El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado. (ARCHIVO) El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado. (ARCHIVO)


Investigaciones se destinan sobre la adquisición de bienes

El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado.

De acuerdo a un medio nacional, a dicho recurso se suma el presentado por su hijo, Miguel Ángel Osorio Vargas contra la indagación que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) a su familia, para evitar que se investiguen sus bienes o se inicie un procedimiento en su contra.

Las indagatorias se destinan sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de bienes, entre ellos una propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), que se sospecha fue habitada cuando Osorio Chong era titular de Gobernación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Indagan bienes de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.
 
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

Osorio confirmó que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.

Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

"La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto", dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

 El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.

La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.

Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.

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