Una de las protestas en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Víctor Hugo Rojas. Una de las protestas en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Foto: Víctor Hugo Rojas.

Cacique con ínfulas de faraón, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle se ha dedicado a promover su imagen con miras a la Presidencia en 2018 al tiempo que se enriquece, dispone del estado como si fuera propiedad suya y aplasta, incluso violentamente, cualquier intento de crítica o protesta en su contra. Logró lo impensable: que sus gobernados empiecen a añorar al Góber Precioso.

En los casi cuatro años que han transcurrido de su sexenio, el gobernador panista Rafael Moreno Valle convirtió su aspiración presidencial para 2018 en eje de su mandato.

A la alianza con Televisa y Televisión Azteca y un millonario gasto en imagen, el mandatario poblano suma la ejecución de obras faraónicas y la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos estatales de transparencia, fiscalización y derechos humanos.

Grupos políticos lo acusan de organizar afiliaciones masivas al PAN y al PRD para tener injerencia nacional en las decisiones de esos partidos, además de generar complicidades con el PRI y el Movimiento Ciudadano, de tener bajo control al Partido Nueva Alianza (Panal) y haber impulsado la creación del partido estatal Compromiso por Puebla.

Y si al presidente Enrique Peña Nieto lo antecedió el caso Atenco, Moreno Valle ya tiene el suyo, el Chalchihuapan, y más de 200 activistas y líderes sociales encarcelados durante su gobierno, para demostrar que tiene la “mano dura” necesaria para participar en la puesta en práctica de las reformas constitucionales, en particular la energética.

Además impulsó la llamada “Ley Bala”, aún vigente pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la censuró por pretender reprimir la libertad de manifestación y haber causado la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Todavía más: Su gobierno dio un paso más allá de las reformas federales cuando modificó la Ley de Expropiación –popularmente llamada “Ley Despojo”–, la cual le permite al estado apropiarse de terrenos de particulares para imponer la ejecución de obras.

En el mismo sentido promovió reformas a la Ley Orgánica Municipal y a la del Registro Civil, las cuales, según la Coordinadora Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos, llevan a la desaparición de los gobiernos de las Juntas Auxiliares –la mayoría en pueblos indígenas– que no aceptan control político cuando se trata de imponer los llamados “proyectos de muerte”.

Aunque su relación con el presidente Peña Nieto tuvo un arranque tortuoso –debido a la cercanía del poblano con la líder magisterial Elba Esther Gordillo–, Moreno Valle se ha esmerado en congraciarse con el mexiquense: está listo para respaldar todas las propuestas del Ejecutivo federal y mantiene encarcelados a dos de los principales opositores al Gasoducto Morelos, que estuvo detenido dos años.

Asimismo, Armando Hinojosa Cantú, el contratista favorito del presidente y constructor de la Casa Blanca de Angélica Rivera, aparece como socio en el Museo Internacional Barroco (MIB), el proyecto más costoso del gobierno poblano: 7 mil 280 millones de pesos, además de 500 millones del erario federal a fondo perdido.

Asociado con Hinojosa Cantú en la concesión del MIB está el Grupo Hermes, propiedad de los Hank Rhon, ligados al Grupo Atlacomulco y por ende a Peña Nieto. Ese grupo, por conducto del Banco Interacciones, tiene participación en uno de los principales negocios del gobierno panista: la privatización del servicio de agua en la zona conurbada de la capital poblana.

En la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, con una inversión de 10 mil millones de pesos y entregada de manera directa a la empresa española OHL, también participan los Hank Rhon.

Todo a las automotrices

Empresarios locales acusan a Moreno Valle de haberlos despojado de sus negocios para entregárselos a consorcios ligados a grupos afines a su proyecto político.

Los operarios del transporte público aseguran que el gobernador usó la introducción del metrobús para quitarles las concesiones y entregárselas a un inversionista privado que, presumen, es el Grupo Estrella Roja.

Ocurre algo similar con los verificentros, cuyos propietarios acusan al mandatario de emplear argucias legales para rescindir sus concesiones y abrir paso a empresas foráneas, la mayoría ligadas a Jorge Kahwagi, exdirigente del Panal.

Y mientras combate con violentos operativos a los mototaxis –que dan sustento a 10 mil familias– y despidió ya a más de 12 mil burócratas estatales, la administración morenovallista destina subsidios millonarios a la industria automotriz extranjera, incluso al pago de nómina de Volkswagen.

Uno de los logros más publicitados por el mandatario es la llegada a Puebla de la alemana Audi, aunque para ello haya comprometido 8 mil 349 millones de pesos del erario estatal para construir la plataforma y la infraestructura adicional que requiere la automotriz en el municipio de San José Chiapa.

Amén de comprar las 460 hectáreas en las cuales se instalará aquella automotriz, expropió otras 747 de la exhacienda Tamariz para crear un parque de proveedores y promovió la condonación del Impuesto Sobre la Nómina para la empresa alemana por un periodo de 12 años.

Estado en venta

Moreno Valle ha impulsado obras que generan rechazo social y confrontan a su gobierno con intelectuales y académicos, quienes lo acusan de pretender convertir a Puebla en una “Disneylandia” sólo para atraer reflectores nacionales.

Primero fue el Viaducto Zaragoza y luego la intervención a la zona donde se desarrolló la Batalla de Puebla. Después fue el intento de instalar un teleférico que tendría una estación en el Barrio del Artista, donde aún están los escombros de la casona del siglo XVII que demolió, pese a estar catalogada como inmueble protegido.

También quiso colocar una gigantesca rueda de la fortuna en el centro histórico capitalino, pero acabó por ponerla en el área comercial de Angelópolis, donde ahora enfrenta problemas de hundimiento y se aprecia semivacía la mayor parte del tiempo, aunque en este “atractivo” se gastaron 400 millones de pesos.

Este año la administración morenovallista concretó la construcción del Viaducto Cholula, por encima de las advertencias de que esa zona, a menos de 500 metros de la Gran Pirámide, es rica en vestigios arqueológicos.

Luego Moreno Valle sorprendió a los cholultecas al anunciar que pretendía “dignificar” la zona aledaña a la pirámide y al templo de la Virgen de los Remedios con la construcción de un parque, con todo y tren ligero, para atraer turistas.

Habitantes de 40 comunidades –que desde tiempos prehispánicos consideran sagrados esos terrenos– se unieron contra ese proyecto que incluye cercar con una reja de tres metros un espejo de agua de más de 11 mil metros, así como instalar restaurantes y locales comerciales. Igual descontento generó la intervención al Parque Ecológico, considerado un paseo popular y que ahora el gobierno pretende convertir en otro “atractivo turístico”.

En ese mismo parque el gobierno consumó el despojo del Aviario que la Asociación de Pajareros cuidó durante 23 años, para entregarlo en concesión a Africam Safari.

En octubre se puso en marcha la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, la cual costará 566.5 millones de pesos e incluye una nueva fachada, hotel, restaurante, pantalla gigante, palcos de lujo y un museo.

Para completar el proyecto, al que se sumará el teleférico, el Congreso estatal autorizó vender 21 mil metros cuadrados para que un inversionista privado construya, a un costado del estadio, una arena de espectáculos para 10 mil personas.

Además el gobierno poblano acaba de inaugurar una ciclopista con un costo de 62 millones de pesos, la más cara del país. Los beneficiados serán los habitantes de la pudiente zona de Angelópolis.

Aunque en sus campañas promocionales Moreno Valle presume que todo lo ha hecho “sin endeudar a Puebla”, lo cierto es que la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios, que compromete el erario por décadas, ya alcanza más 13 mil 480 millones de pesos.

Y mientras el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte que en los primeros dos años de la administración de Moreno Valle 262 mil poblanos se sumaron a los índices de pobreza, el panista se ha enriquecido a su paso por el gobierno.

El columnista Alejandro Mondragón documentó que Moreno Valle cuenta, al menos, con acciones bursátiles por 98 millones de pesos, lo cual lo hace el gobernador más rico del país.

De acuerdo con su declaración de modificación patrimonial de 2013, el mandatario adquirió 607 mil 207 acciones del Fondo Bnmdin, con valor de 12 millones de pesos; 935 de SPY, que valen 193 mil 236 dólares; 8 mil 94 del fondo Nafin, que equivalen a 9 millones, y sumó 3 millones 115 acciones del Hotel City Express, con un valor de 74 millones de pesos.

Amplio repudio

Mototaxistas, transportistas, verificadores, sindicatos, profesores, trabajadores de la salud, académicos, vendedores ambulantes, afectados por los megaproyectos y por la privatización del agua, estudiantes, campesinos e integrantes de las Juntas Auxiliares se han unido en las distintas marchas, dos de ellas hacia la Ciudad de México, para exigir juicio político contra el mandatario.

Ricardo Jiménez, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), dice a Proceso que, además de criminalizar la protesta, el gobierno de Moreno Valle se caracteriza por buscar el control absoluto, que incluye no sólo a los poderes y órganos de vigilancia, sino a todos los partidos políticos.

Así como ha colocado a personajes cercanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Auditoría Superior del Estado y en la Comisión de Acceso a la Información de Puebla, cambió las leyes para que sus personeros se mantengan en esos cargos hasta años después de que concluya su sexenio.

Pero las acusaciones contra el gobernador van más allá. Políticos, como Ana Teresa Aranda y el dirigente del MAS, Marcos Mazatle, lo acusan de estar detrás de los asaltos que afectan a actores críticos de su gobierno y tienen un patrón similar: los asaltantes prefieren llevarse documentos e información personal que objetos de valor.

Víctima de uno de estos robos, el diputado federal priista Enrique Dóger afirma que tiene informes de que en Puebla hay un grupo de espionaje coordinado por el exgobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea y el diputado local Eukid Castañón, considerado el “Córdoba Montoya” del morenovallismo.

Para consolidar el sometimiento de los medios locales y el castigo para los periodistas que lo critican, el gobierno poblano ideó en su segundo trienio el llamado “tripack”, que consiste en incluir en un solo paquete los convenios publicitarios de la BUAP, del ayuntamiento capitalino y del gobierno estatal. Así los medios “bien portados” los tienen todos; los incómodos, ninguno.

A Televisa y TV Azteca el gobierno poblano les ha destinado más de 40% de su gasto en imagen. En los primeros tres años del sexenio, la televisora de Azcárraga Jean obtuvo 135 millones, mientras la del Ajusco, 60 millones. Y se ignora cuánto pagó el gobierno por la publicidad que obtuvo en la telenovela El color de la pasión, grabada en Puebla.

Además ha aportado 557 millones de pesos a la Fundación Teletón y dio 124.5 millones para el Festival de las Ideas y la entrega del edificio histórico de la ex fábrica la Constancia para la Orquesta Esperanza Azteca.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 4 de enero de 2015.

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