Así lo concluyó la comisión del Cabildo encargada de analizar la estrategia para retirar esta empresa la administración del SOAPAP


Si el gobierno capitalino logra remunicipalizar el servicio de agua, no tendría que pagar ninguna indemnización a la empresa Agua de Puebla, debido a que ha incumplido con las cláusulas del contrato que obtuvo en 2014.

Así lo concluyó la comisión del Cabildo encargada de analizar la estrategia para retirar a esta firma la administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), según expuso en conferencia de prensa el regidor Edson Armando Cortés Contreras.

Anteriormente, la fracción panista en el ayuntamiento advirtió que remunicipalizar al organismo orillaría al ayuntamiento a absorber su deuda, que asciende a mil 691.1 millones de pesos, así como a pagar una indemnización a la empresa estimada en tres mil millones de pesos.

Empresa incumplió con el contrato

El regidor, que forma parte de la fracción de Morena, expuso que la empresa Concesiones Integrales ha incumplido con una serie de cláusulas establecidas en el contrato que le otorgó la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle en 2014.

Uno de esos puntos tiene que ver con otorgar un servicio adecuado y a bajo costo, pues recordó que ha realizado cortes arbitrarios del servicio que incluso generaron la presentación de amparos.

Uno de esos casos es el que recientemente reportaron en colonias de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, pues no notificaron previamente a los afectados.

Explicó que el artículo cuarto de la Constitución garantiza el derecho al agua, por lo que la empresa ha incurrido en violaciones a la normativa.

En ese sentido, el regidor exhortó a la empresa a dialogar con los ciudadanos antes de recurrir a cortes arbitrarios en el suministro.

“Invitar a la empresa a que agote otros mecanismos y que no vaya directo a hacer estos cortes (…). El artículo 4to constitucional es claro: el agua es un derecho humano y el cual tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos”, enfatizó.

Por otra parte, Cortés refirió que la empresa también incumplió con la inversión de tres mil millones de pesos, pese a que la concesión sí ha sido rentable, según el análisis de la comisión.  

A lo anterior debe sumarse que solo en 2018 suma más de 200 quejas por el servicio, situación que sería otro elemento para revocar la concesión sin tener que pagarle una indemnización.

En ese sentido, previó que será en el mes de agosto cuando concluya el análisis que realiza la comisión, la cual presentará los resultados al Cabildo en espera de que se aprueben y el tema sea remitido al Congreso local.

e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Miércoles 22 de mayo de 2019.


Sólo por ‘buena imagen’ Moreno Valle dilapidó 66.6 millones de pesos en “remodelación” de Casa Puebla

Según la información desclasificada, las obras fueron realizadas por cuatro constructoras por adjudicación directa por un monto de 66.6 millones de pesos

Para proyectar “buena imagen” y por motivos de seguridad del Ejecutivo se justificaron las obras de remodelación en la residencia oficial del gobierno del estado, Casa Puebla, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, según se desprende de una solicitud de información hecha por e-consulta.

En la respuesta otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (Simt) se revela que seis acciones en total, así como el proyecto ejecutivo sumaron en total 66.6 millones de pesos.

Los trabajos los realizaron las empresas Ingeniería Orca SA de CV, M&P Constructores SA de CV, Constructora Platse SA de CV y Partenalia SA de CV, algunas de las cuales fueron favorecidas con otras obras durante dicho sexenio.

La información sobre estos trabajos se mantuvo reservada durante el sexenio de Moreno Valle y la administración de su sucesor José Antonio Gali Fayad.

RMV quería proyectar “buena imagen”

La justificación para remodelar la casa de visitas de Casa Puebla, según los documentos desclasificados por la actual administración, fue que “de esos trabajos dependía en gran medida la imagen que quería proyectar el titular de Ejecutivo para el estado.

“Al recibir a distinguidas personalidades de los ámbitos económico, político y cultural en un ambiente agradable, armonioso a los sentidos y de tranquilidad, esto conlleva a la toma de decisiones inherentes a la inversión, apoyos económicos y fomento en todos los aspectos”.

Desde la perspectiva del ex gobernador lo anterior redundaba en beneficios para el estado, derivado de “infinidad de estudios de mercadotecnia” donde se establece el factor visual como el aspecto imprescindible en el impacto personal para la promoción y difusión de cualquier producto.

También destacó en su justificación la relevancia en la seguridad del Ejecutivo estatal, ya que en dicho inmueble despachaba los asuntos relativos a sus funciones, lo que debía implicar una “ausencia de riesgo”.

La obra por 3.64 millones de pesos se adjudicó que manera directa a la empresa M&P Constructores SA de CV bajo el criterio de “garantizar la seguridad del titular del Ejecutivo”, razón por la cual no se podía abrir una licitación pública.

M&P realizó al menos otras dos obras en el sexenio anterior, es decir, el Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Municipales en la Magdalena Cuayucatepec y la Construcción de Techado en local de Usos Múltiples en la localidad de La Victoria en Zacapala por un monto de 834 mil pesos.

Remodelación de salón y oficinas por imagen y seguridad

Las obras más caras relacionadas con el recinto fueron la remodelación del Salón de Usos Múltiples, con 21.95 millones de pesos y de las oficinas por 13.37 millones de pesos, ambas adjudicadas de manera directa a Ingeniería Orca SA de CV.

“Independientemente de que estos trabajos representan una mejor imagen para el estado, la seguridad del Ejecutivo es prioritaria, considerando que en este recinto despacha asuntos relativos a sus funciones, lo que debe implicar una ausencia de riesgo”, establecen ambos dictámenes de adjudicación a los que tuvo acceso este medio de comunicación.

Rehabilitación de la cancha de tenis, alberca y palapa también por imagen

Con el argumento de proyectar “buena imagen” se adjudicó la remodelación de la palapa, alberca y obra exterior por un monto de 13.8 millones de pesos a la empresa M&P Constructores SA de CV.

“Recibir distintas personalidades de los ámbitos económico, político y cultural en un ambiente agradable y armonioso a los sentidos”, establece parte de la argumentación.

Con un argumento idéntico se adjudicó la rehabilitación de la cancha de tenis a la empresa Partenalia SA de CV, por un monto de 574 mil 188 pesos.

Obras de helipuerto adjudicada a empresa sin domicilio fiscal

Respecto al dictamen de adjudicación directa para las obras relacionadas con la remodelación del helipuerto aprobado en 2011, la SIMT justificó que se requería tenerlo en las “mejores condiciones operativas”.

Asimismo, argumentó que se requería con un helipuerto seguro, habilitado y confiable, pues “de ello depende en gran medida la operatividad del estado, la coordinación con diversas dependencias del gobierno federal como la presidencia de la República”.

Asimismo, se justificó la adjudicación por un monto de 3.17 millones de pesos de la obra a Constructora Platse SA de CV, debido a que comprobó que contaba con los requisitos técnicos para realizar la obra.

Adicionalmente esta empresa fue la titular de los contratos de obra de la pista BMX y el campo de tiro junto al velódromo “Salomón Jauli Dávila” en Cuautlancingo, mismas que el empresario Tonantzin Fernández Suárez reclamó como suyas y que no le pagó el ex director del Instituto Poblano del Deporte, Manuel Youshimatz Sotomayor, a quien en un video le propinó unas cachetadas.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Lunes 20 de mayo de 2019.


Con el triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000, el PAN se hizo acreedor a los mayores recursos públicos de su historia, y se mostró pródigo con sus dirigentes. Ahora, la popularidad panista va en picada, pero las remuneraciones de sus cuadros políticos se mantienen en muy altos niveles, al grado de que los integrantes de la cúpula blanquiazul ganan mucho más que el presidente de la República.

Pese a su imparable desplome electoral y su pérdida de influencia política, en el PAN prevalece la voracidad en los sueldos de la cúpula, los que se pagan con recursos públicos. No sólo son superiores a los 108 mil pesos al mes que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en algunos casos son mayores a los 209 mil que obtenía Enrique Peña Nieto.

Aunque el actual presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, tiene un sueldo mensual de 171 mil pesos –63 mil más que López Obrador–, Damián Zepeda cobró 240 mil al mes cuando encabezaba al panismo, pese a entregar los peores resultados de su partido en tres décadas, con Ricardo Anaya como candidato presidencial.

Y Cecilia Romero, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones –la que organizó el proceso interno que llevó a Cortés a la presidencia del PAN el año pasado–, recibió 213 mil pesos mensuales, casi el doble de lo que gana al mes López Obrador.

Según información oficial del PAN –obtenida vía solicitud de información con base en la ley respectiva y por consulta en su página de internet–, la onerosa nómina del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está integrada por más de 260 personas, 40 de las cuales cobran más de 100 mil pesos al mes y otras 40 que tienen ingresos que van de 80 mil a 100 mil pesos mensuales.

Con base en la información salarial de 2018 –el PAN no ha actualizado la correspondiente a 2019–, el secretario general del CEN, Héctor Larios Córdova, percibe 161 mil pesos mensuales y los secretarios, 152 mil al mes; y aunque otros ganan menos, son sueldos superiores a los 108 mil de López Obrador.

Por ejemplo, la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, cobra 131 mil pesos al mes, lo mismo que el Juan Manuel Oliva, secretario de Elecciones; el secretario de Comunicación, Felipe González Castañeda, y el vocero del PAN, Fernando Herrera.

Proceso
Álvaro Delgado
Reportaje Especial
Ciudad de México
Sábado 11 de mayo de 2019.


La actual administración estatal ratificó la reserva de las bitácoras de vuelo por lo que no es posible conocer los destinos, fechas y tiempos con qué viajaban

Los ex gobernadores Rafael Moreno Valle Rosas -quien falleció en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre- y su sucesor José Antonio Gali Fayad, realizaron 2 mil 601 vuelos en los helicópteros Agusta y Bell que fueron adquiridos durante la administración del primero de ellos.

Dos terceras partes de los traslados fueron registrados a nombre del mandatario fallecido, lo que da un promedio de 24 al mes, mientras que su sucesor sólo estuvo 22 meses en el cargo, pero tuvo una media de 40 viajes mensuales en las aeronaves.

A pesar de que el actual gobierno estatal desclasificó las facturas de las compras de los helicópteros Agusta en el sexenio de Moreno Valle, ratificó la reserva de la información relacionada con las bitácoras de los vuelos, a fin de conocer los destinos, fechas y tiempos con qué viajaban.

Más de 2 mil vuelos en aeronaves de lujo

En la solicitud de información 00299519 hecha por e-consulta, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) informó que durante su sexenio Rafael Moreno Valle realizó mil 708 vuelos en los helicópteros Agusta AW119MIKII, con matrícula XC-LNA; Agusta 109S “Grand”, matrícula XC-LMO y Bell 407, matrícula XC-HPZ.

Esta cifra promedia 24 viajes mensuales y seis por semana.

En tanto, su sucesor José Antonio Gali Fayad hizo 893 vuelos en estas aeronaves durante sus 22 meses de gobierno. Un promedio de 40 al mes y 10 cada semana.

Entre los dos mandatarios suman 2 mil 601 vuelos, de los cuales, Moreno Valle realizó el 65.66 por ciento.

En la solicitud de información se aclaró que no se realizaron vuelos al extranjero sino únicamente al interior del país.

Asimismo, los mandatarios utilizaron indistintamente las tres aeronaves que durante la actual administración han sido destinadas para tareas de policía, de ambulancia y protección civil, ya que el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido decidió que no volaría en las mismas.

La administración estatal desclasificó las facturas sobre la compra de estas aeronaves, respecto a una solicitud de información hecha por el periodista Jorge Castillo, donde se reveló que el costo de las aeronaves adquiridas por la administración de Rafael Moreno Valle fue de 10 millones de dólares.

Una incógnita la información sobre bitácoras de vuelo

No obstante, las bitácoras de los vuelos realizados por ambos mandatarios serán una incógnita, debido a que el Comité de Transparencia de la SFA consideró prudente mantener la reserva de esta información ratificada durante la administración de José Antonio Gali Fayad por un periodo de cinco años.

En la opinión del Comité de Transparencia de la dependencia presidida por el priísta Jorge Estefan Chidiac “persisten las causales de reserva de la información”.

“La información contenida en las bitácoras de vuelo se clasifica como de acceso restringido, para evitar el perjuicio que se originaría por su divulgación”.

El acuerdo de reserva establece que se verían afectados funcionarios públicos al publicarse datos específicos y “pone en riesgo” la integridad de las personas que realizan viajes para llevar a cabo las tareas encomendadas”.

Para justificar la reserva el Comité de Transparencia alude a la Ley de Seguridad Nacional en la que se señala que “se prevé como amenaza a la seguridad nacional los actos que van en contra de la seguridad en la aviación”.

No es posible determinar el costo de la turbosina  

e-consulta también pidió el costo diario, semanal, mensual o anual de la turbosina con la que funcionan las aeronaves, sin embargo, la dependencia informó que “no es posible determinar el gasto de estos conceptos en particular”.

“Dentro del clasificador se encuentra la partida 3550, denominada Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. En la partida 2611 se contemplan los gastos de gasolina y turbosina para el parque vehicular y transporte aéreo sin poder dividirse para fines prácticos”, señala la respuesta.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Martes 01 de mayo de 2019.


Escobedo Zoletto renunció hoy a la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN en protesta por las “malas decisiones” de la dirigencia del partido.

El también funcionario del sexenio morenovallista no menciona de manera directa la designación del académico, Enrique Cárdenas Sánchez, como candidato a la gubernatura, pero su renuncia al cargo coincide con otras manifestaciones de inconformidad que han hecho los panistas poblanos por esta determinación tomada de manera directa por la dirigencia nacional.

“Hoy, no tienen sentido para mí muchas decisiones tomadas por la dirigencia del partido. Y si a esto, aunamos un total desacierto en las formas, me es claro que el fondo no es el correcto”, señala el exdiputado local panista en una carta a la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta.

“La historia se encargará de juzgar las decisiones que se han tomado desde la dirigencia, yo me voy con la frente en alto y con mis ideales intactos”, añade.

Escobedo Zoletto ocupó la Secretaría de Salud durante unos años del sexenio de Moreno Valle y desde el 13 de noviembre había asumido la secretaria General del partido.

La renuncia del morenovallista coincide además con un recurso de impugnación que presentó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ciudadano Suplicio Marcelino Perea Marín, quien se había registrado como precandidato en el proceso interno del PAN para elegir candidato a gobernador.

Según el recurso presentado por Perea Marín, en el proceso de designación de Cárdenas Sánchez, la dirigencia de Acción Nacional violentó la convocatoria que el mismo partido emitió.

Esto, agregó, luego de que Cárdenas Sánchez no cumplió con los requisitos que se impusieron en el documento como lo fue el registro y la entrega de documentación y entrevistas.

El recurso fue enlistado con el número SUP-JDC-52/2019, y fue turnado al magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Además de Perea Marín, igual estaban inscritos en el proceso interno del PAN la ex funcionaria federal, Ana Teresa Aranda Orozco; el alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez; el ex senador y ex dirigente estatal del partido, Francisco Fraile García; la ex diputada federal Blanca Jiménez Castillo y el ex alcalde de Tecamachalco, Saturnino López Ponce.

Existen versiones de que otros panistas podrían recurrir igual al TEPJF en las próximas horas para impugnar la designación de Cárdenas Sánchez.

La inconformidad por la candidatura de Cárdenas se fundamenta no sólo en que la militancia poblana fue ignorada en la decisión, sino en el hecho de que el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue uno de los críticos más consistentes del gobierno de Moreno Valle y de sus partidos aliados, a los que incluso llamó “satélites del morenovallismo”.

De acuerdo a versiones periodísticas, en una reunión con los integrantes del Consejo Estatal del PAN, Cárdenas Sánchez ofreció una disculpa ante los morenovallistas por los ataques que hizo en el pasado contra el ex gobernador y la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 12 de marzo de 2019.


Ricardo Raphael

El helicóptero Agusta Grand 109 en el que viajaban Érika Alonso y Rafael Moreno Valle cayó en picada. Los peritos denuncian el hecho como inusual: no es común que el rotor principal de una nave como esa termine haciendo círculos sobre la tierra.

Ha sido ya descartado que el helicóptero hubiera recibido un proyectil, así que la causa más obvia del accidente es mecánica.

Cabe formular como hipótesis que una mano criminal haya averiado la nave para provocar la muerte de sus tripulantes; también existe la teoría de un acto de negligencia mecánica.

Esta es la pregunta que el fiscal investigador del caso deberá despejar: ¿provocación o negligencia?

En cualquier caso, las pistas apuntan hacia el taller responsable de dar mantenimiento al helicóptero: Rotor Flight Services, cuyo propietario es José Antonio Vázquez Torales y cuyos mecánicos responsables en Puebla son Ricardo Montiel y Mario Gutiérrez.

Aquí algunas interrogantes que el fiscal debe resolver:

1. En 2013 la empresa Eolo Plus entregó la operación del helicóptero a la compañía Servicios Aeroportuarios del Altiplano (SAASA). ¿Por qué entonces Eolo Plus no compartió las bitácoras de la nave correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013?

2. ¿Qué ocurrió con el daño detectado en el motor de esa nave a finales del año 2017?

3. ¿Cambió Rotor Flight Services —el taller contratado por el gobierno de Puebla para dar mantenimiento a esa nave— el motor o la parte del motor que presentaba daño? ¿Cuándo sucedió esa reparación?

4. ¿Por qué, después del accidente, la tuerca que sujetaba el rotor principal de la nave mostró evidencia de sobrecalentamiento? (Ese estado de la pieza sólo puede explicarse si el helicóptero despegó teniendo suelta esa tuerca fundamental).

5. ¿Cuándo fue la última vez que Rotor Flight dio mantenimiento al rotor del helicóptero? ¿Por qué los encargados del taller, Montiel y Gutiérrez, permitieron que el helicóptero viajara con ese presunto desperfecto?

6. Erika Alonso y Rafael Moreno no solían volar juntos. ¿Por qué ese día cambiaron su rutina?

7. El capitán Ulises Salas y el capitán Marco Tavera eran los responsables de volar la nave y, sin embargo, de última hora, Roberto Cope, que era el director de servicios logísticos del gobierno de Puebla —y por tanto el jefe de ambos— instruyó a Salas para que se fuera a descansar. ¿Por qué Cope piloteó el helicóptero ese 24 de diciembre?

8. ¿Sabían Salas y Tavera del desperfecto en el motor que presentó el helicóptero un año antes? ¿Lo sabía Roberto Cope? ¿Tenían información estas tres personas sobre la reparación realizada al motor? ¿Conocían sobre el mantenimiento que recientemente los empleados de Rotor Flight le habían hecho al rotor?

9. Rotor Flight Services —sus dueños y sus mecánicos— deberían ser parte central de la investigación. ¿Por qué el gobierno de Puebla no ha suspendido todavía el contrato de mantenimiento con esta compañía?

10. ¿Por qué Rotor Flight Services mantiene oficina dentro del hangar del gobierno de Puebla?

11. ¿Por qué Rotor Flight Services participa en la organización de la información solicitada por la fiscalía?

12. ¿Quién era el verdadero dueño del helicóptero accidentado?

13. ¿Por qué los dueños de Eolo Plus, (Juan Armando Hinojosa Cantú y Ariel Zeev Picker Schatz), transfirieron en 2013 la operación de la nave a SAASA, (cuyos propietarios son los tlaxcaltecas, Rafael y José Antonio Torre Mendoza)?

14. ¿Qué relación tenía el ex gobernador Moreno Valle con los hermanos Torre Mendoza?

15. ¿Hubo conflictos de interés entre los dueños del helicóptero, los pasajeros, los operadores, los responsables del taller o el director de servicios logísticos?

ZOOM: El accidente de Puebla tiene detrás un largo caudal de corrupción. Los intereses políticos deberían dejar de interponerse, mientras se resuelven las diversas líneas de investigación.
www.ricardoraphael.com

El Universal
Ricardo Raphael
Ciudad de México
Lunes 4 de marzo de 2019.


En una carta publicada en sus redes sociales, Othón Muñoz Bravo aseguró que ni es huachicolero ni su apodo es “El Cachetes”, además acusó que las armas y drogas que encontraron en su casa fueron “sembradas” para usarlo como “botín político” por el gobierno estatal, en ese momento a cargo de Antonio Gali Fayad.

Detenido el 20 de agosto de 2017, Muñoz Bravo exhibió un documento que da cuenta que, desde el 31 de mayo de 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo incluyó a él y a su familia en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

“No soy un líder huachicolero y ni me apodo el Cachetes”, sostuvo en su carta el empresario gasolinero, quien fue acusado de vender combustible robado a Pemex, en su cadena de estaciones que ahora funcionan bajo una franquicia propia de nombre “Max Fuel”.

Sin señalar nombres, aseguró que las acusaciones en su contra fueron fabricadas a través de la Fiscalía General del Estado y que su detención sirvió a “intereses” de las autoridades en turno.

“Los que orquestaron el operativo, me sembraron drogas y armas para salir victoriosos y ocuparme como un botín político. Es decir, las autoridades en turno me fabricaron un chaleco a la medida que les ha servido a sus intereses, así como de apodarme ‘El Cachetes’”, asienta en su carta.

El empresario dijo que en el operativo realizado en su casa la madrugada del 20 de agosto de 2017 también estuvieron presentes elementos de la Marina Armada de México, aunque éstos no intervinieron.

Agregó que debido a este operativo llevado a cabo en su domicilio, así como al hecho de que el agente del Ministerio Público de la FGE, Ehécatl Antonio Herrera Cruz, desacató un amparo que ordenaba la suspensión de esa diligencia, el gobierno federal les otorgó el año pasado cédulas que los ubican a él y a su familia como víctimas.

Con este escrito, Muñoz Bravo anexó el oficio firmado por Federico Herrera Montalvo, en ese momento director del Renavi, en el que se acuerda su inscripción como “víctima directa de delito” con el número RENAVI/16777/2018.

Apenas hace unos días se dio a conocer que un juez federal sentenció al empresario a pasar 3 años y 10 meses de prisión y una multa de 6 mil pesos, la cual fue conmutable por una cantidad no revelada, por lo que ya no tuvo que retornar a prisión.

La detención de Muñoz Bravo, ubicado como parte del negocio de los huachicoleros, generó escándalo en su momento por su relación cercana con el panismo poblano y con el exgobernador Rafael Moreno Valle, ahora fallecido, así como por su participación como financiador de campañas del PAN, en particular la del exsenador Javier Lozano Alarcón.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 4 de marzo 2019.


Moreno Valle y “El Cachetes” caso emblemático de complicidad PRI y PAN para saquear a Pemex.


En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, uno de los principales capos de la ordeña de gasolina en Puebla pactó con la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- declararse culpable por un decomiso de armas y nunca fue acusado de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", empresario poblano a quien se le vinculó con la venta de huachicola, negoció con la PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

En agosto de 2017, en un operativo especial de la Marina se logró decomisar dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, dos gasolineras le fueron clausuradas.

"Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible", celebró en aquella ocasión el entonces Gobernador de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad.

"El Cachetes" tuvo vínculos con dirigentes del blanquiazul en Puebla como el propio ex Gobernador Rafael Moreno Valle y con jueces como el Magistrado Carlos Loranca Muñoz, quien fue destituido meses después.

Tras su captura y luego de algunos meses de estar encarcelado, Othón Muñoz Bravo se acercó en agosto pasado a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negociar un procedimiento abreviado en el cual ofreció declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa a cambio de una pena mínima.

Dicha terminación anticipada del proceso está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Conforme a la reducción de sanciones solicitada por el Ministerio Público de la Federación, se imponen a Othón Muñoz Bravo las penas de 3 años 10 meses de prisión y multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos", señala la sentencia dictada el pasado 8 de agosto.

La dependencia federal aceptó entonces que un juez de control federal de Puebla sentenciara al empresario gasolinero por portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Información del Poder Judicial de la Federación indica que "El Cachetes" se acogió al beneficio de la condena condicional, prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

El día de su captura las autoridades señalaron a "El Cachetes" por presuntos vínculos con Antonio Martínez Fuentes "El Toñín", líder de una banda dedicada al robo de combustible en el Triángulo Rojo, ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múltiples menciones, hasta donde se tiene conocimiento, "El Cachetes" nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar el cambio de medida cautelar, el 30 de octubre de 2017 obtuvo la libertad provisional, con la obligación de acudir a firmar cada 15 días al juzgado y cubrir una garantía de 1 millón de pesos.

Un huachicolero de peso

Othón Muñoz Bravo es vinculado con los huachicoleros que operan en Puebla, mediante la red de gasolineras que opera en la entidad.

Pese a ello, al menos cuatro gasolineras de su propiedad fueron regularizadas en el Municipio de Puebla y hoy operan con la marca MaxFuel, tras la cancelación de las antiguas marcas, aunque sigue recibiendo combustible de Pemex.

En enero del 2018, tras la revelación de una fotografía en la que Muñoz aparecía en un convivio con Javier Lozano y el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz, este último fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Aunque legisladores urgieron a investigar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y reabrir la indagatoria contra "El Cachetes", el tema quedó archivado.

El año pasado, "El Cachetes" reapareció en una reunión privada convocada por Mario Marín para respaldar las aspiraciones de los candidatos priistas a diputados federales: Ramón Fernández, por el distrito 11 en Puebla y Ricardo Urzúa, por el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente dejó varias mantas amenazantes en contra de "El Cachetes".

"El CJNG respeta al Gobierno, nosotros no ponemos mantas en contra de ustedes vamos por ti Otton alias El Cachetes y Bukanas, dejen de poner mantas (sic)", decía las dos mantas que fueron colocadas en zonas distintas de Puebla.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.

Salvador Camarena

La Auditoría Superior de la Federación anunció el viernes que daría reversa a su decisión de ocultar los nombres de personas físicas y morales que formen parte de una investigación. Esa medida supone una buena noticia para la ciudadanía, lo que es decir para la propia ASF y el gobierno en general.

Como se publicó en este y otros espacios, desde el miércoles pasado se denunció que a diferencia de otros años, la cuenta pública de la ASF correspondiente al ejercicio de 2017 carecía de detalles que permitieran identificar a todos los investigados por presuntas irregularidades.

El que la ASF haya decidido volver al formato original apuntala el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los dineros públicos. Asimismo, empodera a la sociedad al permitir que esta haga su propia tarea de observación, exigencia de más información y, en su caso, de denuncia. Y no sólo en temas donde se presuman desvíos o ilegalidades. Va un ejemplo.

La semana pasada, periodistas del portal Mexico.com dieron a conocer una estupenda investigación. Revelaron las diez asociaciones civiles (es un decir) que más donativos recibieron por parte del gobierno (es otro decir) de Enrique Peña Nieto. Entre las consentidas del ex pululan exfuncionarios y priistas. Qué raro, ¿verdad?

Así, la opinión pública supo que con más de 800 millones de pesos, la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes AC, ligada a Ricardo Salinas Pliego, fue la entidad que más donativos recibió. Y en segundo lugar aparece un grupo denominado Poder Cívico, AC, que es presidida por el excónsul de México en San Francisco, efímero embajador en la UNESCO y exfuncionario en tiempos de Zedillo. A esta asociación se le dieron, desde Conaculta-Secretaría de Cultura, 180 millones de pesos para realizar el evento conocido como La Ciudad de las Ideas.

Saúl Hernández, periodista de Mexico.com, documentó que de 2013 a 2018 el gobierno federal donó esos 180 millones de pesos para esa iniciativa de particulares, también ligada a TV Azteca. La entrada más barata a ese evento cuesta, en preventa, mil 500 pesos, misma que da derecho a escuchar las conferencias de tres días; la más cara 13 mil pesos.

Pero Hernández revela además que Poder Cívico reportó a Hacienda que, tan solo durante cuatro años (de 2014 a 2017), la AC ligada a Roemer obtuvo donativos por 382 millones de pesos, y de ellos hay 150 millones de pesos que provienen de entidades gubernamentales que no son la Secretaría de Cultura federal (en su momento el Conaculta).

¿Quiénes serán esas otras entidades que donan a Poder Cívico? Y sobre todo, por qué el gobierno federal, por un lado, y las otras desconocidas entidades públicas decidieron darle cientos de millones de pesos a la asociación de Roemer y no a otra. ¿Por qué gastarlo en eso y no en hospitales o universidades?

Como en estos tiempos perdimos la dimensión de los dineros, en uno de los reportes de Poder Cívico a Hacienda –conseguidos por Hernández–, Roemer señala que para el ejercicio fiscal de 2016, los gastos de operación del proyecto fueron de 94 millones 636 mil 992 pesos.

Poder Cívico, que no tiene personas asalariadas y que trabaja con voluntarios, tiene como actividad principal el evento La Ciudad de las Ideas. Entonces, demos por bueno que eso (casi cien millones de pesos) es lo que cuesta organizar La Ciudad de las Ideas en Puebla.

Bueno, con una cantidad más o menos similar, la Universidad de Guadalajara monta cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que convoca cada año a más de 800 mil personas. Por cierto, los donativos en el mismo periodo de Conaculta/Secretaría de Cultura a la UdeG para la FIL no son ni la vigésima parte de lo que la Federación le dio a Poder Cívico.

Al arribo de un nuevo titular en la presidencia de la República ha sobrevenido una avalancha de cambios. Andrés Manuel López Obrador ha prometido que su gobierno ya no dará dinero a organizaciones, que los apoyos se darán directamente a los beneficiarios. Ese volantazo podría generar algunos daños, como el que padecerán las madres beneficiarias de Estancias Infantiles.

También se quedarían sin dinero público entidades que ni siquiera sabíamos que tenían decenas de millones de pesos en 'donativos' gubernamentales.

Sería buenísimo que Poder Cívico informara quién más le dio dinero público, a cambio de qué, bajo qué proceso de negociación; que Roemer diera a conocer igualmente los entregables que justificaran esos montos, las facturas correspondientes, incluidos viáticos, etcétera.

Porque si se trata de defender que el gobierno siga una política de apoyos, una cosa es apoyar instancias que ayudan a madres trabajadoras, y otra venir a descubrir que como funcionario público (y después), Andrés Roemer gozaba de los favores de EPN.

El Financiero
Salvador Camarena
Ciudad de México
Lunes 25 de febrero de 2019.


El exgobernador Antonio Gali Fayad descartó que su hijo Antonio Gali López busque la candidatura al gobierno del estado en las elecciones extraordinarias del próximo 2 de junio.

En entrevista en la Ciudad de México, el exmandatario reconoció que las tendencias electorales en Puebla, al arranque de la contienda, marcan una clara ventaja para Morena, por lo que estimó “complicado” que el Partido Acción Nacional (PAN) logre revertirlas.

Luego de ocurrida la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre, Gali Fayad aseguró que el “mejor homenaje” que se podía rendir a ambos era que el PAN volviera a ganar los comicios por la gubernatura.

Incluso se reunió con dirigentes de los partidos aliados al morenovallismo, lo que fue interpretado como una posibilidad de que tomaría el liderazgo del grupo político que quedó en la orfandad tras el fallecimiento de su creador.

Sin embargo, en la entrevista de este miércoles Gali Fayad dejó en claro que no tomará la batuta para reagrupar al morenovallismo en el marco de la contienda electoral. “Me veo como un exgobernador, como un expresidente municipal”, aclaró.

Y puntualizó que su hijo, a quien se mencionó como posible candidato a gobernador, había tomado la decisión de no participar en las elecciones.

El exmandatario reapareció este día como consejero honorario del Smart City Expo Latam, evento cuya sede volverá a ser esta ciudad, del 1 al 4 de julio.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 20 de febrero de 2019.

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