Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados


El gobernador Miguel Barbosa reveló que del millonario seguro contra desastres naturales que contrataron los gobiernos panistas que lo antecedieron, únicamente se obtuvieron 200 millones de pesos, pero nada de ese dinero se usó para reparar los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Al cumplirse dos años del siniestro, el mandatario morenista aseguró que todas las corruptelas que se cometieron serán investigadas y se fincarán responsabilidades a los exfuncionarios involucrados en el desvío.

En su último informe de gobierno, el fallecido Rafael Moreno Valle reportó que en 2015 se pagaron 18 millones 320 mil dólares para el pago de la póliza de un seguro contra desastres naturales.

Luego, tras el sismo de 2017, el entonces gobernador Antonio Gali Fayad dijo que ese seguro contratado con Banorte tenía una cobertura de 30 millones de dólares.

En rueda de prensa, este jueves, Barbosa sostuvo que la información con la que cuentan es que, tras el pago del deducible para hacer válido el seguro, en el gobierno de Gali Fayad, sólo quedaron poco más de 200 millones de pesos.

Y dijo que más adelante revelaría en qué se gastó esa cantidad de dinero, pero de antemano señaló que no se utilizó para nada relacionado con la reconstrucción de los daños causados por el sismo, pese a que Puebla fue una de las entidades más afectadas a nivel nacional.

De igual manera, mencionó que se investigan desvíos de recursos en los que incurrieron funcionarios de la pasada administración, como es el caso del actual diputado local Gerardo Islas Maldonado, quien en ese entonces fungía secretario de Desarrollo Social e impulsó el programa “Hagamos Hogar”.

Ayer, el gobernador dijo que tenía confirmado que 100 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos para damnificados fueron desviados y malversados, por lo que ya está en marcha una investigación para levantar cargos a los responsables.

En Puebla, abundó, el avance general de reconstrucción de los daños causados por el temblor de hace dos años, apenas alcanza un 20%, debido a los desvíos y corruptelas que se cometieron.

En un acto realizado en Atlixco, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que la Secretaría de la Función Pública realiza tres auditorías a los programas de reconstrucción de viviendas, entrega de tarjetas Fonden y la gestión de los recursos para damnificados por el sismo en Puebla.

El funcionario federal dijo que se trabaja para recuperar el tiempo perdido en los gobiernos pasados, donde los recursos no llegaron a los verdaderos afectados por el siniestro que afectó casi a 30 mil viviendas, más de 2 mil escuelas y casi 700 edificios históricos en Puebla.

Indicó que, en una evaluación realizada a través de encuestas, encontraron que casi 40% de las familias recibieron el apoyo del gobierno, pero de forma incompleta, además de que una de cada 10 familias damnificadas, pese a haber sido censadas, nunca recibió el apoyo. Además, agregó, la asistencia técnica a los afectados fue escasa y tardía.

Meyer Falcón explicó que las irregularidades en los reportes obligaron al gobierno federal a censar nuevamente a los damnificados, no sólo en Puebla, sino en todas las entidades afectadas.

Este año, precisó, se llevarán a cabo 7 mil 817 acciones, que implican una inversión de más de 4 mil millones de pesos para la reconstrucción de Puebla, aunque reconoció que sólo se tiene un avance de 20% en ese programa. Sólo se han rehabilitado totalmente 400 escuelas de las 2 mil afectadas, detalló.

Proceso
Gabriela Hernández
Viernes 20 de septiembre 2019.


Los expedientes sobre el caso ya están integrados para que se actúe conforme la ley, señala el mandatario

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el gobierno panista de Antonio Gali Fayad malversó 100 millones de pesos que debieron ser destinados a la reconstrucción de viviendas de familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mandatario aseguró que ya se están armando expedientes por un presunto desvío de recursos que se interpondrán ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a fin de que se finquen cargos contra los exfuncionarios que resulten responsables.

Mencionó que, a dos años del sismo, en Puebla se lleva apenas un avance de 20 por ciento en reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y edificios históricos.

Anunció que Román Meyer Falcón, la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estará este jueves en Atlixco para hacer una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que aún falta por hacer en cuanto a la reconstrucción de los daños causados por el sismo.

En tanto que la Secretaria de Desarrollo Social, Lizeth Sánchez, dijo que en los recorridos realizados por las zonas afectadas por el temblor de 2017, han encontrado múltiples irregularidades en la entrega de recursos y programas que se cometieron en la pasada administración panista.

Señaló que en el actual gobierno se aplicarán 63 millones de pesos para construir mil cuartos y 230 cuartos con baño para apoyar la reconstrucción de viviendas.

Iglesia acusa retrasos

El rector de la Catedral de Puebla, Francisco Vázquez Ramírez, igual se quejó de que a dos años del temblor hay retrasos y hasta nulos avances en la reconstrucción de templos que resultaron dañados por el temblor de hace dos años.

Confirmó los señalamientos que han hecho contratistas que han trabajado en la restauración de edificios religiosos en Puebla, en el sentido de que ha privado la desorganización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre todo en cuanto al origen de los fondos destinados a los trabajos.

Dijo que lo que se sabe hasta ahora es que no se han hecho válidos en su totalidad los seguros contratados para este tipo de siniestros y que los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) no se han aplicado como correspondía.

En ese sentido, ratificó que hay contratistas que ya acabaron los trabajos de restauración y que no han recibido el pago, pero también edificios que no han sido intervenidos en donde los daños han ido en aumento al paso del tiempo, incluso se han colapsado partes que habían quedado de pie.

Como una especie de “lamento” por lo ocurrido y por lo que aún se padece, dijo que este jueves a las 13:14 horas, hora en la que ocurrió el temblor de 2017, 30 iglesias del Centro Histórico, incluida la Catedral, repicarán sus campanas durante 6 minutos.

Se malversaron en Puebla 100 mdp para reconstrucción: Barbosa

Los expedientes sobre el caso ya están integrados para que se actúe conforme la ley, señala el mandatario

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que fueron malversados 100 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción o reparación de inmuebles que resultaron afectados en Puebla por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El mandatario indicó que los expedientes sobre el caso ya están concluidos y la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionará el desvío del presupuesto que serviría para contrarrestar las afectaciones que dejó el movimiento de 7.1 grados.

En entrevista tras realizar un evento para iniciar la entrega de libros a bibliotecas públicas, Barbosa puntualizó este miércoles que las investigaciones que lleva a cabo la SFP son independientes a las de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre este mismo tema.

“La Auditoría Superior de la Federación tiene su propia lógica en las auditorías y nosotros las nuestras, nosotros tenemos perfectamente claro, tenemos expedientes ya muy avanzados y pronto fincaremos responsabilidades”, puntualizó.

El mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones que realizó el diputado Gerardo Islas Maldonado, al deslindarse de cualquier desvío de recursos para la reconstrucción cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, a lo que evitó opinar al señalar que no las conocía.

“No conozco esa declaración, no creo que sea así”, acotó.

En el estado gobernaba José Antonio Gali Fayad cuando se registró el sismo y como secretario de Desarrollo Social se desempeñaba el ahora diputado Gerardo Islas.

La gestión de Gali concluyó en diciembre de 2018 y fue sucedido por la panista Martha Erika Alonso, quien falleció cuando tenía 10 días en el cargo, por lo que el Congreso nombró a un gobernador interino que fue Guillermo Pacheco Pulido, cuya administración terminó a finales de julio.

En julio pasado, la ASF informó que al revisar el ejercicio de los recursos destinados a la reparación de inmuebles, detectó inconsistencias en los censos, irregularidades en el reintegro de los recursos y duplicidad en los nombres de los beneficiarios de tarjetas bancarias con ayudas para la restitución de viviendas.

Proceso
e-consulta
Patricia Méndez
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Miércoles 18 de septiembre 2019.


•    Barbosa Huerta advirtió que los permisos de tala serán revisados para detener la tala

•    Se tramitarán las denuncias penales correspondientes, si se confirma la eliminación no autorizada de vegetación

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó ayer que Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara, consuegro del exmandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, es el responsable de la depredación del bosque de Amalucan, pero advirtió que los permisos de tala serán revisados para detener la tala e incluso adelantó que se tramitarán las denuncias penales correspondientes, si se confirma la eliminación no autorizada de vegetación.

“Es parte de lo que hicieron el año pasado en un acuerdo con un desarrollo de fraccionamientos y desarrollo urbanístico que lo vamos a parar. Hay irregularidades, es un intercambio que hicieron, lo vamos a revisar y a parar. Si se derribaron ilícitamente fincaremos responsabilidades inclusive penales”, advirtió el mandatario en una entrevista colectiva.

Cuando le preguntaron quién está detrás de la deforestación con fines inmobiliarios, el mandatario contestó: “Es el consuegro de Gali, ¿verdad que sí?”.

Se sabe que José Antonio Gali López, hijo de José Antonio Gali Fayad, es esposo de Andrea García Haghenbeck, sobrina de Haghenbeck Cámara.

La oficina de Gali Fayad se comunicó con esta casa editorial para rechazar que el consuegro del exmandatario esté involucrado en el caso.

Barbosa fue entrevistado sobre el particular en Tlaxcala, al final de la firma de un acuerdo de colaboración con el gobierno de aquella entidad.

Al acto protocolario también asistió a titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, quien en otra entrevista aclaró que el permiso para cortar árboles sí lo dio en mayo pasado la dependencia, entonces encabezada por Rafael Reynoso Mora, quien era el responsable del sector en el gabinete del gobierno interino que dirigió el priista, Guillermo Pacheco Pulido.

“Es un proyecto particular que obtuvo un permiso por la Secretaría en el mes de mayo en donde generaron una afectación de 100 árboles. De todo el estudio que se nos presentó hay más de 40 que van a ser retirados porque ya están secos, pero aun así existe un impacto”, manifestó.

Y añadió: “Lo que nos llama la atención es la absoluta disparidad de criterios de quienes otorgaron los permisos: en unos estamos hablando de una compensación de uno a 10. De cada árbol que se tala compensar con 10 árboles más medidas adicionales. En el caso de Amalucan una de las medidas adicionales era contar con un permiso del municipio. Esto tenemos que verificar si efectivamente lo tienen y estar dando seguimiento a las medidas de compensación”.

Insistió en la discrecionalidad hallada en la autorización de proyectos durante la gestión de Rafael Reynoso Mora: “es que hay disparidad total de criterios, no hay una línea conductora que te dé la proporcionalidad correcta ante el daño, pareciera que era pues depende el sapo la pedrada, depende de si es cercano o no es cercano, eso lo tendremos que eliminar, tendrá que haber criterios objetivos”.

–Sobre esta disparidad de criterios habrá una investigación, porque parece que hay colusión –se le inquirió a la funcionaria.

–No sé si habría colusión –respondió–, pero pareciera que si una sola persona firmaba, alguien que no tenía el criterio unificado, es decir, sus colaboradores, le pasaban a que firmaran cosas diferentes dependiendo de casa caso.

–¿Eso también se investigará? –se le insistió.

–Sí, por supuesto y no solo eso: habrá criterios objetivos, no personales, no relacionados con los individuos. Criterios apegado a la ley –contestó.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Viernes 13 de septiembre de 2019.


Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la ASE que audite una treintena de proyectos


Más de 21 mil 834 millones de pesos representan las 32 obras de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que el Congreso local pidió auditar ante la presunción de irregularidades en su ejecución.

Fue el viernes cuando la Comisión Inspectora del Poder Legislativo pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una nueva revisión toda vez que el 60.3 por ciento de los proyectos realizados en esas gestiones no fueron auditados.

Los diputados indicaron que los casos se concentran en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT).

Revisarán obras millonarias

La suma de recursos invertidos en esos proyectos asciende a 21 mil 834 millones de pesos, cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto estatal para 2019, que asciende a 90 mil millones.

El Museo Internacional Barroco fue el proyecto más caro construido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle a través de un esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual compromete al estado a pagar 7 mil 280 millones de pesos a lo largo de 23 años.

Las plataformas de la armadora Audi en San José Chiapa costaron 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos. El proyecto se pactó desde el 30 de noviembre de 2012, con un periodo de pago de 180 meses, por lo que concluye en el 2028.

Para la segunda línea del Metrobús se destinaron 1 mil 565 millones de pesos y para la Ciudad Modelo de Audi otros 1 mil 500 millones.

Con mil millones de pesos destaca el Tren Turístico Puebla-Cholula, que incluyó también la rehabilitación de monumentos históricos y vialidades.

Las ciclovías que fueron construidas durante el gobierno de Moreno Valle en los bulevares Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán, Atlixcáyotl, así como la que va de Ciudad Universitaria al Centro Histórico de la capital, requirieron 808 millones de pesos.

Los diputados también revisarán los arcos de seguridad instalados en Altepexi, Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Palmar de Bravo, con un presupuesto de 681.9 millones de pesos.

La auditoría también contempla la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la Estrella de Puebla y el Teleférico, en los que el gobierno de Moreno Valle invirtió 566.5, 400 y 531 millones respectivamente.

En materia de salud destacan tres hospitales del Niño Poblano, de la Mujer y de Cholula, que representaron 408, 204 y 496 millones de pesos.

Con menor presupuesto está el Ecoparque Metropolitano, por 157 millones de pesos; el Museo de la Evolución de Tehuacán, por 114 millones; así como una galería en el exhospital psiquiátrico de Cholula, a la que se destinaron 107 millones.

De la gestión de Gali Fayad, sobresale la remodelación de la Avenida Juárez, que tuvo un costo de 107.3 millones de pesos.

e-consulta
Patricia Méndez
Domingo 8 de septiembre de 2019.


Gali, se dice "tranquilo" ante posible nueva auditoría a su gobierno; el panista bloqueó y vetó todas las iniciativas del nuevo Congreso


El exgobernador José Antonio Gali Fayad se dijo tranquilo ante la posibilidad de que el Congreso local y el próximo gobierno del estado auditen nuevamente el gasto que realizó durante su gestión, al asegurar que todo el soporte documental está en orden.

Señaló que si durante la eventual revisión fuera detectada alguna anomalía, quien sea responsable de ello tendrá que ser sancionado y que será él el primero en reconocerlo.

El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló la semana pasada que la administración interina detectó aviadores en Puebla Comunicaciones y espías en el Centro Integral de Servicios, por lo que aseguró que habrá una investigación a fondo.

En tanto, el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que podrían ser abiertas las cuentas públicas de exfuncionarios como Jorge Aguilar Chedraui, quien fue secretario de Salud durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle y después diputado local.

Estamos con la mayor tranquilidad

Cuestionado sobre el tema durante entrevista, Gali se dijo respetuoso de las decisiones que tomen tanto el próximo gobernador como el Poder Legislativo e incluso dijo que colaborará con la eventual indagatoria para aclarar cualquier pendiente.

“Respeto total, obviamente al Congreso, a lo que son los poderes, a los tres órdenes de gobierno y si fuera una decisión tomada, estamos con la mayor tranquilidad en caso de que así se haga…”, comentó el exmandatario.

Gali también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno inicie una “cacería de brujas”, a lo que señaló que espera que eso no sea real ya que Puebla requiere unidad y trabajo.

En ese sentido, indicó que las obras que se realizaron durante su administración, que fue “corta”, están en orden, así como los gastos que se realizaron.

La gestión del exgobernador abarcó de enero de 2017 al 14 de diciembre de 2018.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Viernes 28 de junio de 2019.


Indicó que se presume que el fraude fiscal asciende a 354 mil 512 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto



Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), denunció que detectaron 8 mil 204 empresas ligadas a la facturación de operaciones simuladas, de las cuales 265 se encuentran en Puebla.

Indicó que se presume que el fraude fiscal asciende a 354 mil 512 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Ocho mil 204 empresas factureras localizadas; creemos que es un número menor del real. El aumento es de 31 veces, en comparación al 2014. Más de 8 millones de facturas por 1.6 billones de pesos de operaciones que no existieron”.

“Llevamos a cabo revisiones y encontramos que se estaban creando empresas. Encontramos a poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental, fantasmas. Esto es presunto todo, no somos una autoridad penal. Estamos preparando el paso siguiente respecto a eso”.

Margarita Ríos-Farjat explicó que, en ocasiones, las facturas falsas se pueden referir a cifras de dinero que nunca se pagaron.

“La factura puede referirse a cosas, cifras de dinero nunca pagadas. Cuando el dinero no existe, se paga una factura por evasión fiscal y cuando el dinero sí existió, es por evasión fiscal y lavado de dinero”.

“Un señor crea facturas simuladas y tiene la capacidad de contar con los atributos de una factura, la vende. ¿A quién se la vende? A una empresa que utiliza facturas simuladas. las empresas compran las facturas y el fisco pierde”.

Margarita Ríos-Farjat indicó que en la Ciudad de México detectaron a 1064 empresas vinculadas con facturas falsas; en Jalisco, a 840; en Nuevo León a 712; en Veracruz, a 487; en Coahuila a 428; en el Estado de México a 396; en Guanajuato a 297; en Guerrero a 278; y en Puebla a 265.

“El monto ronda 1.6 millones de pesos de operaciones que no existieron, del Banco de la Fantasía o del dinero que se está lavando a través de este tipo de facturas”.

La titular del Servicio de Administración Tributaria aseguró que hasta el momento se han presentado 23 denuncias penales en contra de quienes resulten responsables y que presentarán 5 más.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Martes 25 de junio de 2019.


Piden a embajada de Alemania que investigue posible implicación de Audi en actos de corrupción en Puebla

Los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Carlos Meza Gutiérrez pidieron a la embajada alemana en México que dé seguimiento a la denuncia presentada ante el Congreso local por presuntos actos de corrupción cometidos durante la instalación de la planta automotriz Audi en la entidad.

En un escrito dirigido al embajador alemán Peter Tempel, los denunciantes piden su participación para que la denuncia “se siga con plena sujeción a la ley”.

 “De suerte y manera tal que, de encontrarse la firma automotriz alemana Audi libre de toda conducta ilícita, pueda gozar plenamente del buen nombre que le asiste, o bien, en caso contrario, se tomen medidas que al efecto se establecen en la legislación alemana tendientes a sancionar las prácticas fuera de la ley de las firmas germanas en el extranjero”, expone el oficio.

La denuncia, presentada la semana pasada en el Congreso local, se refiere a supuestos actos de corrupción cometidos por el exgobernador Antonio Gali Fayad en el tiempo que se desempeñó como secretario de Infraestructura en la administración del fallecido Rafael Moreno Valle.

El abogado constitucionalista Alberto Peralta Merino, quien representa a los ciudadanos demandantes, explicó que en noviembre de 2012, cuando Gali Fayad era secretario de Infraestructura, se asignó por adjudicación directa la construcción de la plataforma donde se instaló la automotriz Audi, en el municipio de San José Chiapa, por un monto de mil 800 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, Gali simuló un concurso de licitación, que se declaró desierto, para después adjudicar directamente la obra a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe SA de CV (Codesa), que estuvo representada por Eduardo Álvarez Rodríguez, quien resultó ser chofer de tráiler.

Peralta Merino indicó que en violación a lo que establece la legislación poblana en la materia, la primera licitación para la construcción de la plataforma, pese al elevado monto de la inversión, se realizó por invitación a tres empresas constructoras, y finalmente ese procedimiento se declaró desierto.

Inmediatamente después, agregó, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Infraestructura, asignó la obra de manera directa a Codesa, en una decisión amañada y corrupta, pues además de ser un proceso ilegal, la empresa era desconocida para el gremio de constructores de la entidad.

Además, indicó, en el contrato firmado por el gobierno estatal y la contratista no se incluye el domicilio de la empresa, que después se supo radicaba en Querétaro, antes de llegar a Puebla, en el gobierno de Moreno Valle.

Codesa fue la contratista de la primera mega obra realizada por el gobierno de Moreno Valle, el Viaducto Zaragoza –que requirió una inversión de 550 millones de pesos–, además de otro puente elevado en el Boulevard Valsequillo, en el que se gastaron 311 millones de pesos.

Esas dos obras presentaron problemas porque se vinieron abajo en el proceso de construcción. Y la empresa fue denunciada por sus trabajadores en 2013, ya que despidió alrededor de 400 personas sin pagar las prestaciones de ley.

En ese momento los despedidos denunciaron que durante el tiempo que laboraron en la plataforma Audi, se cometieron violaciones a sus derechos laborales porque no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y eran sometidos a horarios infrahumanos, maltratos y humillaciones, que incluso ocasionaron muertes en la zona de trabajo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 16 de junio de 2019.


En una carta publicada en sus redes sociales, Othón Muñoz Bravo aseguró que ni es huachicolero ni su apodo es “El Cachetes”, además acusó que las armas y drogas que encontraron en su casa fueron “sembradas” para usarlo como “botín político” por el gobierno estatal, en ese momento a cargo de Antonio Gali Fayad.

Detenido el 20 de agosto de 2017, Muñoz Bravo exhibió un documento que da cuenta que, desde el 31 de mayo de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo incluyó a él y a su familia en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

“No soy un líder huachicolero y ni me apodo el Cachetes”, sostuvo en su carta el empresario gasolinero, quien fue acusado de vender combustible robado a Pemex, en su cadena de estaciones que ahora funcionan bajo una franquicia propia de nombre “Max Fuel”.

Sin señalar nombres, aseguró que las acusaciones en su contra fueron fabricadas a través de la Fiscalía General del Estado y que su detención sirvió a “intereses” de las autoridades en turno.

“Los que orquestaron el operativo, me sembraron drogas y armas para salir victoriosos y ocuparme como un botín político. Es decir, las autoridades en turno me fabricaron un chaleco a la medida que les ha servido a sus intereses, así como de apodarme ‘El Cachetes’”, asienta en su carta.

El empresario dijo que en el operativo realizado en su casa la madrugada del 20 de agosto de 2017 también estuvieron presentes elementos de la Marina Armada de México, aunque éstos no intervinieron.

Agregó que debido a este operativo llevado a cabo en su domicilio, así como al hecho de que el agente del Ministerio Público de la FGE, Ehécatl Antonio Herrera Cruz, desacató un amparo que ordenaba la suspensión de esa diligencia, el gobierno federal les otorgó el año pasado cédulas que los ubican a él y a su familia como víctimas.

Con este escrito, Muñoz Bravo anexó el oficio firmado por Federico Herrera Montalvo, en ese momento director del Renavi, en el que se acuerda su inscripción como “víctima directa de delito” con el número RENAVI/16777/2018.

Apenas hace unos días se dio a conocer que un juez federal sentenció al empresario a pasar 3 años y 10 meses de prisión y una multa de 6 mil pesos, la cual fue conmutable por una cantidad no revelada, por lo que ya no tuvo que retornar a prisión.

La detención de Muñoz Bravo, ubicado como parte del negocio de los huachicoleros, generó escándalo en su momento por su relación cercana con el panismo poblano y con el exgobernador Rafael Moreno Valle, ahora fallecido, así como por su participación como financiador de campañas del PAN, en particular la del exsenador Javier Lozano Alarcón.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 4 de marzo 2019.


Moreno Valle y “El Cachetes” caso emblemático de complicidad PRI y PAN para saquear a Pemex.


En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, uno de los principales capos de la ordeña de gasolina en Puebla pactó con la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- declararse culpable por un decomiso de armas y nunca fue acusado de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", empresario poblano a quien se le vinculó con la venta de huachicola, negoció con la PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

En agosto de 2017, en un operativo especial de la Marina se logró decomisar dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, dos gasolineras le fueron clausuradas.

"Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible", celebró en aquella ocasión el entonces Gobernador de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad.

"El Cachetes" tuvo vínculos con dirigentes del blanquiazul en Puebla como el propio ex Gobernador Rafael Moreno Valle y con jueces como el Magistrado Carlos Loranca Muñoz, quien fue destituido meses después.

Tras su captura y luego de algunos meses de estar encarcelado, Othón Muñoz Bravo se acercó en agosto pasado a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negociar un procedimiento abreviado en el cual ofreció declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa a cambio de una pena mínima.

Dicha terminación anticipada del proceso está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Conforme a la reducción de sanciones solicitada por el Ministerio Público de la Federación, se imponen a Othón Muñoz Bravo las penas de 3 años 10 meses de prisión y multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos", señala la sentencia dictada el pasado 8 de agosto.

La dependencia federal aceptó entonces que un juez de control federal de Puebla sentenciara al empresario gasolinero por portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Información del Poder Judicial de la Federación indica que "El Cachetes" se acogió al beneficio de la condena condicional, prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

El día de su captura las autoridades señalaron a "El Cachetes" por presuntos vínculos con Antonio Martínez Fuentes "El Toñín", líder de una banda dedicada al robo de combustible en el Triángulo Rojo, ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múltiples menciones, hasta donde se tiene conocimiento, "El Cachetes" nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar el cambio de medida cautelar, el 30 de octubre de 2017 obtuvo la libertad provisional, con la obligación de acudir a firmar cada 15 días al juzgado y cubrir una garantía de 1 millón de pesos.

Un huachicolero de peso

Othón Muñoz Bravo es vinculado con los huachicoleros que operan en Puebla, mediante la red de gasolineras que opera en la entidad.

Pese a ello, al menos cuatro gasolineras de su propiedad fueron regularizadas en el Municipio de Puebla y hoy operan con la marca MaxFuel, tras la cancelación de las antiguas marcas, aunque sigue recibiendo combustible de Pemex.

En enero del 2018, tras la revelación de una fotografía en la que Muñoz aparecía en un convivio con Javier Lozano y el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz, este último fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Aunque legisladores urgieron a investigar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y reabrir la indagatoria contra "El Cachetes", el tema quedó archivado.

El año pasado, "El Cachetes" reapareció en una reunión privada convocada por Mario Marín para respaldar las aspiraciones de los candidatos priistas a diputados federales: Ramón Fernández, por el distrito 11 en Puebla y Ricardo Urzúa, por el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente dejó varias mantas amenazantes en contra de "El Cachetes".

"El CJNG respeta al Gobierno, nosotros no ponemos mantas en contra de ustedes vamos por ti Otton alias El Cachetes y Bukanas, dejen de poner mantas (sic)", decía las dos mantas que fueron colocadas en zonas distintas de Puebla.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol


Ciudad de México.- En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son 7 estados los que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.

Encontramos casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor incidencia.

Ciudad de México con mil 204 millones de pesos; Estado de México con 2 mil 426; Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993 millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Nieto detalló que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.

En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.

Lavan de Pemex $10,000 millones; eran recursos del huachicol

Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.

Huachicoleros pagaban joyas, autos y obras de arte en efectivo

Santiago Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de revisar la información que proporcionan diversas instancias, con lo que se concluyó que, en uno de los casos, un exalcalde tenía gasolineras y vínculos con un empresario, que transferían recursos al extranjero y que, en muchos casos, pagaron en efectivo joyas, autos de lujo y obras e arte.

Esto implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través de estas transacciones. La legislación permite el control de las cuentas, la presentación de la denuncia y la solicitud del aseguramiento para continuar el proceso penal”, indicó.

Excélsior
Ciudad de México
Martes 15 de enero de 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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