El millonario negocio de los “eventos presidenciales”


Salvador García Soto

Sería interesante saber cómo se maneja ahora la contratación de la logística de los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador

Organizar y equipar los eventos de la Presidencia de la República, a través de empresas que se dedican a coordinar la logística, la construcción de templetes, mamparas, pantallas, sonido y sillerías para que luzcan los actos a los que acude el presidente, es una actividad que desde siempre ha generado ganancias millonarias a las empresas a las que se les asigna. En muchos sexenios, ha sido un campo que se deja para beneficiar a políticos cercanos o hasta familiares de los mismos inquilinos de la Presidencia.

En el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, todos los contratos para la realización y organización de los eventos a los que asistía el presidente se le tenían que dar a una empresa que era “la única autorizada por el Estado Mayor Presidencial” y que eran manejadas por las hermanas de Angélica Rivera, la esposa del primer mandatario. A cualquier lugar donde acudiera el presidente, ya sea durante sus giras de trabajo por los estados de la República o los actos oficiales dentro de la Ciudad de México, a los organizadores se les pedía que “por razones de seguridad” sólo se podía contratar a esa empresa.

El problema es que las cotizaciones de esa empresa, vinculada a la familia de la primera dama, siempre eran del doble o el triple de lo que cobraban otras empresas de logística y organización de eventos. Lo que se publicó allá por el 2016 en la columna de Bajo Reserva de EL UNIVERSAL, sobre el que entonces era un escándalo en ciernes totalmente real: “Nos explican que el expediente, al que ahora llaman ‘eventogate‘, involucra a un cuarteto de empresas con contratos millonarios adjudicados sin licitación de por medio. Y señalan, entre otras, a una persona que supuestamente maneja las contrataciones desde Los Pinos: Adriana Rivera, hermana de la primera dama. Por lo pronto la Presidencia de la República no ha salido a aclarar esta información, pero el escándalo ya circula”, decía entonces la columna.

Exsecretarios de Estado que fueron parte del gabinete de Peña Nieto confirman que durante todo el sexenio se benefició a la familia de Angélica Rivera con el otorgamiento de contratos para los eventos del presidente “porque esa era la instrucción estricta desde la Presidencia. No se podía contratar a ninguna otra empresa que no fuera las de las hermanas de la primera dama, que hicieron un negocio millonario durante los seis años que duró el gobierno”, comentó a esta columna un exintegrante cercano del equipo peñista.

La información es corroborada por un extitular de la CNDH que pidió el anonimato y que narró cómo, durante uno de sus informes anuales de labores, a los que estaba invitado el presidente Peña Nieto, recibió una llamada de un militar del desaparecido Estado Mayor Presidencial: “Para la organización del evento ¿ya contrató alguna empresa?”, preguntó el militar a lo que el ombudsman contestó que sí que ya tenían una cotización de una empresa que se encargaría de todo el evento por 2 millones de pesos. “No, no puede ser cualquier empresa, le daremos el número y el nombre para que contrate a la única que está autorizada por instrucciones del presidente”. “Oiga, pero ya tenemos todo resuelto”, insistió el titular de la Comisión. “No, si no es con esta empresa la organización del evento, el presidente no puede acudir, es un tema de seguridad presidencial”, le dijo cortante el militar.

Desde la CNDH se hizo el cambio de empresa y se contrató a la que ordenaron en Presidencia, aunque resultó que por los mismos servicios de sonido, templete, mamparas, pantallas y sillería cobraba tres veces más, es decir 6 millones de pesos que los administrativos de la Comisión tuvieron que pagar sin chistar ante la amenaza de que les cancelara su asistencia Peña Nieto al informe del ombudsman.

Si eso pasaba el sexenio pasado, en un tipo de corrupción y tráfico de influencias que aún sigue impune, sería interesante saber cómo se maneja ahora la contratación de la logística de los eventos del presidente López Obrador. El viernes pasado en estas mismas páginas la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna la historia de La oficinista que ganó 60 millones en Palacio, en donde documentó cómo una presunta oficinista, de nombre Yazmín Bolaños López, en los últimos dos años ha cobrado más de 60 millones de pesos como proveedora en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin antecedentes empresariales, ni registros fiscales de actividad empresarial, vaya ni siquiera con un domicilio fiscal comprobable, esta mujer que trabajó en pequeñas empresas privadas en las que ganaba 2,800 pesos mensuales como oficinista, aparece como la contratista que organizó los eventos por los festejos del Grito de Independencia para la Presidencia de la República con un costo de 12 millones de pesos, 3 millones más de lo que ella misma cobró en 2019 que fueron 9 millones de pesos. Antes, aparece como organizadora del AMLOfest del 2 de julio de 2019 con motivo del primer año del triunfo de López Obrador, donde recibió un contrato por adjudicación directa por 3.4 mdp por proveer el escenario, vallas metálicas, mesas, monitores, señales de audio y video, generadores de electricidad, baños portátiles, tarimas, consolas de audio sistema de iluminación y 10 mil sillas para el evento, según la investigación de Peniley.

Es claro que la señora Yazmin Bolaños López, si existe, es una “prestanombres” de alguien o algunos más que controlan en el actual gobierno el negocio millonario de los eventos presidenciales. ¿Quiénes serán? Dicen que la cabeza apunta a un muy alto funcionario del Palacio Nacional. Ya les diremos.

NOTAS INDISCRETAS…

El fin de semana en redes sociales circularon información acusando a dos funcionarios importantes, uno del gobierno federal y otro de la CDMX de situaciones que los dos salieron a desmentir como “fake news”. En el primer caso circularon un tuit con una foto de un auto Lamborghini que perteneció, decían, al Indep como decomiso y que en vez de ser subastado había sido “sustraído”, decían, por supuestas órdenes de Santiago Nieto, el titular de la UIF. El propio Nieto respondió de inmediato en la misma red social y en su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje el sábado a mediodía: “Totalmente absurda y ridícula la fake news que me señala. Preocupante que funcionarios públicos y líderes partidistas participen en estos señalamientos sin sustento. Tengamos debates de calidad y sin mentiras”, dijo el funcionario de Hacienda. ¿A qué líderes partidistas y funcionarios públicos se referiría Santiago? El otro caso fue el de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a quien en mensajes de periodistas y uno del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, acusaban de no haber pagado todas las indemnizaciones a los familiares de sus dos escoltas que viajaban con él y que murieron en el atentado del pasado 26 de junio. El mismo Omar atajó las acusaciones con un mensaje también en la red social del pajarito: “Desde el primer momento he atendido a las esposas y a los hijos de mis compañeros, recomiendo que pregunten a los familiares de manera personal. Las indemnizaciones las reciben solo las esposas e hijos. No otros familiares”, comentó el secretario, que al parecer se refería a las presiones de un hermano de uno de sus escoltas que pretendía cobrar también indemnización y que estuvo acusándolo en los medios. Lo más interesante es que, aunque en apariencia se trata de dos asuntos y dos funcionarios distintos, uno del gobierno federal y otro de la administración capitalina, en los dos casos parece haber un denominador común: tanto a Santiago Nieto como a Omar García se les ha mencionado como posibles sucesores de Alfonso Durazo ahora que presente su renuncia para irse de candidato a Sonora en las próximas semanas. ¿Quién andará tan nervioso en el gabinete que anda tirando golpes a diestra y siniestra?... Hablando de golpes, los que van a regresar para tirar varios de esos son 15 exgobernadores del PAN que se están uniendo para formar un nuevo frente político al que llamarán “Unidos por México”, se trata de varios exmandatarios estatales, algunos recientes y otros que regresan casi de ultratumba, para proponer, dicen, “alternativas de lucha opositora” en el 2021. Entre los que aparecen en la agrupación de “ex” que presentarán el martes por la noche están: Ernesto Ruffo Appel, Francisco Barrio, Carlos Medina Plascencia, Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Canales, Marco Antonio Adame, Ignacio Loyola, Miguel Márquez, Eugenio Elorduy, Juan Manuel Oliva, Patricio Patrón Laviada, Alberto Cárdenas, José Guadalupe Osuna Millán y Alejandro González Alcocer. Veremos qué tanto ruido hacen los panistas retornados… Los dados abren con Serpiente Doble. La semana se ve complicada.

El Universal
Salvador García Soto
Editorial / Ciudad de México
Lunes 28 de septiembre de 2020.

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