de parte del ombudsman López Badillo”.

Recordó que en asuntos en los que fue portavoz o intermediaria, como en el caso de Atzizihuacan, donde 20 personas fueron detenidos saliendo de la Secretaría de Gobierno, la CDHEP no ha dado ninguna respuesta.

“Tampoco cuando el 7 de mayo de 2014 hubo víctimas de violencia de parte de de policías estatales, no hay pronunciamiento en cuando a la intervención para solicitar o hacer acciones cautelares, para la integridad de Delfino Flores —ersona que murió a los 90 años en la cárcel—, y eso que se solicitó la intervención.

”No hay un pronunciamiento del uso excesivo de la fuerza de supuestamente de la policía o grupos paramilitares que llegan en camionetas blancas, sin placas y encapuchados, a los operativos contra mototaxistas.

”La agresión que se está cometiendo a las comunidades que ha generado la detención a diestra y siniestra de varias personas”.

—¿Cuánta gente está detenida?

—Hay 31 detenidos, procesados bajo procesos penales; dentro de ellas hay cinco personas que han logrado su libertad, pero otros no han podido salir por el exceso de las fianzas.

“Donde está el pronunciamiento de la CDHEP en cuanto a las fianzas excesivas que se fija a la gente que está recluida y que no pueden pagar y no tienen acceso a la justicia”, insistió.

“Está las quejas presentadas también porque organizaciones de defensa del agua y de la tierra por los megaproyectos y no hay respuesta. La queja de David Macuitl Cóyotl, niño cuya madre está detenida por una violación de derechos humanos y tampoco hay nada.

”¿Dónde está el pronunciamiento del hecho de la niña agredida en operativo de mototaxis en Coronango? La que tuvo que ser hospitalizada por el salvaje trato que le dieron como delincuente a una niña de 12 años.

”No hay un pronunciamiento en cuanto a las personas detenidas. Creo que ha sido omiso el ombdusman de callar ante todo lo que está pasando en el estado y una de las obligaciones de estos organismos es para garantizar que se protejan los derechos humanos en todo el estado”, insistió.

“No hay pronunciamiento en cuando a la libertad de la manifestación. Hoy si se manifiestan hay detenciones, no se garantiza a mototaxistas una alternativa de trabajo, que es el derecho al trabajo; se les encarcela y criminaliza.

”Esto es parre de lo que estamos viviendo, yo soy testigo, como ciudadana poblana, que si marcas a una hora determinada después de las seis de la tarde la Comisión de Derechos Humanos no contesta.

”En todo caso, contesta un policía y dice que no te puede tomar la queja. La misma comisión es la primera en violentar el acceso que es un organismo que está para defender”, dijo.

“Lo que se hizo en el Congreso es darle un premio y ocultar lo que sucede. Un premio a quien ha sido aliado de los ciudadanos y no ha cumplido con sus funciones de vigilar el Estado de derecho.

”Eso significa que no haya recomendaciones y que al contrario ha traído omisiones que generan clima de miedo e inestabilidad”, continuó Roxana Luna. (Jorge Castillo / 07-07-2014).

Proceso
Intolerancia Diario
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 26 de febrero de 2019.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter