La debacle de la vivienda en México

La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta. (Los Angeles Times) La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta. (Los Angeles Times)


La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país.

Hace 16 años, México inició una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus trabajadores, aquellos que perciben el salario mínimo principalmente. El Gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas de precio accesible a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street– invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo, publica hoy Los Ángeles Times.

Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas –una sexta parte de la población de México– abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor.

Fue un momento clave para México –una prueba para esta cada vez más próspera nación, con ambiciones de primer mundo. Pero México se quedó desastrosamente corto sin poder crear un suburbio ordenado.

El programa se ha convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país, según una investigación de Los Ángeles Times.

Los propietarios tienen que salir con sus cubetas en mano para buscar agua en los camiones repartidores. En los arroyos de las calles pueden verse las aguas residuales sin tratar, procedentes de tuberías rotas. Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven. En algunos desarrollos, los apagones pueden durar varios días.

Dentro de muchas casas, los techos se gotean, las paredes tienen grietas y el cableado eléctrico hace cortos circuitos, descomponiendo los aparatos electrodomésticos y en algunos casos, provocando incendios que hacen que las familias tengan que salir huyendo.

Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven.

El programa costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como “constructores de naciones” al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México.

Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo.

En los 50 desarrollos de viviendas económicas visitados desde Tijuana hasta el Golfo de México, Los Ángeles Times también revisó miles de páginas de documentos gubernamentales y de la industria de la construcción, y entrevistó a cientos de propietarios, líderes municipales, expertos en vivienda, ingenieros civiles, trabajadores de la construcción y funcionarios del gobierno.

El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas.

La crisis de la vivienda en Estados Unidos y la recesión hace una década, también se caracterizaron por fallas regulatorias. Finalmente, la economía de Estados Unidos se recuperó. Pero la crisis en México ha sido duradera.

Si bien la gravedad de los problemas varía, y algunos desarrollos habitacionales cumplen con los estándares básicos, el rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales cerca o dentro de cada ciudad grande: Sistemas de agua que no sirven, redes eléctricas incompletas, deficientes sistemas de aguas residuales. Parques y escuelas que se prometieron pero que nunca se materializaron.

Muchos desarrollos se construyeron lejos de los centros de empleo en tierras marginales -humedales, márgenes de ríos y laderas inestables- con escaso acceso al agua corriente. Muchos funcionarios locales reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión.

El rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales

Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos.

Los desarrolladores han abandonado cientos de estos complejos sin completar la infraestructura, provocando una permanente escasez de servicios.

En los desarrollos donde no funciona el alumbrado público, los jóvenes usan linternas para navegar por las calles oscuras. En esos desarrollos sin servicio de recolección de basura, las personas queman los desechos en lotes baldíos para evitar la infestación de ratas.

Los residentes colocan avisos en los pozos de registro sin tapa, para alertar a los niños de los peligros en las vías que carecen de mantenimiento. Los residentes de los vecindarios que carecen de agua, las personas cierran con llave las tapas de las cisternas de sus azoteas, para evitar que los ladrones se lleven el preciado líquido.

Hay desarrollos no terminados por todo el país. Se estima que 300 mil personas viven en más de 40 complejos habitacionales inconclusos en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

En el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, los desarrolladores han completado solo 36 de los 235 desarrollos iniciados entre 2005 y 2012, dejando entre 200 mil y 500 mil personas en el limbo, de acuerdo con los archivos del estado.

“Era un mundo de corrupción”, dijo Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, un suburbio de Guadalajara. Sus predecesores aprobaron desarrollos donde los mantos acuíferos se han secado afectando a unas 300 mil personas, dijo. Ahora el agua es racionada, y muchas familias reciben agua cada dos días.

Gran parte de las endebles construcciones son vulnerables a las inclemencias del tiempo

En septiembre, miles de hogares y calles en desarrollos mal planificados se inundaron en el Estado de México. Cientos de hogares en Ciudad Juárez se han inundado con tanta frecuencia, que se ha decidido ya su demolición. En el área de Cabo San Lucas, en agosto, una tormenta derribó dos edificios de cuatro pisos que se construyeron hace apenas ocho años.

Los residentes de urbanizaciones deterioradas durante varios años han marchado en los ayuntamientos, bloqueado las carreteras, han arrojado piedras a las oficinas de ventas, han retenido a los agentes de ventas, incluso han incendiado las casas modelo.

“Los propietarios protestan por la falta de agua corriente y la policía responde con golpes “, decía el encabezado de un medio de comunicación en junio, al reportar la intervención de la policía en el bloqueo de una autopista en un desarrollo en el estado de Veracruz.

Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, permitiendo que invasores y pandillas se apoderen de muchos vecindarios.

Quédese o váyase, muchos propietarios están atrapados con préstamos hipotecarios que están vinculados al índice inflacionario. Debido a que los pagos mensuales –típicamente alrededor del 25 por ciento del salario de un trabajador- se deducen directamente de sus cheques, la única forma para muchos mexicanos para escapar de la creciente deuda es renunciando a sus trabajos y emplearse en la economía informal.

El descontento de los propietarios ha sido poco efectivo; las autoridades no han responsabilizado a nadie por los problemas.

Invasores y pandillas se apoderan de muchos vecindarios

Decenas de millones de dólares en fianzas de construcción destinados a hacer reparaciones y/o terminar la infraestructura siguen sin utilizarse o no se sabe que ha pasado con ellos. No ha habido audiencias en el Congreso ni comisiones de investigación.

Sin embargo, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó en marzo a Homex, -que una vez fue el mayor desarrollador de México-, de reportar ventas “falsas” de 100 mil casas, lo que infló sus ingresos en 3 mil 300 millones de dólares. Se cree que es el mayor fraude en la historia de México.

Eventualmente, la SEC llegó a un acuerdo con Homex, sin aplicar ninguna multa, y presentó cargos civiles similares contra ex ejecutivos de Homex, los cuales permanecen pendientes. (Homex se negó a comentar sobre las acusaciones de SEC).

Las casas modelo creaban expectativas que frecuentemente no se cumplían

La Comisión Nacional de Banca y Valores de México aplicó a Homex una multa de 1.2 millones de dólares. No hay evidencia de que las autoridades mexicanas estén investigando ningún delito criminal.

En cambio, las autoridades han seguido casos contra activistas que acusan a los desarrolladores de engañar a los propietarios para aumentar sus ganancias.

El líder de propietarios más prominente del país ha estado encarcelado durante dos años sin juicio, con cargos de robo a mano armada, que varios jueces han desestimado. Otros líderes de propietarios que buscan reparaciones en sus desarrollos dicen que han sido hostigados, amenazados e incluso sobornados para que abandonen sus protestas.

El fiasco afecta a millones de propietarios que adquirieron una vivienda por primera vez, como Lucía López, de 66 años de edad.

Cuando recorrió las casas modelo en un nuevo desarrollo llamado Colinas de Santa Fe, cerca de la histórica ciudad de Veracruz, ella apreció los toques modernos: los grifos brillantes, el agua corriente, enchufes eléctricos en cada habitación.

López crió a sus hijos en una choza con pisos de tierra y un techo hecho de hojas de palma. Toda su vida vendió flores y limpió pisos para obtener ingresos. No tenía ahorros.

Sin embargo, en virtud del programa de vivienda, pudo comprar una pequeña casa de dos dormitorios por 20 mil dólares con un préstamo respaldado por el gobierno.

Su entusiasmo duró poco. El techo de su nuevo hogar se empezó a filtrar. Los frecuentes cortes de energía sumergieron al vecindario en la oscuridad. Los grifos se quedaban sin por varios días seguidos.

Hoy, López vive todos los días con el deterioro de las calles y los charcos de aguas residuales. Cuando sale a comprar o visitar a los vecinos, sostiene un limón en la nariz para bloquear el hedor de la planta de tratamiento de aguas negras que no sirve.

El año pasado se cayó en el hueco de una alcantarilla que no tenía tapa. Apoyándose contra los costados, logró salir, aunque muy golpeada y cubierta de excremento.

“Lloro cada vez que me acuerdo”, dijo. “Si me hubiera ahogado, nunca me habrían encontrado”.

El objetivo era sacar a millones de mexicanos de viviendas precarias y sobrepobladas y cumplir la garantía de la Constitución de México de “una vivienda digna y decente para todos”.

Las familias a menudo alquilaban departamentos estrechos que compartían con sus familiares. Las familias más pobres invadían terrenos en barrios marginales. Pasaban años recogiendo materiales y construyendo sus casas habitación por habitación, algunos conseguían bloques de concreto. La electricidad a menudo se robaba a través de los llamados “diablitos” y el agua corriente escaseaba.

En 2001, el presidente Vicente Fox se dispuso a abordar el problema creando una enorme sociedad entre el gobierno y la iniciativa privada.

Entonces, giró instrucciones para que el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, o Infonavit, aumentara considerablemente sus préstamos hipotecarios.

Bajo la administración de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, los préstamos del Infonavit aumentaron de 205 mil emitidos en 2001 a 494 mil 73 en 2008. Los nuevos préstamos estaban dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos modestos y poco o ningún ahorro.

Para aumentar los esfuerzos gubernamentales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo invirtieron 2 mil 800 millones de dólares en el sector de vivienda de México.

El torrente de dinero hipotecario creó un escenario soñado para desarrolladores grandes y pequeños. Con una cartera de clientes precalificados, podrían vender casas tan rápido como pudieran construirlas. Los precios variaron de 15 mil a 35 mil dólares.

Los inversionistas extranjeros buscaron capitalizar el boom, comprando acciones en las pocas compañías constructoras mexicanas que construyeron una gran parte de los hogares, entre las que se encontraban las más grandes del país: Casas Geo, Urbi y Homex, una empresa familiar del estado de Sinaloa que creció hasta convertirse en una de las mayores constructoras de casas de América del Norte.

Casi de la noche a la mañana surgieron desarrollos de viviendas, y casi de inmediato surgieron serios problemas. Los complejos habitacionales con problemas fueron hechos por constructores regionales y nacionales, pero los más problemáticos fueron construidos por las compañías de construcción más grandes de la industria.

Un desarrollo de Homex está casi escondido en las orillas de la ciudad de Huehuetoca, a 40 millas al norte de Ciudad de México. Su nombre oficial es Santa Teresa, aunque sus residentes le llaman Santa Pobreza.

Las mujeres mayores se agachan para beber agua en las tuberías que desembocan en la acera. Los niños juegan a la pelota en los escombros de las deterioradas aceras.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”, dijo José Marín, coordinador del sistema de agua de Huehuetoca, mientras atravesaba una parte especialmente deteriorada de Santa Teresa, donde las tuberías y cables enredados sobresalen entre las calles.

Una torre de agua vacía, se eleva por encima de los techos de este complejo de más de 8 mil pequeñas viviendas. El pozo que servía a esta sección de Santa Teresa comenzó a agotarse poco después de que se abriera el desarrollo en 2007. Homex no calculó adecuadamente la cantidad de gente que iba a servir y siguieron construyendo viviendas y sobre explotaron la capacidad del pozo de agua, dijo Merin.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”

Para el verano de 2016, el pozo se había secado por completo. El agua ahora se reparte en un camión, dos veces por semana, a veces menos.

Anahid Figueroa, una dentista de 35 años, se mudó al desarrollo desde la Ciudad de México para estar cerca de su madre, que vive al lado. Ahora lo lamenta.

El camión de agua llena dos botes de agua que deja en su pequeño patio delantero. Ella y su hija de 7 años cuidan cada gota. Hay suficiente para que cada uno de ellas se bañe dos veces a la semana. “Tenemos grifos y una ducha”, dijo Figueroa, “pero no son más que adornos”.

A medida que docenas de nuevos desarrollos surgieron en las ciudades cercanas a la Ciudad de México, la población de Huehuetoca se triplicó, a 130 mil personas.

Los funcionarios que supervisan las construcciones a nivel local, no pudieron mantener el ritmo. La ciudad solo tenía dos inspectores.

Con poco escrutinio de su trabajo, los contratistas de Homex escatimaron en el asfalto cuando pavimentaron las carreteras, que rápidamente se deterioraron por el paso de los camiones de construcción, según los activistas de los propietarios.

Los ingenieros civiles aprobaron diseños defectuosos para desagües pluviales. Las fuertes lluvias arrastraron los bordes y las aceras, y convirtieron las calles en verdaderos ríos.

El fracaso de la supervisión se repitió en desarrollos problemáticos en todo el país, dijo Marco López Silva, un ingeniero civil que ha investigado la industria de la vivienda en México para el Banco Interamericano de Desarrollo.

“El gobierno federal asumió que los funcionarios harían su trabajo a nivel municipal. Que tendrían abogados para revisar las fianzas de construcción. Supusieron que la gente tomaría buenas decisiones. Todo eso falló “, dijo Silva.

Los constructores deben hacer calles, aceras y el resto de la infraestructura. Una vez terminadas esas obras, pasan a ser propiedad de las municipalidades.

Pero, en Huehuetoca, Homex no concluyó el complejo habitacional de Santa Teresa, por lo que la ciudad se negó a asumir la responsabilidad.

“No hay manera de que yo pueda aceptar esto”, dijo Merin, el coordinador del sistema de agua. “La ciudad no tiene dinero suficiente para arreglar este desastre”.

La ciudad, dijo Merin, trata de proporcionar suficientes servicios básicos y repavimentar algunas calles. para controlar las protestas.

Grupos de iracundos residentes secuestraron camiones de agua y atacaron a trabajadores de servicios públicos. Una vez, en 2014, esposaron a los empleados de Homex a un poste de luz.

“La gente quería colgarlos”, dijo Merin, pero se salvaron porque llegó la policía.

A diez millas de distancia, en el suburbio de Zumpango, en la Ciudad de México, los residentes de un conjunto habitacional de Homex llamado La Esmeralda, dependen de unos generadores diésel para la electricidad, porque la compañía no conectó grandes partes del desarrollo a la red eléctrica. Las máquinas arrojan humo y a menudo se descomponen o se quedan sin combustible.

Cuando las calles se inundan debido a una inadecuada nivelación -un problema común en el verano-, los cables del generador quedan sumergidos en el agua, enviando corrientes eléctricas a través de agua que en algunas ocasiones llega hasta las rodillas.

Las calles y las banquetas a menudo se inundan en la temporada de lluvias debido a una inadecuada planificación. Eso hace que incluso una caminata corta, de la casa a la escuela primaria, sea muy difícil para Saraí Ruby, la hija de 7 años de Montoya, quien llora cuando ve que el agua va cubriendo la calle.

Ella sabe que va a sentir los “toques” eléctricos”, dijo Montoya.

Cuando Dante Tapia, de 8 años, ve los cables chisporrotear, no puede correr lo suficientemente rápido.

“Me dolió mucho cuando sentí la corriente”, dijo. “Odio vivir aquí”.

Los bomberos corren de barrio en barrio durante los aguaceros, bombeando calles inundadas. Cuando se va la luz, los paramédicos se apresuran a llegar a los hogares de personas enfermas y ancianas que dependen de la electricidad para operar dispositivos médicos o refrigerar la insulina.

Pablo Rodríguez Méndez, un alto funcionario de la ciudad de Zumpango, compara la crisis de la vivienda con un desastre natural.

Tenemos planes de emergencia para huracanes, pero también necesitamos un plan de emergencia para lidiar con todas las fallas de vivienda “, dijo Rodríguez.

Hace cuatro años, después de que los residentes habían pasado tres días sin agua y electricidad, la frustración se desbordó.

Homex estaba en apuros financieros, y se quedó sin capital para seguir operando.

En La Esmeralda, la mayoría de las 3 mil viviendas planificadas habían sido construidas, pero gran parte del sistema eléctrico y parte de la infraestructura no estaba terminada. Ese fue uno de más de 30 desarrollos, con una población combinada de 150 mil, que Homex y otros constructores dejaron inconclusos, tan sólo en Zumpango, de acuerdo a Rodríguez.

Los manifestantes salieron del vecindario y entraron a una transitada autopista de seis carriles. Levantaron barricadas con sillas, rocas y bicicletas. Durante varias horas bloquearon el tráfico, cantaron y agitaron mantas. “Queremos respuestas de Homex”, decía una de las mantas.

“Explotamos”. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica? “, recordó María Esther Cárdenas, madre de tres hijos. Aun así, la luz no ha regresado

“¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica?”

Cuando cayó la noche, los manifestantes se dirigieron al área de ventas, donde había casas modelo pintadas de vivos colores detrás de una cerca. Alguien entró furtivamente y encendió un cerillo. En cuestión de minutos, las llamas devoraron la zona de ventas.

“La gente se asustó cuando vieron que el fuego se estaba saliendo de control. Pero nos sentimos tristes”, dijo Mario, el esposo de Cárdenas. “Todo lo que queríamos era que cumplieran lo que prometieron”.

En Colinas de Santa Fe, parcialmente construida en un área de humedales en las afueras del norte de Veracruz, el agua de lluvia y las aguas residuales regresan a las calles y a las casas durante la temporada de lluvias. El sistema de drenaje subterráneo colapsó hace años, dejando las calles llenas de enormes baches. La planta de tratamiento de agua también se descompuso, agravando los peligros para la salud.

Los mosquitos se reproducen en charcos estancados. Funcionarios y residentes de la ciudad dicen que los moscos han infectado a decenas de residentes con la fiebre del dengue y el virus chikungunya.

Durante la estación seca, las aguas residuales se derraman en las carreteras y se secan convirtiéndose en un fino polvo. Los fuertes vientos lanzan toda esta inmundicia al aire.

“Estas personas están atrapadas en sus propios hogares”, dijo Salvador Barbes, un ex director de obras públicas de Veracruz. El desarrollo tiene solo 10 años, dijo, pero el rápido deterioro de la infraestructura y los hogares lo convierten, en efecto, en uno de los más antiguos de la ciudad.

“Tiene el tipo de problemas que vemos en los desarrollos que tienen 60 años”, dijo Barbes.

Para evitar los charcos de aguas negras, los vecinos cruzan por caminos improvisados de bloques de concreto. Aun así, los autos que pasan arrojan agua sucia a los niños y los charcos ocultan las alcantarillas abiertas de hasta 12 pies de profundidad.

“Vivimos como en un chiquero”, dijo Adela Blanco, una activista de 64 años de Colinas, “pero vivimos peor que los cerdos, porque además tenemos que pagar por esto”.

En los sectores más elevados del desarrollo, los incendios, no las inundaciones, son el problema.

Alberto García, de 33 años, y su familia llegaron a casa después de un paseo dominical en julio de 2016 y vieron humo desde la ventana de la sala de estar. Una sobretensión había fundido un interruptor de luz y prendido fuego a una cortina. Las llamas se extendieron a través del primer piso.

Ese fue el octavo incendio eléctrico en el complejo habitacional ese verano, dijeron los residentes.

García y otros residentes dijeron que sabían que la red eléctrica era inestable y que el cableado eléctrico era defectuoso. Su esposa y sus hijos usaban sólo dos artefactos a la vez, temiendo subidas repentinas de tensión. Por la noche, incluso desconectaban el refrigerador.

García dijo que su familia perdió todo en el incendio. Sin otro lugar a donde ir, todavía viven en la casa de dos habitaciones. Sus paredes están manchadas de hollín.

“Es muy triste”, dijo García, un vendedor de productos de limpieza. “Trabajamos muy duro para comprar lo que teníamos”.

Los residentes de Colinas de Santa Fe solían visitar las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en el centro de Veracruz, con montones de papeles. Sentían que Homex les había estafado y querían hacer algo al respecto.

Pero Inocencio Yáñez, un ex alto funcionario de la agencia en el estado de Veracruz, dijo que poco después de su llegada en 2013, descubrió que los abogados de la Procuraduría habían estado ocultando por años las quejas de los residentes

Puso un letrero en la recepción para decirles a los visitantes que hablaran con él directamente. Yáñez reunió docenas de casos para entablar una demanda colectiva y envió el expediente a sus superiores en la Ciudad de México. No pasó nada.

Yáñez dijo que se vio obligado a renunciar en 2014 después de dar a conocer las acusaciones de corrupción.

“Mi oficina era solo un lugar para que la gente viniera y llorara”, dijo Yáñez.

Una historia similar se repitió en todo México, dado que Homex y las agencias gubernamentales bloqueaban los esfuerzos de los propietarios para resolver sus problemas.

Después de que Aaron Montes protestó fuera de las casas modelo de Homex en el desarrollo de Hacienda Santa Fe cerca de Guadalajara en 2005, los investigadores de la Procuraduría General del estado de Jalisco lo visitaron.

“Dijeron que Homex estaba perdiendo dinero en la Bolsa de Valores debido a mis acciones”, dijo Montes, un activista de los propietarios de vivienda. “Querían que les pagara millones de pesos”.

Un año después, Montes fue arrestado después de liderar otra protesta. Fue liberado unos días después y se fue a su casa, solo para descubrir que su llave no abría la puerta de entrada.

Homex había vendido su casa a otra familia, dijo. Él y otros líderes de su grupo de propietarios finalmente se mudaron del desarrollo.

“No podía continuar así”, dijo Montes. “Fue como luchar contra un monstruo con mil cabezas”. Homex no respondió a las peticiones de hacer algún comentario al respecto.

En el desarrollo de Lomas de Santa Fe en Veracruz, el abogado Miguel Varela dijo que un representante legal de Homex le ofreció un soborno para dejar de representar a los propietarios que trataban de presionar a Homex para que terminara el sistema eléctrico.

“¿Cuánto quieres para olvidarte de esto?”, dijo Varela, relatando una reunión en 2011 en las oficinas de Homex en Xalapa, la capital del estado.

Blanco, la lideresa de los propietarios de Colinas de Santa Fe, que organiza regularmente marchas de protesta, dijo que un ejecutivo de Homex le ofreció en 2010 comprarle una casa en un desarrollo diferente, y que ella se negó.

“No se trata de dinero, se trata de nuestras vidas”, dijo Blanco.

Verónica Barrientos, una activista del desarrollo de Puerto Azul en Ensenada, dijo en una entrevista que los representantes de Homex le habían ofrecido dinero, automóviles y una expansión de su casa a cambio de que abandonara sus esfuerzos para solucionar los problemas.

Cesar Salazar, el líder de los propietarios en el Barrio de la Solidaridad en Monterrey, dijo que los representantes de Homex le ofrecieron pagar su hipoteca.

Sergio Losoya, presidente de la asociación de propietarios en el vecindario de Chula Vista en Cabo San Lucas, dijo que un representante de la compañía ofreció pagar por la terapia para su hijo con necesidades especiales.

Los líderes de los propietarios dijeron que rechazaron las ofertas. Tomar un soborno, dijo Barrientos, hubiera significado traicionar a los residentes que no han tenido agua corriente durante cinco años.

“Hay demasiadas personas que confían en nosotros”, dijo.

Un movimiento de propietarios en el desarrollo de Vistas de Palmillas en Tijuana se vino abajo después de que sus líderes aceptaran las ofertas de Homex de casas nuevas en diferentes vecindarios a mediados de la década de 2000, comentaron los residentes.

Homex declinó hacer comentarios sobre las denuncias de sobornos.

Hoy en día, los problemas relacionados con las condiciones inestables del suelo persisten en Vistas de Palmillas. Algunos residentes viven en casas marcadas con carteles que las declaran “de alto riesgo”.

“Manténgase alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones”, dicen los letreros de la división de protección civil de Tijuana.

Eventualmente, las quejas sobre mano de obra defectuosa e infraestructura rota se volvieron demasiado llamativas como para seguir ignorándolas. La demanda de las casas colapsó.

En 2011, el gobierno comenzó a reducir el flujo de hipotecas. Para 2014, los mayores constructores de casas, Homex, Casas Geo y Urbi, se habían declarado en bancarrota.

Los defensores del programa dicen que, aunque imperfecto, fue un esfuerzo justificable el construir viviendas para las personas que lo necesitaban desesperadamente.

Pero sus argumentos algunas veces se han venido abajo de manera vergonzosa.

El entonces presidente Felipe Calderón grabó un video promocional en 2011, dando la bienvenida a las familias a un nuevo desarrollo llamado Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo.

Para 2014, los residentes habían tenido que utilizar el agua de lluvia para satisfacer sus necesidades. Organizaron protestas y bloquearon una autopista durante varias horas. Los problemas en el desarrollo, construido por una compañía local, todavía persisten.

Homex declinó comentar sobre las condiciones en sus aproximadamente 150 desarrollos.

En un comunicado, la compañía dijo que recibió una línea de crédito de 20 millones de dólares de Infonavit para completar la infraestructura. Los expertos dicen que eso es suficiente para actualizar quizás dos de los muchos desarrollos problemáticos de la compañía.

“Homex continúa enfocándose en construir comunidades exitosas con un perfil sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mexicana”, dijo la empresa en su comunicado.

Los representantes de Urbi y Casas Geo, declinaron comentar sobre las condiciones en sus desarrollos.

Un portavoz del Infonavit dijo que los problemas en los desarrollos han sido exagerados.

“Muchos residentes dicen que las cosas están mal, pero no es verdad que no tengan servicios”, dijo el funcionario, Nezahualcóyotl Baños Hernández.

Cuando un periodista de Los Ángeles Times describió las condiciones en algunas comunidades, Hernández dijo que el Infonavit lo verificaría

“Dígame la lista de lugares a los que fue… para que sepamos dónde investigar”, dijo. “Tal vez podamos hacer algo”. Los Angeles Times entrego la lista, pero Infonavit no respondió a las peticiones de que comentara al respecto.

Un estudio integral encargado por la agencia en 2015 describió las condiciones como “graves” en los 36 conjuntos habitacionales inspeccionados, según el autor, Alfonso Iracheta, profesor de desarrollo urbano en El Colegio Mexiquense, un instituto de investigación cercano a la Ciudad de México.

En entrevista, Iracheta dijo que el reporte solo puede ser dado a conocer por el Infonavit. La agencia no respondió a la petición de proporcionárselo.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un discurso el año pasado, intentó dejar de lado las políticas de vivienda anteriores, y calificó el incremento de la construcción como algo “absurdo”.

Peña Nieto ha promovido su política de vivienda, la cual prohíbe las casas de una recamara y ha puesto el énfasis en el desarrollo de las áreas urbanas. Pero los críticos señalan que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, los constructores hicieron más de 200 desarrollos, muchos de los cuales ahora son ciudades fantasmas plagadas de problemas, que han sido ignoradas por su administración.

En un discurso el año pasado Rosario Robles, secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano notó la paradoja de un gran número de hogares abandonados en un país con una grave escasez de viviendas. “Tenemos viviendas sin gente,” dijo, “y gente que no tiene vivienda”.

Cuando los drenajes pluviales se tapan, cuando las tuberías explotan o cuando las luces de las calles se apagan en Santa Teresa, la gente recurre a José Colón. Propietario de una tienda, de 37 años de edad y padre de dos niños, quien recolecta dinero con sus vecinos para pagarles a los contratistas o comprar suministros.

Esos esfuerzos de “hágalo usted mismo” se han convertido en un lugar común en estos desarrollos abandonados. Los residentes dicen que es su única opción.

Un día el año pasado, Colón se asomó a una zanja excavada por trabajadores que dejaba ver una fuga en un sello defectuoso en una tubería. El agua estaba encharcándose, malgastándose, en un complejo habitacional donde la mayoría de las casas carece de agua corriente.

Yendo de puerta en puerta él se propuso recolectar dinero para comprar un nuevo sello para la tubería.

Homex, que ya había salido de la protección por bancarrota, se había asegurado 240 millones de dólares en nuevo financiamiento.

Los Ángeles Times
El Diario de Juárez
Ciudad de México
Martes 28 noviembre 2017.

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