La ONG se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades tomar acciones contundentes en materia de género

 

Amnistía Internacional México se pronunció respecto al caso de Mara Fernanda Castilla y exigió a las autoridades acciones contundentes para erradicar la violencia de género. “No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado, que ha normalizado tales hechos”, apuntó la ONG.

La directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, destacó que la impunidad ante la violencia, incluidos el abuso sexual y el feminicidio, ya está generalizada.

“Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades respecto a la integridad y la dignidad de las mujeres”, precisó.

Los familiares de Mara la reportaron desaparecida el pasado 8 de septiembre, luego de que acudiera con algunos amigos a un bar de Cholula y tomara un taxi de la empresa Cabify.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali, informó ayer que el cuerpo de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue encontrado en el estado de Tlaxcala, al fondo de una barranca.

AI citó cifras del Inegi que revelan que seis de cada 10 mujeres mexicanas han padecido por lo menos un caso de violencia en sus vidas. “Las cifras se nutren todos los días por hechos tan lamentables como los de Mara”, indicaba el comunicado.

La ONG informó que se sumará a la marcha de este domingo 17 de septiembre, que partirá a las 12:00 horas de la plancha del Zócalo, con dirección a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Universal
Ciudad de México
Domingo 17 de septiembre de 2017.


El organismo recordó que, según los datos más recientes del INEGI, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en los distintos ámbitos de sus vidas.


La inacción del Estado mexicano ante la violencia contra la mujeres le hace cómplice de la misma, condenó la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional.

Ante el feminicidio de Mara Castilla, señaló al Estado mexicano por su machismo y su deuda pendiente con la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.

"No es culpa de las víctimas, es culpa del Estado que ha normalizado la violencia", expresó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum.

"En México, las mujeres están constantemente en riesgo. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas".

Recordó que, según los datos más recientes del INEGI, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en los distintos ámbitos de sus vidas.

La organización impulsa la campaña #VivanLasMujeres, en la cual exigen a las autoridades responsables en cada una de las 32 entidades acciones para erradicar los asesinatos de mujeres por razones de género.

Al reclamo se sumaron otras organizaciones sociales unidas bajo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las cuales urgieron a las autoridades investigar las redes delincuenciales en Puebla y Tlaxcala.

Recordaron que en ambas entidades operan redes de trata de personas y grupos delincuenciales que secuestran, violan y asesinan mujeres.

"La falta de la articulación interestatal en una región donde la violencia hacia las mujeres es sumamente grave. Es imposible que prevalezca la incapacidad de indagar y de investigaciones prontas y efectivas", reclamó el OCNF.

Sobre el asesinato de la joven, pidió investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos delincuenciales en Puebla y Tlaxcala.

La organización acusó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de rechazar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para ambas entidades, pese a la problemática de desaparición y trata de mujeres, adolescentes y niñas.

La Segob, hace dos meses, el 7 de julio, determinó no declarar la Alerta en Puebla y lo mismo hizo en Tlaxcala el 4 de agosto.

El feminicidio de Mara se suma a otros 82 documentados por organizaciones civiles en lo que va del año, y a 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General de Puebla, agregó el Observatorio.

Las organizaciones pidieron que el homicidio de Mara sea investigado como un feminicidio y juzgado con perspectiva de género.

Además, que se investigue la operación de la empresa Cabify, a fin de determinar si otras mujeres pueden estar en riesgo.

Reforma
Diana Baptista
Ciudad de México
Sábado 16 septiembre 2017.


Detenciones arbitrarias por la policía en México, otra señal de la grave crisis institucional que azota al gobierno de Enrique Peña Nieto, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses y la desaparición de estudiantes


Ciudad de México. - Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad de México el 17 de mayo de 2013 cuando, de repente, una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó a dispararle. Guerrero esquivó la emboscada, pero se desencadenó una persecución y los disparos siguieron hasta que fue capturado por hombres vestidos de civil que dijeron ser policías, pero no se identificaron.

Según consta en un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el activista fue trasladado a un sitio desconocido en el que fue torturado con golpes, asfixia y amenazas contra su familia durante 30 horas antes de ser presentado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que terminarían acusándolo por delincuencia organizada y secuestro junto con otras doce personas que también denuncian haber sido torturadas.

“Fue un intento de ejecución extrajudicial. Además, fui sometido a una desaparición forzada y torturas. También me fabricaron delitos y enfrento la sinrazón de los tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar sus propios criterios y razones”, explicó Guerrero, de 32 años, durante una conversación telefónica con The New York Times en español desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva cuatro años encarcelado sin haber sido llevado a juicio.

La historia de Guerrero es uno de los casos analizados en Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, el informe más reciente de Amnistía Internacional. Este documento es otra señal de la grave crisis institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.

En el informe de Amnistía resaltan historias como la de Verónica Razo Casales, quien en junio de 2011 caminaba por una calle cerca de su casa en Ciudad de México, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil que la trasladaron a unas instalaciones de la Policía Federal. Allí permaneció incomunicada durante 24 horas y fue sometida a abusos sexuales y otras formas de tortura hasta que la obligaron a firmar una declaración en la que afirmaba haber participado en un secuestro. A pesar de que su familia denunció ante la PGR los abusos que sufrió, sigue encarcelada y sin sentencia.

“Hay un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, explica Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “La detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la integridad, el debido proceso judicial y luego puede originar violaciones mucho más graves como la tortura o la desaparición forzada”.

Los vicios de la burocracia

La organización realizó este documento entre febrero de 2016 y abril de 2017, a partir de entrevistas con diez organizaciones mexicanas de derechos humanos y seis expertos en seguridad pública, métodos policiales y derecho, además de 25 funcionarios del sistema judicial, en funciones o retirados.

Los testimonios de estos funcionarios, que exigieron el anonimato por temor a represalias, resultan particularmente esclarecedores para entender los vicios del sistema de detenciones del país. “Las flagrancias le sirven al Estado, sean legales o no… Hay flagrancias que se crean”, declaró una jueza penal del centro de México. “La tortura sí es sistemática y generalizada en México”, afirmaba un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales y, fundamentalmente, a jóvenes”, asegura un secretario de la misma corte.

Este último dato coincide con las estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que los hombres jóvenes (de 18 a 29 años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal”, el 26,47 por ciento del total de las personas sometidas a procesos penales.

“Lo que el informe documenta es una práctica institucional de los operadores de justicia que detienen con fines ilegítimos. Las autoridades no salvaguardan la seguridad ni la integridad personal. La policía inicia un proceso de criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en una falsa igualdad”, explicó Reneaum Panszi.

En este sentido, ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este tipo de prácticas, como revela el caso de José Adrián, un joven maya de 14 años que tiene dificultades auditivas y fue detenido en febrero de 2016. José salió de la escuela y caminaba por las calles de X-Can, una pequeña comunidad de Yucatán, cuando fue arrestado por la policía que, sin explicarle nada, lo trasladó hasta otra población donde fue torturado para que se incriminara. “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, dice el testimonio del joven que fue registrado en el documento.

Al final fue acusado del apedreamiento de una patrulla de policía, aunque no estuvo en el lugar de los hechos, y su familia tuvo que pagar la fianza y los daños ocasionados. A pesar de que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la fiscalía estatal, hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.

Un peligroso coctel de violaciones

El informe concluye que en México se conjugan una peligrosa mezcla de elementos: un débil sistema de justicia, cuerpos policiales mal preparados, leyes deficientes y una impunidad “casi absoluta”, lo que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean “una realidad cotidiana que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos persistentes en México, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

Pese a las dificultades y humillaciones del encierro, Guerrero ha continuado con su activismo y recientemente protagonizó una huelga de hambre para exigir mejoras en el penal. Además, continuó sus estudios de Filosofía y logró escribir —a mano, bajo la luz constante de un foco y mientras era vigilado por las cámaras— el libro Estado de excepción (2016).

En su libro, Guerrero parte de las ideas del filósofo italiano Giorgio Agamben para construir un diálogo reflexivo en el que analiza su situación: “Actualmente no vivimos fuera de la ley ni en la barbarie. Vivimos donde lo lícito y lo ilícito, barbarie y cultura, violencia y derecho, se han vuelto indiferenciables”. El activista se define como parte de una comunidad que propone la aplicación de la ley pero que es ignorada por naturaleza e intenta transmitir su cultura como una especie de salvación: “Consternados, apáticos, rabiosos, dolidos, confusos, aquí estamos”.

Cuando se le pregunta qué le diría al gobierno, Guerrero dice: “Le pediría la mínima objetividad porque con eso bastaría para lograr mi libertad. Y, por otro lado, le pediría justicia porque esa es una palabra que este gobierno nunca ha podido entender”.

Guerrero no ha cesado de explorar otras formas de expresión en las largas jornadas de la cárcel, donde pasa más de 20 horas enclaustrado en la celda. Dice que la escritura es otra forma de libertad a la que no renuncia. En su encierro encontró el tiempo para escribir “El Banquetazo”, una suerte de farsa teatral en la que interactúan una payasa, un gorila, un hombre gris capitalista y, por supuesto, la muerte.

En la obra, mientras los personajes devoran un pollo rostizado, la muerte se larga una perorata inspirada en los versos del mexicano Ramón López Velarde: “Ahora sí, hijos del maíz, se acabaron su país. Suave patria enajenada, muerto de salario dado, suave migrante vendido, suave estudiante oprimido, suave maestro oprimido, suave desaparecido, suave preso marginado, suave patria cementerio”.

The New York Times
Albinson Linares
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2017.

 

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