Exhibe Sociedad Interamericana de Prensa acoso judicial contra prensa en Puebla Featured

La SIP presentó su informe trimestral sobre el estado de la libertad de prensa en México.  Foto: Archivo SIP La SIP presentó su informe trimestral sobre el estado de la libertad de prensa en México. Foto: Archivo SIP


Acoso judicial contra el portal e-consulta, asesinatos de comunicadores y deficiencias en el funcionamiento del sistema de protección gubernamental para proteger a reporteros que trabajan en las zonas más vulnerables, fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe trimestral sobre el estado de la libertad de prensa en México.

Dentro del reporte se cita el caso de Rodolfo Ruiz, director de portal de noticias e-consulta, quien enfrenta cuatro demandas por parte de funcionarios públicos del gobierno de Luis Miguel Barbosa; y el del investigador Sergio Aguayo, quien han sido señalado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de dañar su honor.

Sobre e-consulta el reporte documenta que “Rodolfo Ruiz, director del portal de noticias E-Consulta, con 18 años operando, y autor de la columna "La Corte de los Milagros", está enfrentando cuatro demandas establecidas por igual número de funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afiliado al partido Morena, al que pertenece el presidente López Obrador. Cada demanda, por daño moral, es por 5 millones de pesos, y todas están redactadas de la misma manera”.

“Los funcionarios han tildado de mentiroso a Ruiz en eventos públicos, aunque nunca usaron derecho de réplica ni petición de aclaración a E-Consulta. Pasaron del ataque público a la demanda. Las cuatro demandas están interpuestas por el mismo despacho de abogados y en todos los casos se solicitan embargos precautorios”.

Por otra parte, la organización dedicada a la defensa y promoción de la libertad señaló que el Estado Mexicano ha fallado en la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la estructura institucional de protección sigue siendo débil.

La SIP recupera datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde destaca que “en la Protección Integral de Periodistas, el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas y aquellas acciones para protegerlos de los riesgos "han resultado fallidas''.

En su informe reporta que “las labores de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para prevenir las agresiones, proteger la vida e integridad del gremio periodístico, así como atender a las víctimas y procurar justicia, "fueron implementadas de forma deficiente.”

Sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización concluye que las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad política, ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad en los casos de periodistas. Asimismo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de delito.

La falta de una relación de la Federación con los estados en materia de acciones coordinadas de protección se vio evidenciado en el reporte de la ASE: “El Mecanismo de Protección no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y el periodismo a nivel estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de cooperación para la operación del mecanismo.”

El informe recupera las agresiones y homicidios registrados contra la reportera, María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y directora del periódico digital Quinto Poder; Álvaro Ruiz, locutor y gerente de la estación de Radio Pichucalco, Chiapas; y Fidel Ávila Gómez, periodista de radio, cuyo cuerpo fue ubicado en el estado de Michoacán.

En el ámbito normativo, la SIP señaló que existen varias iniciativas legislativas que pueden modificar la protección de la libertad de prensa,

·         El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, anunció que propondrá una legislación que equilibre la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas,

·         El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, está recopilando opiniones de periodistas para su proyecto de ley para reconocerles derechos profesionales, laborales y establecer estímulos fiscales a pequeñas empresas periodísticas.

·         En el Código Civil Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales buscará proteger al periodismo ante los excesos por demandas y sanciones por acusaciones de calumnias y difamación.

La diputada morenista, Rocío Barrera, no “precisó si propondrá una nueva Ley del Gasto público en Publicidad, leyes que obliguen la investigación y sanción de delitos contra periodistas y si la Ley General de Víctimas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos permitirá sancionar a quienes obstruyan, agredan o impidan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Por último, el reporte da cuenta que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sistemáticamente reprueba el ejercicio periodístico con alusiones de que los medios son corruptos, voceros del régimen anterior y mentirosos en sus notas informativas, sobre todo las que son críticas a las acciones de su gobierno, asumiendo que son pagadas por quienes vieron afectados sus intereses con el cambio de gobierno.

La Sociedad Interamericana de Prensa es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Agrupa a más de 1 mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida.

e-consulta
Flora Molina
Ciudad de México
Miércoles 1 de abril 2020.

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