Ligan a agentes a masacre en Coahuila Featured

 Entre el 18 al 20 de marzo de 2011, Allende fue escenario de una venganza ordenada por Miguel Ángel y Omar Treviño, ambos presos. NTX / ARCHIVO Entre el 18 al 20 de marzo de 2011, Allende fue escenario de una venganza ordenada por Miguel Ángel y Omar Treviño, ambos presos. NTX / ARCHIVO


La CNDH determinó que policías municipales de Allende, Coahuila, dieron autorización o apoyo a grupos de Zetas que en marzo de 2011 saquearon casas y cometieron desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores.

En la recomendación por violaciones graves 10VG/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que acreditó que en la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, integrantes de Los Zetas contaron con "autorización, apoyo o aquiescencia" de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El organismo estableció que también hubo complicidad de los agentes en la privación ilegal de la libertad de otras dos personas.

Señaló que directamente policías municipales detuvieron arbitrariamente a 34 personas y privaron de la libertad a 5 menores de manera ilegal.

Además, advirtió, agentes de la corporación policiaca allanaron propiedades, pues se acreditó que capturaron ilegalmente a una víctima al interior de un local comercial.

La CNDH señaló que presentará una denuncia ante la PGR contra servidores públicos del Gobierno estatal y del Municipio de Allende por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Agregó que presentará una queja ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública por su presunta participación en los hechos ocurridos entre el 28 y el 20 de marzo de 2011.

La recomendación apremia al Gobierno estatal a que, en un plazo no mayor a seis meses, coadyuve al Ayuntamiento de Allende y otros municipios de la región fronteriza en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de su deber.

...   …   …

El antecedente…

Informe detalla masacre de 'Los Zetas' en 2011

Una investigación toma el caso de los desaparecidos en Allende, Coahuila, un hecho ignorado durante años y en el cual se cree que murieron hasta 300 personas

La venganza fue una de las más atroces que hayan cometido "Los Zetas": en marzo de 2011, sicarios del grupo entraron a un municipio cerca de la frontera con Texas donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza.

No se sabe el número real de víctimas de esa venganza, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según las fuentes, pero un informe divulgado el domingo ofrece por primera vez una versión avalada por una entidad federal sobre lo ocurrido en el municipio de Allende, Coahuila, una masacre ignorada durante años.

La investigación, dirigida por el académico Sergio Aguayo, del Colegio de México, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizada por ocho personas, se basa en documentos de la CEAV, la fiscalía de Coahuila, las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de víctimas, declaraciones públicas de detenidos ante autoridades estadounidenses y solicitudes de acceso a la información. Toma el caso de Allende y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, un año antes, como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas, ambos cometidos por "Los Zetas".

Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de "barbarie" por parte de "Los Zetas" y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes (que eran en el mejor de los casos figuras decorativas), la indiferencia y/o ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ante los crímenes y la "pasividad" de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.

Denuncia, además, la falta de compromiso de las instituciones con la verdad, la única vía para llegar a la justicia y para dar la debida atención a las víctimas. De ahí que su título sea "En el desamparo", que es como se quedaron los afectados.

El caso de los 72 migrantes, ocurrido en agosto de 2010, salió a la luz pública porque hubo dos sobrevivientes ("cosa rara" apunta el informe) y se encontraron los cadáveres. Que muchos fueran extranjeros lo hizo cobrar relevancia y las autoridades se vieron obligadas a ofrecer algunas explicaciones, aunque la Comisión Interamericana denunció en agosto de 2014 que la respuesta del Estado mexicano "osciló entre la indiferencia y la opacidad".

En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas solo años después.

El fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, esta ciudad de 23 mil habitantes a 50 kilómetros de la frontera con Texas fue escenario de una venganza ordenada por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño (el Z40 y Z42, líderes de "Los Zetas" ahora detenidos) contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre cinco y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos. Los tres están presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la agencia antidrogas, la DEA.

La primera vez que apareció una mención a que hubo 300 víctimas de esa venganza fue en 2013, en la declaración de un integrante de "Los Zetas" en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un solo hecho o en varios. El expediente del caso de la fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.

Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas, señala el informe.

"Los Zetas" llegaron a la zona en 2004. La violencia se recrudeció en 2006 con la batalla frontal contra el crimen organizado lanzada por el entonces presidente Felipe Calderón y las guerras fratricidas entre los propios cárteles. Para 2010, "Los Zetas" tenían control total del municipio de Allende y a su policía en nómina.

Ese fin de semana de 2011, los sicarios recibieron la orden de "checar todos los domicilios de la familia Garza (el apellido de uno de los supuestos traidores) porque los iban a levantar (capturar) para matarlos". La policía, mientras tanto, tenía orden de no patrullar ni atender llamadas de auxilio y "levantar a cualquiera con apellido Garza para entregarlo a "Los Zetas"".

Según el informe, en 2011 el cártel gastaba 61 mil 500 pesos mensuales en pagos a policías que iban desde 20 mil pesos del jefe a los 500 para los menos comprometidos. El sueldo medio de un agente es de unos seis mil 300 pesos.

A cambio, sus "funciones" habituales eran "ignorar las denuncias"; avisar si llegaban fuerzas de seguridad o sospechosos de otro cártel, dejar que "Los Zetas" entraran a la cárcel a sacar a personas o golpearlas; cobrar las extorsiones y "levantar" a quien indicaran los criminales.

La búsqueda de todo aquel apellidado Garza, mujeres y niños incluidos, la llevó a cabo ese fin de semana un comando armado de al menos 60 personas. Policías y sicarios hacían las detenciones y llevaban a la gente "a dos ranchos donde se concentraba a los condenados".

"Los Zetas" incitaron a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Fueron destruidas 32 casas y dos ranchos. En los ranchos, según declaraciones de detenidos, era donde quemaban los cadáveres. A veces los incineraban en toneles.

"Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (.) quedaba pura mantequilla". Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que "no se viera nada", dice la confesión de un sicario.

El documento del Colegio de México subraya que esas 49 horas fueron solo un episodio de una "oleada de violencia" no investigada a fondo que llegó a otros municipios y se prolongó en el tiempo. Pone como ejemplo la desaparición de cuatro Garzas (una pareja y sus dos hijos) un año después.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso "fue ignorado" por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la fiscalía del estado acudió a Allende hasta 2014, constata el documento.

La investigación critica, además, la "opacidad" de Estados Unidos que, "rehúsa compartir información" con Coahuila de sus testigos protegidos. La PGR tampoco quiso aportar datos al informe.

El documento también denuncia las nulas consecuencias de las recomendaciones del ombudsman mexicano sobre el caso y la falta de acción de la Comisión de Víctimas.

Según los últimos datos del Gobierno federal, Coahuila tiene mil 618 desaparecidos. Las autoridades han encontrado en los últimos años fragmentos óseos en diversos ranchos que podrían ser resultado de prácticas como la descrita en Allende. Incluso han reconocido a la prensa local que "Los Zetas" calcinaban a personas en la cárcel de Piedras Negras, la frontera más cercana a Allende, aunque hay mucha imprecisión sobre estos sucesos. (9 de octubre de 2016).

Reforma / AP
Ciudad de México
Martes 20 de marzo de 2018.

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