En un país donde los expresidentes parecían tener una inmunidad tácita, la medida de casa por cárcel impuesta a Álvaro Uribe causó bastante revuelo. Pero, más allá del impacto inicial de la noticia, el hecho tiene un impacto simbólico que tendrá profundas implicaciones en la política colombiana.

El martes, en las principales ciudades de Colombia se interpretó una sinfonía sin ritmo de pitos, cacerolas, gritos y aplausos. ¿La razón? La decisión de la Corte Suprema de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe, la figura política colombiana más importante de los últimos años, a causa del proceso por presunta manipulación de testigos y soborno.

Sin importarles la amenaza del coronavirus, cientos de ciudadanos salieron a las calles. Unos, para celebrar; otros en señal de protesta, una muestra clara de la división que genera el exmandatario en su propio país. Este es tan solo un ejemplo del revuelo político que causará en los próximos meses y el impacto que tendrá en tres frentes: la justicia, que tocó por primera vez en la historia colombiana a un expresidente (y uno que parecía especialmente intocable); el delicado proceso de paz que el país trata de sacar adelante, y la presidente Iván Duque, el cual deberá lidiar con el hecho de que su mentor político —a quien le debe en gran medida su llegada a la Casa de Nariño— esté en prisión domiciliaria.

La decisión se da después de una acción legal que inició el expresidente en 2012 en contra del senador opositor Iván Cepeda, pero que, en un giro sorpresivo en 2018, se le devolvió cuando la corte decidió precluir cargos y abrir investigación contra el propio Uribe por presunto soborno y manipulación de testigos, como explica detalladamente el portal político La Silla Vacía. Después de sonadas discusiones en los tribunales y un parón por la cuarentena, el proceso desencadenó en la medida de aseguramiento el 4 de agosto. La noticia además tuvo un complemento esa misma semana, que difícilmente olvidará el político más influyente de Colombia: él y sus dos hijos fueron diagnosticados positivos para coronavirus.

La medida de aseguramiento tendrá, sobre todo, un fuerte impacto simbólico, porque en lo jurídico Uribe tiene aún mucho campo de maniobra. La decisión no se trata de una condena, sino una medida preventiva, que la ley contempla ante la posibilidad de que el acusado interfiera en el proceso. La Corte Suprema interpretó que este era un riesgo viable y tomó esa decisión. Ahora tiene un año para decidir si archiva el proceso o lo acusa formalmente (de momento no hay siquiera una acusación). Mientras tanto, el exmandatario aún puede apelar a una segunda instancia o a una acción de tutela buscando que se revierta la medida.

En lo más práctico de su quehacer político, perderá, al menos de momento, la posibilidad de trabajar en el Senado. Pero no su curul, que será ocupada temporalmente por otro miembro de su partido. Es decir, más allá del impacto emblemático de su ausencia del Capitolio —o su versión virtual durante la cuarentena—, no cambiará la balanza política en el Congreso. Tampoco dejará de participar en la vida pública. Es bien sabido que tiene la última palabra sobre cualquier decisión que tome su bancada.

Eso sí, en lo simbólico, la decisión es todo un terremoto. “Es un hecho político trascendental, porque Uribe fue muy popular cuando gobernó y se ha mantenido vigente”, explica Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en diálogo con El Tiempo.

No es un asunto menor: ante la opinión pública, Álvaro Uribe parecía inmune a los escándalos judiciales. Su capacidad de evadir los escándalos que explotaban a su alrededor y salir indemne le había valido el apodo de “presidente teflón”. Y es que su círculo más cercano ha sido acusado de todo tipo de denuncias: dos exdirectores que nombró en el DAS, antiguo organismo de inteligencia, están en prisión por interceptaciones ilegales a rivales del expresidente; su exministro de Hacienda fue condenado por entregar subsidios a aliados políticos; su primo, Mario Uribe, está detenido por aliarse con el paramilitarismo, y su hermano, Santiago, está siendo investigado por presuntamente fundar el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’. Pero el expresidente se había mantenido intocable. Hasta ahora.

Ese fenómeno es una anomalía en una región donde no es raro que las decisiones judiciales toquen a los máximos mandatarios. Casi pareciera un hecho recurrente con los demás expresidentes que, junto con Uribe, se valieron del boom económico de la primera década del siglo XXI para montar gobiernos altamente populares y de corte caudillista. El último caso fue el de Rafael Correa, en Ecuador. En julio, un juzgado ratificó la condena de ocho años por hechos de corrupción en contra del exmandatario, que vive refugiado en Bélgica con su familia.

Días antes, Evo Morales, en Bolivia, fue imputado por supuesto terrorismo a causa de un audio en el que incitaba desde su exilio al “bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales”, según una nota de prensa del ministerio público boliviano. En Panamá, Ricardo Martinelli estuvo dos años en prisión por malversación de fondos y escuchas ilegales. Y el caso más famoso es posiblemente el de Lula da Silva, en Brasil, quien recibió nueve años de condena por corrupción, que fueron revocados luego por falta de pruebas.

Todos estos distan mucho en naturaleza del caso colombiano, que ni siquiera ha entrado en etapa de juicio todavía. Pero enuncian el riesgo de que, como ha sucedido en otros países, el proceso de Uribe se termine politizando y opaque los argumentos jurídicos. Como en Ecuador, donde ha calado el argumento del expresidente de que el proceso en su contra se trata de una “cacería de brujas”. Hoy, el principal contendor para unas eventuales elecciones presidenciales es “el que diga Correa”, según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hecha en julio. Cae el caudillo, pero vive el caudillismo.

Con una agravante: en Colombia, el proceso judicial coincidió con un periodo de transición política fruto del Proceso de Paz y muy discutida por un sector de la sociedad colombiana. En julio una exguerrillera de las Farc, Sandra Ramírez, quedó electa vicepresidencia del Senado, una elección que ha sido controvertida por la negativa de la senadora de aceptar un hecho comprobado: que hubo reclutamiento forzado de menores en la guerrilla. Ahora, muchos critican que el expresidente pase su juicio privado de la libertad, mientras que los antiguos cabecillas de las Farc siguen sin pagar penas y en el Congreso.

El propio presidente Duque ha repetido esta narrativa: “En el Congreso hay personas que han cometido delitos de lesa humanidad que han tenido condenas, y que además están siendo llamados por la justicia transicional en libertad. Incluso gozan con la garantía de no ir a la cárcel si dicen, entre comillas, toda la verdad”, dijo en entrevista con Noticias Caracol, poniendo en entredicho el espíritu del Acuerdo de Paz de garantizar la participación política y un marco de justicia alternativa.

Algunos miembros de su partido incluso han aprovechado esa indignación con la medida judicial para revivir una vieja aspiración del uribismo: una Asamblea Constituyente, que desarme y restructure el sistema judicial. El presidente Duque inicialmente se opuso a esta posibilidad. Optó por un camino más moderado para defender a su mentor político, aunque inició una pequeña gira de medios hablando en contra de la medida de aseguramiento impuesta a Uribe. Su negativa a apoyar la propuesta de una Constituyente, sin embargo, lo pone en riesgo de ruptura con su partido.

Lo anterior anuncia un horizonte difícil para el Gobierno, que lucha por sortear de la mejor manera los efectos de salud y económicos de la pandemia. Había mejorado su percepción pública gracias a su rápida reacción frente a la llegada del coronavirus, pero ahora queda en una posición difícil, entre mantener la unidad de su partido y preservar la institucionalidad del país. “El presidente Duque tiene que resolver la pregunta de qué va a hacer con su partido, cómo los va a mantener contentos. Y ahí muy fácilmente se le puede caer la coalición de gobierno”, opina el analista político Ariel Ávila en Semana TV.

En este panorama, la decisión de la Corte moverá bastante las fichas políticas. Puede quedar el Presidente en una complicada posición y vuelve el fantasma de una Asamblea Constituyente. Al final, aunque se calme la algarabía en las calles, el terremoto político será para largo en una sociedad polarizada y que se debate entre si salvar o no la implementación de unos acuerdos de paz.
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Juan David Olmos
Bogotá, Colombia
Viernes 7 de agosto de 2020.


Felipe Restrepo Pombo

Hasta el martes 4 de agosto, Colombia era uno de los pocos países de la región donde los expresidentes parecían figuras intocables. Sin embargo, esta realidad dio un giro tan dramático como inesperado y llegó un momento que pocos creyeron posible: la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial colombiana, ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Un hombre que apenas unos años atrás tenía los índices de popularidad más altos y era considerado por muchos como el mejor presidente de la República, gracias a su plan de Seguridad Democrática. La caída de Uribe, su paso de héroe nacional a villano, es un espejo de la historia reciente de Colombia.

La decisión, que sacudió al país con fuerza, llegó justo en la semana en que se cumplen dos años de gobierno de Iván Duque. El actual presidente es discípulo político de Uribe, pertenece a su partido y, apenas se anunció la detención, salió en su defensa. En una alocución dijo: “Soy y seré siempre un defensor de la honestidad, de la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez”. Su reacción ha sido muy criticada pues se supone que el poder Ejecutivo debe ser respetuoso de las decisiones del Judicial: las opiniones del presidente pueden ser vistas como una intervención en el proceso.

El momento político de Duque tampoco es el mejor. Su gobierno no ha logrado mayores logros y Colombia está sumida en una crisis económica y social por culpa de la pandemia de COVID-19. El manejo que el presidente le ha dado a esta situación ha sido poco efectivo. La gestión de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, es muy cuestionada y su relación con Duque es tensa.

Los líos de Uribe —el jefe político de Duque y Ramírez— con la justicia colombiana se remontan a varias décadas atrás, cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Desde entonces se hablaba de la cercanía de Uribe con grupos paramilitares que se formaron para enfrentar a la guerrilla. De hecho, su padre fue asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos, como la columnista María Jimena Duzán, defienden la tesis de que siempre ha buscado una venganza personal.

Durante su segundo período presidencial estalló el primer gran escándalo en su contra: se comprobó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo estatal de inteligencia, espió a los magistrados encargados de investigar la relación entre Uribe y el paramilitarismo. También se comprobó que varios congresistas fueron sobornados para aprobar su proceso de reelección, el cual no existía en Colombia hasta entonces. Finalmente, aparecieron los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”, instaurados desde 2002 con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate.

Cuando terminó su presidencia, en 2010, y empezó su carrera como senador, Uribe se convirtió en el gran opositor del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Uribe acusó a su sucesor, Juan Manuel Santos, de ser benevolente con los guerrilleros. Criticó, especialmente, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional creado para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El expresidente acusó a este tribunal de politizar la justicia y de tener lazos con la izquierda.

La situación judicial de Uribe se complicó en 2011. Según una investigación de La Silla Vacía, el congresista Iván Cepeda presentó en la Fiscalía la declaración de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve —ex mayordomo de la finca de Uribe—, en la que afirmaban que el expresidente y su hermano Santiago habían participado en la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia. De inmediato, el expresidente acusó a Cepeda —hijo de Manuel Cepeda, un político asesinado por los paramilitares— de fabricar estos testimonios y pidió una investigación. Ocho años después, la Sala Penal de la Corte Suprema exoneró a Cepeda y anunció, a su vez, una investigación al expresidente por manipular la información.

Desde entonces, el hoy senador se declaró perseguido por las Corte Suprema, la JEP y la Fiscalía. La revista Semana reveló una llamada interceptada con unos de sus colaboradores en la que dijo: “Esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. En 2018, se inició una investigación formal en su contra. Se supo que Diego Cadena, el abogado de Uribe, había presionado y sobornado a varios testigos que tenían pruebas contra el expresidente. El periodista Daniel Coronell ha documentado minuciosamente las acciones de Cadena y, en su columna de esta semana, presentó pruebas irrefutables de la manipulación de testigos y el fraude procesal.

La contundencia de las evidencias es tal que la corte decidió emitir una orden de arresto domiciliario en contra de Uribe. Esta es una medida preventiva para que el expresidente no huya del país ni intente obstruir la investigación. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y la corte debe evaluar si hay aún más pruebas para llegar hasta una sentencia: Uribe no está protegido por el fuero presidencial pero sí por el de congresista. Cepeda, su gran opositor, dijo: “Es un momento importante en un proceso que empezó hace ocho años. Se han presentado todo tipo de pruebas en su contra, pero se le deben seguir garantizando sus derechos”. Uribe está recluido en su inmensa hacienda, fuertemente protegido por su equipo de seguridad, y solo dijo que sentía una profunda tristeza por su esposa, familia y los colombianos que todavía lo respaldan.

Sus defensores dicen que es un exabrupto que esté detenido mientras que los antiguos líderes de las FARC no han pagado un solo día de cárcel. El argumento es absurdo pues los guerrilleros sí se sometieron a un proceso legal a través de la JEP, mientras que Uribe debe enfrentarse a la justicia ordinaria pues no fue un actor del conflicto armado.

Más allá de esta discusión y de los amores y odios que genera Uribe, su detención es histórica. La medida de aseguramiento es una respuesta a sus vínculos, voluntarios y desde hace décadas, con situaciones sospechosas por todo tipo de hechos fuera de la ley. Que la Corte Suprema haya tomado la decisión de actuar en contra de, tal vez, el hombre más poderoso de Colombia, marca un precedente en un país donde la impunidad parecía ser la regla.


Felipe Restrepo Pombo es periodista, editor y autor de varios libros, entre ellos la novela ‘Formas de evasión’.

The Washington Post
Felipe Restrepo Pombo
Washington/Bogotá/México
Jueves 6 de agosto de 2020.


El tribunal concede al exmandatario arresto domiciliario en un caso de soborno y manipulación de testigos


La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe por un delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afectan al político, que gobernó el país andino entre 2002 y 2010. El tribunal, que concedió al exmandatario arresto domiciliario, investiga un expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe en el nacimiento de un bloque de las autodefensas colombianas.

Se trata de una decisión sin precedentes en Colombia. Uribe, fundador del actual partido de Gobierno, el Centro Democrático, y mentor político del presidente Iván Duque, ocupa actualmente un escaño en el Congreso tras convertirse en 2018 en el senador más votado en la historia del país. Su caso se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador progresista Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista del Polo Democrático.

El propio Uribe confirmó la decisión de la Corte, que en términos jurídicos según la legislación colombiana es una “medida de aseguramiento”, a través de sus redes sociales. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió en su cuenta de Twitter. “El senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”, señaló horas después la Corte en un comunicado. La decisión, que el tribunal justificó ante “posibles riesgos de obstrucción de la justicia”, fue aprobada por unanimidad.

La investigación se centra en esta fase en determinar si personas vinculadas con él, como sus abogados, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas. Se trataba de Los 12 Apóstoles, que, entre amenazas a la población, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano del expresidente, operaban según un grupo de testigos en una finca familiar.

La decisión de la Corte venía precedida desde la víspera por una fuerte controversia que implicó pronunciamientos de funcionarios del alto Gobierno, del Centro Democrático, las instancias judiciales y del propio presidente Duque. “Seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe”, declaró el mandatario. En la tarde del martes, reiteró en una declaración desde la Casa de Nariño, la sede de Gobierno, su defensa de “la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.

Los sectores de oposición consideraron los múltiples pronunciamientos como presiones a la justicia. El senador Cepeda había pedido al Centro Democrático “cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte”, y a Duque comportarse como un jefe de Estado “y no como defensor de oficio de su mentor político”. Cerca de la medianoche del lunes, todas las altas cortes publicaron un inusual comunicado conjunto para hacer un llamado al respeto de la rama judicial y su independencia. “Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”, declararon.

Uribe es probablemente el político que más divide a la sociedad colombiana. Amado y odiado, férreo detractor de los acuerdos de paz con las FARC alcanzados en 2016 por su sucesor, Juan Manuel Santos, en torno a él se constituyó toda una corriente política, el uribismo, que en la práctica encarna posiciones de derecha radical. Durante sus dos mandatos impulsó una política de seguridad aplaudida por los sectores más conservadores por su mano dura, pero al mismo tiempo señalada como caldo de cultivo de los llamados falsos positivos, cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados después por los militares como guerrilleros caídos en combates a cambio de beneficios. Según un informe de la Fiscalía publicado el año pasado hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron entre el primer y el segundo mandato de Uribe.

El País
Santiago Torrado
Francesco Manetto
Bogotá / Ciudad de México
Martes 4 de agosto de 2020.


El expresidente colombiano Álvaro Uribe negó haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitirle usar el aeropuerto de Bogotá para exportar 10 toneladas de cocaína a México entre 2006 y 2007, según afirmó el lunes un reporte de un diario inglés.

El tabloide sensacionalista británico The Daily Mail señaló en su edición del 10 de febrero que Uribe recibió de El Chapo un millón de dólares, piedra preciosas y armas por permitirle transportar la droga desde un hangar que se construyó en el aeropuerto internacional de Bogotá para ese propósito.

La fuente del diario británico es Richard Maok, un exagente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana que se encuentra exiliado en Canadá.

En un comunicado firmado por dos de sus abogados, Uribe rechazó las acusaciones y calificó de “absurdas calumnias” pretender ligarlo con el Cártel de Sinaloa.

Maok “es un prófugo de la justica colombiana” que en Canadá “goza de privilegiada impunidad por sus delitos”, aseguró.

Según el comunicado, Uribe es reconocido a nivel mundial “como uno de los líderes más importantes en la lucha contra el flagelo del narcotráfico”.

El expresidente tiene varias investigaciones penales por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y enfrenta el riesgo de ir a la cárcel por un caso de manipulación de testigos que se ventila en la Corte Suprema de Justicia.

Proceso
Rafael Croda
Bogotá / Ciudad de México
Martes 11 de febrero de 2020.



La Corte Suprema de Colombia deberá decidir la situación jurídica del expresidente en los próximos días


Bogotá ha vivido este martes un momento inédito: la declaración del primer expresidente colombiano llamado a comparecer ante la justicia, en un proceso penal por manipulación de testigos. Álvaro Uribe, que presidió el país entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan alabada como rechazada, compareció a primera hora de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia. El peso político y la popularidad de Uribe, senador, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario, Iván Duque, hace que el caso trascienda el ámbito judicial.  Tras siete horas de audiencia, la Corte Suprema informó que Uribe quedó formalmente vinculado al proceso por los "delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo".  

Uribe llegó al tribunal en una camioneta poco antes de las ocho de la mañana, fuertemente escoltado y en medio de gritos de apoyo y de rechazo de un centenar de partidarios y detractores. Poco antes, sus seguidores se reunían en una misa por el exmandatario en la catedral de Bogotá, cercana al palacio, a la que asistieron políticos, senadores y empresarios afines al uribismo.

Tras salir del vehículo, Uribe, de 67 años, saludó a algunos correligionarios y entró sin hacer declaraciones hasta la sala de audiencias, en la que debía responder por presunto fraude procesal y soborno, delitos castigados con ocho años de cárcel. El caso tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos, ya como senador, para que declararan a su favor en una investigación que lo vincula a grupos paramilitares.

En la calle, fuera del Palacio, se vivía una metáfora de lo que es Colombia y su polarización. De un lado, una pancarta blanca decía: “Necesitamos justicia. Uribe debe ir a la cárcel”, bien visible entre manifestantes con carteles que catalogaban al político de genocida. Del otro, seguidores de uno de los personajes más populares en la historia de la política colombiana coreaban su nombre y sostenían que la indagatoria era obra del chavismo, mientras relacionaban la interpelación judicial a Uribe con la situación actual en Perú y Ecuador. El proceso, que lleva más de un año en curso, ha exacerbado la división: los detractores, con tambores y canciones; los uribistas, con vuvuzelas que intentaban acallar los gritos de los antiuribistas. En el medio de la calle, la Policía se interponía para evitar altercados.

La causa promete ser larga, ya que la comparecencia de este martes es solo el comienzo de un largo proceso. Aunque la audiencia no era pública, se sabe que el expresidente tendría que responder al menos a cien preguntas. El tribunal deberá cotejar su declaración con la de otros 20 testigos que declararon anteriormente. A partir de ese momento, y en un plazo de 10 días, los jueces deberán decidir si lo mantienen dentro del proceso penal o lo absuelven. Si deciden seguir adelante y llevarlo a juicio, también tendrán que decidir si dictan medidas cautelares para evitar su huida o cualquier interferencia en el proceso. Todo ello, cuando restan escasas fechas para las elecciones locales del día 27.

Los ánimos se fueron agitando en el transcurso de la mañana. Adriana Torres, una monja carmelita, contaba entre lágrimas de emoción que vino a apoyar a Uribe. “Del Centro Democrático [el partido de Uribe e Iván Duque] me pagaron el pasaje en avión desde Medellín y vine porque lo quiero mucho”, contaba. Del otro lado se escuchaban denuncias de crímenes. Raúl Carvajal gritaba consignas en contra del expresidente y del también exmandatario Juan Manuel Santos: “Hoy, hace exactamente 13 años me mataron a mi hijo que era un suboficial de Ejército por negarse a cometer un falso positivo [asesinato extrajudicial]”.

Durante su mandato, cerca de 4.000 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en medio del conflicto que durante seis décadas ha desangrado Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación. Opositor al proceso de paz con las FARC, Uribe no es solo el líder del Centro Democrático —en el poder desde agosto de 2018—, sino también el senador más votado y, ahora, el protagonista de la campaña para los comicios locales.

El presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, salió al paso de las voces que “atacan legitimidad institucional por la investigación” y pidió confiar en la justicia”. “Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en Derecho los magistrados”, aseguró el presidente del Alto Tribunal. Por la noche, el expresidente Uribe se dirigió a sus seguidores desde la sede de su partido y agradeció al presidente Iván Duque que en la mañana de este martes le expresó solidaridad e hizo un recuento detallado de cómo comenzó este caso que lo tiene contra las cuerdas.

“Cuánto me duele que llamen a una indagatoria acusándome de fraude procesal. Por favor, yo lo que hice fue constatar la información que me llegaba”, dijo Uribe con su tradicional estilo de discurso de letanía religiosa. Sobre la acusación de soborno reconoció que su abogado Diego Cadena le entregó dos millones de pesos (cerca de 700 dólares) a un testigo, pero se desmarcó de esa decisión. “Si me hubiera consultado le habría dicho terminantemente que no”, aseguró. Un detalle importante porque la Corte basa su acusación en que Uribe dio consentimiento para esos pagos y ofrecimientos de beneficios judiciales.

El expresidente ha tenido discrepancias con varios de los magistrados por el capítulo de espionaje ilegal a la Corte durante su Gobierno. Y aunque al inicio de su discurso dijo que a pesar de esas diferencias “nunca desafiaría las decisiones”, más adelante sugirió que esa mala relación influyó en su caso. “Me preocupa que esta desavenencia que tuve con la Corte haya llegado a donde llegó”, dijo. En los próximos días, el Alto Tribunal deberá decidir cuál es la medida judicial contra el expresidente. Una decisión que, sin duda, sacudirá la política en Colombia.

UNA DENUNCIA DEL EXPRESIDENTE QUE SE VOLVIÓ EN SU CONTRA

C. O.

Cientos de horas de grabaciones y 40 testigos dan forma al proceso contra Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos. El caso comenzó cuando Uribe denunció al senador de izquierdas Iván Cepeda por recabar declaraciones de antiguos paramilitares en su contra. El tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero abrió otro contra Uribe. Ahora investiga si allegados a él, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas.

El País
Catalina Oquendo
Bogotá, Colombia
Martes 8 de octubre 2019.

 

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