La confesión de Zebadúa y el eterno robo gubernamental a los más pobres en México Featured


Ricardo Raphael

Las confesiones de Emilio Zebadúa González, quien fuera oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, confirman una de las injusticias más miserables del sistema político mexicano: los recursos públicos, supuestamente destinados para apoyar a las poblaciones vulnerables, suelen desviarse con propósitos electorales.

El clientelismo mexicano es una enfermedad muy antigua del régimen político, y queda claro que el grupo que gobernó el país entre 2012 y 2108 utilizó el intercambio de favores por votos con mecanismos más sofisticados.

Zebadúa, quien ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) colaborar como testigo para no ser detenido por posibles actos de corrupción, corroboró que el programa conocido como Cruzada contra el Hambre fue utilizado para pagar deudas pendientes de la campaña presidencial de Peña Nieto de 2012 y también para financiar propaganda electoral en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esgrimiendo el principio de oportunidad —según el cual el Ministerio Público tiene la facultad de no ejercer la acción penal en caso de que el sujeto aporte información de interés público—, Zebadúa declaró en contra de varios funcionarios federales del peñanietismo, entre los que destacan su exjefa en ambas secretarías, Rosario Robles, y Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

“Luis Videgaray ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales… para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno… y su partido,” afirmó Zebadúa.

Además de Sedeso y Sedatu, también habrían estado involucradas en esta estrategia de macropeculado otras secretarías como las de Agricultura, Economía, Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la empresa Petróleos Mexicanos. La declaración ministerial no proporciona el monto total de los desvíos, pero menciona que entre 2013 y 2014 la cifra habría rondado los 7,000 millones de pesos.

El presunto delito cometido por las autoridades del gobierno anterior es doblemente inmoral, no solo porque robó dinero a los contribuyentes sino porque desvió recursos que estaban destinados a las personas más pobres del país.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó un reporte en 2014 donde reprobó a la Cruzada contra el Hambre. Ahí se afirma que los únicos programas que entonces funcionaban correctamente eran los que habían operado previamente a diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión.

En efecto, solo los programas de apoyos para Adultos Mayores y Prospera mostraban, según Coneval, resultados satisfactorios.

El mismo documento señaló que, a dos años de su lanzamiento, los objetivos centrales del programa Cruzada contra el Hambre habían sido abandonados: se renunció a crecer la producción agrícola y, con ello, los ingresos de las poblaciones campesinas que habitan los municipios más pobres, así como a combatir el desperdicio de alimentos obtenidos después de las cosechas.

Tampoco encontró Coneval que, como había sido previsto, la estrategia hubiese impulsado proyectos productivos, ni hubiese promovido el crédito en las regiones atendidas.

A lo anterior se sumó un reclamo severo sobre la falta de involucramiento de las autoridades locales en los esfuerzos del programa, y caos en la coordinación entre las diferentes instancias federales involucradas.

Lo que ya desde 2014 era una verdad repetida en voz baja se confirmó con las declaraciones recientes de Zebadúa: la Cruzada contra el Hambre fue una estrategia diseñada para repartir recursos públicos con fines electorales.

Este clientelismo está en el origen de la desigualdad mexicana, ya que solo las personas que pertenecen a las clientelas beneficiadas obtienen los bienes que son de todos. Nunca ha sido relevante si esas personas necesitan realmente los apoyos. El único criterio es la proximidad política con el poder y los funcionarios que distribuyen el patrimonio común.

El grupo político encabezado por Peña Nieto y Videgaray perfeccionó estos mecanismos clientelares desde 2009, cuando logró convocar a otros gobernadores del PRI para que aportaran a una bolsa que ayudó a ese partido para recuperar la presidencia en 2012.

Resulta evidente que no alcanzaron las tesorerías locales para financiar el esfuerzo electorero y, por ello, la campaña de aquel año necesitó de donativos privados e incluso internacionales, como presuntamente fue el financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del PRI.

De acuerdo con las declaraciones de Zebadúa, la campaña de Peña Nieto también adquirió deuda con particulares, a quienes luego les devolvió el favor con el dinero de la Cruzada contra el Hambre.

Aunque el tema es escandaloso, la estrategia de robo al erario seguida durante la administración anterior, particularmente de los fondos asignados al desarrollo social, tiene largos antecedentes en el país con todos los partidos políticos conocidos.

No existe evidencia que pueda, en el presente, conjurar este fantasma. Al revés, permite presumir una continuidad de estas prácticas a través de otros métodos.

Genera duda que las mismas personas que impulsaron en 2018 la red de promoción de voto por el actual partido oficial Morena, sean hoy los responsables de distribuir los apoyos populares en las regiones más pobres. También que las reglas de operación de los diferentes programas hayan sido suprimidas y, por tanto, que las poblaciones objetivo no estén claramente delimitadas.

El espectáculo provocado por las declaraciones de Zebadúa dejará de serlo cuando México expulse de su sistema político la injusticia que significa tomar el dinero para la sobrevivencia de los más pobres con tal de financiar la sobrevivencia de los políticos.


Ricardo Raphael es periodista, académico y escritor mexicano. Su libro más reciente es 'Hijo de la guerra’.

The Washington Post
Opinion by Ricardo Raphael
Ciudad de México / Washington
Jueves 19 de noviembre de 2020.

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