“Sanciones a Odebrecht fueron conforme a derecho”: SFP. Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. (Archivo) “Sanciones a Odebrecht fueron conforme a derecho”: SFP. Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. (Archivo)


El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Ciudad de México. - La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que las sanciones impuestas contra la empresa Odebrecht y sus representantes legales fueron conforme a derecho, luego de identificar irregularidades en la ejecución de contratos suscritos por la constructora y sus filiales con Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la dependencia dirigida por Arely Gómez informó que en lo que se refiere a "su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas" para reducir las sanciones, la empresa no entregó elementos de prueba por lo que fueron improcedentes.

La dependencia dijo que en marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (Odebrecht) presentó un escrito en el que manifestó su intención de "colaborar (confesar) con las autoridades competentes", a efecto de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de sanciones previsto en Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).

"En respuesta a lo anterior, la SFP le requirió que presentara y precisara los requisitos legales de su cooperación y confesión de responsabilidad y que aportara elementos de prueba en términos de la LFACP".

La dependencia explicó que en abril de 2017 la empresa solamente presentó un escrito sin aportar elementos de prueba que permitieran acreditar su confesión o colaboración respecto de hechos constitutivos de alguna infracción concreta.

En junio de 2017, la SFP le notificó a la constructora que no era procedente su petición de reducción de sanciones, en virtud de no haber aportado los elementos de prueba suficientes para acreditar la infracción.

Empero, la SFP dejó a salvo sus derechos para el momento en que fuera su decisión presentar las pruebas requeridas.

"Ante ello, Odebrecht interpuso Juicio de Amparo, mismo que fue resuelto en favor de la SFP al haber sido declarado improcedente por un Juez Federal, quien en sus consideraciones determinó que la empresa solamente había manifestado su intención de colaborar, sin aportar elementos suficientes que permitieran acreditar la confesión de hechos constitutivos de una infracción".

Odebrecht consideró como "infundadas e improcedentes", las sanciones administrativas en contra de su subsidiaria en México que anunció la Unidad de Responsabilidades de la SFP, que les impide participar en contrataciones públicas federales.

Las sanciones económicas ascienden a 543 millones 488 mil 615 pesos para cada una de las empresas, mientras que los representantes legales recibieron una multa por un millón 262 mil 222 pesos cada uno.

El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector regional de la constructora, declaró que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto

La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según ha dado a conocer este jueves el periódico Reforma. La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno mexicano ha decretado el castigo por simulaciones e incumplimientos de un contrato que fue adjudicado en noviembre de 2015 por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, más de 105 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Las autoridades han responsabilizado al director de finanzas de la constructora brasileña, Gleiber José de Faria, y a su director en México, Alberto de Meneses Weyll. De Meneses Weyll declaró en Brasil que dio un soborno de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016.

Ningún funcionario mexicano ha pisado la cárcel por el caso Odebrecht, a diferencia de otros países latinoamericanos implicados en la trama de corrupción. La sanción de la SFP, un ministerio dependiente del Ejecutivo que se encarga de vigilar el desempeño del Gobierno mexicano, es la primera contra miembros del consejo directivo de una empresa privada, refiere Reforma. Además de la inhabilitación, Odebrecht deberá pagar una multa de 543,5 millones de pesos (poco menos de 30 millones de dólares).

El contrato que mereció el castigo contemplaba la construcción de accesos y obras externas en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, en el centro del país. El acuerdo fue adjudicado a Odebrecht el 12 de noviembre de 2015, unos tres meses antes de que Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto y el principal señalado en México por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña, dejara Pemex.

La SFP ha dicho que las obligaciones del contrato fueron cedidas a la empresa Construcción Internacional de México para "simular" el cumplimiento, otro de los cargos que se imputan a Odebrecht. La constructora brasileña ya había recibido otras dos inhabilitaciones en diciembre y febrero pasados por un contrato que se firmó en febrero de 2014. La anterior inhabilitación era por cuatro años.

El convenio de 2014 se celebró por 1.465 millones de pesos (unos 108 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) y obligaba a Odebrecht a acondicionar el sitio y construir plataformas en la misma refinería de Tula. La multinacional cobró trabajos ya previstos en el acuerdo como actividades extraordinarias y causó daños indirectos a Pemex por 119 millones de pesos (9 millones de dólares), según la prensa mexicana. Otro convenio, firmado a finales de ese año por 1.151 millones de pesos (85 millones de dólares), no ha supuesto sanciones para la empresa brasileña.

Las investigaciones de la SFP son independientes a las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR, el equivalente a la Fiscalía nacional), encargada de fincar las responsabilidades penales sobre Odebrecht en México. "Donde se está celebrando un acto de corrupción hay dos partes (...) es una sanción incompleta", ha dicho este jueves Rafael Hernández, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática sobre la decisión de la SFP.

Lozoya ya había sido llamado a declarar ante la PGR después de que tres ex directivos de la constructora aseguraran que recibió sobornos entre 2012 y 2016. El exdirector de Pemex ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones y ha logrado retrasar el proceso judicial en su contra con recursos presentados por su defensa.

El papel de la PGR en las investigaciones ha sido fuertemente cuestionado debido a que depende del Ejecutivo. Pese a que ya se aprobó una reforma constitucional que creaba una Fiscalía independiente y un nuevo sistema anticorrupción, las nuevas instituciones no han comenzado a funcionar porque no se han nombrado a sus titulares. El nombramiento de los fiscales independientes provocó el año pasado disputas políticas álgidas en el Legislativo mexicano, pero meses después el tema se ha diluido de la agenda de las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

El País
El Universal
Ciudad de México
Lunes 23 de abril de 2018.

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