Organizaciones sociales reprueban a Moreno Valle y las patrañas de su informe

 El panista Rafael Moreno Valle. Foto: Francisco Cañedo, Sin Embargo. El panista Rafael Moreno Valle. Foto: Francisco Cañedo, Sin Embargo.

Acusaron al mandatario panista de violar reiteradamente las garantías constitucionales de los poblanos, especialmente de los pueblos indígenas

Puebla.- A tres días del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, organizaciones políticas, sindicales, sociales y académicos cuestionaron que el mandatario poblano pretenda llegar a la Presidencia de la República, cuando tiene a la entidad sumida en la pobreza, el atraso, el endeudamiento y bajo políticas “depredadoras, privatizadoras y represivas”.

Integrantes del Consejo Magisterial Poblano, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la 28 de Octubre, la Asamblea Social del Agua, el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), el Movimiento en Defensa de Cholula, académicos y sindicalistas, entre otros, realizaron esta tarde una concentración en el Zócalo poblano.

Ahí, la abogada Miriam Pascual dijo que el gobierno de Moreno Valle es el más represor del país, por encima de Oaxaca y Veracruz, luego de que en los cuatro años que lleva su administración, más de 200 personas han sido encarceladas por participar en luchas sociales.

El dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Alberto Lozano Ortega, acusó al mandatario estatal de violar reiteradamente las garantías constitucionales de los poblanos, especialmente de los pueblos indígenas.

La administración morenovallista, aseguró, ha afectado el derecho humano al agua al decretar la privatización del servicio; el derecho de audiencia con la ley de Expropiación; así como el de manifestación y protesta, con la llamada “Ley Bala”.

Además, dijo que el gobierno ha causado un daño económico y patrimonial al retirar concesiones a los propietarios de verificentros. También ha afectado el derecho al trabajo de los transportistas y mototaxistas y ha perjudicado la posibilidad de transporte para los pobladores al imponer el deficiente servicio del metrobús.

Lozano Ortega denunció que los más afectados por las políticas de Moreno Valle han sido las poblaciones indígenas que resultaron afectadas por las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil, pues les retiraron servicios y derechos que tenían desde hace décadas.

El gobierno, continuó, ha recurrido al uso de la fuerza y de balas de goma para reprimir a habitantes de comunidades originarias, como ocurrió en Chalchihuapan, donde las balas lanzadas por la policía causaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. También ha violentado derechos de pobladores como lo hizo con Delfino Flores Melga, luchador social que murió en la prisión pues aunque tenía 90 años de edad, el gobierno se negó a otorgarle la prisión domiciliaria.

El economista Alejandro Chávez Palma dijo que en los cuatro años de su gobierno, Moreno Valle ha ejercido un presupuesto de más de 278 mil millones de pesos. Sin embargo, Puebla se mantiene como la tercera entidad del país con mayor población en condiciones de pobreza.

La administración estatal, agregó, ha concentrado su gasto en obras “faraónicas”, en mantener la burocracia estatal y en publicitar su imagen.

El maestro Miguel Guerra, del Consejo Magisterial Poblano, cuestionó las cifras que Moreno Valle publicita en los spots sobre sus logros de gobierno. Y es que, criticó, en los mensajes asegura que ha repartido 2 millones 189 mil becas, cuando la cobertura de educación básica de Puebla es de un millón y medio de alumnos.

“¿A quién le ha entregado esos más de 2 millones de becas?”, cuestionó, “¿a la educación privada, a los empresarios de la educación, a la población abierta? Yo desmiento esas cifras, nos quieren obligar a creer en cosas que no podemos aceptar de ninguna manera”, reclamó.

En representación del MIOCUP, una habitante de Cuetzalan denunció que el gobierno poblano ha impulsado proyectos de minería, hidroeléctricas y gasoductos que afectan el medio ambiente, las actividades productivas y la forma de vida de los pueblos.

Mireya León, representante de la Asamblea Social del Agua, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de afectar a toda la población de la zona conurbada del estado al entregar a una empresa privada la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que ha encarecido las tarifas.

El dirigente del Sindicato Unitario de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap), Guillermo López Mayo, dijo que el mandatario estatal ha combatido a los movimientos sindicales independientes a los que ha negado la toma de nota, mientras impulsa la creación de otras representaciones “a las que puede manipular”.

“La política del gobierno neoliberal de Moreno Valle ha sido depredadora, sólo ha beneficiado a los grandes consorcios empresariales extranjeros, en perjuicio de los locales, pero sobre todo arrasando con los derechos e intereses de los sectores populares”, acusó.

“¿Cómo es posible entender que el gobernador Rafael Moreno Valle piensa proyectarse hacia la Presidencia de la República si lo ha hecho sobre la base de atropellar, asesinar y meter a la cárcel a muchos luchadores sociales?”.

López Mayo mencionó los casos de Chalchihuapan, el parque en Cholula, el Gasoducto Morelos, las juntas Auxiliares de la Resurrección y de Canoa. Sin embargo, enfatizó en la detención del dirigente de la organización de vendedores ambulante “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, conocido como Simitrio, y su hijo.

“El compañero Simitrio no está en la cárcel por cometer algún delito, está en la cárcel en represalia por su capacidad como dirigente social”, expresó.

“No puede haber en Puebla presos políticos para favorecer una carrera política de alguien que no ha demostrado el menor conocimiento y sensibilidad a las necesidades de la población de esta entidad”, finalizó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 13 de enero de 2015.

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