Emilio Lozoya abandona la Audiencia Nacional en un furgón de la policía. JON NAZCA / REUTERS Emilio Lozoya abandona la Audiencia Nacional en un furgón de la policía. JON NAZCA / REUTERS


La Fiscalía anuncia que inicia las gestiones para que el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto vuelva al país "en un plazo inmediato"

Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado ser extraditado a México. Alejando Gertz, el fiscal general, ha informado este martes de que el exfuncionario público presentó este lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser entregado a las autoridades mexicanas y ofreció “su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Lozoya, un hombre muy cercano al exmandatario del PRI, fue detenido en Málaga en febrero después de haber sido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno mexicano ha comenzado las gestiones para que Lozoya vuelva a México “en un plazo inmediato”. “Esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana”, ha anunciado el fiscal general sin dar a conocer detalles sobre el vuelo. Lozoya estuvo prófugo ocho meses. Las autoridades mexicanas e internacionales lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia. Finalmente lograron ubicarlo en una lujosa mansión propiedad de un magnate ruso dentro en una exclusiva zona residencial del sur de España. El nombre del empresario ruso que dio cobijo a uno de los hombres más buscados de México no ha sido revelado.

El fiscal Gertz ha reaparecido después de cuatro meses fuera de los reflectores. En un mensaje grabado en vídeo dejó caer una bomba noticiosa que vuelve a poner sobre la pista las investigaciones de corrupción del entorno cercano a Peña Nieto. El fiscal ha explicado que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General, aún durante el Gobierno del PRI, puso en marcha pesquisas sobre presuntos delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en México. La intención era investigar el supuesto pago de millonarios sobornos con los que la empresa se benefició con contratos, un modus operandi utilizado en varios países de América. La investigación se dejó morir durante dos años sobre los escritorios de la Administración priista. “Tuvimos que retomar este caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables”, ha dicho Gertz esta mañana en su primer mensaje público desde el 12 de febrero.

La investigación de la Fiscalía llevó al congelamiento y “aseguramiento” de los bienes de Emilio Lozoya vinculados con un presunto delito de lavado de dinero. Esto incluyó algunas cuentas de su madre, Gilda Austin. En mayo y junio de 2019 llegaron las primeras órdenes de aprehensión. El expediente en contra del exfuncionario siguió abultándose. La petrolera estatal, Pemex, acudió ante la justicia a denunciar la multimillonaria compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra realizada durante la gestión de Lozoya. Alonso Ancira, el empresario mexicano al frente de Altos Hornos de México, conocido como el rey del acero, fue el beneficiado por esta transacción. Ancira también espera la extradición desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.

Después del anuncio de la Fiscalía, la defensa de Lozoya ha hecho pública su decisión, tomada hace un mes, de abandonar el caso del ex directivo de Pemex. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarnos de la defensa”, señala un comunicado firmado por el letrado mexicano Javier Coello. El exjuez Baltasar Garzón se sumó en marzo a la defensa de Lozoya en España, pero no se ha pronunciado tras el anuncio de la Fiscalía mexicana.

Desde hace varios meses, las autoridades mexicanas habían ofrecido a Lozoya el criterio de oportunidad. Esta figura, contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, plantea para los imputados la posibilidad de cooperar con la justicia para dar información sobre los superiores jerárquicos en hechos de corrupción. “La verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos [en el caso de Lozoya]: Luis Videgaray [exsecretario de Hacienda] y Enrique Peña Nieto”, aseguró recientemente a este periódico Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave en la investigación en contra de Lozoya. El retorno del exdirector de Pemex a México abre de nuevo la puerta a una investigación de corrupción de alto calibre.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Martes 30 de junio de 2020.

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