Dijo que cuando cumpla dos años de mandato, habrá cumplido con los 100 compromisos a los que se comprometió


A casi dos años de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 2021 la Secretaría de Educación Pública (SEP) va a despachar en esta entidad.

"Para el próximo año de 2021, cuando la Secretaria de Educación Pública cumpla 100 años de vida, tendrá que estar despachando en el Estado de Puebla", dijo en un mensaje desde una casa reconstruida en Atlixco.

En el evento, que fue a puerta cerrada en un domicilio afectado por el sismo de 2017, el tabasqueño confió en que para el próximo 1 de diciembre, cuando cumpla dos años al frente del Gobierno federal, habrá cumplido con los 100 compromisos a los que se comprometió al inicio de su mandato.

"Estamos cumpliendo, en dos años hemos cumplido 95, tenemos cinco compromisos pendientes y esperamos decir el 1 de diciembre, cumplimos los 100 compromisos", reiteró

En el caso de Puebla, recordó que faltan cinco compromisos, entre ellos el que tiene que ver con la descentralización del Gobierno.

"No hemos podido con el hecho de que las dependencias federales tienen que trasladarse a los estados. Salir de la capital del país.

"En Puebla estará la SEP, el Secretario tiene poco tiempo para que se mude a más tardar se tiene que hacer el año próximo, cuando cumple esta Secretaría cien años", declaró el Presidente.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de Puebla
Sábado 19 septiembre 2020.


El Gobierno de AMLO se ha destacado por el cobro de adeudos que anteriores administraciones como la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron pasar intencionadamente


El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue imparable con la recaudación de impuestos y ahora es BBVA, quien se desiste de los procedimientos que había iniciado para evitar el cobro de 3 mil 200 millones de pesos.

La propia institución bancaria dio a conocer que llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar esa cantidad relativa al impuesto sobre la renta (ISR).

“Los recursos pagados se refieren a cantidades complementarias a las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015″, dijo BBVA en un breve comunicado.

Según BBVA, con dicho acuerdo se terminan las diferencias de criterio en materia del ISR, y se contribuye a agilizar la recaudación de impuestos, que en este momento son necesarios para ayudar a la recuperación económica del país.

El Gobierno de AMLO se ha destacado por el cobro de adeudos que anteriores administraciones como la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron pasar intencionadamente, o que incluso hacían descuentos deliberadamente en el pago de impuestos.   Walmart, IBM, Grupo Modelo y Femsa han tenido que regularizar sus adeudos pendientes con el SAT.

En mayo pasado Walmart anunció el pago de 8 mil 79 millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips a Alsea, y Femsa anunció el pago de 8 mil 790 millones de pesos para finalizar diferencias de interpretación fiscal.

En el caso de IBM, la firma pagó 669 millones de pesos para regularizar su situación con el SAT. En agosto Grupo Modelo informó el pago de 2 mil millones de pesos para “dar por terminadas diferencias en materia de impuesto sobre la renta”.

Y en febrero pasado, América Móvil, propiedad de Carlos Slim, pagó 8 mil 290 millones de pesos derivado de los ejercicios fiscales 2016 y 2019, y la minera Fresnillo, también pagó 4 mil 612 millones de pesos a la autoridad tributaria.

Polemón
Ciudad de México
Miércoles 9 de septiembre de 2020.


El Presidente señala que el indicador pasó del 25.5% al 51.2 por ciento en sus dos años de administración


En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a diversas acciones de su administración la confianza de la población en las instituciones del Gobierno Federal se duplicó, pues pasó del 25.5% al 51.2 por ciento.

Este incremento en la confianza ciudadana lo confirmó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente a una evaluación del periodo de 2017 a 2019 y presentada el 21 de mayo pasado.

El informe gubernamental aborda temas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en diversos capítulos y de las mil 296 páginas que lo componen 79 veces hace referencia a la palabra "transparencia", 34 "combate a la corrupción", 19 con respecto al término "protección de datos personales" y 10 veces se refiere a "rendición de cuentas".

El documento destaca que gracias a sus acciones van en camino correcto, pues México ha escalado varias posiciones en métricas, análisis y estudios de organismos nacionales e internacionales que referentes de estos temas a nivel global.

Entre ellos señala que el Índice de Percepción de la Corrupción medido globalmente por Transparencia Internacional (publicado en enero de 2020), reflejó una mejora de México con respecto al lugar que ocupó el país en otras administraciones.

Pues en enero de 2020, y con referencia a la información de 2019, México escaló ocho posiciones en el ranking internacional, al subir del lugar 138 al 130, y mejoró en un punto su calificación total de esta métrica.

Otras de las mediciones a nivel internacional que menciona es el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), también elaborado por Transparencia Internacional y publicado en septiembre de 2019.

México obtuvo un incremento de 37% en la confianza de la población. El 61% de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del Gobierno de México. Esto representó un avance histórico para el país desde que este instrumento comenzó a utilizarse en 2003.

También el informe refiere que México obtuvo una calificación de 82 puntos en el Índice de Presupuesto Abierto 2019, presentado por el International Budget Partnership el 29 de abril de 2020, donde México se colocó en el cuarto lugar de los 117 países incluidos y representó un incremento de 3 puntos con respecto a los resultados de 2017.

Por otra parte, entre los méritos destaca el restablecimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 2019, suspendida durante la administración pasada, y que concretó el Cuarto Plan de Acción que tiene como propósito reportar los compromisos establecidos por México y sus respectivos avances.

Como parte de sus logros, el Gobierno Federal apunta los avances de la Plataforma Nacional Digital, el Padrón de Integridad Empresarial, iniciativas de transparencia proactiva de dependencias federales durante la pandemia como la de la Secretaría de Salud y su micrositio sobre el COVID-19, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, entre otras más.

El Universal
Ciudad de México
Martes 1° de septiembre de 2020.


La oposición al Tren Maya está plagada de organizaciones que por dinero se disfrazan de ambientalistas y defensoras de derechos humanos, dijo este viernes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina desde la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Ahí, el Presidente informó que le ha llegado información de que organizaciones no gubernamentales que se oponen a la construcción del Tren Maya reciben financiamiento desde el extranjero para obstaculizar la obra, y reciben en conjunto más de 13 millones de dólares.

“Hace unos meses me llegó información de que asociaciones de la sociedad civil reciben recursos del extranjero para oponerse a la realización del Tren Maya. Se disfrazan por dinero de ambientalistas y defensores de derechos humanos, pero al final es una lucha de poder en lo económico y político”, resaltó el titular del Poder Ejecutivo.

Mientras AMLO mencionaba eso, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presentó una lista de las fundaciones que destinan recursos a las organizaciones que se oponen al Tren Maya, entre las que se encuentran W.K Kellog, Ford, Climate Works, NED y Rockefeller.

En tanto que los destinatarios del financiamiento son el sitio web de noticias Animal Político, y las organizaciones no gubernamentales México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Indignación, DPLF, CCMS, CEMDA, CRIPX y DIMO.

Los tres primeros están vinculados al empresario Claudio X. González, a quien se le ha mencionado en varias ocasiones como el principal mecenas de Animal Político a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).

“Esto es transparentar todo; obviamente van a ejercer su derecho de réplica. Todas estas organizaciones han interpuesto recursos legales, amparos contra el Tren Maya“, dijo el presidente López Obrador.

De acuerdo con los datos presentados por la Presidencia de la República, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha recibido 7 millones 725 mil dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha obtenido 2 millones 404 mil 789 dólares; Cemda, 1 millón 100 mil dólares; Animal Político 703 mil 751 dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 620 mil 570 dólares; el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), 565 mil 377 dólares; Diálogo y Movimiento (Dimo), 420 mil 580 dólares; MMCCI, 245 mil dólares, y México Evalúa ha recibido 85 mil dólares, de esas fundaciones extranjeras.

Al respecto, Jesús Ramírez, informó que la información la obtuvieron mediante una investigación que realizó el Gobierno Federal en conjunto con una organización privada, de la que no mención su nombre.

Uno de los datos relevantes que encontraron, es que los recursos que entregaron las fundaciones extranjeras, estaban etiquetados a “investigaciones” sobre el Sureste mexicano, en clara referencia al proyecto del Tren Maya.

De las seis organizaciones que son financiadas, al menos dos obtuvieron una suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo.

El CRIPX, que dirige Alfredo López Días para la defensa de los recursos naturales en Campeche, logró desde marzo de este año frenar los trabajos de la megaobras en el Tramo 7, en Calakmul.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. también obtuvo una suspensión definitiva el pasado 22 de junio pasado contra el Tramo 1 de la obra, situado en Palenque.  Su principal donante es la Fundación Kellogg.

También se encuentra CEMDA, que dirige María Eugenia De la Fuente.  Se identifica como organización nacional en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, y señala que el proyecto del Tren Maya viola derechos humanos de las comunidades.

El director de Animal Político, Daniel Moreno, expresó en su cuenta de Twitter que el único objetivo que tienen es servir a los lectores.

“Quienes hacemos Pájaro Político exigimos se aclare esta información, que daña el trabajo periodístico que hacemos desde hace diez años, con el único objetivo de servir a los lectores”,

“Lo que no quieren es periodismo”, añadió en otro mensaje.

Polemón publicó hace unos días que el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo empresarial que se opuso a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, contrató en 2020 los servicios del portal Animal Político.

El propio sitio web que encabeza Daniel Moreno hizo el anuncio en diciembre de 2019 mediante una columna editorial publicada en su sección de Plumaje.

Según la columna, llegaron a un acuerdo comercial con el Consejo Mexicano de Negocios, al que ya le han brindado anteriormente servicios informativos, para realizar una consultoría sobre los principales temas de la agenda nacional “que le sean útiles para las reuniones periódicas de sus órganos de dirección y le den elementos para sus propios análisis de la coyuntura nacional”.

Y se agrega:

“También se incluye la cobertura, producción, publicación y difusión de ‘contenidos patrocinados’ de los eventos públicos que realicen, que serán publicados en la sección comercial de Animal Político y se identificarán como tal”, detalla la publicación.

Polemón
Ciudad de México
Domingo 30 de agosto de 2020.


La droga fue transportada en un barco de bandera japonesa desde Colombia hasta Manzanillo

Las autoridades de aduanas y la Marina de México han informado este martes que han decomisado en el puerto de Manzanillo, Estado de Colima (localizado al oeste del país), 678 kilogramos de cocaína que eran transportados en un barco de bandera japonesa proveniente de Colombia y que tenía como destino el puerto de Yokohama, en Japón. Este decomiso se da casi un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer una nueva estrategia de su Gobierno para combatir el narcotráfico: “Vamos a limpiar los puertos y las aduanas en el país”, dijo tras pasar a las fuerzas armadas el control y la vigilancia de estas infraestructuras.

Las autoridades mexicanas han calificado de “golpe certero a la estructura financiera de la delincuencia” la incautación de la droga, que fue asegurada el 10 de agosto durante una inspección realizada por personal de la Administración General de Aduanas y una unidad de la Naval a un contenedor descargado en el buque de bandera japonesa. En él, los funcionarios y militares hallaron 11 sacos que contenían la droga guardada en 575 paquetes en forma de ladrillos. “Se tomaron muestras del material y con un equipo de detención de sustancias ilícitas se encontró como resultado cocaína”, han informado las autoridades de Aduanas a través de un comunicado. La droga ha sido entregada a la Fiscalía para que se inicie un proceso judicial, aunque no se ha informado de detenciones o se ha atribuido a qué grupo criminal pertenecía el cargamento.

Entre enero y julio en México se han decomisado 3.793 kilogramos de cocaína, según datos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). En el mismo periodo también han sido decomisados por las autoridades 97 toneladas de marihuana y seis toneladas de metanfetaminas. El Gobierno de López Obrador mantiene una estrategia de combate al narcotráfico en una alianza estrecha con los militares, a quienes se les han otorgado nuevas funciones como el control de los puertos y las aduanas, decisión que provocó la renuncia de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. El secretario dijo en su carta de despedida que estaba en desacuerdo con la decisión de trasladar a la Marina “las funciones eminentemente civiles” de la administración de los puertos del país.

Manzanillo es el principal puerto mexicano en las costas del Pacífico y un importante puente comercial con los mercados de Asia: en junio se movieron más de 33,5 millones de toneladas de productos, aunque también ha sido señalado por las autoridades como uno de los puntos clave del narcotráfico. Colima es uno de los Estados más violentos de México, al ser un importante paso de droga donde las agrupaciones delictivas luchan por el control del territorio. El Estado registró en 2018 la mayor tasa de homicidios en el país, con 81 por cada 100.000 habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Fue en Manzanillo donde el presidente López Obrador anunció el 17 de julio su nueva estrategia para el combate contra el narcotráfico, al pasar el control de los puertos a los militares. El mandatario ha cedido en los 19 meses que lleva al mando del Ejecutivo amplios poderes al Ejército, incluidos la creación de la polémica Guardia Nacional y el reparto de negocios inmobiliarios y logísticos. Los militares realizarán labores policiales hasta 2024. Se trata de una estrategia con la que López Obrador, otrora crítico de la militarización de las labores policiales, espera reducir la violencia en el país, que el año pasado registró casi 35.000 asesinatos, la cifra más alta desde que empezaron los registros en 1997.

El País
Carlos Salinas
Ciudad de México
Viernes 14 de agosto de 2020.


''Ya sabemos que por el bien de todos, primero los pobres... los adultos mayores, los médicos, las enfermeras'', dice el Presidente


El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el COVID-19 -que se producirá en México- será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedar al final.

"En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna, no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres... los adultos mayores, los médicos, las enfermeras".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario destacó que con el acuerdo alcanzado con AstraZeneca, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim, va a significar que nuestro país destine menos de los 25 mil millones de la bolsa de 100 mil millones de pesos que ya se tienen destinados en el Presupuesto del próximo año.

El Presidente López Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría disponer de una vacuna contra el COVID-19, por lo que llamó a toda la población a no relajarse y seguir aplicando las medidas sanitarias contra la pandemia.

"Todavía desgraciadamente vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos seguirnos cuidando, esto es muy importante, no es lo mismo cuidarnos sin una esperanza de tener una vacuna, ahora que nos tenemos que seguir cuidando".

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la pandemia no ha terminado y se tiene que seguir protegiendo como la sana distancia, usar un cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, el estornudo de etiqueta y quedarnos en casa si no tenemos a qué salir.

Señaló que una de las estrategias para la aplicación de la vacuna podrían comenzar en los grupos de mayor riesgo.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 13 de agosto de 2020.


Una serie de testimonios contenidos en diversas investigaciones judiciales muestra la forma en que el crimen organizado ha logrado acaparar el control de los puntos de acceso al territorio mexicano

En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, según diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los métodos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.

Los esfuerzos para acabar con la corrupción en los puertos y aduanas —como la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia— no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se trazó un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tráfico de personas en la frontera sur. En el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se anunció un plan de modernización de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasión y erradicar la corrupción. En 2009 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales serían reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selección. Los nuevos agentes estarían a cargo del despacho de pasajeros y mercancías y de inspecciones fiscales, mientras que los policías fiscales removidos serían investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ahora, López Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima. En el mismo evento, Horacio Duarte, informó de que en la Administración General de Aduanas que él dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y están sujetos a investigación por posibles actos ilícitos.

En los expedientes consultados para este reportaje hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los criminales y otros que simplemente se han dejado atrapar por un soborno mensual. En una averiguación previa seguida en contra de un hombre que fungía como “contador” de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas y del que se omitió su identidad en la versión pública del documento entregado a este diario debido a que aún no cuenta con una sentencia definitiva, éste contó que en la “nómina de la organización”, además de policías, taxistas, militares y ministerios públicos también había personal de la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas. “Todos ellos son los que reciben pago de nómina de los Zetas, y es a cambio de ayuda o protección, cantidad que debe ser pagada de mano a mano por los auxiliares o los comandantes de plaza y el dinero se lo proporciona ya en sobres el contador de cada plaza”, se lee en un expediente de 2012 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna (Coahuila).

A mediados de noviembre de 2016 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Colima se recibió una llamada anónima que alertaba de un cargamento con “mercancía ilegal” que llegaría en un contenedor procedente de Shanghai. La misma denuncia anónima llegó a la Marina y se emprendió un operativo. La PGR envió a policías de investigación que en coordinación con la Marina acudieron a revisar los cargamentos. Tras una inspección a varios contenedores, en uno de ellos encontraron 35 recipientes metálicos con fenilacetato de etilo que habían viajado en un buque desde China. Las autoridades detuvieron a dos personas que laboraban en la descarga de mercancías, pero posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas, según los amparos consultados para este reportaje ante el Poder Judicial. La indagatoria sigue en trámite en espera de que se presenten más pruebas para poder llevar el caso ante un juez.

En México operan 49 aduanas que están bajo el control del SAT. El objetivo de estos puntos es vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del territorio nacional. La mayoría de ellas se concentran en la frontera norte, ya que gran parte de las actividades comerciales de México se realizan con Estados Unidos, pero también hay puntos de inspección en los aeropuertos y puertos marítimos. Entre 2012 y 2019, el SAT presentó 119 denuncias penales en contra de servidores públicos adscritos a las aduanas, pero solo 25 expedientes han llegado ante un juez. Una de las investigaciones iniciadas en este Gobierno es contra un trabajador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, que alteró un pedimento aduanal. En el documento el agente dijo que el chofer de una camioneta que provenía de Estados Unidos e intentaba ingresar a México llevaba material eléctrico en cajas de cartón cuando en realidad transportaba 1.400 cargadores para fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Las autoridades fiscales pusieron una denuncia contra el empleado porque creen que pudo haber actuado en complicidad con el transportista.

Uno de los principales problemas de seguridad nacional es el tráfico de armamento: cada año ingresan al país de manera ilegal alrededor de 200.000 armas que provienen principalmente de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos por donde ha cruzado este arsenal es la aduana de Nogales, en el fronterizo estado de Sonora. En una indagatoria iniciada en 2018, después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima en contra de dos personas acusadas de introducir armas y paquetes de dólares al país, se detalla que los investigados —Rosario Espinoza y Carlos Alberto Contreras— hacían viajes a Phoenix (Arizona), donde les entregaban la “mercancía”. Luego la transportaban a México escondida en el interior de los asientos y en un doble fondo en la parte trasera de una camioneta. Al llegar al punto de inspección, si en la revisión aleatoria el semáforo marcaba rojo, el encargado del cruce los dejaba pasar. “Trabajaban con apoyo de una persona del sexo masculino, alias el JL, quien ejercía control en Nogales y facilitaba el ingreso porque tenía sus contactos en la aduana”, se lee en el expediente.

Los puertos porosos

En el país hay 117 puertos que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los más importantes y donde más problemas se han presentado son los de Altamira (Tamaulipas), Manzanillo (Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Veracruz (Veracruz), disputados por cárteles como Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos también se han vuelto una coladera. En noviembre de 2011, la Marina y miembros de la Fiscalía revisaron un contenedor en Lázaro Cárdenas, Michoacán que contenía cerca de 1.000 escopetas y armas cortas que procedían de una empresa en Turquía. Las autoridades iniciaron una investigación que no llegó muy lejos: la supuesta compañía que amparaba el envío jamás pudo ser localizada y la documentación presentada era falsa, según el expediente penal.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó arrebatar el puerto de Lázaro Cárdenas al cartel de los Caballeros Templarios, que controlaba una serie de actividades ilegales. En noviembre de 2013 la Marina tomó el control del puerto para evitar que los criminales introdujeran toneladas de cocaína y precursores químicos con los que fabrican drogas sintéticas. “Lázaro Cárdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro país. Es el puerto más importante en cuanto a volumen de carga general”, dijo el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez. También se anunció un incremento de personal del SAT en la aduana y un cambio en la administración portuaria. El entonces vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dio a conocer que, a solicitud de la SCT, la Secretaría de Marina había comisionado personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto. “Con el propósito de prevenir acciones de colusión todas las dependencias federales involucradas relevarán de manera cíclica a la totalidad de los servidores públicos comisionados a este puerto”, explicó.

En una serie de operativos que emprendieron las autoridades durante 2013 y 2014 se detuvo a decenas de personas. En una de las indagatorias que se inició en contra de presuntos miembros de los Templarios, uno de ellos contó que había personas encargadas de recibir la mercancía que les enviaban de China. En su relato, que quedó asentado en un expediente archivado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del segundo circuito, explicó que gran parte de la cocaína la recibían de países de Sudamérica, mientras que los precursores con los que elaboraban metanfetaminas les llegaban ocultos desde países asiáticos. No solo recibían cargamentos de droga, también recibían bultos de ropa, perfumes y otros artículos que luego comercializaban.

El combate a la corrupción que se ha enquistado en las aduanas es una tarea complicada que va más allá de colocar mandos marinos en los puertos y militares en las aduanas terrestres como lo ha instruido el presidente López Obrador, considera Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que no solo basta con contar con personas honestas en esos cargos, sino que se necesitan perfiles adecuados y capacitados en materia fiscal y aduanal. “El personal de la Dirección General de Aduanas de Hacienda es gente profesional que tiene mucho entrenamiento. La secretaría de Marina puede nombrar un almirante en activo o retirado en la aduana, pero necesita personal entrenado, y los marinos no tienen entrenamiento para saber de asuntos de Hacienda… Son militares, no son licenciados en administración de empresas o en aduanas”, señala.

Esta nueva asignatura encomendada a las Fuerzas Armadas se suma a una lista de labores tan diversas como complejas que les han sido asignadas en este Gobierno y que han despertado una serie de críticas. Los militares no sólo siguen participando activamente en las tareas de seguridad, sino que ahora están a cargo del combate a la venta de combustible ilegal (huachicol), la remodelación de hospitales abandonados en el sexenio anterior y la distribución de fertilizantes, así como de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, dos tramos del tren maya y de las sucursales del banco del bienestar, entre otras tareas.

Para Manaut, el verdadero motivo detrás de esta decisión del Gobierno federal puede ser que hayan decidido darle la pelea en los puertos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene un gran control en Manzanillo, Colima, el punto por donde llegan toneladas de precursores químicos para el fentanilo, la droga con la que el CJNG ha invadido Estados Unidos. “Es mucha casualidad que ese movimiento en la Secretaría de Comunicaciones (SCT) haya sido después del viaje del presidente a Estados Unidos. Me da la impresión de que es un requerimiento de Estados Unidos a México para que se controlen estas aduanas y se pare el tráfico de fentanilo en Manzanillo. No tengo elementos para probarlo, pero esa puede ser una hipótesis”, menciona el académico. El puerto de Manzanillo actualmente está dominado por el CJNG, pero en el pasado fue disputado por el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios. A raíz de que la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera, el Mencho, comenzó su expansión en 2013 y se consolidó como la más poderosa del sexenio de Peña Nieto, sus miembros se lograron hacer del control del puerto, según informes de las autoridades federales.

El supuesto golpe más duro del gobierno de Peña contra una red de contrabando de textiles que operaba en las aduanas se anunció en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT detectaron que 22 agentes aduanales ayudaron a una red internacional de contrabandistas —conformada por más de 200 personas y empresas— para que importaran mercancías del sector textil y las vendieran por debajo de su valor. Su objetivo era simular un negocio empresarial para transferir recursos al extranjero y evadir el pago de impuestos de las ganancias obtenidas por la venta de productos en México. Las autoridades iniciaron una investigación y aseguraron cuentas bancarias de 85 involucrados, sin embargo, muchos de ellos lograron ganar batallas en tribunales para que les descongelen sus fondos, de acuerdo a diversos expedientes de amparos consultados.

El 30 de abril del año pasado, el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le ordenó al ministerio público que definiera el curso que seguiría la indagatoria, ya que habían pasado más de cuatro años desde que inició y hasta esa fecha no había logrado justificar la necesidad de que las cuentas de los involucrados —entre ellos NVA México y Contapia Maquilados— continuaran congeladas porque no había avances en la indagatoria. Pese a que el ministerio público se resistió a acatar el fallo del juez, finalmente envió un oficio al Poder Judicial donde informaba que el pasado 5 de junio consultó el no ejercicio de la acción penal, es decir, la emisión de un dictamen para cerrar la indagatoria. Con ello, la investigación más importante por lavado de dinero que siguió el Gobierno de Peña Nieto relacionada con las aduanas, simplemente terminó archivada.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Martes 11 de agosto de 2020.


El Presidente dice que deberían declarar ante la FGR todos los involucrados, incluidos los dos exmandatarios que lo precedieron
 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que su Gobierno no puede detener el proceso judicial en el caso de Emilio Lozoya y señaló que, si es útil para la Fiscalía General de la República (FGR), deberían de declarar todos los involucrados, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Aquí son dos sexenios, cuando menos, porque no sólo es el caso de la Reforma Energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón, o sea, son procesos que se complementan”.

La constructora brasileña Odebrecht, investigada en toda la región en los últimos años por ganar contratos gubernamentales por medio de sobornos, supuestamente le dio a Lozoya cuatro millones de dólares para que los destinara a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Además, presuntamente aportó otros seis millones de dólares para sobornar a legisladores federales para que votaran a favor de la Reforma Energética, en el conocido Pacto por México.

La operación de los sobornos habría sido dirigida por Peña Nieto y por su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes habrían dado 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, excandidato presidencial y ex líder del Partido Acción Nacional (PAN), para repartir entre diputados y senadores de esa fuerza política.

“Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la Reforma Energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)”, expresó López Obrador.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue capturado el pasado 12 de febrero en España y extraditado el pasado 17 de julio a México tras alcanzar un acuerdo de cooperación con la FGR.

El PAN se deslinda de acusaciones de soborno

Tras los señalamientos sobre corrupción hechos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional (PAN) se desligó y señaló “que está comprometido a luchar contra la corrupción”. Añadió que sus legisladores no necesitaban ser persuadidos para votar por la Reforma Energética porque ya estaban a favor.

“Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del Gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad”, comunicó el PAN.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder de PAN, se deslindó de los señalamientos. “La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la Reforma Energética. Yo la apoyé con enorme convicción”, sostuvo

Por su parte, el exsenador Ernesto Cordero Arroyo, quien ocupó la presidencia del Senado en tiempos del mandatario Enrique Peña Nieto, rechazó “categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación atribuidas a Emilio Lozoya. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público.

Lozoya, exdirector de Pemex, está acusado de “lavado” de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

El Informador
Ciudad de México
Domingo 26 de julio de 2020.


Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), señaló que el proyecto de reforma al sistema de pensiones hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, propone aumentar en 40% la pensión con sólo 750 semanas cotizadas.

El funcionario federal dijo que como ya lo anunció el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, este proyecto propone dos aspectos fundamentalmente que es el aumento hasta de un 40% más en el monto de la pensión, así como reducir el número de semanas cotizadas al pasar de mil 250 semanas cotizadas a sólo 750.

Noriega Curtis, indicó que la tasa de empleo informal es un factor que ha impedido que las personas accedan a una pensión garantizada de modo que al llegar a la edad de retiro los adultos mayores dejan de percibir ingresos y esto los hace más vulnerables.

Agregó que la propuesta va en el sentido de reforzar la seguridad económica de esta población para que al término de la vida laboral sigan teniendo ingresos. Además, refirió que la iniciativa está apoyada tanto por el sector patronal, el empresarial y de los trabajadores.

El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, explicó que el proyecto propone un sistema de pensiones para favorecer a los trabajadores afiliados al Seguro Social, pero también un círculo virtuoso en beneficio en el resto de la economía.
“El aumento del ahorro permite a la economía crecer más, mencionaba el secretario que el actualmente saldo de ahorro acumulado en las AFORES es alrededor del 17.7% del PIB y esperamos más que duplicar, en un periodo de 15 años aumentar, llegar cerca de un 40%”, indicó Noriega Curtis.

En mensaje vía remota el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez confirmó que la iniciativa de reforma tiene el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores en el momento de su retiro y se propone un incremento del 40% más en la pensión garantizada y, por otra parte, plantea reducir las semanas cotizadas de mil 250, las cuales equivalen a 25 años laborales, a 750 semanas, es decir sólo 15 años.

Agregó, que los trabajadores pensionados ahora sólo obtienen el 31% del salario con el cual cotizaron, además indicó que muy pocas personas logran pensionarse debido a que no consiguen cotizar las semanas estipuladas y se espera que la iniciativa tenga un impacto y que del 34% de las personas que alcanzan su pensión pase a más del 80%.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 23 de julio de 2020.


Las actividades bilaterales sólo serán el miércoles, y el jueves el mandatario regresará a México


Ciudad de México.— La Cancillería informó que la agenda de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos incluye una cena que le ofrece su homólogo Donald Trump.

Las actividades bilaterales sólo serán el miércoles, y el jueves el mandatario regresará a México.

López Obrador volará el martes a Washington y se hospedará en la Embajada mexicana.

El miércoles por la mañana depositará ofrendas ante el monumento a Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

Sin detallar la hora, la Cancillería indicó que por la tarde se reunirá con Trump en privado y después se efectuará el encuentro con sus respectivas comitivas. Antes, al llegar a la Casa Blanca, firmará el libro de invitados.

No se informa si habrá un mensaje a medios, únicamente se indica que firmarán un comunicado conjunto, y concluirá su visita con una cena ofrecida por el Primer Mandatario estadounidense.

"La visita del Presidente López Obrador a Washington en el contexto de la entrada en vigor del T-MEC subraya el compromiso de México con el acuerdo, mismo que promueve la inversión y el comercio en la región para el bienestar de nuestros pueblos.

"El encuentro servirá para refrendar la alianza estratégica entre México y Estados Unidos, naciones que en 2019 se consolidaron como primeros socios comerciales. El Presidente de México aprovechará la visita para reafirmar el compromiso de su gobierno por mantener una relación con Estados Unidos de estrecha colaboración y mutuo respeto ante los desafíos comunes", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además del Canciller, estarán presentes la Embajadora de México en ese país, Martha Bárcena; la Secretaria de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el jefe de la Ayudantía del Presidente, Daniel Asaf; y el director general para América del Norte, Roberto Velasco.

Reforma
Óscar Mireles
Érika Hernández
Ciudad de México
Lunes 06 de julio 2020.

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