A 10 años de “Los demonios del Edén”, redes de trata siguen impunes: Lydia Cacho

 Lydia Cacho, autora de Los demonios del Edén. Foto: Germán Canseco. Lydia Cacho, autora de Los demonios del Edén. Foto: Germán Canseco.

Cacho sostuvo que si bien la justicia social o convencional no castigó a estos hombres, hubo una reacción cívica que los tocó en dos aspectos: el prestigio y el dinero.

Diez años después de haberse publicado Los demonios del Edén –una investigación periodística sobre comercio y abuso sexual infantil en Cancún, Quintana Roo–, las redes de pornografía infantil y trata de personas cambiaron su modo de operar en el ámbito cibernético, pero el sistema judicial mexicano, con más herramientas legales y de indagación, no consigue sentenciar a todas las personas investigadas por ese delito.

Así lo señaló la periodista y autora del libro, Lydia Cacho, quien este lunes presentó una nueva edición de Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, con tres nuevos capítulos donde hace un balance sobre la situación actual de la trata de personas y la pornografía infantil en México.

La periodista, quien en mayo de 2005 presentó por primera vez su libro, fue detenida en diciembre de ese mismo año y luego encarcelada por los supuestos delitos de difamación y calumnia, después de que el empresario Kamel Nacif Borge –presunto involucrado en la red de trata y prostitución infantil– la denunció ante un juzgado en el estado de Puebla. Cacho pagó la fianza impuesta y salió libre.

Posteriormente, en 2014, logró que el empresario Jean Succar Kuri –uno de los principales operadores de la red de corrupción y pornografía infantil que quedó al descubierto en su investigación periodística– fuera condenado a 113 años de prisión en el penal de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, sentencia que se convirtió en la más emblemática en América Latina por ese delito.

En compañía de Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Cacho destacó que de los más de 23 mil registros de personas desaparecidas en México, 6 mil 707 son de personas menores de edad, y siete de cada 10 corresponden a niñas y mujeres adolescentes, casi todas “enganchadas” a través de las redes sociales.

Detalló que México actualmente es el país de América Latina donde más circula pornografía infantil, luego de que en 2014 la policía cibernética federal detectó 11 mil casos de personas responsables de este delito. Sólo 16 sujetos fueron detenidos y uno consignado.

Cacho explicó que “aún falta mucho por hacer”, aunque hace 10 años –antes de la publicación de su libro– no existían las herramientas que hay actualmente (como la policía cibernética) para investigar y enjuiciar este crimen, apuntó.

No obstante, denunció que los agentes del Ministerio Público siguen sin estar lo suficientemente capacitados sobre cómo actuar en casos de trata de personas y pornografía infantil, además de que mantienen una sobrecarga de trabajo que obstaculiza su labor.

La también activista criticó que después de 2007 el gobierno mexicano retirara los fondos para que los refugios pudieran atender de manera integral a las víctimas de trata de personas, por lo que actualmente algunos de estos centros de apoyo que operan desde la sociedad civil no pueden hacer frente a los riesgos y amenazas a los que están expuestos por su labor.

En su oportunidad, Pérez García criticó que México se haya convertido en un “paraíso” para el crimen organizado internacional, y que el Estado siga sin asumir sus responsabilidades en la ocurrencia de los delitos que Lydia Cacho reveló hace 10 años.

También recordó que Succar Kuri es un hombre de poder que, junto con otros políticos y empresarios poderosos, abusó de la vulnerabilidad de las y los menores de edad, cuyas familias siguen en la pobreza.

Condena social

Tras una década de hostigamiento y persecución por parte de la red de empresarios y funcionarios que Cacho denunció en su libro como responsables del abuso contra cientos de niñas y niños en Cancún, la comunicadora consideró que si bien no se ha ganado la batalla, sí hubo consecuencias contra sus atacantes.

En principio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que la red de pornografía infantil de Succar Kuri –de alcances internacionales– se debilitó después de la denuncia periodística y la condena ejemplar contra el empresario.

Igualmente, Kamel Nacif tuvo que cerrar al menos 15 maquiladoras que tenía en México, y la compañía Disney –con la que mantenía contratos exclusivos para elaborar ropa y juguetes para bebés– finiquitó su sociedad gracias al empuje ciudadano en Estados Unidos.

En tanto, el exgobernador de Puebla Mario Marín, quien en su momento defendió a Kamel Nacif y avaló la detención y tortura psicológica contra la periodista, intentó sin éxito convertirse en senador.

Lydia Cacho recordó que los políticos priistas decidieron no apoyar a Marín en su postulación al Congreso, por los costos políticos que implicaría. Además, dijo, al exgobernador poblano “lo han sacado de varios lugares”, se le ha impedido hacer negocios de inversión y ya no tiene fuero federal. “Ha quedado como paria social. Si no lo tocó la justicia, lo tocó la sociedad”, sentenció.

En el caso de Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI, y Miguel Ángel Yunes, diputado federal por el Partido Acción Nacional (ambos presuntamente implicados en la red de pornografía infantil), destacó que ya hay investigaciones en su contra por delitos de otra índole.

Cacho sostuvo que si bien la justicia social o convencional no castigó a estos hombres, hubo una reacción cívica que los tocó en dos aspectos: el prestigio y el dinero.

A una década de su publicación, añadió, el libro “nos ayudó a entender que el periodismo sí tiene una misión muy importante y sí tiene un impacto en la sociedad, por pequeño que esto parezca. Gracias al buen periodismo que ha brincado los cercos mediáticos que se incrementan en este país, no olvidamos los hechos”, resaltó.

Proceso
Angélica Jocelyn Soto
Jueves 24 de septiembre de 2015.

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