Indígenas nahuas de Ajalpan denuncian ataque de policías a su comunidad Featured

Pobladores nahuas de Coxólico, municipio de Ajalpan, Puebla, denunciaron la irrupción y abusos por parte de unos 400 policías estatales y ministeriales sin órdenes de cateo en unas 50 casas de la comunidad. Foto: captura de video. Pobladores nahuas de Coxólico, municipio de Ajalpan, Puebla, denunciaron la irrupción y abusos por parte de unos 400 policías estatales y ministeriales sin órdenes de cateo en unas 50 casas de la comunidad. Foto: captura de video.


Pobladores nahuas de la comunidad de Coxólico, municipio de Ajalpan, denunciaron que la noche del 15 de agosto, unos 400 policías estatales y ministeriales irrumpieron sin órdenes de cateo en unas 50 casas de esa localidad donde robaron y dañaron sus pertenencias, les apuntaron con armas de fuego, los agredieron y hasta trataron de violar a una mujer.

Los testimonios refieren que estos hechos se registraron entre la noche del sábado 15 de agosto y la madrugada del domingo 16, cuando los ministeriales, apoyados por la policía estatal, llegaron a esa localidad enclavada en la Sierra Negra poblana para buscar al alcalde de Ajalpan, Ignacio Salvador, quien se encuentra prófugo por existir una orden de aprehensión en su contra.

Los lugareños demandan la intervención de las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos ante los abusos cometidos por los policías en estos operativos, que generaron que, a la fecha, esta comunidad viva en un clima de terror e incertidumbre.

Primero, la tarde del sábado, unos 30 policías llegaron a Coxólico para realizar un cateo en el rancho del edil Ignacio Salvador, pero, de acuerdo con los testimonios, de ahí se trasladaron a las instalaciones de la Presidencia Auxiliar, donde igual los ministeriales ingresaron a las oficinas, causaron destrozos y se llevaron cosas.

Ante esta situación, narró una de las vecinas, un grupo de pobladores se concentró frente a la presidencia y confrontaron a los policías para que presentaran documentación que justificara el operativo en las oficinas, a la vez que les reclamaron por los excesos.

Luego de que los ánimos entre los pobladores se caldearon pues quitaron armas a los policías y amenazaban con retenerlos, los agentes pidieron refuerzos, mismos que llegaron unas horas después.

Según los testimonios de los lugareños, dados a conocer a través de videos, al poblado indígena -donde la mayoría de los habitantes hablan sólo náhuatl- alrededor de las ocho de la noche llegaron unos 400 policías que durante unas cinco horas se dedicaron a ingresar a casas aparentemente para buscar al edil prófugo.

En las incursiones, denunciaron, los policías estatales y ministeriales apuntaron con armas de fuego en contra de los pobladores, incluidos niños y ancianos muchos de los cuales ya estaban dormidos a esa hora. Se robaron mercancía de negocios, saquearon víveres, cerveza, dinero, documentos oficiales como actas de nacimiento, herramientas y dañaron propiedades.

“Vinieron a robar, no vinieron a investigar como autoridades, vinieron a robar aquí, pero nosotros qué culpa tenemos, nosotros trabajamos para comer”, reclamó uno de los pobladores afectados quien señaló que los policías se llevaron las placas de su carro y además dañaron la cajuela al intentar abrirla con una barreta.

De una de las casas, se llevaron un carro Dodge Attitude 2019 y de una más sustrajeron 16 garrafas de combustible y aditivos para automóviles como si fuera huachicol, pese a que la propietaria tenía los tickets que comprobaban que fueron adquiridos de manera legal.

Abusos en Ajalpan

Una mujer, entre llanto, contó que su hijo de nombre Reynaldo Téllez de Jesús fue sometido a golpes porque junto con su hermano salieron a reclamar que los policías ingresaran a su casa. Téllez fue detenido esa noche y liberado días después.

Otra de las habitantes de esa localidad, ubicada en una de las zonas más pobres de Puebla, relató que los policías irrumpieron en su pequeña tienda de la cual subsiste, se llevaron mercancía y dinero, maltrataron a su hijo discapacitado y a ella trataron de violarla.

“Nos levantaron dos policías, se me acercaron, querían abrazarme, querían violarme, no me dejé, saqué a mis hijos y nos escapamos”, narró la mujer en dialecto náhuatl.

Desde ese día, algunos de los pobladores se fueron a refugiar con familiares a otras localidades, pero muchos más durmieron en la sierra las noches siguientes ante el temor de que los policías regresaran.

Ese mismo sábado, se llevaron a cabo otros supuestos operativos de supuesta búsqueda del edil a quien el gobernador ha acusado públicamente de estar vinculado con la delincuencia organizada.

Otro de los operativos se realizó en la localidad de Alcomunga, también en el municipio de Ajalpan, donde catearon la casa del edil auxiliar, Álvaro Hernández.

De acuerdo a testimonios de los pobladores, los policías subieron a la batea de una camioneta al presidente auxiliar, a su esposa y a sus tres hijos y se los llevaron por un camino vecinal, donde los bajaron en la madrugada para que regresaran a su casa caminando.

En su rueda de prensa, el 17 de agosto, el gobernador Barbosa Huerta aseguró que ese día se ejecutaron cuatro cateos para hacer efectivas órdenes de aprehensión contra el alcalde Ignacio Salvador y dos de sus hijos y que en las revisiones se encontró droga y diversos objetos que fueron asegurados, junto con seis detenidos.

“Si hubo un despliegue fuerte porque sin duda que puede haber hechos lamentables y no queríamos que ocurrieran, pero no ocurrió nada, como se dijo en redes y como dicen ustedes en “versiones periodísticas”, expresó.

Es persecución, dice hija de alcalde de Ajalpan

Ángela Salvador, hija del edil Ignacio Salvador, denunció que este operativo en Coxólico, fue simultaneo a otros dos que llevó a cabo la policía ministerial en dos negocios de su familia en Tehuacán y que derivaron en la detención de su hermana, Nayeli Rosalba Salvador, de 23 años de edad y de otras cinco personas, de las cuales cuatro ya fueron liberadas.


Los cateos fueron efectuados en la terminal de los camiones Tetla, que prestan servicio en las localidades de la Sierra Negra poblana y en el Hotel San Ignacio, donde según las autoridades se encontró droga.

Salvador afirmó que los estupefacientes fueron sembrados por la policía y prueba de ello, sostuvo, es que los ministeriales se llevaron algunas de las 18 cámaras de videovigilancia y las tarjetas de memoria de los equipos de videovigilancia que no pudieron arrancar, las cuales se encontraban en los alrededores del lugar.

Dijo que los cateos fueron ilegales pues además de que no se les presentaron órdenes judiciales y los policías ingresaron de manera violenta a las instalaciones, no permitieron a ningún familiar o a trabajadores de las empresas acompañar las revisiones donde supuestamente encontraron la droga.

En el caso de la detención de su hermana, Ángela Salvador indica que la joven de 23 años de edad, quien trabajaba en la administración del hotel, aparte de la supuesta posesión del estupefaciente, es acusada de haber atacado a los policías con un arma blanca, lo cual, afirmó, “está fuera de toda lógica”.

La joven acusó que Nayeli estuvo incomunicada durante tres días y que, cuando su familia la pudo ver, se percataron que tenía golpes y que le arrancaron una parte de cabello, pues los policías la jalonearon al momento de detenerla. El otro joven que aún está en prisión es un trabajador del hotel.

Las órdenes de aprehensión pendientes, además de la que fue girada contra su padre, incluye a dos de sus hermanos, uno de ellos de 21 años de edad, estudiante de administración de empresas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Salvador dijo que es evidente la persecución política que ha emprendido el gobernador en contra de su familia, pero agregó que está afectando a muchas otras personas como a los pobladores de Coxólico y a los trabajadores de las empresas relacionadas con su padre.

La clausura de los autobuses Tetla, que son propiedad de su padre y de otros cuatro socios, dijo que además ha afectado a los habitantes de decenas de localidades de la Sierra Negra, pues es el único medio de transporte que presta servicio en esa región.

Por tres días posteriores a los cateos, dijo que esas comunidades se quedaron sin transporte y en los siguientes se han puesto en operación algunos camiones que no quedaron atrapados en el interior de la terminal, pero los choferes y los usuarios han estado temerosos de que en cualquier momento se ejecute otro operativo.

En el caso de los cateaos realizados en Tehuacán, indicó que en uno de ellos fueron detenidos también dos encargados de la terminal de autobuses, aparte del poblador de Coxólico que junto con su hermano salió a reclamar la incursión violenta de la policía en su casa.

Ángela narra que se colocaron sellos de clausura en la terminal cuando en el interior había mercancías de los usuarios, aparte agrega que “desaparecieron” efectivo para eran para el pago de proveedores y nómina.

La joven dijo que es urgente que la CNDH, la CEDH y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas abra una investigación en torno a este caso y escuche los testimonios de decenas de pobladores que han sido afectados por este abuso policíaco y por la persecución emprendida por el gobierno de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 8 septiembre 2020.

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