Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Crédito: Wikimedia Commons Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Crédito: Wikimedia Commons


En un país donde los expresidentes parecían tener una inmunidad tácita, la medida de casa por cárcel impuesta a Álvaro Uribe causó bastante revuelo. Pero, más allá del impacto inicial de la noticia, el hecho tiene un impacto simbólico que tendrá profundas implicaciones en la política colombiana.

El martes, en las principales ciudades de Colombia se interpretó una sinfonía sin ritmo de pitos, cacerolas, gritos y aplausos. ¿La razón? La decisión de la Corte Suprema de imponer medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe, la figura política colombiana más importante de los últimos años, a causa del proceso por presunta manipulación de testigos y soborno.

Sin importarles la amenaza del coronavirus, cientos de ciudadanos salieron a las calles. Unos, para celebrar; otros en señal de protesta, una muestra clara de la división que genera el exmandatario en su propio país. Este es tan solo un ejemplo del revuelo político que causará en los próximos meses y el impacto que tendrá en tres frentes: la justicia, que tocó por primera vez en la historia colombiana a un expresidente (y uno que parecía especialmente intocable); el delicado proceso de paz que el país trata de sacar adelante, y la presidente Iván Duque, el cual deberá lidiar con el hecho de que su mentor político —a quien le debe en gran medida su llegada a la Casa de Nariño— esté en prisión domiciliaria.

La decisión se da después de una acción legal que inició el expresidente en 2012 en contra del senador opositor Iván Cepeda, pero que, en un giro sorpresivo en 2018, se le devolvió cuando la corte decidió precluir cargos y abrir investigación contra el propio Uribe por presunto soborno y manipulación de testigos, como explica detalladamente el portal político La Silla Vacía. Después de sonadas discusiones en los tribunales y un parón por la cuarentena, el proceso desencadenó en la medida de aseguramiento el 4 de agosto. La noticia además tuvo un complemento esa misma semana, que difícilmente olvidará el político más influyente de Colombia: él y sus dos hijos fueron diagnosticados positivos para coronavirus.

La medida de aseguramiento tendrá, sobre todo, un fuerte impacto simbólico, porque en lo jurídico Uribe tiene aún mucho campo de maniobra. La decisión no se trata de una condena, sino una medida preventiva, que la ley contempla ante la posibilidad de que el acusado interfiera en el proceso. La Corte Suprema interpretó que este era un riesgo viable y tomó esa decisión. Ahora tiene un año para decidir si archiva el proceso o lo acusa formalmente (de momento no hay siquiera una acusación). Mientras tanto, el exmandatario aún puede apelar a una segunda instancia o a una acción de tutela buscando que se revierta la medida.

En lo más práctico de su quehacer político, perderá, al menos de momento, la posibilidad de trabajar en el Senado. Pero no su curul, que será ocupada temporalmente por otro miembro de su partido. Es decir, más allá del impacto emblemático de su ausencia del Capitolio —o su versión virtual durante la cuarentena—, no cambiará la balanza política en el Congreso. Tampoco dejará de participar en la vida pública. Es bien sabido que tiene la última palabra sobre cualquier decisión que tome su bancada.

Eso sí, en lo simbólico, la decisión es todo un terremoto. “Es un hecho político trascendental, porque Uribe fue muy popular cuando gobernó y se ha mantenido vigente”, explica Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en diálogo con El Tiempo.

No es un asunto menor: ante la opinión pública, Álvaro Uribe parecía inmune a los escándalos judiciales. Su capacidad de evadir los escándalos que explotaban a su alrededor y salir indemne le había valido el apodo de “presidente teflón”. Y es que su círculo más cercano ha sido acusado de todo tipo de denuncias: dos exdirectores que nombró en el DAS, antiguo organismo de inteligencia, están en prisión por interceptaciones ilegales a rivales del expresidente; su exministro de Hacienda fue condenado por entregar subsidios a aliados políticos; su primo, Mario Uribe, está detenido por aliarse con el paramilitarismo, y su hermano, Santiago, está siendo investigado por presuntamente fundar el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’. Pero el expresidente se había mantenido intocable. Hasta ahora.

Ese fenómeno es una anomalía en una región donde no es raro que las decisiones judiciales toquen a los máximos mandatarios. Casi pareciera un hecho recurrente con los demás expresidentes que, junto con Uribe, se valieron del boom económico de la primera década del siglo XXI para montar gobiernos altamente populares y de corte caudillista. El último caso fue el de Rafael Correa, en Ecuador. En julio, un juzgado ratificó la condena de ocho años por hechos de corrupción en contra del exmandatario, que vive refugiado en Bélgica con su familia.

Días antes, Evo Morales, en Bolivia, fue imputado por supuesto terrorismo a causa de un audio en el que incitaba desde su exilio al “bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales”, según una nota de prensa del ministerio público boliviano. En Panamá, Ricardo Martinelli estuvo dos años en prisión por malversación de fondos y escuchas ilegales. Y el caso más famoso es posiblemente el de Lula da Silva, en Brasil, quien recibió nueve años de condena por corrupción, que fueron revocados luego por falta de pruebas.

Todos estos distan mucho en naturaleza del caso colombiano, que ni siquiera ha entrado en etapa de juicio todavía. Pero enuncian el riesgo de que, como ha sucedido en otros países, el proceso de Uribe se termine politizando y opaque los argumentos jurídicos. Como en Ecuador, donde ha calado el argumento del expresidente de que el proceso en su contra se trata de una “cacería de brujas”. Hoy, el principal contendor para unas eventuales elecciones presidenciales es “el que diga Correa”, según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hecha en julio. Cae el caudillo, pero vive el caudillismo.

Con una agravante: en Colombia, el proceso judicial coincidió con un periodo de transición política fruto del Proceso de Paz y muy discutida por un sector de la sociedad colombiana. En julio una exguerrillera de las Farc, Sandra Ramírez, quedó electa vicepresidencia del Senado, una elección que ha sido controvertida por la negativa de la senadora de aceptar un hecho comprobado: que hubo reclutamiento forzado de menores en la guerrilla. Ahora, muchos critican que el expresidente pase su juicio privado de la libertad, mientras que los antiguos cabecillas de las Farc siguen sin pagar penas y en el Congreso.

El propio presidente Duque ha repetido esta narrativa: “En el Congreso hay personas que han cometido delitos de lesa humanidad que han tenido condenas, y que además están siendo llamados por la justicia transicional en libertad. Incluso gozan con la garantía de no ir a la cárcel si dicen, entre comillas, toda la verdad”, dijo en entrevista con Noticias Caracol, poniendo en entredicho el espíritu del Acuerdo de Paz de garantizar la participación política y un marco de justicia alternativa.

Algunos miembros de su partido incluso han aprovechado esa indignación con la medida judicial para revivir una vieja aspiración del uribismo: una Asamblea Constituyente, que desarme y restructure el sistema judicial. El presidente Duque inicialmente se opuso a esta posibilidad. Optó por un camino más moderado para defender a su mentor político, aunque inició una pequeña gira de medios hablando en contra de la medida de aseguramiento impuesta a Uribe. Su negativa a apoyar la propuesta de una Constituyente, sin embargo, lo pone en riesgo de ruptura con su partido.

Lo anterior anuncia un horizonte difícil para el Gobierno, que lucha por sortear de la mejor manera los efectos de salud y económicos de la pandemia. Había mejorado su percepción pública gracias a su rápida reacción frente a la llegada del coronavirus, pero ahora queda en una posición difícil, entre mantener la unidad de su partido y preservar la institucionalidad del país. “El presidente Duque tiene que resolver la pregunta de qué va a hacer con su partido, cómo los va a mantener contentos. Y ahí muy fácilmente se le puede caer la coalición de gobierno”, opina el analista político Ariel Ávila en Semana TV.

En este panorama, la decisión de la Corte moverá bastante las fichas políticas. Puede quedar el Presidente en una complicada posición y vuelve el fantasma de una Asamblea Constituyente. Al final, aunque se calme la algarabía en las calles, el terremoto político será para largo en una sociedad polarizada y que se debate entre si salvar o no la implementación de unos acuerdos de paz.
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Juan David Olmos
Bogotá, Colombia
Viernes 7 de agosto de 2020.

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