Gali, se dice "tranquilo" ante posible nueva auditoría a su gobierno; el panista bloqueó y vetó todas las iniciativas del nuevo Congreso


El exgobernador José Antonio Gali Fayad se dijo tranquilo ante la posibilidad de que el Congreso local y el próximo gobierno del estado auditen nuevamente el gasto que realizó durante su gestión, al asegurar que todo el soporte documental está en orden.

Señaló que si durante la eventual revisión fuera detectada alguna anomalía, quien sea responsable de ello tendrá que ser sancionado y que será él el primero en reconocerlo.

El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló la semana pasada que la administración interina detectó aviadores en Puebla Comunicaciones y espías en el Centro Integral de Servicios, por lo que aseguró que habrá una investigación a fondo.

En tanto, el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que podrían ser abiertas las cuentas públicas de exfuncionarios como Jorge Aguilar Chedraui, quien fue secretario de Salud durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle y después diputado local.

Estamos con la mayor tranquilidad

Cuestionado sobre el tema durante entrevista, Gali se dijo respetuoso de las decisiones que tomen tanto el próximo gobernador como el Poder Legislativo e incluso dijo que colaborará con la eventual indagatoria para aclarar cualquier pendiente.

“Respeto total, obviamente al Congreso, a lo que son los poderes, a los tres órdenes de gobierno y si fuera una decisión tomada, estamos con la mayor tranquilidad en caso de que así se haga…”, comentó el exmandatario.

Gali también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno inicie una “cacería de brujas”, a lo que señaló que espera que eso no sea real ya que Puebla requiere unidad y trabajo.

En ese sentido, indicó que las obras que se realizaron durante su administración, que fue “corta”, están en orden, así como los gastos que se realizaron.

La gestión del exgobernador abarcó de enero de 2017 al 14 de diciembre de 2018.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Viernes 28 de junio de 2019.


Indicó que se presume que el fraude fiscal asciende a 354 mil 512 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto



Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), denunció que detectaron 8 mil 204 empresas ligadas a la facturación de operaciones simuladas, de las cuales 265 se encuentran en Puebla.

Indicó que se presume que el fraude fiscal asciende a 354 mil 512 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Ocho mil 204 empresas factureras localizadas; creemos que es un número menor del real. El aumento es de 31 veces, en comparación al 2014. Más de 8 millones de facturas por 1.6 billones de pesos de operaciones que no existieron”.

“Llevamos a cabo revisiones y encontramos que se estaban creando empresas. Encontramos a poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental, fantasmas. Esto es presunto todo, no somos una autoridad penal. Estamos preparando el paso siguiente respecto a eso”.

Margarita Ríos-Farjat explicó que, en ocasiones, las facturas falsas se pueden referir a cifras de dinero que nunca se pagaron.

“La factura puede referirse a cosas, cifras de dinero nunca pagadas. Cuando el dinero no existe, se paga una factura por evasión fiscal y cuando el dinero sí existió, es por evasión fiscal y lavado de dinero”.

“Un señor crea facturas simuladas y tiene la capacidad de contar con los atributos de una factura, la vende. ¿A quién se la vende? A una empresa que utiliza facturas simuladas. las empresas compran las facturas y el fisco pierde”.

Margarita Ríos-Farjat indicó que en la Ciudad de México detectaron a 1064 empresas vinculadas con facturas falsas; en Jalisco, a 840; en Nuevo León a 712; en Veracruz, a 487; en Coahuila a 428; en el Estado de México a 396; en Guanajuato a 297; en Guerrero a 278; y en Puebla a 265.

“El monto ronda 1.6 millones de pesos de operaciones que no existieron, del Banco de la Fantasía o del dinero que se está lavando a través de este tipo de facturas”.

La titular del Servicio de Administración Tributaria aseguró que hasta el momento se han presentado 23 denuncias penales en contra de quienes resulten responsables y que presentarán 5 más.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Martes 25 de junio de 2019.


Piden a embajada de Alemania que investigue posible implicación de Audi en actos de corrupción en Puebla

Los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Carlos Meza Gutiérrez pidieron a la embajada alemana en México que dé seguimiento a la denuncia presentada ante el Congreso local por presuntos actos de corrupción cometidos durante la instalación de la planta automotriz Audi en la entidad.

En un escrito dirigido al embajador alemán Peter Tempel, los denunciantes piden su participación para que la denuncia “se siga con plena sujeción a la ley”.

 “De suerte y manera tal que, de encontrarse la firma automotriz alemana Audi libre de toda conducta ilícita, pueda gozar plenamente del buen nombre que le asiste, o bien, en caso contrario, se tomen medidas que al efecto se establecen en la legislación alemana tendientes a sancionar las prácticas fuera de la ley de las firmas germanas en el extranjero”, expone el oficio.

La denuncia, presentada la semana pasada en el Congreso local, se refiere a supuestos actos de corrupción cometidos por el exgobernador Antonio Gali Fayad en el tiempo que se desempeñó como secretario de Infraestructura en la administración del fallecido Rafael Moreno Valle.

El abogado constitucionalista Alberto Peralta Merino, quien representa a los ciudadanos demandantes, explicó que en noviembre de 2012, cuando Gali Fayad era secretario de Infraestructura, se asignó por adjudicación directa la construcción de la plataforma donde se instaló la automotriz Audi, en el municipio de San José Chiapa, por un monto de mil 800 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, Gali simuló un concurso de licitación, que se declaró desierto, para después adjudicar directamente la obra a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe SA de CV (Codesa), que estuvo representada por Eduardo Álvarez Rodríguez, quien resultó ser chofer de tráiler.

Peralta Merino indicó que en violación a lo que establece la legislación poblana en la materia, la primera licitación para la construcción de la plataforma, pese al elevado monto de la inversión, se realizó por invitación a tres empresas constructoras, y finalmente ese procedimiento se declaró desierto.

Inmediatamente después, agregó, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, asignó la obra de manera directa a Codesa, en una decisión amañada y corrupta, pues además de ser un proceso ilegal, la empresa era desconocida para el gremio de constructores de la entidad.

Además, indicó, en el contrato firmado por el gobierno estatal y la contratista no se incluye el domicilio de la empresa, que después se supo radicaba en Querétaro, antes de llegar a Puebla, en el gobierno de Moreno Valle.

Codesa fue la contratista de la primera mega obra realizada por el gobierno de Moreno Valle, el Viaducto Zaragoza –que requirió una inversión de 550 millones de pesos–, además de otro puente elevado en el Boulevard Valsequillo, en el que se gastaron 311 millones de pesos.

Esas dos obras presentaron problemas porque se vinieron abajo en el proceso de construcción. Y la empresa fue denunciada por sus trabajadores en 2013, ya que despidió alrededor de 400 personas sin pagar las prestaciones de ley.

En ese momento los despedidos denunciaron que durante el tiempo que laboraron en la plataforma Audi, se cometieron violaciones a sus derechos laborales porque no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y eran sometidos a horarios infrahumanos, maltratos y humillaciones, que incluso ocasionaron muertes en la zona de trabajo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 16 de junio de 2019.


En una carta publicada en sus redes sociales, Othón Muñoz Bravo aseguró que ni es huachicolero ni su apodo es “El Cachetes”, además acusó que las armas y drogas que encontraron en su casa fueron “sembradas” para usarlo como “botín político” por el gobierno estatal, en ese momento a cargo de Antonio Gali Fayad.

Detenido el 20 de agosto de 2017, Muñoz Bravo exhibió un documento que da cuenta que, desde el 31 de mayo de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo incluyó a él y a su familia en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

“No soy un líder huachicolero y ni me apodo el Cachetes”, sostuvo en su carta el empresario gasolinero, quien fue acusado de vender combustible robado a Pemex, en su cadena de estaciones que ahora funcionan bajo una franquicia propia de nombre “Max Fuel”.

Sin señalar nombres, aseguró que las acusaciones en su contra fueron fabricadas a través de la Fiscalía General del Estado y que su detención sirvió a “intereses” de las autoridades en turno.

“Los que orquestaron el operativo, me sembraron drogas y armas para salir victoriosos y ocuparme como un botín político. Es decir, las autoridades en turno me fabricaron un chaleco a la medida que les ha servido a sus intereses, así como de apodarme ‘El Cachetes’”, asienta en su carta.

El empresario dijo que en el operativo realizado en su casa la madrugada del 20 de agosto de 2017 también estuvieron presentes elementos de la Marina Armada de México, aunque éstos no intervinieron.

Agregó que debido a este operativo llevado a cabo en su domicilio, así como al hecho de que el agente del Ministerio Público de la FGE, Ehécatl Antonio Herrera Cruz, desacató un amparo que ordenaba la suspensión de esa diligencia, el gobierno federal les otorgó el año pasado cédulas que los ubican a él y a su familia como víctimas.

Con este escrito, Muñoz Bravo anexó el oficio firmado por Federico Herrera Montalvo, en ese momento director del Renavi, en el que se acuerda su inscripción como “víctima directa de delito” con el número RENAVI/16777/2018.

Apenas hace unos días se dio a conocer que un juez federal sentenció al empresario a pasar 3 años y 10 meses de prisión y una multa de 6 mil pesos, la cual fue conmutable por una cantidad no revelada, por lo que ya no tuvo que retornar a prisión.

La detención de Muñoz Bravo, ubicado como parte del negocio de los huachicoleros, generó escándalo en su momento por su relación cercana con el panismo poblano y con el exgobernador Rafael Moreno Valle, ahora fallecido, así como por su participación como financiador de campañas del PAN, en particular la del exsenador Javier Lozano Alarcón.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 4 de marzo 2019.


Moreno Valle y “El Cachetes” caso emblemático de complicidad PRI y PAN para saquear a Pemex.


En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, uno de los principales capos de la ordeña de gasolina en Puebla pactó con la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- declararse culpable por un decomiso de armas y nunca fue acusado de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", empresario poblano a quien se le vinculó con la venta de huachicola, negoció con la PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

En agosto de 2017, en un operativo especial de la Marina se logró decomisar dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, dos gasolineras le fueron clausuradas.

"Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible", celebró en aquella ocasión el entonces Gobernador de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad.

"El Cachetes" tuvo vínculos con dirigentes del blanquiazul en Puebla como el propio ex Gobernador Rafael Moreno Valle y con jueces como el Magistrado Carlos Loranca Muñoz, quien fue destituido meses después.

Tras su captura y luego de algunos meses de estar encarcelado, Othón Muñoz Bravo se acercó en agosto pasado a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negociar un procedimiento abreviado en el cual ofreció declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa a cambio de una pena mínima.

Dicha terminación anticipada del proceso está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Conforme a la reducción de sanciones solicitada por el Ministerio Público de la Federación, se imponen a Othón Muñoz Bravo las penas de 3 años 10 meses de prisión y multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos", señala la sentencia dictada el pasado 8 de agosto.

La dependencia federal aceptó entonces que un juez de control federal de Puebla sentenciara al empresario gasolinero por portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Información del Poder Judicial de la Federación indica que "El Cachetes" se acogió al beneficio de la condena condicional, prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

El día de su captura las autoridades señalaron a "El Cachetes" por presuntos vínculos con Antonio Martínez Fuentes "El Toñín", líder de una banda dedicada al robo de combustible en el Triángulo Rojo, ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múltiples menciones, hasta donde se tiene conocimiento, "El Cachetes" nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar el cambio de medida cautelar, el 30 de octubre de 2017 obtuvo la libertad provisional, con la obligación de acudir a firmar cada 15 días al juzgado y cubrir una garantía de 1 millón de pesos.

Un huachicolero de peso

Othón Muñoz Bravo es vinculado con los huachicoleros que operan en Puebla, mediante la red de gasolineras que opera en la entidad.

Pese a ello, al menos cuatro gasolineras de su propiedad fueron regularizadas en el Municipio de Puebla y hoy operan con la marca MaxFuel, tras la cancelación de las antiguas marcas, aunque sigue recibiendo combustible de Pemex.

En enero del 2018, tras la revelación de una fotografía en la que Muñoz aparecía en un convivio con Javier Lozano y el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz, este último fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Aunque legisladores urgieron a investigar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y reabrir la indagatoria contra "El Cachetes", el tema quedó archivado.

El año pasado, "El Cachetes" reapareció en una reunión privada convocada por Mario Marín para respaldar las aspiraciones de los candidatos priistas a diputados federales: Ramón Fernández, por el distrito 11 en Puebla y Ricardo Urzúa, por el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente dejó varias mantas amenazantes en contra de "El Cachetes".

"El CJNG respeta al Gobierno, nosotros no ponemos mantas en contra de ustedes vamos por ti Otton alias El Cachetes y Bukanas, dejen de poner mantas (sic)", decía las dos mantas que fueron colocadas en zonas distintas de Puebla.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol


Ciudad de México.- En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son 7 estados los que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.

Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia.

Ciudad de México con mil 204 millones de pesos; Estado de México con 2 mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Nieto detalló que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.

En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.

Lavan de Pemex $10,000 millones; eran recursos del huachicol

Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.

Huachicoleros pagaban joyas, autos y obras de arte en efectivo

Santiago Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de revisar la información que proporcionan diversas instancias, con lo que se concluyó que, en uno de los casos, un exalcalde tenía gasolineras y vínculos con un empresario, que transferían recursos al extranjero y que, en muchos casos, pagaron en efectivo joyas, autos de lujo y obras e arte.

Esto implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones. La legislación permite el control de las cuentas, la presentación de la denuncia y la solicitud del aseguramiento para continuar el proceso penal”, indicó.

Excélsior
Ciudad de México
Martes 15 de enero de 2019.


El magistrado considera que en el expediente no hay elementos suficientes que acrediten esos agravios alegados por Morena y el candidato Luis Miguel Barbosa.

Ciudad de México. - El proyecto de sentencia que propone anular la elección de Gobernador de Puebla y revocar la constancia de mayoría a la panista Marta Erika Alonso declara inoperantes, infundadas o ineficaces las acusaciones de Morena al gobierno estatal por presunta injerencia en los comicios.

La sentencia propuesta a discusión por el magistrado ponente de la Sala Superior, José Luis Vargas, deja a salvo por supuesta falta de acreditación presuntos delitos que estarían vinculados con Gobierno estatal, partidos y candidata.

Asimismo, según la acusación de Morena, el robo de documentación electoral, coacción y compra del voto, manipulación o falsificación de documentos y violencia generalizada en la jornada electoral.

El magistrado considera que en el expediente no hay elementos suficientes que acrediten esos agravios alegados por el partido y el mismo candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa.

En cambio, considera que las autoridades electorales incurrieron en una serie de faltas en el manejo de los resultados, que llevan a la ausencia de certeza en el resultado, y por lo tanto, a la nulidad de la elección.

Con argumentos similares a los alegados en la anulación de la elección de Monterrey, el magistrado Vargas--autor de los dos proyectos, el de Monterrey y el de Puebla--, pone énfasis en la presunta violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales y en la responsabilidad de las autoridades locales en violación al principio de certeza en los comicios.

Esa violación a la cadena de custodia se habría dado principalmente al ser resguardada la paquetería electoral en una bodega bajo responsabilidad del OPLE, e incluso antes, durante sus traslados entre distintas sedes electoral.

La falta de certeza es tal, señala el proyecto, que se llega a la conclusión que el recuento total de votos de la elección que ordenó la sala superior del Tribunal Electoral Federal y que se realizó entre el 25 y 29 de septiembre, careció de valor por los vicios de origen en los paquetes revisados.

"Se tiene por acreditado la violación a la cadena de custodia de la documentación y los paquetes electorales (...) resulta inoperante el resultado del recuento tal porque paquetes electorales pudieran haber sido manipulados, viciando de origen y de manera irreparable dicha diligencia, por la falta de certeza que se generó", apunta.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 8 diciembre de 2018.


Diputados del Frente y Morena llegan a los golpes en el Congreso. A través de videos se observó un enfrentamiento durante una reunión de la Junta de Gobierno, por lo que la sesión del pleno de este miércoles se canceló.


Los coordinadores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla acusaron amenazas y agresiones físicas por parte del diputado José Juan Espinosa Torres, quien a su vez señaló que los legisladores del Frente buscan “reventar” la sesión de este miércoles para que no se vote la reforma que devuelve al Congreso la facultad de establecer las tarifas de agua en la capital y la petición para que el gobernador Antonio Gali transparente su patrimonio.

El enfrentamiento se dio este martes durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, reunión en la que sólo participan los coordinadores de bancada y representantes legislativos.

De acuerdo con la versión de los diputados Carlos Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano; Armando García Avendaño, PRD; Marcelo García Almaguer, PAN; Uruviel González Vieyra, Compromiso por Puebla; y Gerardo Islas Maldonado, de Nueva Alianza, la agresión de Espinosa Torres se dio cuando le cuestionaron la “usurpación” de funciones que ha tenido como presidente de la Mesa Directiva, así como el “mal trato” y “sarcasmo” con el que se dirige a sus pares y a los trabajadores del Congreso.

“Al abordar esos puntos, le incomodó, como es costumbre de él, lo que se supone está en contra de él le incomoda, ése fue el tema, ante una bipolaridad clarísima, no entiende los debates, los artículos, ni la ley ni el reglamento, explotó, pero ahora de manera verbal y a tal grado que lo hizo de manera física”, explicó González Vieyra.

Morales Álvarez, con quien tuvo el desencuentro Espinosa Torres, aseveró que Movimiento Ciudadano se sumará a la petición que presentará la bancada del PRD de manera formal en la sesión ordinaria para destituir al coordinador del PT como presidente de la Mesa Directiva.

Es necesario señalar que, en un video del enfrentamiento, se aprecia que el diputado Gerardo Islas de Nueva Alianza es quien lanza un golpe contra los de Morena, mientras le piden que se tranquilice.

Frente pretende bloquear reformas a la Ley del Agua: JJ

Para bloquear las reformas a la Ley del Agua y la petición para que el gobernador Antonio Gali Fayad haga público su patrimonio, los coordinadores del Frente acusan agresiones y amenazas por parte de los coordinadores de Morena y del PT, aseveró José Juan Espinosa Torres.

Posterior al enfrentamiento que se dio en la Junta de Gobierno, Espinosa Torres sostuvo que fueron los diputados del PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla los que iniciaron la agresión, con la intención que no se llegara a un acuerdo sobre el exhorto que se hará a Gali Fayad y a sus hijos para que transparenten su patrimonio.

En entrevista, el coordinador de PT manifestó que el comportamiento de los coordinadores del Frente fue similar al que tuvieron en la última sesión del pleno, en la que decidieron tomar la tribuna para que no se discutan y se aprueben reformas a temas que afectan a los intereses económicos de Rafael Moreno Valle y Gali Fayad.

Cabe señalar que este martes, pero en el Senado, la hoy panista Nadia Navarro Acevedo pidió que la PGR investigue la riqueza de José Juan Espinosa, que ascendería a más de 150 millones de pesos.

Alrededor de las 21 horas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla y el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, anunciaron que se cancelaba la sesión ordinaria del pleno de este miércoles.

Espinosa aseguró que tenía informes de que los diputados del Frente panista contratarían a personal del gobierno estatal para reventar la sesión, por lo que determinaron cancelarla al no existir condiciones para garantizar la integridad de los diputados y del personal del recinto.

A través de un mensaje en video responsabilizó al gobernador Antonio Gali por la violencia generada en el Congreso, mientras que Biestro Medinilla hizo un llamado al respecto, a la civilidad e institucionalidad en el poder legislativo.

e-consulta
 María Pineda
Martes 20 de noviembre  2018.


Puebla. - Una patrulla quemada y otra más volcada, fue el saldo de un intento de linchamiento a manos de pobladores del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan.

Los hechos ocurrieron en la colonia Domingo Arenas, donde los ciudadanos retuvieron a un sujeto después de intentar robar en una vivienda.

Unas 100 personas se concentraron en el lugar de los hechos para empezar a golpear al sujeto señalado de cometer otros robos en meses anteriores.

Minutos más tarde arribó la policía municipal y se llevó al individuo a los separos de la comandancia de Santa Rita Tlahuapan.

La situación se tranquilizó por unas horas, pero la población se enteró que el presunto ladrón estaba en la comandancia, entonces tocaron las campanas para reunirse y exigir les entregaran al sujeto.

Aunque elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policía municipal trataron de calmar los ánimos de la turba, ello no sucedió pues al final sacaron al individuo de los separos para tratar de lincharlo.

Segundos más tarde se oyeron detonaciones de arma de fuego, aunque se desconoce de dónde provinieron, lo que permitió salvar al presunto ladrón para llevarlo finalmente al Arco de Seguridad del municipio de Huejotzingo.

La población enardeció y decidió quemar una patrulla y otra más fue volcada, mientras que los uniformados se resguardaron en la azotea de la comandancia, en tanto se tranquilizaron los ánimos.

El Universal
Ciudad de Puebla
Sábado 10 de noviembre de 2018.

 
Ciudad de México- Un total de 11 camionetas con combustible ilícito fueron aseguradas en Puebla, según autoridades.

Cuatro camionetas con contenedores abastecidos con 2 mil 400 litros de combustible fueron incautadas en el Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que el aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal derivado de los diversos trabajos llevados a cabo como parte del operativo "Fortaleza".

Al realizar un recorrido de prevención y vigilancia en la Colonia Domingo Arenas, los elementos decomisaron las cuatro unidades.

Se trata de dos camionetas marca Chevrolet, una tipo Pick Up y otra Silverado, así como dos marca Chrysler, tipo Voyaguer, que se encontraban en estado de abandono y que trasladaban contenedores abastecidos con 2 mil 400 litros de carburante.

Las unidades aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial federal.

Más tarde, en las inmediaciones del camino que conduce a la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, elementos de la Policía Estatal aseguraron siete camionetas más cargadas carburante de procedencia ilícita, aunque no dio más detalles.

Reforma
Puebla, México
Viernes 09 Noviembre 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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