Vecinos de la comunidad de El Mirador acudieron a bajar los cuerpos de los fallecidos debido a la falta de accesos carreteros para vehículos y la ausencia total de vías de comunicación (Fotos: Omar Contreras). Vecinos de la comunidad de El Mirador acudieron a bajar los cuerpos de los fallecidos debido a la falta de accesos carreteros para vehículos y la ausencia total de vías de comunicación (Fotos: Omar Contreras).


Investigan conflicto religioso o familiar; autoridades hallan en el lugar casquillos calibre 22


En medio de la Sierra Negra de Puebla, una pequeña y paupérrima comunidad indígena quedó en penumbra y con tristeza por la muerte violenta de 11 miembros de una familia. La noche del jueves, un grupo de sujetos con el rostro cubierto ingresó a las calles del alejado pueblo de El Potrero, perteneciente a la comunidad de El Mirador (con 60 habitantes), y decidieron ajustar viejas cuentas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla sigue tres líneas de investigación: disputa familiar, conflicto religioso y crimen.

Sin embargo, el presidente municipal de Coxcatlán, Vicente López de la Vega, según el informe de la Fiscalía, dijo que el móvil del asesinato fue una venganza, por lo que se descartan por el momento cuestiones religiosas.

Reveló que se busca a dos personas, de quienes tienen nombres y apellidos, que serían los responsables del multihomicidio, pero no dio detalles de la investigación.

En el espacio de José Cárdenas en Grupo Fórmula, López de la Vega aseguró que “el móvil fue una venganza de una persona que alguna vez tuvo problemas con los papás que encabezan esas familias y pues se desencadenó en eso, alguna vez los amenazó y les dijo que se iba a vengar y desencadenó en esta venganza”.

Al menos cuatro hombres ingresaron a dos humildes viviendas y, con armas de fuego y punzocortantes, ajustaron cuentas. Fue, literal, una masacre. En el lugar, autoridades periciales hallaron casquillos calibre 22 y postas de mosquetones.

“Estábamos viendo el televisor”, relata uno de los sobrevivientes. Eran cerca de las 9:00 de la noche del jueves cuando inició el terror. En una de las viviendas, cuatro sujetos encapuchados ingresaron y sin decir palabra alguna abrieron fuego.

El saldo, 11 personas muertas, de las cuales cinco son hombres, cuatro mujeres y dos niños.

En una de las viviendas quedaron tendidos seis cuerpos, cuatro de ellos de adultos y dos de niños. En esa humilde vivienda murió la familia de la señora Plácida Sánchez Martínez, de 59 años. A su lado también quedaron sus hijos Ángela, de 30 años; Ángel, de 23, y Jony, y la tercera generación: sus nietas Monserrat, de 10, y Carolina, de nueve años.

En la segunda casa, cinco más fueron acribillados, igual una familia completa, entrelazada con la primera. Entre los cuerpos fue identificado Baltazar Sánchez Montalvo, de 42 años, y su esposa Isabel Hernández Sánchez, de 43. En la escena quedaron dos de sus hijas, Silvia y Belén (con un embarazo de ocho meses) y el esposo de esta última.

Los victimarios abandonaron el lugar caminando. Dejaron una estela de muerte y dolor en el lugar. Dos niños más quedaron mal heridos, con impactos de bala, y dos adultos salvaron de milagro la vida, hoy testigos de lo indescriptible.

A la cabecera municipal de Coxcatlán llegaron las noticias de lo ocurrido en esa comunidad ubicada en los límites entre Puebla y Oaxaca, donde se carece de accesos carreteros y las comunicaciones son deficientes, para no decir nulas.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados a Tehuacán para llevar a cabo las necropsias de ley y las autoridades cuentan con el testimonio de dos personas que estaban en el sitio cuando ocurrieron los acontecimientos; ambas reciben la protección y apoyo especial.

“Es una comunidad muy apartada, muy alejada, marginada, que tiene básicamente límites con Oaxaca y se estarán haciendo todas las investigaciones”, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle.

El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, solicitó la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la procuradora general de la República, Arely Gómez, y del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez para esclarecer los hechos.

Ante la sospecha de que el homicidio pudo ser por motivos religiosos, el pastor pidió a las autoridades federales que capturen y lleven a los tribunales a los culpables. Dijo que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero y Estado de México, son víctimas de intolerancia.

El Universal
Edgar Ávila / corresponsal
Ciudad de Puebla
Sábado 11 de junio de 2016.

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