Magistrados a juicio

15 Abr 2018
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René Delgado
  

La suma de impunidad criminal y pusilanimidad política siempre arroja por único resultado una calamidad: el desfiguramiento del Estado de derecho.

Ese es el resumen de las trapacerías cometidas por Jaime Rodríguez Calderón, legalizadas por los magistrados Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso e Indalfer Infante Gonzales. En conjunto o complicidad, convalidaron y profundizaron la desconfianza en las instituciones que administran y sancionan el complejo proceso electoral en curso.

Bajo el ardid de garantizar el derecho a ser votado de un ciudadano, los magistrados conculcaron la garantía del derecho al voto a millones de ciudadanos, confiando en las instituciones. Hoy, el valor del sufragio carece del amparo de un tribunal imparcial, independiente, vertical y autónomo.

Si el compromiso con la democracia y el Estado de derecho de los otros candidatos y partidos fuera firme y serio, ya estarían solicitando someter a juicio político a los magistrados mencionados. Sólo así se podría reponer un mínimo de confianza en el Tribunal Electoral.

La resolución de fondo y el mensaje de los cuatro magistrados involucrados en el engaño es simple: si el electorado sabe contar, mejor no cuente con nosotros; no somos jueces del proceso, sino jugadores.

Así se va a las elecciones.

***

Desde su origen, tres de los cuatro magistrados que resolvieron incluir a Jaime Rodríguez en la boleta electoral mancharon de modo indeleble la toga que, al parecer, aún no acaba de confeccionarles el sastre contratado para ello. Si no salen del tribunal y finalmente visten la prenda, la usarán no como símbolo solemne de su investidura, sino como frívolo disfraz del rol que, en realidad, juegan en el concurso.

En octubre y noviembre de 2016, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales juraron en sendas ocasiones -sí, dos veces- aceptar por distintos periodos el mandato otorgado por el Senado de la República. Barrera protestó guardarlo por seis y, luego, por ocho años. Vargas e Infante por tres y, luego, por siete años. Así, como si nadie advirtiera la irregularidad en que senadores y magistrados incurrían.

Hoy quizá ya no lo recuerden, pero los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa, Fernando Herrera y Miguel Barbosa se hicieron de la vista gorda e, incluso, pidieron la dispensa del trámite para modificar sobre las rodillas la duración del encargo conferido a esos magistrados. Y, a título de escuderos del acuerdo cupular, defendieron la chapucería el célebre Raúl Cervantes y el reflexivo Roberto Gil, todavía senadores en aquellos días.

Si los magistrados mancharon su toga sin habérsela puesto y se beneficiaron del acuerdo parlamentario, por qué no iban a conducirse como lo han hecho. Si de origen sabían que torcían la validez de su nombramiento, ni por qué asombrarse si ahora recompensan el gesto.

Ese es el problema de realizar o sancionar nombramientos a partir de la subcultura de la cuota o el canje. En el corto plazo los partidos, a través de sus fracciones parlamentarias, celebran los dividendos inmediatos de la operación realizada, pero en el mediano y largo plazo lamentan o festejan, según les vaya en la feria, la compostura de quienes designaron. Como es natural, los beneficiarios de esas "movidas" actúan no en atención a la importancia del mandato o el puesto que ocupan, sino en razón de los intereses a los que responden y obedecen.

Si candidatos y partidos no llevan a juicio a los magistrados a fin de destituirlos, que entonces renuncien desde ahora a quejarse de las resoluciones que estos impulsen y tomen.

***

Pueden intentar ahora los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Soto Fregoso -Indalfer Infante Gonzales calló de pronto- endosar la factura de su desatino a los consejeros electorales.

Si arrastraron el Tribunal al cual pertenecen al descreimiento, pues, por qué no jalar al mismo lugar al Instituto Nacional Electoral que, por lo demás, tampoco las trae todas consigo. Así, la desconfianza ciudadana en las instituciones es pareja. La gravedad del asunto es que -por el carácter definitorio de las elecciones- tolerar la pusilanimidad, terminará por llevar al país a una crisis superior a la prevaleciente.

Pensar en un acto de grandeza que llevara a los magistrados señalados a dejar por sí el puesto, es imposible. De ahí que los candidatos presidenciales con representación en el Congreso deberían solicitar llevar a juicio a los magistrados y establecer que, por la importancia de los comicios, el asunto no puede quedarse en la indiferencia, el festejo, la queja o la plañidera. Es grave lo ocurrido.

Cerrar los ojos ante el daño provocado porque de él, éste o aquel candidato habrá de derivar más tarde alguna ganancia, es contribuir al enrarecimiento de la atmósfera de desconfianza que comienza a infectar al concurso electoral. No se puede argumentar que, siendo inapelable la resolución, no resta más que acatarla y darle la bienvenida al presunto delincuente con candidatura o denunciar lo sucedido como una siniestra y perversa operación política urdida en las alturas o aceptar la resolución sin extender un cheque en blanco a la verticalidad y la imparcialidad de los magistrados.

***

No. No puede quedarse ahí el asunto, es menester someter a juicio a los magistrados, antes que de la calamidad hagan un desastre.

EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ

Un ciudadano solicitó la información relativa a la obra maestra realizada en el Paso Exprés de Cuernavaca. Le dijeron que sí, siempre y cuando pagara las fotocopias. El ciudadano las pagó y no le entregan la información. ¿Será que falta el monto del fólder?

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René Delgado
Ciudad de México
Sábado 14 de abril de 2018.

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