•    Luis Miguel Barbosa Huerta revocó desde el miércoles las concesiones de cobro y publicidad, además anunció el inicio de procesos penales por acciones fraudulentas en el sistema RUTA

•    Tras acusar de “corruptos” a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, Barbosa dijo que el gobierno del estado mantendrá la operación de la Red de transporte a través de otras empresas.

Los gobiernos estatales panistas armaron un negocio con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para dar a los concesionarios hasta 234 mil millones de pesos a través de subsidios por un periodo de 28 años, lo que es incosteable para el gobierno estatal.

Debido a la imposibilidad de cumplir con esos pagos, la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, revocó desde este miércoles las concesiones de los sistemas de cobro y publicidad, que estaban en manos de las empresas Conduent Solutions y CincoMdos, respectivamente, aunque no se precisó lo que pasará con quienes operan los autobuses.

Al dar a conocer lo anterior, el Ejecutivo advirtió que se iniciarán procedimientos administrativos y penales en contra de los responsables de las obras y administración de la RUTA, por las irregularidades ubicadas en las 3 líneas del sistema.

Tras acusar de “corruptos” a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, Barbosa dijo que el gobierno del estado mantendrá la operación de la Red de transporte a través de otras empresas.

RUTA arrancó con tres diferentes concesiones: una para el cobro de pasaje, otra para comercialización de publicidad en los paraderos y otra para servicio de transporte de los autobuses.

Acusan condiciones ventajosas para las empresas

En conferencia de prensa, Rodolfo Chávez Carretero, director de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), señaló que los gobiernos de Moreno Valle y Gali establecieron condiciones ventajosas para los concesionarios y perjudiciales para el estado al crear el sistema RUTA, por lo que es necesario reestructurar los contratos.

El funcionario explicó que se establecieron costos de operación que se tenían que actualizar anualmente y con ello generar amplias ganancias para las empresas que operaran las tres líneas del Metrobús a través de los subsidios que recibían del gobierno estatal.

En el caso del servicio de autobuses los costos consideraron siete factores: precio por kilómetro recorrido, kilometrajes mínimos garantizados, un fondo de garantía, un factor de ponderación que se multiplica por kilómetro recorrido, el costo del Diésel, el índice inflacionario y la modificación tipo de cambio, los cuales tendrían que actualizarse año con año.

Hoy la empresa Sistema de Transporte Metropolitano de Puebla S.A. de C.V. está a cargo de la operación de los autobuses de la línea 1, mientras que la firma TAPTA S.A. de C.V. (filial de ADO) se encarga de las líneas 2 y 3.

Inflaron costos

Chávez Carretero explicó que los gobiernos panistas fijaron en 7.5 pesos la tarifa del Metrobús para los usuarios, pero el costo real lo ubicaron en 19.5 pesos, por lo que el gobierno del estado subsidiaba 12 pesos por cada usuario.

Otra sobreestimación que se realizó está en el costo del equipo para el sistema de transporte, pues en el caso de la Línea 1 se reportó un gasto de 200 millones de pesos, pero las facturas indican un seis por ciento menos.

Respecto a los servidores electrónicos se identificó un sobrecosto de 2.5 millones de dólares, pues se indicó que estos dispositivos –sin precisar el número- fueron adquiridos en 19 mil 708 dólares, cuando su costo es de 680 dólares.

Favorecieron a empresas de cobro y publicidad

Por otra parte, la empresa Conduent Solutions, encargada del cobro del peaje, se comprometió a invertir seis millones de dólares en el sistema de transporte, lo que no cumplió.

Esta empresa, se agregó, se quedaba con el 38 por ciento de los recursos que ingresaban a través de las máquinas de cobro en las terminales, lo que según el gobierno estatal sólo debía rondar el 10 por ciento.

En tanto, la firma CincoMdos, encargada de la colocación de publicidad en los paraderos, prometió al ser contratada que colocaría internet en los paraderos y tampoco se ha llevado a cabo.

A la empresa se le dio una concesión por 20 años y sólo retribuía al estado con el 10 por ciento de sus espacios para publicidad gubernamental.

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) definió cuatro posibles escenarios para el estado si se mantienen las condiciones de los contratos, en las que se tendrían que pagar entre 17 mil y hasta 234 mil millones de pesos de subsidios, en periodos de hasta 28 años, que fueron establecidos en las concesiones.

La secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, indicó que las cifras resultan perjudiciales e incosteables para las finanzas estatales.

Únicamente el presupuesto anual del estado ronda los 90 mil millones de pesos, por lo que los 234 mil millones de pesos representan casi tres veces esta cifra.  

Actualizaron tarifas a destiempo

Otra de las anomalías detectadas, expuso el funcionario, es que los costos de operación de la Línea 1 se actualizaron hasta cuatro años después de que fue puesta en marcha en 2013. Mientras que en las líneas 2 y 3 la actualización ocurrió solamente un año después de que se inauguraron.

Chávez recordó que la Línea 1 tuvo un costo de 1 mil 464 millones de pesos, de los que 394 fueron aportados por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras (Banobras), la administración estatal aportó otros 548 millones, mientras que de capital privado habría 522 millones que tuvo que aportarse en 2011 pero que se concretó hasta 2017.

El costo de las líneas 2 y 3 fue de 1 mil 338 y 1 mil 189 millones de pesos de pesos, respectivamente.

Se contratará a otra empresa

Barbosa Huerta indicó que se garantizará el funcionamiento de las tres líneas del Metrobús, así como de las rutas alimentadoras, a través de otra empresa, la cual será elegida y contratada en semanas posteriores.

El gobernador reveló que este miércoles ya les fue rescindido el contrato a las empresas que se encargaban del cobro del ingreso de los usuarios y de colocar publicidad en los paraderos.

Se presentarán denuncias penales

En su oportunidad, el gobernador aseguró que se presentarán denuncias penales en contra de los responsables, particularmente de quienes ocupaban los niveles jerárquicos más altos en los gobiernos panistas, pues dijo que algunos de los contratos fueron firmados por subordinados con el fin de que ellos no tuvieran consecuencias legales.

“Su cumplimiento provoca la anulación del gobierno, entonces vamos a ir a fondo, les doy mi palabra a los poblanos y las poblanas”, comentó.

e-consulta
Patricia Méndez
Jueves 8 de octubre de 2020.


El Juez de control vinculó a proceso al exdirigente de Acción Nacional, Jesús Christian Giles Carmona por el uso de documentación falsa, se le impuso una suspensión temporal de su título y su cédula profesional ya que los utilizó para acreditar la conclusión de estudios en Derecho.

La Fiscalía General de Justicia boletinó que obtuvo del Juez de control la vinculación a proceso el 20 de junio además de que tendrá que acudir a firmar de manera periódica cada 30 días y está obligado a presentar una garantía económica la cual no fue revelada. Tiene además la reestricción de salir del país, así como de acercarse a los testigos.

Por lo pronto se estableció la suspensión temporal de su actividad profesional como abogado y deberá entregar el título y cédula profesional a la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Fue en noviembre de 2019 cuando el Gobierno estatal dio a conocer que habían denunciado ante la FGE a 29 funcionarios públicos por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, esto por la asignación de calificaciones y títulos falsos desde el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

Entre las personas que recibieron su título falso, está Jesús Christian Giles Carmona, quien fungió como dirigente del albiazul en Puebla, durante la administración de Antonio Gali Fayad, pese a que en ese entonces no contaba con el título universitario que avalará sus estudios de Licenciatura en Derecho.

Jesús Giles es cercano a Eukid Castañón, el operador electoral del morenovallismo detenido en marzo de este año. Giles además era dirigente estatal del PAN cuando Martha Erika Alonso fue impuesta como candidata al Gobierno de Puebla en la elección contra el actual Gobernador por Morena, Miguel Barbosa.

SinEmbargo
Ciudad de México
Sábado 22 de agosto de 2020.

SDR: en 9 años se gastaron 2 mil mdp en seguros agrícolas y lograron 820 mdp en pago de daños

Las actividades primarias de Tlaxcala reportaron una variación anual de 13.9 por ciento en el tercer trimestre de 2019

A partir de este año el gobierno de Puebla canceló la póliza de seguro que contrataron las gestiones del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad para proteger la superficie agrícola, pues obligó un gasto 2 mil 220 millones de pesos durante nueve años, pero el estado cobró por concepto de indemnizaciones 820 millones de pesos.

Las cifras las proporcionó la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, en mesa de trabajo con diputados del Congreso de Puebla, donde informó que la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta apoyará a los campesinos que reporten cultivos siniestrados con incentivos para su actividad.

Aseguró que el cambio en el esquema de atención garantizará que los recursos públicos se apliquen en la producción agrícola y no se destinen a otro tipo de acciones que no guardan relación con el campo.

La póliza no se ajustó a las condiciones del estado

Ante la Comisión de Desarrollo Rural del Poder Legislativo, Ana Laura Altamirano explicó que la póliza se contrató de 2011 a 2019 sin ajustarse a las necesidades del estado, pues tuvo una cubertura de 100 por ciento sobre el millón de hectáreas sembradas en Puebla, cuando en promedio se siniestran 40 mil hectáreas al año.

Además, aclaró que Puebla jamás ha hecho frente a una eventualidad que genere afectaciones en toda la superficie que se dedica a la actividad agricultura.

La funcionaria mostró a los legisladores un gráfico del gasto que generó la póliza año con año para probar que el gobierno pagó a la aseguradora una bolsa de “muchos millones de pesos”, cuando el monto de las indemnizaciones siempre se encontró “muy por debajo”.

En 2013 se recuperó únicamente 15% de lo pagado

El peor año para el estado fue 2013 debido a que Puebla recuperó en pago de daños únicamente 15.6 por ciento de los 267.9 millones de pesos que destinó al seguro, es decir, 42.7 millones de pesos.

En tanto, en 2012 la aseguradora entregó indemnizaciones por 44.3 millones, que es equivalente al 20 por ciento del costo que tuvo la póliza ese año; mientras en 2016 pagó 67 millones; en 2017, 87 millones; y en 2015, 111 millones, lo que representó 24.5, 31.1 y 36.6 por ciento de los recursos públicos que recibió del gobierno, respectivamente.

Lo máximo que pudo recuperar el estado fue 70 por ciento del monto invertido, situación que se presentó en 2011 al obtener por indemnizaciones 102.7 millones de pesos de una póliza de 147.7 millones.

Se duplica costo del seguro al quinto año

De acuerdo con la información de la SDR, el costo del seguro se duplicó al quinto año de su contratación, ya que el gobierno de Moreno Valle pagó 147.7 millones de pesos en 2011, cifra que pasó a 304 millones en 2015.

El aumento no tuvo el mismo impacto en los beneficios, pues en 2011 el estado obtuvo por indemnizaciones 102.7 millones de pesos y en 2015, con una póliza 156.2 millones de pesos más cara, el pago de daños tuvo un incremento de 8.6 millones.

Para evitar esas pérdidas, Ana Laura Altamirano anunció que el gobierno realizará inspecciones en las superficies reportadas como dañadas para determinar la magnitud de la afectación y, con base en eso, definir el monto de los apoyos que asignará el estado de manera directa.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho / Puebla
Miércoles 24 de junio 2020.


El gobernador Luis Miguel Barbosa pedirá formalmente la desaparición del Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla, que fue creado en el gobierno de Antonio Gali Fayad.

La iniciativa de decreto del titular del Ejecutivo se dará a conocer este lunes en sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, programada para las 11:00 horas. La propuesta fue enviada por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

“Lectura del oficio SEGOB/430/2020 del Secretario de Gobernación quien, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, remite la Iniciativa de Decreto por el que se suprime el Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla”, señala el orden del día.

En octubre de 2019, el gobernador Barbosa anunció que el Instituto Metropolitano de Planeación pasaría a ser estatal, pues no dejó proyectos, a pesar del personal con el que contaba. Acusó también que quienes estaban en ese instituto era gente que pasaba de una administración a otra, sin que diera resultados durante los 22 meses que estuvo vigente.

El instituto fue creado para vigilar los proyectos de desarrollo urbano, territorial y vivienda, así como elaborar proyectos encaminados a convertir a los municipios en ciudades sustentables. Al desaparecer el OPD se pretende que los bienes, personal, funciones y facultades pasen a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, que dirige Beatriz Manrique Guevara.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Domingo 10 de mayo de 2020.

En marzo determinarán si Antorcha Campesina será partido político

A finales de enero termina el proceso de solicitud de registro


El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla tendrá 60 días, es decir hasta marzo, para determinar si el Movimiento Antorchista Poblano cumplió con los requisitos para constituirse como partido político local, sostuvo el presidente Miguel Ángel García Onofre.

El nuevo consejero presidente del IEE explicó que después del 31 de enero –cuando concluye el plazo para que Antorcha pueda presentar su solicitud de registro como partido–, habrá otros 60 días para que el instituto estudie el expediente, las constancias y a más tardar en marzo emitirá una resolución acerca de si obtendrá o no el registro.

Anunció que al Instituto Nacional Electoral (INE) enviarán el padrón electoral, es decir las personas que se afiliaron al Movimiento Antorchista Poblano, la única organización que continúa en el proceso para conseguir la inscripción como partido local.

Por la mañana el vocero del Movimiento Antorchista, Aquiles Montaño Brito, atribuyó a la ex panista Violeta Lagunes Viveros el intento de la organización Podemos Puebla para frenar su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
0Ciudad de  Puebla
Viernes 24 de enero de 2020.


La Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió un centenar de denuncias de actos de corrupción que pesan sobre los gobiernos del PAN que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, principalmente por compras que se soportaron en facturas apócrifas.

El nuevo titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, anunció una auditoría especial de ambas gestiones y de constatar las irregularidades propondrá al Congreso de Puebla la imposición de sanciones contra los funcionarios responsables, aunque ya no formen parte de la administración pública estatal.  

En entrevista, explicó que existe un periodo de prescripción de cinco años, por lo que todavía son sancionables conductas cometidas a partir de 2015.

El responsable de la fiscalización de recursos públicos en el estado abundó que la ASE también revisará el costo de la infraestructura detonada por los gobiernos albiazules bajo el esquema de proyectos para la prestación de servicios, para verificar si se encuentran dentro de los márgenes razonables y aceptables.

De acuerdo con el auditor, en la mira se encuentra el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas Audi y el Centro Integral de Servicios que se erigió en la zona de Angelópolis.

Remueven a 20 aviadores de la ASE

A tres semanas de rendir protesta de cargo, Francisco Romero Serrano dio a conocer que encontró 20 aviadores en la estructura administrativa de la ASE que le heredó su antecesor en el cargo, David Villanueva Lomelí.

Detalló que los trabajadores se encontraban asignados a áreas para las cuales carecían de perfil, por lo que ordenó su cese.

La existencia de aviadores la adelantó Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, en entrevista el 22 de noviembre pasado.

La representante popular, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, señaló que el chofer de Villanueva Lomelí se encontraría entre ellos, según versiones extraoficiales.

David Villanueva dejó el órgano fiscalizador del estado el 30 de abril pasado para rendir protesta de cargo como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posición en la que se mantendrá hasta 2023.

Encabezó la ASE desde 2011 y en los ocho años que estuvo en el cargo enfrentó acusaciones de la oposición de proteger a los gobiernos del PAN en la fiscalización de recursos públicos.

La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 19 diciembre 2019.


Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados


El gobernador Miguel Barbosa reveló que del millonario seguro contra desastres naturales que contrataron los gobiernos panistas que lo antecedieron, únicamente se obtuvieron 200 millones de pesos, pero nada de ese dinero se usó para reparar los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Al cumplirse dos años del siniestro, el mandatario morenista aseguró que todas las corruptelas que se cometieron serán investigadas y se fincarán responsabilidades a los exfuncionarios involucrados en el desvío.

En su último informe de gobierno, el fallecido Rafael Moreno Valle reportó que en 2015 se pagaron 18 millones 320 mil dólares para el pago de la póliza de un seguro contra desastres naturales.

Luego, tras el sismo de 2017, el entonces gobernador Antonio Gali Fayad dijo que ese seguro contratado con Banorte tenía una cobertura de 30 millones de dólares.

En rueda de prensa, este jueves, Barbosa sostuvo que la información con la que cuentan es que, tras el pago del deducible para hacer válido el seguro, en el gobierno de Gali Fayad, sólo quedaron poco más de 200 millones de pesos.

Y dijo que más adelante revelaría en qué se gastó esa cantidad de dinero, pero de antemano señaló que no se utilizó para nada relacionado con la reconstrucción de los daños causados por el sismo, pese a que Puebla fue una de las entidades más afectadas a nivel nacional.

De igual manera, mencionó que se investigan desvíos de recursos en los que incurrieron funcionarios de la pasada administración, como es el caso del actual diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien en ese entonces fungía secretario de Desarrollo Social e impulsó el programa “Hagamos Hogar”.

Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados, por lo que ya está en marcha una investigación para levantar cargos a los responsables.

En Puebla, abundó, el avance general de reconstrucción de los daños causados por el temblor de hace dos años, apenas alcanza un 20%, debido a los desvíos y corruptelas que se cometieron.

En un acto realizado en Atlixco, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que la Secretaría de la Función Pública realiza tres auditorías a los programas de reconstrucción de viviendas, entrega de tarjetas Fonden y la gestión de los recursos para damnificados por el sismo en Puebla.

El funcionario federal dijo que se trabaja para recuperar el tiempo perdido en los gobiernos pasados, donde los recursos no llegaron a los verdaderos afectados por el siniestro que afectó casi a 30 mil viviendas, más de 2 mil escuelas y casi 700 edificios históricos en Puebla.

Indicó que, en una evaluación realizada a través de encuestas, encontraron que casi 40% de las familias recibieron el apoyo del gobierno, pero de forma incompleta, además de que una de cada 10 familias damnificadas, pese a haber sido censadas, nunca recibió el apoyo. Además, agregó, la asistencia técnica a los afectados fue escasa y tardía.

Meyer Falcón explicó que las irregularidades en los reportes obligaron al gobierno federal a censar nuevamente a los damnificados, no sólo en Puebla, sino en todas las entidades afectadas.

Este año, precisó, se llevarán a cabo 7 mil 817 acciones, que implican una inversión de más de 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de Puebla, aunque reconoció que sólo se tiene un avance de 20% en ese programa. Sólo se han rehabilitado totalmente 400 escuelas de las 2 mil afectadas, detalló.

Proceso
Gabriela Hernández
Viernes 20 de septiembre 2019.


Los expedientes sobre el caso ya están integrados para que se actúe conforme la ley, señala el mandatario

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el gobierno panista de Antonio Gali Fayad malversó 100 millones de pesos que debieron ser destinados a la reconstrucción de viviendas de familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mandatario aseguró que ya se están armando expedientes por un presunto desvío de recursos que se interpondrán ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a fin de que se finquen cargos contra los exfuncionarios que resulten responsables.

Mencionó que, a dos años del sismo, en Puebla se lleva apenas un avance de 20 por ciento en reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y edificios históricos.

Anunció que Román Meyer Falcón, la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estará este jueves en Atlixco para hacer una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que aún falta por hacer en cuanto a la reconstrucción de los daños causados por el sismo.

En tanto que la Secretaria de Desarrollo Social, Lizeth Sánchez, dijo que en los recorridos realizados por las zonas afectadas por el temblor de 2017, han encontrado múltiples irregularidades en la entrega de recursos y programas que se cometieron en la pasada administración panista.

Señaló que en el actual gobierno se aplicarán 63 millones de pesos para construir mil cuartos y 230 cuartos con baño para apoyar la reconstrucción de viviendas.

Iglesia acusa retrasos

El rector de la Catedral de Puebla, Francisco Vázquez Ramírez, igual se quejó de que a dos años del temblor hay retrasos y hasta nulos avances en la reconstrucción de templos que resultaron dañados por el temblor de hace dos años.

Confirmó los señalamientos que han hecho contratistas que han trabajado en la restauración de edificios religiosos en Puebla, en el sentido de que ha privado la desorganización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre todo en cuanto al origen de los fondos destinados a los trabajos.

Dijo que lo que se sabe hasta ahora es que no se han hecho válidos en su totalidad los seguros contratados para este tipo de siniestros y que los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) no se han aplicado como correspondía.

En ese sentido, ratificó que hay contratistas que ya acabaron los trabajos de restauración y que no han recibido el pago, pero también edificios que no han sido intervenidos en donde los daños han ido en aumento al paso del tiempo, incluso se han colapsado partes que habían quedado de pie.

Como una especie de “lamento” por lo ocurrido y por lo que aún se padece, dijo que este jueves a las 13:14 horas, hora en la que ocurrió el temblor de 2017, 30 iglesias del Centro Histórico, incluida la Catedral, repicarán sus campanas durante 6 minutos.

Se malversaron en Puebla 100 mdp para reconstrucción: Barbosa

Los expedientes sobre el caso ya están integrados para que se actúe conforme la ley, señala el mandatario

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que fueron malversados 100 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción o reparación de inmuebles que resultaron afectados en Puebla por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mandatario indicó que los expedientes sobre el caso ya están concluidos y la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionará el desvío del presupuesto que serviría para contrarrestar las afectaciones que dejó el movimiento de 7.1 grados.

En entrevista tras realizar un evento para iniciar la entrega de libros a bibliotecas públicas, Barbosa puntualizó este miércoles que las investigaciones que lleva a cabo la SFP son independientes a las de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre este mismo tema.

“La Auditoría Superior de la Federación tiene su propia lógica en las auditorías y nosotros las nuestras, nosotros tenemos perfectamente claro, tenemos expedientes ya muy avanzados y pronto fincaremos responsabilidades”, puntualizó.

El mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones que realizó el diputado Gerardo Islas Maldonado, al deslindarse de cualquier desvío de recursos para la reconstrucción cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, a lo que evitó opinar al señalar que no las conocía.

“No conozco esa declaración, no creo que sea así”, acotó.

En el estado gobernaba José Antonio Gali Fayad cuando se registró el sismo y como secretario de Desarrollo Social se desempeñaba el ahora diputado Gerardo Islas.

La gestión de Gali concluyó en diciembre de 2018 y fue sucedido por la panista Martha Erika Alonso, quien falleció cuando tenía 10 días en el cargo, por lo que el Congreso nombró a un gobernador interino que fue Guillermo Pacheco Pulido, cuya administración terminó a finales de julio.

En julio pasado, la ASF informó que al revisar el ejercicio de los recursos destinados a la reparación de inmuebles, detectó inconsistencias en los censos, irregularidades en el reintegro de los recursos y duplicidad en los nombres de los beneficiarios de tarjetas bancarias con ayudas para la restitución de viviendas.

Proceso
e-consulta
Patricia Méndez
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 18 de septiembre 2019.


•    Barbosa Huerta advirtió que los permisos de tala serán revisados para detener la tala

•    Se tramitarán las denuncias penales correspondientes, si se confirma la eliminación no autorizada de vegetación

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó ayer que Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara, consuegro del exmandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, es el responsable de la depredación del bosque de Amalucan, pero advirtió que los permisos de tala serán revisados para detener la tala e incluso adelantó que se tramitarán las denuncias penales correspondientes, si se confirma la eliminación no autorizada de vegetación.

“Es parte de lo que hicieron el año pasado en un acuerdo con un desarrollo de fraccionamientos y desarrollo urbanístico que lo vamos a parar. Hay irregularidades, es un intercambio que hicieron, lo vamos a revisar y a parar. Si se derribaron ilícitamente fincaremos responsabilidades inclusive penales”, advirtió el mandatario en una entrevista colectiva.

Cuando le preguntaron quién está detrás de la deforestación con fines inmobiliarios, el mandatario contestó: “Es el consuegro de Gali, ¿verdad que sí?”.

Se sabe que José Antonio Gali López, hijo de José Antonio Gali Fayad, es esposo de Andrea García Haghenbeck, sobrina de Haghenbeck Cámara.

La oficina de Gali Fayad se comunicó con esta casa editorial para rechazar que el consuegro del exmandatario esté involucrado en el caso.

Barbosa fue entrevistado sobre el particular en Tlaxcala, al final de la firma de un acuerdo de colaboración con el gobierno de aquella entidad.

Al acto protocolario también asistió a titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, quien en otra entrevista aclaró que el permiso para cortar árboles sí lo dio en mayo pasado la dependencia, entonces encabezada por Rafael Reynoso Mora, quien era el responsable del sector en el gabinete del gobierno interino que dirigió el priista, Guillermo Pacheco Pulido.

“Es un proyecto particular que obtuvo un permiso por la Secretaría en el mes de mayo en donde generaron una afectación de 100 árboles. De todo el estudio que se nos presentó hay más de 40 que van a ser retirados porque ya están secos, pero aun así existe un impacto”, manifestó.

Y añadió: “Lo que nos llama la atención es la absoluta disparidad de criterios de quienes otorgaron los permisos: en unos estamos hablando de una compensación de uno a 10. De cada árbol que se tala compensar con 10 árboles más medidas adicionales. En el caso de Amalucan una de las medidas adicionales era contar con un permiso del municipio. Esto tenemos que verificar si efectivamente lo tienen y estar dando seguimiento a las medidas de compensación”.

Insistió en la discrecionalidad hallada en la autorización de proyectos durante la gestión de Rafael Reynoso Mora: “es que hay disparidad total de criterios, no hay una línea conductora que te dé la proporcionalidad correcta ante el daño, pareciera que era pues depende el sapo la pedrada, depende de si es cercano o no es cercano, eso lo tendremos que eliminar, tendrá que haber criterios objetivos”.

–Sobre esta disparidad de criterios habrá una investigación, porque parece que hay colusión –se le inquirió a la funcionaria.

–No sé si habría colusión –respondió–, pero pareciera que si una sola persona firmaba, alguien que no tenía el criterio unificado, es decir, sus colaboradores, le pasaban a que firmaran cosas diferentes dependiendo de casa caso.

–¿Eso también se investigará? –se le insistió.

–Sí, por supuesto y no solo eso: habrá criterios objetivos, no personales, no relacionados con los individuos. Criterios apegado a la ley –contestó.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 13 de septiembre de 2019.


Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la ASE que audite una treintena de proyectos


Más de 21 mil 834 millones de pesos representan las 32 obras de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que el Congreso local pidió auditar ante la presunción de irregularidades en su ejecución.

Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una nueva revisión toda vez que el 60.3 por ciento de los proyectos realizados en esas gestiones no fueron auditados.

Los diputados indicaron que los casos se concentran en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).

Revisarán obras millonarias

La suma de recursos invertidos en esos proyectos asciende a 21 mil 834 millones de pesos, cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto estatal para 2019, que asciende a 90 mil millones.

El Museo Internacional Barroco fue el proyecto más caro construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual compromete al estado a pagar 7 mil 280 millones de pesos a lo largo de 23 años.

Las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa costaron 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos. El proyecto se pactó desde el 30 de noviembre de 2012, con un periodo de pago de 180 meses, por lo que concluye en el 2028.

Para la segunda línea del Metrobús se destinaron 1 mil 565 millones de pesos y para la Ciudad Modelo de Audi otros 1 mil 500 millones.

Con mil millones de pesos destaca el Tren Turístico Puebla-Cholula, que incluyó también la rehabilitación de monumentos históricos y vialidades.

Las ciclovías que fueron construidas durante el gobierno de Moreno Valle en los bulevares Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán, Atlixcáyotl, así como la que va de Ciudad Universitaria al Centro Histórico de la capital, requirieron 808 millones de pesos.

Los diputados también revisarán los arcos de seguridad instalados en Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo, con un presupuesto de 681.9 millones de pesos.

La auditoría también contempla la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la Estrella de Puebla y el Teleférico, en los que el gobierno de Moreno Valle invirtió 566.5, 400 y 531 millones respectivamente.

En materia de salud destacan tres hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y de Cholula, que representaron 408, 204 y 496 millones de pesos.

Con menor presupuesto está el Ecoparque Metropolitano, por 157 millones de pesos; el Museo de la Evolución de Tehuacán, por 114 millones; así como una galería en el exhospital psiquiátrico de Cholula, a la que se destinaron 107 millones.

De la gestión de Gali Fayad, sobresale la remodelación de la Avenida Juárez, que tuvo un costo de 107.3 millones de pesos.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 8 de septiembre de 2019.

Página 1 de 7

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter