Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Foto: Octavio Gómez Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Foto: Octavio Gómez


Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por acciones gubernamentales que amenazan la libertad de expresión en Puebla.

Al participar en el Seminario Digital “Pandemia, democracia y derechos humanos: Proteger la libertad de expresión e informar en tiempos de pandemia”, el relator dijo que organizaciones civiles e instituciones internacionales han llamado la atención de esta comisión sobre las demandas civiles presentadas contra periodistas y la propuesta de penalizar las “fake news” en Puebla.

En el encuentro virtual, organizado por la oficina de la Unesco en México, ONU-Derechos Humanos, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Lanza mencionó el caso Puebla para ejemplificar que, aunque el gobierno y el Congreso federal pueda impulsar directivas, hay estados donde se toman acciones para silenciar al periodismo.

“Me han llamado la atención periodistas, organizaciones de la sociedad civil y los propios colegas de Unesco y  de la ONU-Derechos Humanos, sobre la situación en Puebla, donde varios periodistas sometidos a demandas civiles desproporcionadas o estratégicas, como se les denomina, con un efecto que posiblemente sea silenciar la crítica y el rol del periodismo”, señaló.

Daño moral

Lanza se refirió con esto a las demandas por supuesto daño moral que fueron presentadas por allegados y colaboradores del gobernador Miguel Barbosa Huerta en contra de medios de comunicación como los portales e-consulta, Datamos y Municipios Puebla, así como contra el periódico El Popular (Proceso 2261).

Por información que fue publicada en columnas del periodista Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, cuatro barbosistas han iniciado juicios civiles en los que piden pagar a cada uno cinco millones de pesos por supuestos daños morales.

Además, el relator de la CIDH mencionó la iniciativa presentada por el líder del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, para penalizar la publicación de “noticias falsas”, la cual aún están en comisiones del Congreso local.

“Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, que en realidad los relatores y relatoría han desaconsejado, creo que la infodemia es un problema, la desinformación deliberada es un problema, pero no hay que confundir con lo que es el rol de periodismo o con la información de interés público que ofrece el periodismo que tiene otras respuestas diferentes a la desinformación”, expresó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Viernes 22 de mayo de 2020.

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