La SCT informó que aún no hay conclusiones finales para determinar qué originó la caída de la aeronave en la que perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Martha Erika.


Ciudad de Puebla. - A ocho meses de la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) investigará si el mantenimiento del rotor principal fue el adecuado, razón por la que pidió indagar el trabajo de la empresa que se encargaba de esta labor, Rotor Flight Services.

En un comunicado de prensa este martes, la dependencia federal dio a conocer que aún no hay conclusiones finales para determinar qué originó la caída de la aeronave en la que perdieron la vida los esposos y exgobernadores de Puebla además de otras tres personas el 24 de diciembre del 2018.

Lo que falta descartar es si el rotor principal recibía buen mantenimiento, tal como marca el fabricante Leonardo Helicopter Divison (LHD).

"De los trabajos de inspección hechos al Rotor Principal (instalación del Mass Vibration Absorber y tijera rotativa), se determinó que se deberá analizar si los trabajos de mantenimiento realizados a estos componentes se apegaron a los procedimientos establecidos por el fabricante Leonardo Helicopter Divison (LHD)", se lee en uno de los párrafos del boletín.

De ahí, la SCT detalla las labores que han realizado especialistas de Estados Unidos, Canadá e Italia en estas investigaciones para saber por qué se desplomó el helicóptero Agusta en el que viajaban los panistas de Puebla a la Ciudad de México.

Tanto los motores como otros componentes de la aeronave han sido analizados, pero no se encontraron actividades inusuales.

En el caso de 2 de las 4 luces del master warning y master caution, se identificó que éstas estuvieron encendidas antes del impacto, pero aún no se determina en qué momento del vuelo se iluminaron debido a que la memoria interna se quemó al momento del impacto.

El gobierno federal ha dado a conocer que la caída del helicóptero fue inusual y al piloto no le dio tiempo de avisar a la Torre de control, pero no hay elementos para determinar si se trató o no de un atentado.

La muerte de los Moreno Valle-Alonso terminó con una era política en Puebla y este vuelco permitió que por primera vez que la izquierda gobierne en Puebla.

Expansión
Elvia Cruz
Ciudad de Puebla
Martes 13 de agosto de 2019.


José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud en la administración de Mario Marín Torres y quien se convirtió en el primer marinista detenido por la administración de Rafael Moreno Valle, tras siete años de persecución, ganó la batalla legal que lo llevó a estar encarcelado cerca de un año.

Este miércoles, a unas horas de que tome protesta Miguel Barbosa Huerta, se confirmó que el exfuncionario obtuvo una sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo publicado por el periodista poblano Armando Álvarez, la sentencia quita a Alfredo Arango la sanción de mil 904 millones 448 mil y su inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Lo anterior debido a violaciones a los derechos humanos a retrasar injustificadamente la emisión de la sanción por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La historia

Durante su campaña el primer gobernador emanado del PAN en Puebla prometió combatir la impunidad, por lo que tres días antes de que rindiera su primer informe de gobierno, durante la madrugada del 12 de enero de 2012 el exfuncionario fue detenido en su domicilio.

Horas más tarde, Víctor Carrancá Bourget, entonces procurador y aún hoy fiscal (con licencia) general del estado, anunciaba que la orden de aprehensión se libró desde el jueves 5 de enero y se hizo efectiva luego de que el juez octavo otorgó una orden de registro.

Dentro del proceso judicial 11/2012 al marinista se le acusaba de un enriquecimiento ilícito por un monto de 54 millones de pesos, desfalco por el cual también podría ser castigado con dos o hasta 11 años de prisión por no comprobar el origen de sus propiedades.

Con un Arango detenido, conforme continuaba el proceso siguieron apareciendo acusaciones en su contra, según comprobó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Uno de ellos fue por el uso de 60 millones de pesos del Seguro Popular para el pago de la seguridad social, retiro y seguros privados de la burocracia.

El informe también advirtió del pago a aviadores por 26 millones de pesos, y la compra de medicamentos no autorizados y con sobreprecio. En total, la ASF estima un daño probable al erario por un total de 89 millones de pesos.

Al informe se le sumaría el señalamiento por el subejercicio del 43 por ciento de los recursos destinados al cuidado de la salud de los poblanos, “ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 1 mil 084 millones 263 mil pesos”.

El funcionario pasaría más de un año en prisión y conforme continuaba el proceso, el exfuncionario acumularía sanciones por daño patrimonial y administrativo en su cuenta pública de 2010, hasta llegar a sumar 13 mil 317 millones de pesos.

Sin embargo, a través de varios recursos Arango García lograría reducir y ajustar las sanciones, siendo en 2017, casi al finalizar el periodo de Moreno Valle cuando lograría el reajuste más significativo gracias a un recurso de revocación que interpuso en octubre de 2016.

Ante un Congreso morenovallista, el marinista logró que la sanción económica se redujera a 1 mil 723 millones 743 mil 143 pesos, quedando obligado a restituir 2 mil 585 millones 614 mil 715 pesos, más una inhabilitación de 12 años.

Pese a ello y tras el fallecimiento de Moreno Valle y la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, este miércoles la autoridad judicial determinó que los injustificados retrasos de la Auditoria Superior el Estado (ASE) -que hasta hace unos días encabezó el morenovallista David Villanueva Lomelí-, para emitir una sanción constituyeron una violación a los derechos humanos de Arango por lo que las sanciones quedan sin efecto.

Cabe recordar que después de Arango, continuó la “limpia” morenovallista la cual apuntó a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; David Villa Issa, ex subsecretario de Finanzas y Administración; Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la administración marinista e incluso Víctor Manuel Hernández Quintana, entre otros.

De todos ellos Javier García Ramírez fue el único que libró cualquier proceso en su contra pues hasta la fecha es un prófugo de la justicia.

Periodismo Hoy
Ciudad de Puebla
Miércoles 31 de julio de 2019.


Una empresa oaxaqueña acusó de fraude a Juan Carlos Alonso Hidalgo, hermano de la fallecida gobernadora Martha Erika, debido a que en 2008 obtuvo un préstamo por casi 3 millones de pesos que luego se negó a pagar.

El préstamo que se hizo a Alonso Hidalgo y a Óscar Gonzalo Zoletto Cabrera, su socio, fue con ahorros de los habitantes de Huautla de Jiménez, comunidad indígena mazateca localizada en el estado de Oaxaca.

Según la carpeta de investigación 14674/2019/Zona Centro, radicada en la Fiscalía General del estado de Puebla, el pasado 26 de julio el abogado y apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Finahcred, también acusó al cuñado de Moreno Valle y a su socio de usar una empresa fantasma para obtener ese crédito.

De acuerdo con la denuncia, Alonso Hidalgo y Zoletto se presentaron ante Finahcred como representantes de la empresa Altepec S.A. de C.V. y solicitaron un préstamo con la promesa de que lo pagarían en un mes, con un interés de 3.5%.

Además, aseguraron a los directivos de la caja de ahorros que en pocos meses podían hacer crecer a Finahpred, porque su empresa, Altepec, supuestamente suministraba materiales al gobierno de Puebla y tenían relaciones políticas.

El apoderado legal de Finahcred expuso que la sociedad mercantil logró reunir 2 millones 985 mil pesos que entregó, a través de un cheque, a Alonso Hidalgo y a Zoletto. La operación se realizó en una cafetería ubicada sobre la avenida 31 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, en la capital poblana, el 27 de septiembre de 2008.

El 28 de diciembre del mismo año venció el plazo para el pago del monto prestado, pero los supuestos empresarios no cumplieron. Desde ese entonces, la caja de ahorros hizo múltiples requerimientos sin obtener respuesta, y en 2010 interpuso una demanda mercantil en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, que quedó asentada en el expediente 1280/2010.

El 19 de abril de 2012 se dictó una sentencia definitiva a favor de Finahcred, y en marzo de 2013 se determinó que Altepec, que aparecía como deudora del préstamo, debía pagar 7 millones 467 mil pesos.

Sin embargo, al buscar a la empresa para requerirle el cumplimiento de la sentencia, se comprobó que no existe, pues no hay rastro de ella en el Registro Catastral de Puebla y tampoco en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se pidió fincar responsabilidades en contra de Alonso Hidalgo y de su socio.

A través del representante legal de Finahpred, identificado como Sergio N, los pobladores de Huautla de Jiménez han tratado de recuperar sus ahorros sin éxito, por lo que decidieron hacer público su caso.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 30 de julio de 2019.


Pillaje, abuso de poder, corrupción, incapacidad administrativa, las constantes en el periodo de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali


El número de expedientes reservados por las unidades de transparencia del gobierno del estado de Puebla se disparó de 94 a 3 mil 381, de 2015 a la fecha, lo que significa un incremento del 3 mil 350 por ciento, según se desprende de decenas de solicitudes de información hechas por e-consulta.

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) es la instancia que más expedientes de reserva tiene vigentes, con 3 mil 291, correspondientes a obras educativas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales datan del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Documentos de este tipo que están vigentes en otras dependencias son los contratos con la armadora y la construcción de las plataformas de Audi, las bitácoras de helicópteros en los que volaron Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, documentación de la Línea 1 y el proyecto de la Línea 3 de RUTA, la auditoría al predio vendido de Puebla Comunicaciones y la ubicación de los terrenos comprados por el Organismo Descentralizado Ciudad Modelo, entre otros también relacionados con las dos anteriores administraciones estatales.

El Capcee reserva más de 3 mil documentos

De mayo de 2017, aún en el gobierno de José Antonio Gali, a enero de 2019 el Capcee clasificó 3 mil 381 documentos relacionados con obras educativas en proceso de auditoría, algunas de las cuales se relacionan con la reconstrucción por el terremoto de septiembre de 2017.

Las obras datan de los años 2015 y 2016, los últimos dos de Rafael Moreno Valle, así como de 2017 y 2018, correspondientes al periodo de Gali Fayad.

En marzo de 2016, e-consulta publicó que el gobierno del estado tenía pendiente la solventación del gasto de 83.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) e incurrió en un posible daño a la Hacienda Pública Federal por no aplicar este recurso correctamente.

La ASF requirió a la administración estatal esclarecer el destino del dinero, mientras que la Contraloría del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró varios expedientes entre estos el CPCE 005/2015, el cual se encuentra en la lista de los miles de reservas de información que acordó el organismo.

Otra obra auditada por la federación y cuyo contenido se encuentra reservado es la correspondiente al expediente CAPCEE-ARREND-003/2017-FED, relacionado con la construcción de aulas móviles para atender a escuelas afectadas por el sismo de 2017 en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan.

Los más de 3 mil expedientes reservados por periodo de cinco años entre 2017 y 2018 corresponden a las gestiones de los ex directores del organismo, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León, Jorge Benito Cruz Bermúdez, hoy magistrado del Tribunal Superior de justicia y Gustavo Guzmán Fernández.

El Capcee cuenta con el mayor número de reservas de información en los últimos cuatro años respecto a cualquier dependencia del gobierno estatal.

En 2015 el número de documentos reservados en toda la administración estatal alcanzaba los 94 y un año antes fueron 56.

El número total de expedientes de reserva vigentes hasta junio de este año alcanza los 3 mil 381, es decir se incrementó más de 3 mil por ciento en los últimos cuatro años.

Proyectos controvertidos de RMV bajo llave

Las obras clave y polémicas del sexenio de Rafael Moreno Valle también fueron reservadas entre 2017 y 2018 por un periodo de cinco años.

Por ejemplo, de los 18 expedientes de reserva con los que cuenta la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) destacan los relacionados con la construcción de las Plataformas de Audi, obra que se hizo bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), con un costo de 5 mil millones de pesos a pagarse en 5 años.

Para el pago de estas obligaciones financieras están comprometidos los recursos del Fideicomiso del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN.

Reservan información sobre predio de Puebla Comunicaciones

Asimismo, entre los cinco expedientes de reserva de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) destaca la auditoría al predio que fue vendido de manera irregular a un particular en las instalaciones de Puebla Comunicaciones, así como las bitácoras de vuelo de los helicópteros en los que viajaba el ex mandatario.

También está reservada la información relacionada con la póliza del Seguro contra Desastres Naturales, contratada en aquel sexenio.

Por su parte, el Organismo Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla (CCP) reservó cuatro expedientes por periodos que van de dos a cinco años, entre los que destacan los documentos de la Línea 1 de la Red Urbana y de Transporte Articulado (RUTA).

Bajo llave se encuentra el aforo vehicular en el Segundo Piso de la autopista México-Puebla y los pormenores de la licitación del Tren turístico a Cholula, obra que ya opera de manera gratuita.

Reservan predios de Ciudad Modelo, contratos con Audi y Agua de Puebla

El Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, que administra un “pueblo fantasma” y cuya creación fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los municipios de Soltepec y Mazapiltepec, reservó dos expedientes por cinco años.

El primero se relaciona con los estudios de factibilidad para convertir a Ciudad Modelo en una nueva zona económica, y el segundo tiene que ver con la ubicación de predios adquiridos por el OPD.

En tanto la Secretaría del Trabajo, Competitividad y Desarrollo Económico (Secotrade) clasificó por cinco años los contratos de desarrollo entre el gobierno estatal y las armadoras alemanas Audi y Volkswagen.

En la opacidad se encuentra el contrato celebrado entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y la empresa Agua de Puebla para el cobro del servicio.

Asimismo, una reserva por cinco años hecha por el organismo Convenciones y Parques está vigente y se relaciona con la documentación de las franquicias de cafeterías y restaurantes adquiridas por el organismo.

Obras de Gali opacas

Las obras emblemáticas y polémicas del periodo de 22 meses de José Antonio Gali que fueron el proyecto de la Línea 3 de RUTA y la construcción del Parque del Cerro de Amalucan fueron reservadas por la SIMT por cinco años.

Ese mismo periodo de reserva mantienen las obras de mejoramiento de la Avenida Juárez, las cuales tras su inauguración se inundaron en marzo de 2018.

Reservados expedientes de seguridad y contratos con empresa de espectáculos

La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 17 expedientes de reserva por un periodo de cinco años relacionados con el número de policías, de bomberos y patrullas con los que cuenta la corporación estatal.

También está reservado el número de custodios en los penales del estado y el número de agentes adscritos a la seguridad privada de ex funcionarios.

En los expedientes revisados destacan los contratos que hicieron la Secretaría de Desarrollo Social, Puebla Comunicaciones y la Secretaría de Cultura y Turismo con la empresa Proveedor Creatividad y Espectáculos SA de CV.

Según la información consultada, en total son 24 las secretarías o dependencias en el estado que cuentan con al menos un expediente de reserva vigente.

e-consulta
Efraín Núñez
Domingo 28 de julio de 2019.


La Fiscalía General de Puebla desechó investigar si se cometió el delito de desaparición de pruebas, por cremar los cuerpos de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle, a las pocas horas de haber ocurrido el percance aéreo en el que perdieron la vida.

En respuesta a una denuncia presentada por los ciudadanos Guillermo Medina Álvarez y Nils Juan Skoglund Benito, la agente del Ministerio Público adscrita a Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción, Silvia Emilia Marrufo, decretó el no ejercicio de la acción penal persecutoria.

En el resolutivo, la agente señala que no se cuenta con datos de prueba para tener demostrado que se cometió un delito en los hechos denunciados.

Peralta Merino relata que la notificación fue expuesta a los dos denunciantes de manera personal el pasado martes, sin que se les permitiera la presencia de abogado y sin que se les dejara tomar nota de los fundamentos argumentados por la Fiscalía.

Explica el abogado que uno de los argumentos que expuso la agente del Ministerio Público es que a los denunciantes no les constaba que la cremación hubiera ocurrido, lo cual pone en entredicho los propios hechos que hasta ahora son públicos.

El 4 de enero, ambos ciudadanos, representados por el abogado Alberto Peralta Merino, acudieron ante la Fiscalía para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por el delito que se señala en el Artículo 421, fracción XXXIV, del Código Penal del Estado de Puebla.

Este apartado se refiere a los delitos que afectan la procuración y administración de la justicia, entre los cuales se encuentra el “alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”.

Necropsia inusualmente rápida

De acuerdo a los denunciantes, este delito se configuró al momento que se procedió a cremar los cuerpos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, a menos de 24 horas de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban.

En entrevista, el abogado Peralta Merino recuerda que ese día, de manera inusual, las necropsias a los cuerpos de los dos políticos poblanos, al del asistente de Moreno Valle y de los dos pilotos, fueron realizadas en un lapso de menos de 12 horas.

Luego de este procedimiento, los cuerpos fueron llevados a una funeraria, donde fueron incinerados.

La cronología del percance señala que la caída del helicóptero ocurrió alrededor de las 14:40 horas del 24 de diciembre y los cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo) a las 22:00 horas de ese mismo día.

Poco después de las 9:00 horas del día 25 salieron de ese lugar para llevarlos a la Funeraria Valle de los Ángeles, y para las 13:00 horas se inició el procedimiento de cremación.

A las 16 horas, las urnas con las cenizas de la mandataria, el senador, el asistente de éste y los dos pilotos que tripulaban la aeronave llegaron a la Plaza de la Victoria, donde se les hizo un homenaje póstumo.

El abogado asegura que el funcionario que autorizó que los cuerpos fueran incinerados cometió un delito, ya que con esto pudieron desaparecer elementos que podrían ahora ser necesarios en la investigación sobre la muerte de las cinco personas que viajaban en la aeronave.

Este hecho, sostiene, tiene mayor relevancia si las autoridades y expertos que están a cargo del peritaje sobre la aeronave confirman que no había desperfecto alguno en el helicóptero Agusta.

“Los cuerpos no debieron ser cremados, debieron conservarse por si era necesario ahondar en las investigaciones, pero principalmente porque son vestigios de un hecho que aún está bajo investigación y que podría ser delictuoso”, explica.

Peralta reitera que el o los funcionarios de la Fiscalía que autorizaron la incineración de los cuerpos cometieron el delito de desaparición de pruebas.

Aclara que, aunque los familiares de las víctimas hubieran pedido este procedimiento, la autoridad estaba obligada a negar la cremación, pues con ello desaparecieron los restos de las cinco personas que viajaban en la nave que forman parte de una averiguación en trámite.

Peralta Merino señala que estos días presentará una impugnación al resolutivo del no ejercicio decretado por la Fiscalía.

Los ciudadanos denunciantes señalan que, además, esta premura por cremar los restos de los dos políticos ha sido uno de los factores que ha abonado a la creencia entre la mayoría de los poblanos, de que tanto Moreno Valle como Alonso Hidalgo siguen vivos.

Indicaron que la conservación de los cuerpos era importante, pues a siete meses de la caída del helicóptero no se han descartado que el percance se haya tratado de un atentado.

“Qué tal si fueron envenenados o si les dieron un somnífero, si en el transcurso de las investigaciones surgen elementos para sustentar esa hipótesis, ¿cómo podrían ahora hacer las pruebas procedentes a los cuerpos, si ya no existen?”, expresó uno de los demandantes.

Fiscal defiende la decisión

Al ser cuestionado sobre esta denuncia, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que la decisión sobre cremación fue tomada por los familiares, luego de que el MP cumplió con los requisitos previos, como lo es la identificación y la necropsia, antes de proceder a la entrega de los cuerpos.

“Está más que probado que las decisiones que tomó el agente del Ministerio Público están totalmente sustentadas. Hubo los elementos para que se tomará esa decisión: la identificación y la práctica de la necropsia”, sostuvo el fiscal.

Cabe recordar que las necropsias de las cinco víctimas fueron clasificadas en reserva por un periodo de cinco años.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Jueves 25 de julio de 2019.


La mentalidad abusiva de Moreno Valle, nunca contempló el agua como un bien social, sino como como un bien susceptible de apropiárselo.


La regidora Patricia Montaño alertó que la serie de auditorías que se solicitaron también incluyen la revisión de la conformación legal de la empresa.

La conformación de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, previo a la emisión del fallo de la concesión para operar el servicio de agua potable en Puebla y la cesión de derechos a su favor por parte de las compañías que la crearon, abren la puerta a la revocación del contrato.

El artículo 441 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla establece una presunta irregularidad en la acción efectuada el 26 de diciembre por Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV.

El apartado indica que las concesiones “no podrán ser objeto en todo o en parte” de sub concesión, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto jurídico por el que una persona distinta al que la posee, goce de los derechos de la misma.

En caso de que así suceda, se constata en el segundo párrafo del artículo de referencia que la concesión “será nula de pleno derecho y el concesionario perderá en favor del municipio”.

Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV crearon Concesiones Integrales SA de CV el 5 de diciembre de 2013, 21 días antes de que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), emitiera el falló para adjudicar la concesión, según consta en el acta pública de ingreso al Registro Público del Comercio.

En el documento, en poder de El Popular, diario imparcial de Puebla, esas tres compañías aparecen como integrantes de la sociedad.

En ese mismo registro queda asentada la fecha “05/12/13” como dato de creación de la sociedad, aunque su ingreso al Registro Público de la Propiedad ocurrió hasta el 9 de enero de 2014.

Incluso, en el rubro de “objeto social principal” se especificó a la autoridad que la empresa se creó para operar la concesión, resultado del proceso de licitación SOAPAP-LPIC-001/2013, pese a que su fundación ocurrió antes de que el SOAPAP reconociera a las tres firmas como ganadoras del concurso.

El 26 de diciembre, Agua de México SA de CV, EPCCOR Servicios SA de CV y Tecnología Intercontinental SAPI de CV, cedieron los derechos a Concesiones Integrales contrario a lo dispuesto en el artículo 441 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.

El equipo de la regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, detectó que la acción de las ganadoras del contrato contraviene la legislación y advirtió un probable razonamiento para revocar.

“No obstante, existe la duda razonable respecto a la constitución de la persona moral Concesiones Integrales, SA de CV, toda vez que, a pesar de haber sido creada para el cumplimiento del objeto específico respecto a la operación de la concesión (…), es cierto que a la fecha de su constitución no había sido emitido el fallo a favor del consorcio de empresas,” se explicó.

“Existen dudas razonables respecto a la cesión de los derechos del fallo de la licitación por no poder comprobar que dicho consorcio y Concesiones Integrales se tratan de la misma persona jurídica,” se añadió.

Igualmente alertaron que no hay documentación disponible que permita determinar si Concesiones Integrales es la misma persona legal que obtuvo la concesión o diferente a las participantes.

La regidora Patricia Montaño alertó que la serie de auditorías que se solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también incluyen la revisión de la conformación legal de la empresa que actualmente opera la concesión.

De acuerdo con el acta inscrita en el Registro Público del Comercio de fecha 30 de abril de 2014, en asamblea efectuada el 23 del mismo mes, los integrantes de Concesiones Integrales decidieron modificar el tipo social de la misma.

Así en menos de un año pasó de funcionar como Sociedad Anónima de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV).

De acuerdo con consultas hechas a especialistas en finanzas y empresas, este tipo de sociedad constituye un paso previo para colocar a la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores.

Además, permite a la empresa recibir fondos de capital privado, pero con medidas de protección para la misma.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Gabriel Biestro Medenilla declaró que el título de concesión de Agua de Puebla puede ser cancelado sin que el gobierno estatal tenga que pagar por la revocación del mismo.

El Popular
Francisco Rivas
Martes 23 de julio de 2019.


Raúl Torres Salmerón

*El inmueble será sede del Instituto de los Pueblos Originarios: Barbosa


El Gobernador Electo, Miguel Barbosa Huerta, anunció en varias ocasiones durante su campaña política del año 2019, que no viviría en Casa Puebla y reiteró que el inmueble sería la sede del Instituto Estatal de los Pueblos Originarios, que será creado durante su gestión.

Será una entidad pública que atienda y canalice de manera adecuada los requerimientos de los pueblos originarios y sus lenguas, con el fin de mantener la cultura, lengua y tradiciones de los pueblos y la sede estará en Casa Puebla.

Será, dijo, una forma de desagraviar ese lugar, donde han vivido los gobernadores y se ha ejercido el poder sin límite.

Sobre la historia de la Casa Puebla, situada en las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe, no hay publicación oficial alguna. Esta historia breve se ha recogido de diversas fuentes, algunas hemerográficas y otras de viva voz de quienes fueron testigos de su creación.

La idea original de tener una casa para recibir visitas distinguidas, con seguridad extrema, una vez que el Gobierno del Estado, a cargo del doctor Alfredo Toxqui se consolidó y desaparecieron los nubarrones de tormentas políticas que le precedieron, pues en los 12 años anteriores a su mandato, hubo seis gobernadores.

Fue inaugurada el 15 de enero de 1978, por Ricardo García Sainz, entonces Secretario de Programación y Presupuesto. Ítalo Altieri, entonces Director de Finanzas fue el encargado de comprar la casa y fue remodelada por el arquitecto Ricardo Hernández Franco, Director de Obras Públicas.

El inmueble, ubicado en Calzada de Los Fuertes sí tiene número, es el  110. La original Casa Puebla fue construida por el ingeniero Carlos I. Betancourt con estilo californiano antiguo de los años 30 y 40 del siglo pasado y al término de su mandato el Congreso del Estado se la regaló.

Entre los políticos se decía que era la Casa de las Muñecas. En el Pueblo se hablaba de la Casa de los Claveles, por el doble sentido de que se la “clavaron” del erario.

Algunas fuentes aseguran que la casa nunca la habitó Betancourt, porque se fue con su familia a vivir a la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal.

El doctor Toxqui pensó inicialmente alojar a huéspedes importantes, como el Presidente de la Republica o Secretarios de Estado y que no se hospedaran en hoteles en sus visitas oficiales a la entidad.

En la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) celebrada el año 1979 en Puebla en el CELAM, se invitó a hospedarse al Papa Juan Pablo II, quien aceptó, pero por seguridad fue trasladado a la Ciudad de México. Se quedaron a una cenar y a dormir, varios cardenales.

Entre personalidades que se quedaron en la casa de visitas estuvieron los Secretarios de Gobernación federal, Jesús Reyes Heroles y Enrique Olivares Santana.

Antes de comprarla, se contemplaron varias compras. Primero la casa de Rafael Artasánchez en la 22 Oriente y la casa de Abelardo Sánchez en la 13 Sur.

LA CONSTRUCCIÓN

La actual Casa Puebla fue construida por el ingeniero ferrocarrilero Carlos I. Betancourt, pero algunos aseguran que no la habitó, pues se fue a trabajar al entonces Distrito Federal, cuando Maximino Ávila Camacho fue Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en el sexenio del Presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), ocupó primero la Oficialía Mayor y después fue Subsecretario.

Betancourt fue gobernador, el primero de seis años de 1945 a 1951, quien luego ejercer el cargo, se fue a vivir en la Ciudad de México, murió allá.

Los diputados del naciente PRI, de la XXXVI Legislatura, de 1948 a 1951, quienes regalaron la casa al gobernador Betancourt fueron:

Por Puebla, Cipriano Munguía y Juan Salamanca Valdez; por Huejotzingo, Agustín Haro y Tamariz; por Atlixco, Virginio Ayaquica Nava; por Tepeaca, Andrés Hernández Méndez; por Matamoros, Adalberto García Aguilar; por Tecamachalco, Fidencio Sánchez López; por Acatlán, Agustín Ojeda Martínez; por Tehuacán, Enrique Mejía Castelán; por Ciudad Serdán, Humberto Araoz Flores; por Zacapoaxtla, Julio Lobato Molina; por Tetela, Mariano Cortés Vázquez; por Teziutlán, Humberto Vargas Muñiz; por Tlatlauquitepec, Adalberto E. Bonilla; por Zacatlán, Agapito Macín Lastiri y por Huauchinango, Rafael Cuevas Amador.

LOS GOBERNADORES

Una vez adquirido el inmueble, Toxqui ordenó la construcción del llamado Anexo, que consistía en sala, comedor y departamentos. Construyó oficinas, que incluían despacho, sala de juntas, baños, salón de peluquería y salones privados.

Los siguientes gobernadores, todos del PRI, no tenían casa en Puebla Capital. Guillermo Jiménez Morales logró que el gobierno federal cediera al estado una buena parte de la zona histórica de Los Fuertes para agrandar la propiedad. En la casa se hicieron adaptaciones diversas, como salones de juego, billar incluido y una bodega de vinos. También construyó una alberca en el anexo.

Después, Mariano Piña Olaya remodela la casa principal, pues con el tiempo se deterioró y coloca pinturas de museos y piezas arqueológicas protegidas por el INAH. Del estilo californiano antiguo pasó a ser de tipo mexicano, al estilo del famoso arquitecto Luis Barragán.

Manuel Bartlett no realizó mayores transformaciones, solo pequeños arreglos, incluido el helipuerto. Melquiades Morales Flores no hizo cambios mayores y aunque tenía casa en Puebla Capital, vivió su sexenio en el inmueble.

Mario Marín Torres conservó el estilo mexicano del inmueble, pero mandó construir una cancha de pasto para jugar futbol.

Quien no se midió fue el panista Rafael Moreno Valle Rosas. Gastó 66.6 millones de pesos en la remodelación de Casa Puebla, sobre todo en la zona del anexo donde invirtió en construir y remodelar la palapa, la alberca, la casa de visitas y una cancha de tenis y unos inmensos salones para todo tipo de reuniones. Mediante computadoras, mientras se ejercitaba, vigilaba la marcha de los funcionarios y sus programas de gobierno.

Con José Antonio Gali Fayad, el único cambio que realizó es que organizó los fines de semana, recorridos de visita al inmueble. Marta Érika vivió allí los diez días en que despachó como gobernadora. Guillermo Pacheco Pulido la cerró y declaró que no viviría en la casa.

Una leyenda urbana, señala que el gobernador Carlos Ismael Betancourt, tenía un salón lleno de muñecas de su esposa y sus hijas. Los ciudadanos de aquellos días, por esa razón le llamaron la Casa de las Muñecas, pero era más común el nombre de la Casa de los Claveles.

Las anécdotas, los abusos, los escándalos y los chismes, en torno a la actuación de los gobernadores, sus esposas y sus hijos, como decía un anuncio de televisión, “es otra historia”.

En fin, como escribió Gregoria de Gante (Tecali, Puebla, 1890-1975) en su poema El Valle de Puebla:

Acá están las históricas
colinas de Loreto y Guadalupe,
baluartes epopéyicos que vieron
cuando, frente al francés, nuestros mayores
con propia sangre el epitafio histórico
en las sagradas rocas escribieron:
“Viajero, di a la patria que sus hijos,
por verla grande y libre, aquí murieron”.

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Sin Límites
Raúl Torres Salmerón
Ciudad de Puebla, México
Martes 16 de julio de 2019.


•    El gobierno tiene recursos suficientes para liquidar a Agua de Puebla

•    Se mantiene la búsqueda de los equipos que intervinieron comunicaciones en los gobiernos pasados, señala

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, aseguró que el espionaje cometido en los gobiernos panistas no quedará impune y ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin precisar el número de quejas, señaló este lunes que son contra quien resulte responsable de la compra, uso y resguardo de los equipos y software para intervenir comunicaciones.

Tras acudir al informe de labores del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido en el Congreso del estado, afirmó que el gobierno estatal sigue en la búsqueda de los aparatos porque se desconoce su paradero.

Sin descartar la posibilidad de que estuvieron resguardados por el exgobernador Rafael Moreno Valle (como indicaron versiones periodísticas), indicó en entrevista que en el archivo gubernamental no hay registro de la compra de los dispositivos.

Aseveró que la operación se hizo “por fuera”, pero probablemente con recursos públicos mediante una operación “disfrazada”.

Reveló que ya habló del tema con Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la FGE, para que se dé seguimiento al caso hasta aclararlo en su totalidad.

“Yo platiqué con el fiscal general de este asunto. Se entablaron ya denuncias y la fiscalía está investigando. Y será uno de los temas, como muchos otros, que tendrán que ser investigados a profundidad para que sepamos qué fue lo que pasó, qué equipos hubo, quiénes fueron los responsables, quién los manejaba y dónde está toda esa información”, sentenció.

Cabe señalar que al final del sexenio de Rafael Moreno Valle se dio a conocer la existencia de una red de espionaje en Puebla en contra de políticos, periodistas y otros personajes públicos que habría sido financiada con recursos estatales y operada por ex agentes del ex Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Se puede liquidar a Agua de Puebla

En otro tema, Manzanilla Prieto aseguró que el gobierno del estado cuenta con los recursos suficientes para pagar la penalización por revocar la concesión a Agua de Puebla.

Ante los elevados costos que obliga a pagar el título de concesión en caso de rescisión, afirmó que se analizará la vía para evitar cubrirlos, aunque se tenga la solvencia económica.

Reiteró que la decisión sobre el servicio se tomará hasta después de que entre en funciones el gobierno de Miguel Barbosa Huerta el 1 de agosto, del cual formará parte como titular de la SGG.

En materia de seguridad el diputado federal con licencia señaló que ya arribaron al estado 2 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) para combatir principalmente el robo de trenes.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Lunes 15 de julio de 2019.


El gobernador electo de Puebla sostuvo que se determinará si existen responsabilidades


A partir del 1 de agosto el caso por las violaciones a los derechos humanos en Chalchihuapan será reabierto, advirtió Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo de Puebla.

Por separado, David Méndez Márquez, encargado de la transición en la Secretaría General de Gobierno, afirmó que sí existen condiciones para reabrir el caso en el que falleció el niño José Luis Tlehuatle Tamayo.

Tendrá que reabrirse

Barbosa Huerta sostuvo que este es un caso como el de muchos otros que tendrá que retomarse una vez que asuma como gobernador constitucional el próximo 1 de agosto.

“Es un caso de los muchos otros que tendrán que ser abiertos e investigados y determinados si existieran responsabilidades”, expuso de manera breve.

e-consulta publicó con base en una solicitud de información que a casi cinco años de que se emitió la recomendación, el gobierno estatal no ha dado cumplimiento cabal a todos los puntos recomendatorios elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que únicamente fueron sancionados seis servidores públicos de la Fiscalía relacionados con los hechos, con amonestaciones públicas o suspensión de 15 días.

Sí es posible reabrir el caso: David Méndez

El ex coordinador de campaña de Miguel Barbosa, David Méndez subrayó que sí es posible reabrir el caso Chalchihuapan, por lo que habrá una revisión puntual.

Manifestó que hay una instrucción por parte del gobernador electo para revisar todos los temas de interés público para fijar una postura al respecto.

Agregó que hasta el momento hay disposición de la administración saliente para conocer la información relacionada con los temas de la Secretaría General de Gobierno, a fin de darle seguimiento.

e-consulta
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Sábado 13 de julio de 2019.


Creadores de la serie 'Populismo en América Latina' son multados


También se infraccionó al senador Emilio Álvarez al vulnerar el periodo de veda electoral

 
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó infracción del senador Emilio Álvarez Icaza, al considerar que una publicación en Twitter del 2 de junio constituye propaganda electoral difundida en un periodo prohibido, además de que determinó multar a los creadores de la serie “Populismo en América Latina”.

En periodo de veda electoral el senador publicó muestras de apoyo al entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas, por lo que será sancionado de acuerdo a lo que determine la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el TEPJF señaló que no es posible atribuir responsabilidad al entonces candidato Enrique Cárdenas, en virtud de que no existen elementos de prueba que lo vinculen o relacionen con la publicidad denunciada.

De este modo se determinó la existencia de la vulneración al periodo de veda electoral atribuida a Emilio Álvarez Icaza y la inexistencia de la infracción atribuida a Enrique Cárdenas Sánchez o a los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano.

La Sala Especializada dio vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión “a efecto de que proceda a determinar lo conducente”.

Durante la sesión pública, los magistrados también determinaron multar a los creadores de la serie “Populismo en América Latina” con 350 mil pesos a cada uno, luego de determinar que se trató de promoción con contenido político electoral en la etapa de campaña 2018.

Lo anterior después de que Morena y el PAN denunciaron la ejecución de una estrategia publicitaria de la serie en diversos canales de televisión, abierta y restringida, como parte de una campaña en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral federal 2017-2018.

Se determinó que el productor ejecutivo de la serie, Javier García Mata, y la persona moral Piña Digital S. de R. L. de C. V., contrataron indebidamente plecas o cintillos en tres concesionarias de televisión restringida para promocionarla, lo que pudo incidir en la equidad de la contienda.

Notimex
Ciudad de México
Viernes 05 de julio 2019.

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