Miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México; exigen justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. (Proceso). Miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México; exigen justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. (Proceso).


Ciudad de México— Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sostuvo que autoridades responsables de las investigaciones de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa implementarán tecnología de punta y geolocalización para empoderar las pesquisas del caso, a dos años de sucedido.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Mario Patrón dijo que las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, tienen aspectos verídicos, pero que todavía carecen de muchas lagunas legales y verosímiles que han entorpecido el desarrollo del caso, estancándolo en su totalidad.

“Uno de los aspectos que podría destacar, es que hoy en día no hay conclusiones con respecto al paradero de los desaparecidos, también hay dudas sobre el o los municipios de origen de los elementos de seguridad que se vieron involucrados en el hecho. Sí, Campa tiene razón, hay algunos detenidos, pero nada comparable con todos los involucrados que participaron”, dijo.

Señaló que hace falta profundizar en diversas aristas y agotar todas las líneas de investigación posibles. Además de que desde sucedida la desaparición era menester implementar campañas de rastreo y geolocalización, búsquedas totalmente accesibles debido a que se contaba con el registro de los teléfonos móviles de algunos estudiantes normalistas.

“Se mostró que muchos celulares de los normalistas tuvieron actividad días posteriores al siniestro; en las últimas investigaciones se ha mostrado que los estudiantes fueron divididos en dos grupos, lo que impulsa la teoría de que, en caso de dar con su paradero, será en parajes diversos”, dio a conocer Mario Patrón.

El director del Prodh destacó que no se deben de eliminar las inferencias sobre el hecho de que los estudiantes fueron víctimas de fuerzas policiacas originarias de múltiples municipios vecinos, y no sólo de Iguala y Cocula, como se aseguraba al principio de las averiguaciones.

“Tampoco hay que desechar la probable relación del caso con altos mandos de los tres niveles de gobierno guerrerenses; es lamentable que a dos años de iniciada la investigación, esto siga siendo un caso paradigmático en nuestro México contemporáneo”, juzgó.

Patrón destacó que si existen buenas noticias, es el hecho de que se toman decisiones relevantes para las averiguaciones y, como un grupo de expertos en materia de investigación recomendó, se utilizará tecnología que, según pruebas piloto, han dado 40 puntos de probable búsqueda, no fosas.

“Los padres esperan encontrarlos vivos, como es natural en toda esperanza maternal y paternal, y, asimismo, ellos están conscientes de que cada día que pasa es menos probable encontrarlos con vida, lo que los padres desean es justicia y que la verdad les sea proporcionada, aunque ésta sea desalentadora y dolorosa, indicó.

Aseguró que este caso es uno más que se suma a la lista de los que tiene el Gobierno, obligándolo a acarrear deudas cada vez más profundas y dolorosas para con las víctimas, sus familiares, la población guerrerense así como la nacional.

Excélsior
Ciudad de México
Martes 27 de septiembre de 2016.

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