Morena inició el proceso jurídico para revertir la privatización del agua en el país, incluida la concesión que opera en el municipio de Puebla desde 2014. (Archivo) Morena inició el proceso jurídico para revertir la privatización del agua en el país, incluida la concesión que opera en el municipio de Puebla desde 2014. (Archivo)


Concesiones Integrales en Puebla, habrá de replantear su situación; el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, cedió por 60 años el servicio, bajo condiciones poco claras

Puebla. - Morena inició el proceso jurídico para revertir la privatización del agua en el país, incluida la concesión que opera en el municipio de Puebla desde 2014, con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que prohíbe a un particular administrar y comercializar el servicio hídrico por tener fin de lucro.

Servirá de fundamento legal para regresar al sector público el manejo del agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en Puebla, garantizó el diputado federal de Regeneración Nacional, Miguel Acundo González, en entrevista sobre la iniciativa que se encuentra en comisiones del Senado de la República para su estudio.

En la capital del estado, durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el servicio se cedió por 60 años bajo condiciones poco claras a la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida por su nombre comercial Agua de Puebla, la cual pertenece al empresario salinista Juan Diego Gutiérrez Cortina.

Colectivos ciudadanos denunciaron que la participación de la firma incrementó las tarifas hasta en 500 por ciento e hizo de los cortes del servicio una herramienta común para presionar a los usuarios a cubrir sus adeudos.

La reforma regulará a los municipios, estados y federación

El presidente del Senado de la República y legislador de Morena, Martí Batres Guadarrama, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales la semana pasada.

El proyecto establece que “el Estado garantizará a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y que “la gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.

Batres argumentó que el artículo 4 de la Constitución del país considera el acceso a ese líquido un derecho humano, por lo que “éste solamente debe de ser prestado por el Estado, y no así por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable”.

La iniciativa prohíbe a los tres niveles de gobierno –municipio, estado y federación– la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta.

Los gobiernos también tendrán vedada la entrega de concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta, por lo que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos.

Puebla tendrá su propia reforma, garantiza Miguel Acundo

Miguel Acundo señaló que los diputados electos de Morena del Congreso de Puebla están en condiciones de promover una reforma similar a la Ley de Agua del Estado, la cual se aprobó en 2012 para abrir paso a la privatización en la capital, por indicación de Moreno Valle.

En ese contexto, garantizó que Concesiones Integrales tiene los días contados como administrador del servicio hídrico, porque sus actividades se oponen a la política pública que impulsa Morena para el país a través de sus representantes populares y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Concesión de 60 años bajo reserva

Aunque el gobierno de Puebla informó en 2013 que el contrato con Concesiones Integrales tendría una duración de 30 años, la firma White & Case –que participó en la elaboración del título de concesión— reveló que el plazo real es de 60 años.

La falta de claridad se debe a que el Comité de Transparencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), organismo público que cedió sus funciones a Agua de Puebla, ha mantenido bajo reserva toda la documentación relativa al caso.

La licitación de la concesión y el contrato se declararon información reservada por cinco años en 2013, determinación que se actualizó este año para ampliar el periodo de reserva hasta 2023.

El PRI intentó ampliar las privatizaciones, señala

Martí Batres denunció que el PRI intentó como partido en el poder aprobar una Ley General de Aguas en 2015 que pretendía ampliar los procesos de privatización, omitir por completo el derecho al saneamiento, permitir contaminar ríos con químicos siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación” y limitar el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua.

“Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz”, expresó en los considerados de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 10 de septiembre de 2018.

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