Eduardo Rivera inició la batalla jurídica contra el Poder Legislativo en marzo pasado a través de un juicio de amparo; denunció tácticas dilatorias del Congreso en la revisión de su cuenta pública. (Archivo) Eduardo Rivera inició la batalla jurídica contra el Poder Legislativo en marzo pasado a través de un juicio de amparo; denunció tácticas dilatorias del Congreso en la revisión de su cuenta pública. (Archivo)

 
El ex edil Eduardo Rivera condenó la persecución del morenovallismo en su contra.

El ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez logró que el Poder Judicial de la Federación dejara a salvo sus derechos político-electorales para poder participar en la elección federal de 2018 como candidato, mientras se resuelve el litigio sobre su inhabilitación para desempeñar función pública.

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales ordenó al Congreso local suprimir el nombre del liderazgo del PAN del Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

El Poder Legislativo inhabilitó a Rivera por 12 años el 7 de abril pasado por supuestas irregularidades en su cuenta pública 2013, en medio de una condena emitida por integrantes de Acción Nacional de todo el país que acusaron una persecución política en su contra.

En los últimos seis meses, el ex alcalde capitalino ha denunciado que las acciones del Congreso en su contra las impulsó el ex gobernador albiazul Rafael Moreno Valle Rosas, para impedirle su registro como aspirante el próximo año por no formar parte de su grupo político.

Rivera es contemplado en la pugna por la renovación del Poder Ejecutivo local, aunque el panista todavía no define el cargo de elección popular por el que contenderá.

La batalla jurídica de Eduardo Rivera

Eduardo Rivera inició la batalla jurídica contra el Poder Legislativo en marzo pasado a través de un juicio de amparo en el que denunció tácticas dilatorias del Congreso en la revisión de su cuenta pública.

Una vez que se confirmaron las sanciones, consistentes en una inhabilitación por 12 años y una multa de 25 millones de pesos, inició un segundo litigio al asegurar que son infundadas las imputaciones en su contra.

El Congreso acusó al ex presidente estatal del PAN de perpetrar un daño patrimonial de 12 millones 898 mil 508 de pesos en el último año de su mandato como edil.

El 28 de junio pasado, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil concedió la suspensión definitiva solicitada por Eduardo Rivera sobre su inscripción en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Viernes 30 de junio de 2017.

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